Alejandro Jiménez Jiménez
Expediente 1727/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 32 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1727/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 18/08/2023
Partes del expediente
- Alejandro Jiménez Jiménez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, los escritos que suscribe el autorizado en amplios términos de la parte quejosa. Atento a su contenido, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el uno de agosto de dos mil veintitrés. En virtud de lo anterior, distribúyanse entre las partes, con excepción del recurrente, el escrito de agravios que se provee, para que se impongan de su contenido; por otro lado, no se considera necesario realizar la notificación personal del presente proveído a los aludidos terceros, atento a que, por un lado, en la Ley de Amparo, no existe disposición expresa al respecto; y por otro, dicha parte es conocedora del presente juicio de amparo, de modo que la notificación por lista le surte efectos en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Amparo. Así mismo, una vez que obre la totalidad de las de las constancias de notificación de la sentencia recurrida remítase el juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso que se hace valer, previa certificación y desglose que se efectúe al respecto.
- Principal
Téngase por recibida la constancia de imposibilidad de notificación suscrita por la Jefa de la Unidad de Notificadores Común a los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, a través de la cual manifiesta la imposibilidad para entregar el oficio a la Dirección de Presentaciones Económicas Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Jalisco, derivado del presente juicio de amparo por los motivos que expone; en esas condiciones, reexpídase el comunicado en mención a la denominación correcta.
- Principal
V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1727/2021, promovido por ********************, por su propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, por considerarlos violatorios de derechos humanos y garantías otorgadas para su protección en los artículos 1, 14, 16, 17, 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.********************R E S U L T A N D O********************PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, ********************acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Congreso de la Unión, Secretaría de Gobernación, Director adjunto del Diario Oficial de la Federación, Director General adjunto de índices de precios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Titular de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegado Estatal en Jalisco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mismos que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia.********************SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; donde por auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió; se formó el expediente y se registró bajo el número ******************** de igual forma, se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación, quien sí formuló su pedimento relativo; y, finalmente se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional la cual se celebró el seis de diciembre de dos mil veintiuno; y, ese mismo día se dictó la sentencia que sobreseyó el juicio. ********************Asimismo, el dos de diciembre de dos mil veintiuno, por medio de la oficina de Correos de México, en la ciudad de México, la parte quejosa amplió su demanda por conceptos de violación y formuló manifestaciones respecto de los informes justificados, los cuales se recibieron hasta el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno y ofreció como pruebas tres impresiones de consulta al catálogo de plaza, del año 2019, 2020 y 2021, a nombre del quejoso. ********************Inconforme con la sentencia dictada en el presente juicio, la parte quejosa promovió recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mismo que en sesión de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, resolvió revocar la sentencia recurrida y reponer el procedimiento, para el efecto siguiente: ********************"Deje sin efectos la sentencia recurrida, reponga el procedimiento y ordene notificar a la parte quejosa en términos de ley el auto admisorio; hecho lo anterior, continúe con el cauce legal del procedimiento hasta su resolución".******************** ********************En cumplimiento a lo anterior, por auto de trece de febrero de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional, ordenó dejar insubsistente todo lo actuado, incluida la audiencia constitucional y la sentencia emitida en la misma; por tanto, se dio cuenta nuevamente con la demanda promovida por ********************, se admitió; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación; y se ordenó girar exhorto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio y por comisión de este juzgado federal, notificara dicho auto a la parte quejosa y lo requiriera para que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones.********************Seguido el juicio por sus etapas correspondientes, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que se llevó acabo al tenor del acta que antecede.********************C O N S I D E R A N D O********************PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 41/2018.********************SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En el caso concreto, resulta indispensable hacer la fijación clara y precisa de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, y 76 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual también se contiene en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XI, abril de dos mil, página 32, que dice:********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.".********************Asimismo, es aplicable a lo anterior, la tesis P.VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que literalmente dispone:********************"ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.".********************En ese sentido, del análisis integral de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, se obtiene que los actos reclamados se hicieron consistir en:********************Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Congreso de la Unión, Secretaría de Gobernación, Director adjunto del Diario Oficial de la Federación: ********************- La expedición, promulgación, refrendo y publicación de la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización; respectivamente.********************Del Director General adjunto de Índices de Precios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía: ********************- La determinación y publicación del Valor de la Unidad de Medida y Actualización de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.********************- La omisión de incluir el salario mínimo como método de cálculo para determinar la unidad de medida y actualización en la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización.********************Del Titular de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Delegado Estatal en Jalisco del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado:********************- El Dictamen, pago y actualización de la pensión por jubilación ********************.********************Por lo mismo, respecto de dichos actos versará el estudio de la procedencia y, en su caso, de fondo del juicio de amparo.********************En apoyo a lo considerado por las razones que la informan, tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 193-198 Primera Parte, página 177, y que textualmente señala:********************"ACTO RECLAMADO, ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO PARA CONOCER DE EL. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que aunque no de manera formal en capítulo especial, sí dentro del capítulo de conceptos de violación, se señala como acto reclamado la expedición de una ley, resulta correcto el estudio que se hace de la constitucionalidad de dicho acto de autoridad, teniéndolo como acto reclamado.".********************TERCERO. El Titular de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como el Delegado Estatal del Instituto en mención, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que dicha negativa haya sido desvirtuada por el quejoso, en consecuencia debe sobreseerse en el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, respecto de las mencionadas autoridades responsables.********************Resulta aplicable por identidad la jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, Tomo VI, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe:********************"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.".********************No es obstáculo a lo anterior, las pruebas exhibidas por la parte quejosa, consistentes en copia simple de la concesión de pensión número ********************, de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, del comprobante de pago de pensión respecto del mes de agosto de dos mil veintiuno, así como de las tres impresiones de consulta al catálogo de plaza, del año 2019, 2020 y 2021; toda vez que las mismas no cuentan con la firma y certificación correspondiente; de ahí que, no merecen valor probatorio por sí solas; además, por su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar.******************** Tiene sustento a lo anterior, por las razones que la integran, la tesis publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, página 172, que dice:********************"COPIAS FOTOSTÁTICAS, VALOR PROBATORIO DE LAS. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y por ello, debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico del quejoso.".********************CUARTO. Existencia de los actos reclamados. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Secretario de Gobernación, Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, admitieron la certeza de los actos reclamados.********************Lo que se corrobora, en virtud de que las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general no son objeto de prueba, conforme al artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo permite su numeral 2º, por lo que no es necesario probar su existencia, pues basta que estén publicados en el medio de difusión oficial local o federal al que correspondan, para que la autoridad judicial esté obligada a analizarlos, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad.********************Sirven de apoyo la jurisprudencia de la Novena Época, Registro digital 191452, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 65/2000, Tomo XII, Agosto de 2000, página 260, que dice:********************"PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo.".********************También es cierto el acto reclamado al Director General Adjunto de Índices de Precios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, residente en la Ciudad de México, respecto a la determinación y publicación del Valor de la Unidad de Medida y Actualización de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 reclamada al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, porque así lo expresó al rendir su informe justificado.********************Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos treinta y uno, del Apéndice de dos mil uno, tomo VI, Quinta Época, del tenor siguiente:********************"INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". ********************Por su parte, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante de haber sido notificada para dicho fin, al así advertirse del acuse de recibo del oficio que obra agregado al sumario, por lo que de conformidad con el párrafo tercero del numeral 117 de la Ley de Amparo, se presume la existencia del acto que se le atribuye, mismo que quedó precisado en el considerando que antecede.********************QUINTO. Causales de improcedencia. Atento a que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente, a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede analizar el sumario a efecto de determinar si se actualiza alguna causa de improcedencia.********************En el asunto, se aduce que procede el sobreseimiento en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo que establece.********************Dicho precepto legal dispone:******************** "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- (.) --- XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia (...)".********************Toda vez que la parte quejosa no acreditó, con prueba fehaciente e idónea que su cuota pensionaria se hubiere calculado conforme a la Unidad de Medida y Actualización.********************Dicha causa de improcedencia es fundada.********************El precepto legal en cita encuentra su origen en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige a la institución del juicio de amparo y, que en esencia consiste en que solo puede instarlo aquella persona a quien agravia directamente la ley o acto de autoridad, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.********************Del precepto constitucional referido, se advierte que existen dos reglas para acudir al juicio de amparo. Una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo; en ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y, con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa (interés jurídico) o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo).********************En ese sentido, el artículo 5°, fracción I, de la Ley de amparo, señala:********************"Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo:********************I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.".********************Conviene señalar que, de lo establecido por la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda de manifiesto que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamenta el artículo 5° de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que la solicitud de protección de derechos fundamentales únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, o cualquier otro acto que se reclame, teniendo tal carácter, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo.********************Ahora, atendiendo a los últimos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tópico que se expone, se ha determinado que:********************??Los elementos del interés jurídico consisten en demostrar: (i) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y, (ii) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente.********************Los elementos del interés legítimo consisten en acreditar: (i) la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada, (ii) que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva y, (iii) que el promovente pertenezca a esa colectividad.********************Sirve de apoyo la jurisprudencia de la Décima Época, Registro digital 2019456, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 51/2019 (10a.), Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1598, que dice:********************"INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente.".********************De la lectura integral de la demanda de amparo y atendiendo a la causa de pedir, se advierte que la parte quejosa reclama, en su conjunto, el contenido de la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización y la omisión de incluir como medida de cálculo el Salario mínimo, porque refiere que su pensión se determinó y pagó con base en esa unidad de medida, cuando a su pensión le es aplicable el Salario Mínimo.********************Así las cosas y tomando en consideración que la parte quejosa promovió el juicio constitucional que se resuelve en contra de una norma de carácter general, con motivo de su primer acto de aplicación, es necesario que acredite que, la ley reclamada le fue aplicada en el cálculo de su cuota pensionaria.********************Una vez aclarado lo anterior, debe decirse que la parte quejosa ofreció junto con su demanda y ampliación, copia simple de la concesión de pensión número ********************, de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, del comprobante de pago de pensión respecto del mes de agosto de dos mil veintiuno, así como de las tres impresiones de consulta al catálogo de plaza, del año 2019, 2020 y 2021, todos a nombre del quejoso, respectivamente; documentales que son insuficientes para acreditar los actos reclamados, toda vez que las fotocopias simples carecen de eficacia probatoria alguna en términos del artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, además de que no se robustecen con ninguna otra constancia recabada en autos.********************Sobre el particular, cobra exacta aplicación, la jurisprudencia 2a./J. 21/98, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Abril de 1998, página 213, intitulada:********************"INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso.".********************Asimismo, la tesis publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, página 172, que dice:********************"COPIAS FOTOSTÁTICAS, VALOR PROBATORIO DE LAS. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y por ello, debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico del quejoso.".********************Así como, la tesis IV.3o.J/23, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en la página 510, del tomo III, Mayo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:********************"DOCUMENTOS OFRECIDOS EN FOTOCOPIAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE. No se puede otorgar valor probatorio aun cuando no hayan sido objetadas en cuanto a su autenticidad, las copias simples de un documento, pues al no tratarse de una copia certificada, no es posible presumir su conocimiento, pus dichas probanzas por sí solas, y dada su naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas.".********************Lo anterior acarrea la consecuencia de que no se cuente con elemento alguno para que este Juzgador pueda advertir, que la parte quejosa fue objeto de la norma reclamada y por ende que la omisión que también reclama le perjudica.********************Además, aún en el remoto caso de que a las documentales exhibidas por la parte quejosa, se les otorgara valor probatorio pleno, resultan insuficientes para demostrar el acto de aplicación de la norma reclamada, dado que de un análisis exhaustivo de las mismas, no se evidencia cómo se calculó el monto de la pensión que percibe el quejoso, esto es, que se hubiese cuantificado en base a los parámetros que establece la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización que hoy reclama; pues en contra posición, de la concesión de pensión número ********************, de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, otorgada al quejoso, se advierte que su pensión fue cuantificada de acuerdo a su salario diario; ello se afirma, dado que del mismo documento, textualmente se estableció que: "EN EL CASO DE QUE LA CUOTA DIARIA RESULTE INFERIOR A LA MÍNIMA VIGENTE, ÉSTA SERÁ ACTUALIZADA EN VIRTUD DEL ACUERDO 3.1094.86 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 1986, EMITIDO POR LA H. JUNTA DIRECTIVA"; además, del comprobante de pago de la pensión respecto del mes de agosto de dos mil veintiuno, expedido a favor del quejoso, tampoco se advierte bajo qué parámetros se calculó dicha pensión; ni aun de las impresiones de consulta al catálogo de plazas de los años dos mil diecinueve, dos mil veinte y dos mil veintiuno, se evidencia cuál fue el método adoptado para calcular el monto de la pensión otorgada al quejoso; de ahí que no fue demostrado en esta instancia constitucional, la aplicación de la norma reclamada. ********************Así, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio respecto del acto de aplicación, debe igualmente sobreseerse el amparo por cuanto hace a la ley reclamada, al no poder desvincularse ésta del acto de aplicación que fue como se reclamó. ********************Al respecto es aplicable la jurisprudencia de la Novena Época, Registro digital 191311, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias(s): Constitucional, Tesis: 2a./J. 71/2000, Tomo XII, Agosto de 2000, página 235, que dice:********************"LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada.".********************En consecuencia, al actualizarse la citada causal de improcedencia, debe sobreseerse en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.******************** Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve:********************ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo ********************promovido por ********************, contra los actos y las autoridades precisadas en el resultando primero de este fallo, por las razones y motivos expuestos en los considerandos tercero y último de esta sentencia.
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AUDIENCIA CONSTITUCIONAL
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