Alejandro Jesús Parada Aquino

Expediente 5/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
5/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
13/07/2023

Partes del expediente

  • Alejandro Jesús Parada Aquino
  • Evarista Hernández Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio sin número, de la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinadora General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaria de Salud, en representación de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, por medio del cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en esta denuncia, remite copia certificada del oficio COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-18107-2023, de tres de julio de dos mil veintitrés, dirigido al denunciante **********. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte denunciante, para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a sus intereses convenga, en relación al cumplimiento de la ejecutoria emitida en este expediente por la autoridad denunciada. Apercibida que en caso de no hacer manifestación alguna sobre el particular, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad denunciada. Notifíquese por lista electrónica y personalmente a la parte denunciante.

  2. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Intégrese el oficio de cuenta, signado electrónicamente por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, residente en la Ciudad de México, en representación de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mediante el cual solicita a este Juzgado de Distrito una prórroga de diez días a efecto de cumplir con la resolución dictada en este asunto, que le fue notificada mediante oficios 10185/2023, 10186/2023 y 10187/2023; en virtud que se encuentra realizando las gestiones necesarias para tal efecto. En ese tenor, con fundamento en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se concede la prórroga solicitada por un plazo de diez días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que cumpla con la sentencia emitida en este asunto. Comuníquese lo anterior a las autoridades denunciadas para los efectos legales conducentes; en la inteligencia de que, continúa el apercibimiento decretado en auto de catorce de junio en curso. En otro aspecto, téngasele designado como delegados de su parte a las personas que menciona, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo; lo anterior, con independencia de los autorizados mediante sentencia de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Asimismo, en relación al domicilio que indica para oír y recibir notificaciones, deberá estarse a lo acordado en la sentencia antes precisada, en la que se proveyó lo conducente. Notifíquese por lista electrónica; y mediante oficio a las autoridades denunciadas.

  3. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de junio de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la sentencia dictada el diecisiete de mayo del año en curso en este asunto, no fue recurrida en el plazo de quince días a que se refiere el artículo 20********************, fracción IV, en relación con el diverso numeral 2********************0, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, se declara que la referida resolución, en la que por una parte, se declaró improcedente y por otra, procedente y fundada la denuncia de incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad ********************/20********************8, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Oposición de datos personales. Ahora, dado que del inciso 3) de la certificación de cuenta, se advierte que la parte denunciante se opuso a la publicación de sus datos personales, suprímanse sus datos personales, procurando que dicha supresión no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Requerimiento de cumplimiento. Con fundamento en el artículo 2********************0, fracción I, párrafo quinto, en relación con el diverso ********************92 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad denunciada, Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México, para que en el plazo de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este acuerdo, cumpla con la resolución de mérito, esto es: ".En consecuencia, ante lo fundado de la denuncia interpuesta, de conformidad con lo previsto en los artículos ********************92 y 2********************0, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena a la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, realice lo siguiente: ********************. Deberá desincorporar de la esfera jurídica del denunciante los artículos 235, último párrafo y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud; lo cual significa que no deberá aplicarle en lo sucesivo dichas normas. 2. Deje sin efectos el oficio 22330********************EL35528******************** de veintisiete de enero de dos mil veintitrés; y, 3. En su lugar emita uno nuevo en el que atienda a cabalidad la declaratoria general de inconstitucionalidad ********************/20********************8, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de dos mil veintiuno y otorgue la autorización solicitada. Para lo cual, debe tener presente que las autorizaciones solo se otorgan a personas adultas, para la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (********************0a), ***) y sus variantes estereoquímicas, en conjunto conocido como marihuana. Esto es, la declaratoria no tiene como efectos permitir que se autorice el consumo lúdico o recreativo de estupefacientes o psicotrópicos distintos a lo que se conocen como marihuana. De la misma forma, al emitir la autorización deberá precisar que: ********************. El ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros. 2. Ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización; y 3. No está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. En el entendido que el total cumplimiento debe efectuarse dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de que cause ejecutoria la presente resolución." Lo anterior, y con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad de $********************0,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/********************00 M.N.) equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Turno de este Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese por lista electrónica; y por oficio a las autoridades denunciadas.

