Alejandro Jorge López Gaitán
Expediente 962/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 962/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 30/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Alejandro Jorge López Gaitán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Estado de autos y certificación. Visto el estado que guardan los autos, particularmente la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes. Tomos de pruebas. Atendiendo a la certificación de cuenta, en el asunto en que se actúa no existen tomos de pruebas por separado que se deban devolver a las partes. Remisión al archivo de trámite. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º fracciones VII y IX y 8º fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se considera que el presente es un asunto total y definitivamente concluido y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el mismo, se ordena su remisión al ARCHIVO DE TRÁMITE. Valoración documental. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, del citado Acuerdo General, debido a que el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia, determinación que causó estado en esta fecha, se determina que el presente expediente es DESTRUIBLE. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que el mismo NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. Criterios que deberán hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el artículo 34 segundo párrafo del mencionado Acuerdo General; sin que en el caso obre documento original que deba devolverse. Destrucción. Una vez que se cumplan TRES AÑOS de haberse ordenado el archivo de este expediente como asunto concluido, esto es, a partir de la data en que se actúa, y antes de la visita de inspección que corresponda, deberá procederse a su destrucción. Acontecido lo anterior, se deberá de remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Digitalización. Conforme a lo dispuesto en el numeral 9 segundo párrafo del Acuerdo General en cita, todas las constancias y documentos del expediente físico deberán encontrarse digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico. Tratándose de constancias y documentos electrónicos, no será necesaria su incorporación al expediente físico, por lo que el trámite de éste deberá realizarse con las constancias y documentos impresos existentes, en términos de la normativa aplicable. Notifíquese por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Publico de la adscripción.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto.San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Se agrega escrito. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ********************, autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual refiere que han cesado los efectos de las omisiones reclamadas. Estado de autos. Visto el estado de autos, se advierte que en el presente asunto la parte quejosa reclama: 1. Del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, la omisión de remitir a la Comisión Mexicana de Ayuda de Refugiados, el escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, a través del cual el quejoso solicitó el reconocimiento de la condición de refugiado. 2. Del Titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, reclama la omisión de emitir el acuerdo respectivo en relación con el escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, a través del cual solicitó el quejoso el reconocimiento de la condición de refugiado. 3. De la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se reclama la omisión de notificar y remitir al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, la "constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado". Actualiza causal de improcedencia. Ahora bien, de las documentales remitidas por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, y Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se advierte que con relación a dichas omisiones se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Conforme al dispositivo legal en comento, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es decir, la causal de improcedencia en examen se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Es aplicable la Jurisprudencia 103 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 81, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, y Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, al rendir sus informes justificados, remitieron copia certificada de diversas constancias, a las cuales se les concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones. De dichas documentales se desprende: - En el expediente ******************** aperturado a nombre de ********************, el cuatro de julio de dos mil veintitrés, la Jefa de Departamento de Registro 22 de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, dictó un acuerdo a través del cual admitió a trámite la solicitud de condición de refugiado realizada por ********************. - Dicho acuerdo se hizo del conocimiento de ********************, el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, obrando nombre, firma y fecha de su recepción por parte de este último en el referido acuerdo. - El cuatro de julio de dos mil veintitrés, la Jefa de Departamento de Registro 22 de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, expidió el oficio ********************, dirigido al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, a través del cual le informó la admisión de la solicitud de condición de refugiado realizada por ********************. - El siete de julio del año en curso, la Analista de Registro de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, remitió un correo electrónico dirigido a la Subdirectora de Regulación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, al correo ********************, a través del cual le informó la admisión del procedimiento de solicitud de condición de refugiado a nombre de ********************, y le remitió copia simple de éste, así como de la "constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado", a efecto de que lo notificara al aquí quejoso, lo cual como ya se precisó, se le hizo de su conocimiento a este último el veintiocho de julio del año en curso. De lo anterior, se colige que las omisiones reclamadas han cesado en sus efectos, toda vez que las autoridades responsables con las documentales reseñadas en párrafos que preceden acreditaron que: 1. Se envió a la Comisión Mexicana de Ayuda de Refugiados, el escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil veintitrés, a través del cual el quejoso solicitó el reconocimiento de la condición de refugiado. 2. El cuatro de julio de dos mil veintitrés, en el expediente ********************, la Jefa de Departamento de Registro 22 de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, admitió a trámite la solicitud de condición de refugiado realizada por ********************, el cual se le hizo del conocimiento a este último el veintiocho de julio del año en curso. 3. El siete de julio del año en curso, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, notificó al Instituto Nacional de Migración, la admisión del procedimiento de solicitud de condición de refugiado a nombre de ********************, y le remitió copia simple de éste, así como de la "constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado". Cuya falta de hacer se reclama en esta instancia constitucional de las autoridades responsables, por tanto, es inconcuso que tales eventos constituyen una situación jurídica que definitivamente destruye las que dio motivo al amparo, toda vez que los efectos de los actos reclamados han desaparecido de modo absoluto, pues las omisiones en estudio ya fueron subsanadas por las autoridades responsables, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional. Sobreseimiento. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin efectos fecha para la audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional, la cual estaba programada para el cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa; por medio de lista; y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito a este Juzgado
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Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, a través del cual da cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de uno de septiembre de dos mil veintitrés. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable oficiante, las documentales que anexó al oficio de cuenta. Notifíquese por lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
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San Luis Potosí, San Luis Potosí, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Recepción de informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Contenido. Del contenido de dicho informe se advierte que es parcialmente cierto el acto que se le reclama a la SECCIÓN DE AMPARO JUICIO DE AMPARO 962/2023-III 10/01/24 10:26:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b3.80 J. GUADALUPE GARCIA NERI 2 referida autoridad. Vista. Con su contenido, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Pruebas. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte la documental que remitió en vía de justificación, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza y será tomada en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia constitucional. Domicilio y delegados. Como lo solicita la autoridad responsable, de conformidad con el numeral 9° de la citada legislación, se tienen como sus delegados a las personas que indica, y como domicilio para oír y recibir notificaciones de su parte el que señala Causas de improcedencia hechas valer. Téngase al oficiante proponiendo que se actualizan las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XII, y artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo, relativas a la falta de interés jurídico o legítimo e inexistencia del acto reclamado. Requerimiento. Ahora bien, previo a analizar si se actualiza la causa de improcedencia que propone, de la lectura del informe justificado signado de cuenta, se advierte que refirió: ".El día de 07 de julio de 2023, mediante comunicación electrónica se solicitó, a la Subdirectora de regulación Migratoria la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, 10/01/24 10:26:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b3.80 J. GUADALUPE GARCIA NERI 3 ??????????????? girara instrucciones a quien corresponda a efecto de notificar y entregar los documentos citados." En tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, para que dentro del plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, contado a partir del día siguiente en que se le notifique este proveído, informe cuando notificó y entregó los documentos al aquí quejoso respecto la admisión de su trámite de solicitud de condición de refugiado. Apercibimiento. En el entendido que de no cumplir con lo que aquí se ordena dentro del plazo concedido, en términos de los artículos 237, fracción I y 260, fracción II, de la Ley en cita, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de acuerdo con el artículo 258 de la Ley de la Materia. Diferimiento de audiencia. En virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y, en su lugar se señalan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por medio de lista; y por oficio al Titular de la Oficina de Representación del Instituto 10/01/24 10:26:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.b3.80 J. GUADALUPE GARCIA NERI 4 Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí.
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