Alejandro Jiménez González
Expediente 192/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 192/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/04/2018
Partes del expediente
- Alejandro Jiménez González
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo de cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de diez de abril de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurrido cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez que transcurra tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE
- Principal
con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del AVISO de once de abril de dos mil dieciocho, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de diez de abril de dos mil dieciocho, por lista y por lista en una página electrónica a la parte quejosa que dice...Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del: 1. Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 192/2018-VIII-B. DESECHAMIENTO Ahora bien, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, la suscrita Juez se encuentra facultada para desechar de plano una demanda de garantías, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El citado precepto legal antes señalado impone la facultad de desechar la demanda de amparo en el caso de que aún y cuando se admitiera la misma, fuera imposible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento, por su evidente y plena notoriedad. Ahora bien, de la demanda de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que textualmente establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." En el caso, sobre el principio de definitividad rector del juicio de amparo y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse antes de promover el juicio de amparo, y consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que la misma establezca. El numeral parcialmente reproducido recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. Conforme a dicho principio, el amparo biinstancial contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es improcedente en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. Atentos a lo anterior, a fin de determinar si se surte la causa de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. En la especie, el quejoso reclama el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, dictado por el Presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, dentro del expediente 07/2014, a través del cual determinó no acordar de conformidad la petición de requerir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que informara si los demandados contaban con alguna cuenta bancaria, ya que se encontraban en estado de ejecución del laudo dictado a su favor, y no habían embargado bienes ni intervenido cajas, ya que no se había agotado el procedimiento establecido en el artículo 964 de la Ley Federal del Trabajo ya que no era autoridad investigadora. Ahora bien, los artículos 849, 850, 851, 852 y 940 de la Ley Federal del Trabajo, establecen: Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión." Artículo 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria". Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne". Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta ley." Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior, corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." Del análisis sistemático de los anteriores dispositivos legales se revela que el legislador dispuso de un medio ordinario de defensa como lo es el recurso de revisión contra los actos de ejecución de los presidentes, actuarios o de aquellos funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de laudos, convenios, de las resoluciones que pongan fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares; también estableció que del citado medio de impugnación conocerá, en el primer supuesto, la Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje, cuando se trate de actos de los presidentes de esas Juntas. En la segunda hipótesis, conocerá el Presidente de la Junta o el de la Junta Especial que corresponda cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados para llevar a cabo el acto de ejecución. Finalmente, en el tercer supuesto, conocerá la Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de la industria. Asimismo, el último dispositivo establece que corresponde a los presidentes de las juntas resolver lo atinente a la ejecución de los laudos. Por ende, siendo el procedimiento de ejecución facultad única y exclusiva del titular del órgano colegiado, entonces, contra las resoluciones que éste dicte en aquél, procede el recurso de revisión que prevé el numeral 849 de la legislación laboral, previo a la promoción del juicio de amparo. Luego, es claro que, el acto reclamado es un acuerdo dictado en la etapa de ejecución de laudo, y que de una correcta interpretación del artículo 849, de la Ley Federal del Trabajo, se infiere que puede ser combatido mediante el recurso de revisión, con base a las consideraciones siguientes: 1) El auto de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, proviene de un tribunal del trabajo. 2) La Ley Federal del Trabajo concede la posibilidad de que el auto en comento sea impugnado mediante el recurso de revisión, según su artículo 849. 3) Dicho medio de impugnación es susceptible de hacerse valer dentro del procedimiento donde se emitió el acto refutado de inconstitucional; y, 4) Por virtud del recurso de revisión, el multicitado auto podría ser modificado, revocado o nulificado, en términos de la legislación en comento. En ese orden de ideas, el medio de defensa legal idóneo para combatir el auto de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el expediente 07/2014, es el recurso de revisión, pues éste se emitió dentro del procedimiento de ejecución de laudo; por lo que, al no hacerlo valer previamente a la promoción del juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Así lo consideró la Segunda Sala del Alto Tribunal en la siguiente jurisprudencia de la Novena Época, con número de registro 186133, consultable en la página 374 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Agosto de 2002, materia laboral, con número de tesis 2a./J. 95/2002, cuyo rubro y texto son los siguientes: En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo presentada por Alejandro Jiménez González. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la peticionaria promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en calle Cuarta número 431, local 207, edificio Prosan, Zona Centro, en esta ciudad; y, autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Víctor Manuel López García, Gabriel Ríos Patricio, Román Marchena Maldonado y Oscar de la Peña Ojeda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.
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