  4. Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad

    "En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, el secretario da cuenta al Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con el oficio con folio de recepción 5693 y con el estado procesal de autos. Asimismo, CERTIFICA: Que el plazo de tres días que se concedió a las partes en proveído de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a sus derechos conviniera en relación a la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad promovida; transcurrió de la siguiente manera: Parte Fecha de notificación Plazo 1 Denunciante. 08/05/2023 Del 10/05/2023 al 12/05/2023. 2 Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. 3 Autoridades denunciadas. 11/05/2023 Del 12/05/2023 al 16/05/2023. Sin contar el trece y catorce de mayo en curso, inhábiles conforme al artículo 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; plazo durante el cual, con excepción de las autoridades denunciadas, las restantes partes procesales no hicieron ninguna manifestación al respecto. Conste. Acto continuo el juez acuerda: Intégrese a los autos el oficio signado electrónicamente por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México, en representación de las autoridades denunciadas; visto su contenido, se provee: Con fundamento en el artículo 210 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad de referencia formulando las manifestaciones correspondientes, en relación a la vista otorgada en proveído de cuatro de mayo del año en curso a las autoridades denunciadas en este asunto. Asimismo, téngasele señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, y designando como delegados de su parte a las personas que menciona, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo Finalmente, vista la certificación de cuenta, al encontrarse debidamente integrado el expediente en que se actúa, con fundamento en el último párrafo de la fracción I, del artículo 210 de la Ley de Amparo, procédase a emitir la resolución correspondiente; lo que se verifica en los términos siguientes: VISTOS los autos, para resolver la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad 5/2023 promovida por **********************, por propio derecho, contra la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la denuncia. Mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y que por razón de turno, correspondió conocer al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este Municipio, Alejandro Jesús Parada Aquino, por propio derecho, denunció el incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra actos de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), que hizo consistir en lo siguiente: "III. ACTO POR EL CUAL SE ACTUALIZA EL INCUMPLIMIENTO: Resolución de fecha veintisiete de enero de dos mil veintitrés, con folio 223301EL355281, emitida por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, por la que se negó la autorización de uso lúdico de cannabis y sus actividades inherentes..." SEGUNDO. Trámite. Mediante proveído dictado el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se radicó la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad con el número 5/2023; se admitió a trámite; se dio la vista correspondiente a las partes, para que manifestaran lo que a sus derechos convenía. Sustanciada la tramitación de la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad, con fundamento en el artículo 210, de la Ley de Amparo, se procede a dictar la resolución que en derecho procede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad, con apoyo en el artículo 210 de la Ley de Amparo, así como en los Acuerdos General 23/2018 y 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, toda vez que el acto de aplicación tendrá ejecución en el lugar donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Oportunidad. Respecto de la denuncia por incumplimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad, no existe disposición alguna que prevea un plazo para instarla, ni una regulación específica sobre la preclusión del derecho de las personas para denunciar el incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad. Por tanto, desde una perspectiva de derechos humanos debe concluirse que la denuncia es procedente sin sujeción a plazos que determinen la oportunidad, pues se denuncia la aplicación de normas que han sido expulsadas del ordenamiento jurídico nacional. TERCERO. Legitimación. El artículo 107, fracción II, párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 210 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) II.- (.) Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito establezcan jurisprudencia por reiteración, o la Suprema Corte de Justicia de la Nación por precedentes, en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, su Presidente lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. (.)" "Artículo 210. Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica la norma general inconstitucional, el afectado podrá denunciar dicho acto: I. La denuncia se hará ante el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto denunciado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, el trámite se llevará ante el juez de distrito que primero admita la denuncia; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre ella o, en su caso, el que primero la haya recibido. Cuando el acto denunciado no requiera ejecución material se tramitará ante el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el denunciante. El juez de distrito dará vista a las partes para que en un plazo de tres días expongan lo que a su derecho convenga. Transcurrido este plazo, dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si fuere en el sentido de que se aplicó la norma general inconstitucional, ordenará a la autoridad aplicadora que deje sin efectos el acto denunciado y de no hacerlo en tres días se estará a lo que disponen los artículos 192 al 198 de esta Ley en lo conducente. Si fuere en el sentido de que no se aplicó, la resolución podrá impugnarse mediante el recurso de inconformidad; II. Si con posterioridad la autoridad aplicadora o en su caso la sustituta incurrieran de nueva cuenta en aplicar la norma general declarada inconstitucional, el denunciante podrá combatir dicho acto a través del procedimiento de denuncia de repetición del acto reclamado previsto por el Capítulo II del Título Tercero de esta Ley. El procedimiento establecido en el presente artículo será aplicable a los casos en que la declaratoria general de inconstitucionalidad derive de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". De los numerales transcritos, se desprende como un derecho de las personas, la posibilidad de acudir a los órganos constitucionales del Poder Judicial de la Federación a solicitar que se desaplique de su esfera jurídica una norma, que no obstante haber sido declarada su inconstitucionalidad -con efectos generales- por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se haya aplicado en un acto concreto en su perjuicio. La denuncia por incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad permite que cualquier persona haga valer, ante un Juez de Distrito, que se le han aplicado normas generales declaradas inválidas, con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria respectiva, y, en caso de resultar fundada, el Juez ordenará a la autoridad dejar sin efectos el acto denunciado. En el caso, la denuncia fue presentada por ***************, quien refiere que las autoridades denunciadas violan la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la emisión del oficio 223301EL355281 de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, signado por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); por tanto, se estima que el quejoso está legitimado para presentar la denuncia que se analiza. CUARTO. Precisión de los actos denunciados. De la lectura integral de la denuncia, se advierte que el acto denunciado consiste en el incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018 que declaró la inconstitucionalidad del sistema de prohibiciones administrativas previsto en el artículo 235, de la Ley General de Salud, con motivo de la emisión del oficio 223301EL355281 de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, signado por la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, por el que negó la autorización del uso lúdico de cannabis y sus actividades inherentes. QUINTO. Improcedencia de la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto denunciado, dado que de no acreditarse la existencia de la denuncia sería improcedente por no haber materia susceptible de ser analizada. En ese sentido, es inexistente la denuncia por el incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad, reclamada a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México, dado que del contenido del oficio 223301EL355281 de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se advierte que no participó en la emisión de dicha comunicación, por lo que no existe materia sobre la cual pronunciarse. SEXTO. Existencia del incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Es cierta la denuncia reclamada a la autoridad denunciada Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitario, ya que de la lectura del oficio 223301EL355281 de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, que acompañó el denunciante a su escrito inicial, el cual merece valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se constata que dicha autoridad aplicó el sistema de prohibiciones administrativas establecido en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, declarado inconstitucional en la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, en perjuicio del denunciante. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXVIII, página 171, Materia(s): Común, con registro digital 279433, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. Solo tienen ese carácter, los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones." SÉPTIMO. Estudio de fondo. I. Consideraciones respecto de la procedencia de la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad. A efecto de verificar la procedencia de dicha denuncia, es oportuno, en primer lugar, identificar los elementos necesarios para que se actualice tal acción. Para ello en principio, se destaca que la declaratoria general de inconstitucionalidad, tiene su fundamento en el artículo 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "II.- Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito establezcan jurisprudencia por reiteración, o la Suprema Corte de Justicia de la Nación por precedentes, en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, su Presidente lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia tributaria. En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria. Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. En los juicios a que se refiere el párrafo anterior no procederán, en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales, o de los ejidatarios o comuneros, el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y otra sí podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del núcleo tampoco procederán desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea General o el segundo emane de ésta; (.)". Por otra parte, el procedimiento de Denuncia por Incumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad se encuentra previsto en el artículo 210 de la Ley Amparo, que dispone: "Artículo 210. Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica la norma general inconstitucional, el afectado podrá denunciar dicho acto: I. La denuncia se hará ante el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto denunciado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, el trámite se llevará ante el juez de distrito que primero admita la denuncia; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre ella o, en su caso, el que primero la haya recibido. Cuando el acto denunciado no requiera ejecución material se tramitará ante el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el denunciante. El juez de distrito dará vista a las partes para que en un plazo de tres días expongan lo que a su derecho convenga. Transcurrido este plazo, dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si fuere en el sentido de que se aplicó la norma general inconstitucional, ordenará a la autoridad aplicadora que deje sin efectos el acto denunciado y de no hacerlo en tres días se estará a lo que disponen los artículos 192 al 198 de esta Ley en lo conducente. Si fuere en el sentido de que no se aplicó, la resolución podrá impugnarse mediante el recurso de inconformidad; II. Si con posterioridad la autoridad aplicadora o en su caso la sustituta incurrieran de nueva cuenta en aplicar la norma general declarada inconstitucional, el denunciante podrá combatir dicho acto a través del procedimiento de denuncia de repetición del acto reclamado previsto por el Capítulo II del Título Tercero de esta Ley. El procedimiento establecido en el presente artículo será aplicable a los casos en que la declaratoria general de inconstitucionalidad derive de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". De acuerdo a los preceptos transcritos, la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad consiste en la acción que formula la persona afectada por la eventual inobservancia a la declaratoria general de inconstitucionalidad que repercute en su esfera de derechos, sin que tenga la necesidad de promover previamente juicio de amparo por vulneración de sus derechos fundamentales. La denuncia puede formularse por las personas a quienes se aplica la norma declarada inválida, con posterioridad a la entrada en vigor de una declaratoria general de inconstitucionalidad; así, para denunciar dicho acto, necesariamente deben concurrir los siguientes elementos: 1. Debe existir una declaratoria general de inconstitucionalidad, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 2. Que la declaratoria de invalidez haya surtido efectos; y, 3. Con posterioridad a ello, se afecte a la persona con su aplicación. II. Análisis del caso. Establecidos los supuestos para que se actualice la acción de denuncia de incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad, procede ahora verificar si en el caso se cumplen con los mismos. 1. Primer elemento. En cuanto al primer elemento, en la especie se estima satisfecho, ya que la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, que declara inconstitucional el sistema de prohibiciones administrativas previsto en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, que prohíbe absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, es existente. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día veintiocho de junio de dos mil veintiuno, la resolvió en los siguientes términos: "70. Ahora bien, el problema de inconstitucionalidad advertido no se superó con la reforma a los artículos 237, 245, fracción I, y 248 de la Ley General de Salud (reformado implícitamente, porque remite expresamente al 245 fracción I), publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete (y actualmente vigente), porque dichas reformas no eliminaron la prohibición absoluta de que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos. 71. En efecto, las normas reformadas quedaron como sigue: (.) 72. De las reformas mencionadas se advierte lo siguiente. 73. De la prohibición prevista en el artículo 237, se eliminó la referencia a la cannabis índica, sativa y americana. No obstante, esta eliminación tiene alcance sólo en relación con la permisión del uso de la cannabis con fines médicos, pero no con fines recreativos, pues dicha prohibición subsiste en el último párrafo del artículo 235, que no se modificó, y prevé que el uso de esa substancia sólo podrá autorizarse con fines médicos y científicos, esto es, que es condición necesaria para la autorización que su uso sea para esos fines y no para unos diversos, lo que implica, lógicamente, la persistencia de la prohibición de autorizar el uso de esa substancia para fines diversos, como lo es el consumo recreativo. 74. Por su parte, de la fracción I del artículo 245 se eliminó la referencia al THC y sus variantes estereoquímicas, pero dicha sustancia se reclasificó en las fracciones II y IV de dicho artículo, que prevén, respectivamente, las substancias con algún valor terapéutico que entrañan graves problemas de salud (en concentraciones superiores al 1%) y las consideradas con amplios usos terapéuticos a pesar de que constituyen un problema menor de salud (en concentraciones inferiores al 1%). 75. Esta reclasificación, si bien permitirá el uso del THC y sus variantes estereoquímicas para fines médicos, no elimina el problema de constitucionalidad, pues persiste la prohibición del uso de esa substancia con fines recreativos en el último párrafo del artículo 247, que no se modificó, y prevé que el uso de esa substancia sólo podrá autorizarse con fines médicos y científicos, esto es, que es condición necesaria para la autorización que su uso sea para esos fines y no para unos diversos, lo que implica, lógicamente, la persistencia de la prohibición de autorizar el uso de esa substancia para fines diversos, como lo es el consumo recreativo. 