Alejandro Jose Ruiz
Expediente 120/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 120/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Alejandro Jose Ruiz
Actuaciones
- Principal
VISTA LA CERTIFICACION... HA CAUSADO EJECUTORIA,... ARCHIVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO... TRANSFIERASE A LA DIRECCION GENERAL EN CITA...
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el número 120/2018. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, es oportuno mencionar que la demanda de garantías constituye un todo y debe estudiarse en forma integral a efecto de estar en aptitud de establecer con precisión los actos reclamados que en ella se reclaman y resolver lo que en derecho corresponda. Ahora bien, al realizar una lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que el acto que por este vía constitucional reclama la el quejoso En esa tesitura, es menester señalar que el quejoso señala en esencia como acto reclamado: El proceso legislativo que culminó con la publicación y entrada en vigor de la Ley de Seguridad Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, y su aplicación. En el caso, de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que ocurre a esta instancia constitucional alegando tener interés legitimo toda vez que la Ley que se combate por este medio otorga dicho interés a todo ciudadano del Estado Mexicano en su primer artículo, puesto que refiere que es de observancia obligatorio para todo el territorio mexicano y de interés general. Pues bien, como se anunció, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que el promovente carece de interés jurídico y legítimo para impugnar los actos reclamados. Al respecto, es relevante mencionar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la distinción entre el interés simple y el interés legítimo, precisando que el constituyente permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. Apoya tales consideraciones, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVII, Tomo 1, pagina 822, cuyo contenido literal es el siguiente: ...........................................................................................Es particularmente relevante lo anterior, en virtud de que de la interpretación armónica y sistemática entre la Constitución Federal y la Ley de Amparo, se colige que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, y por ello, es presupuesto para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma, que el acto o ley reclamados causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso. Por lo que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia señalada, toda vez que de la lectura integral de la demanda se desprende que el quejoso carece de interés legítimo en función de su situación particular frente al orden jurídico cuya declaración de inconstitucionalidad pretendía generar a través de este juicio de amparo; lo anterior, ya que el peticionario de garantías sostiene en el apartado relativo a los conceptos de violación del acto reclamado, que la aplicación de la Ley de Seguridad Interior, incluso su sola entrada en vigor, le genera un perjuicio, lo que al parecer hace depender del hecho de que dicha norma transgredería sus derechos de libertad de expresión, de reunión, asociación individual, derecho a la consulta previa, entre otros. Sin embargo, es posible concluir, desde este momento, que el promovente guarda una situación genérica no especial frente al orden jurídico en cuestión (la Ley de Seguridad Interior), es decir, tal acto no afecta el interés legítimo del quejoso, habida cuenta de que no le genera un agravio diferenciado al resto de los demás habitantes a nivel nacional, estatal y municipal, y que tal agravio sea cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación de los actos que impugna ante una eventual concesión de amparo, le produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futura, pero cierta. A tal conclusión se arriba pues el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, que se enteró de la entrada en vigor y aplicación de la Ley de Seguridad Nacional los actos de que se duele en esta vía, por los mensajes difundidos en los canales televisivos y en el canal oficial de YouTube de la oficina de la Presidencia de México (https://www.youtube.com/user/gobiernofederal); de ahí que el quejoso con sus manifestaciones no acredite que sufre una afectación individual o colectiva a partir de una situación actual, real y jurídicamente relevante a sus intereses, ni tampoco aduce cual sería el beneficio que en lo particular obtendría con la concesión del amparo. Aunado a lo anterior, el promovente señala que tiene el temor "fundado" de no tener claro los conceptos de los términos de seguridad interior, amenaza a la seguridad interior, uso ilegitimo de la fuerza, inteligencia para la seguridad interior y acciones de seguridad interior, expresadas en la ley que tilda de inconstitucional. Además, que se contravienen con dicha ley las labores de seguridad que son competencia de las fuerzas civiles, pues el artículo 129 de la Constitución General de la República, establece que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones de las que tenga exacta conexión con las disciplina militar. No obstante, como ya se ha explicado, resulta patente que el interés informado en la demanda, constituye únicamente un interés simple similar al que tiene todo gobernado residente en el territorio nacional en que la actividad legislativa se realice acorde a las leyes y reglamentos aplicables, sin embargo, los actos objeto de reclamo no son susceptibles de generar un perjuicio real y actual en los derechos del quejoso; tampoco se observa que de prosperar esta instancia constitucional, se traduciría en un beneficio jurídico propio del accionante; por lo que la anulación de los actos no produciría ningún efecto directo o indirecto en la esfera jurídica del promovente de amparo. Lo anterior, se pone de relieve cuando el propio peticionario de amparo manifiesta en su demanda que la ley impugnada "afecta directamente a todas las personas y todo ciudadano que habite en el país [.]". En tal caso, a pesar de que a todos los habitantes de esta república les interesa la legalidad de los actos realizados por el poder público, ese objetivo o intención es insuficiente por sí mismo para acudir al juicio de garantías, porque al ser global se traduce en un interés simple que la ley reconoce a todo ciudadano o residente en el territorio nacional, pero no puede asimilarse al interés legítimo previsto en el precepto constitucional inicialmente citado, necesario para acudir al juicio de amparo. Además, no es el sentido de legalidad o la opinión particular sobre este concepto lo que de suyo puede llevar a una declaratoria de inconstitucionalidad pues, de ser así, todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto y se llegaría al extremo de permitir que se reclamen derechos abstractos, lo que traería como consecuencia la existencia de un número indeterminable de procedimientos. En conclusión, la parte quejosa no tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, de ahí la determinación de improcedencia de la demanda de amparo. No obstante lo anterior, es menester dejar asentado que las normas autoaplicativas y heteroaplicativas se deben distinguir por el concepto de individualización incondicionada, la cual, conforme al actual artículo 107 constitucional, puede proyectarse en dos espacios de afectación posible, a saber, el de interés jurídico y el de interés legítimo. Tratándose de interés legítimo, se entenderá que son normas autoaplicativas aquellas cuyos efectos, ocurren en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de aplicación, lo que sucede cuando esos efectos trascienden en la afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante de la parte quejosa, es decir, una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico al quejoso. De la anterior narración se colige que la Ley de Seguridad Interior es de carácter heteroaplicativo y no autoaplicativo, pues se necesita en primera instancia, que el Presidente de la República, o los funcionarios facultados peticionen la intervención de la Federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, para que le ocasione algún perjuicio a la parte quejosa y éste pueda ser reclamado en esta instancia federal. Además, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los Órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los Órganos Jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. De tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, pues no se deja en estado de indefensión a los promoventes, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Por lo antes expuesto, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la presente demanda de amparo promovida por propio derecho.. Se comisiona a un actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio y notifique el contenido del presente proveído al quejoso.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · 7,808 expedientes
- Alejandro Irineo Alcantara358/2023
- Alejandro Isaac Santana Troncoso1446/2018
- Alejandro Isaac Vargas Rodriguez1299/2021
- Alejandro Israel Villafuerte Torres1098/2016
- Alejandro Jaramillo Martínez267/2022
- Alejandro Joaquin Escorza Gutiérrez753/2022
- Alejandro Juaquin Salinas Lopez82/2020
- Alejandro Juarez Leos368/2021
- Alejandro López Robledo1374/2019
- Alejandro López Robledo1540/2019
- Alejandro Marcelo Segura861/2017
- Alejandro Mariquez Urías805/2018