76. Y, si bien el artículo 248 no se modificó, el hecho de que se haya eliminado el THC y sus variantes estereoquímicas de la fracción I del artículo 245, al que remite, no elimina la prohibición de autorizar su uso recreativo, que subsiste en el artículo 247, último párrafo. En todo caso, esa modificación implícita, a través de la modificación a la norma a la que remite, sólo permite su autorización para fines médicos. 77. En consecuencia, este Tribunal Pleno estima que el problema de constitucionalidad advertido en la jurisprudencia de la Primera Sala, consistente en la prohibición absoluta para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, prevista en el sistema de prohibiciones administrativas establecido en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, no ha sido superado mediante las reformas a la Ley General de Salud publicadas el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Y, si bien es un hecho notorio para este Tribunal Pleno que el Congreso de la Unión está considerando una serie de cambios legales para superar el sistema de prohibiciones que dio lugar a la jurisprudencia precisada, hasta este momento no ha concluido el proceso legislativo. 78. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (previo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno), este Tribunal Pleno emite la declaratoria general de inconstitucionalidad, en los términos que se precisarán en el siguiente apartado. III. EFECTOS 79. Este Tribunal Pleno considera importante remarcar que el artículo 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (previo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno) confiere a esta Suprema Corte amplias facultades para fijar los efectos que deban imprimirse a una declaratoria general de inconstitucionalidad, con la finalidad de que se supere eficazmente el problema de inconstitucionalidad generado por las normas declaradas inconstitucionales en su jurisprudencia. En este sentido, debe entenderse que la Suprema Corte tiene vastas facultades para apreciar e imponer, caso por caso, las medidas que considere necesarias para garantizar que la declaratoria general de inconstitucionalidad cumpla cabalmente su cometido. 80. Por su parte, el artículo 234 de la Ley de Amparo establece que: Artículo 234. La declaratoria en ningún caso podrá modificar el sentido de la jurisprudencia que le da origen, será obligatoria, tendrá efectos generales y establecerá: I. La fecha a partir de la cual surtirá sus efectos; y II. Los alcances y las condiciones de la declaratoria de inconstitucionalidad. Los efectos de estas declaratorias no serán retroactivos salvo en materia penal, en términos del párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 81. Este Tribunal Pleno considera que, para precisar adecuadamente los efectos de esta declaratoria general, se debe tener en cuenta que la jurisprudencia de la Primera Sala declaró la inconstitucionalidad del sistema de prohibiciones administrativas previsto en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo, y 248 de la Ley General de Salud, en su texto previo a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, que prohíbe absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, por considerarlo violatorio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 82. Ahora bien, como se expuso en las consideraciones de esta resolución, los artículos 237, 245, fracción I, e implícitamente, el 248 (que remite expresamente a la fracción I del artículo 245) fueron modificados en la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de junio de dos mil diecisiete. La reforma consistió en eliminar de la prohibición prevista en el artículo 237 la referencia a la cannabis sativa, índica y americana, así como en eliminar la prohibición implícita prevista en el artículo 248, al eliminar el 83. THC de la fracción I, del artículo 245, al que remite. Sin embargo, como se justificó previamente, la prohibición para autorizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, persiste en la Ley General de Salud, en los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, que no fueron modificados. 84. Ahora bien, las porciones normativas referidas no se refieren a la materia penal, y, por tanto, no procede dar efectos retroactivos a esta declaratoria general. 85. En consecuencia, a juicio de este Tribunal Pleno, el problema de inconstitucionalidad advertido se superará limitando la declaratoria general de inconstitucionalidad a las porciones normativas en las que subsiste la prohibición en cuestión, previstas en los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, que no fueron modificados. 86. Luego, este Tribunal emite la declaratoria general, únicamente, de las porciones normativas que indican "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y" de los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, de la Ley General de Salud, vigente, resaltadas a continuación: "ARTICULO 235.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con estupefacientes o con cualquier producto que los contenga queda sujeto a: I.- Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos; (REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987) II.- Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III.- Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General; IV.- Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia; V.- (DEROGADA, D.O.F. 7 DE MAYO DE 1997) VI.- Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del Ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. (REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987) Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán autorización de la Secretaría de Salud. [.] (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 19 DE JUNIO DE 2017) ARTICULO 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el Artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, papaver somniferum o adormidera, papaver bactreatum y erythroxilon novogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones. [.] (REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1987) ARTICULO 245.- En relación con las medidas de control y vigilancia que deberán adoptar las autoridades sanitarias, las substancias psicotrópicas se clasifican en cinco grupos: (REFORMADA, D.O.F. 19 DE JUNIO DE 2017) I. Las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública, y son: [.] [YA NO SE INCLUYE AL THC EN LA LISTA] Cualquier otro producto, derivado o preparado que contenga las sustancias señaladas en la relación anterior y cuando expresamente lo determine la Secretaría de Salud o el Consejo de Salubridad General, sus precursores químicos y en general los de naturaleza análoga. [...] ARTICULO 247.- La siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con substancias psicotrópicas o cualquier producto que los contenga, queda sujeto a: I.- Las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos; (REFORMADA, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987) II.- Los tratados y convenciones internacionales en los que los Estados Unidos Mexicanos sean parte y que se hubieren celebrado con arreglo a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III.- Las disposiciones que expida el Consejo de Salubridad General; IV.- Lo que establezcan otras leyes y disposiciones de carácter general relacionadas con la materia; V.- (DEROGADA, D.O.F. 7 DE MAYO DE 1997) VI.- Las disposiciones relacionadas que emitan otras dependencias del ejecutivo Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. (REFORMADO, D.O.F. 27 DE MAYO DE 1987) Los actos a que se refiere este artículo sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y requerirán, al igual que las substancias respectivas, autorización de la Secretaría de Salud." 87. Esta declaratoria general de inconstitucionalidad surtirá efectos generales a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y no podrá tener efectos retroactivos. 88. Es importante enfatizar, ante todo, que los alcances de esta declaratoria general de inconstitucionalidad se limitan a remover los obstáculos jurídicos para permitir la autorización del consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana". 89. Por lo tanto, esta declaratoria general de inconstitucionalidad no tiene como efectos permitir que se autorice el consumo lúdico o recreativo de estupefacientes o psicotrópicos distintos a los que en conjunto se conocen como marihuana. 90. En efecto, con la declaratoria general de inconstitucionalidad de esas porciones normativas, se remueve el obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, autorice en lo sucesivo las actividades relacionadas con el autoconsumo de, exclusivamente, cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, respetando el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que se estima necesario ordenar la notificación de la misma también a la Secretaría de Salud y a la COFEPRIS. 91. En la inteligencia de que en lo sucesivo, y mientras el Congreso de la Unión no legisle al respecto, la Secretaría de Salud deberá emitir esas autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias respectivas, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. 92. Así mismo, la COFEPRIS deberá establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado, sin que la autorización incluya en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas. 93. Además, al emitir las autorizaciones la COFEPRIS deberá precisar que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, por lo que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, y precisará que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. 94. De esta manera, invalidando las porciones normativas precisadas y vinculando a la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, a emitir las autorizaciones necesarias para permitir las actividades necesarias para el autoconsumo recreativo de cannabis y THC, con las limitaciones y restricciones precisadas, este Tribunal Pleno considera que se supera el problema de constitucionalidad advertido por la jurisprudencia de la Primera Sala. De lo anterior se desprende que el Pleno del Máximo Tribunal, al declarar la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley General de Salud citados en la sentencia transcrita, como lo es el artículo 235, último párrafo, en su porción normativa "solo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", y 247, último párrafo, en su porción normativa "solo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud, para los alcances establecidos en esa ejecutoria, precisó que surtiría efectos generales a partir de la notificación de dichos puntos resolutivos a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, de conformidad con los apartados II y III de esa decisión. Determinación en la que, entre otras cosas, se enfatizó que los alcances de la misma se limitaban a remover los obstáculos jurídicos para permitir la autorización del consumo personal y regular con fines meramente lúdicos o recreativos, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico THC (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana". Además, se estableció que esa declaratoria general de inconstitucionalidad no tenía como efectos permitir que se autorizara el consumo lúdico o recreativo de estupefacientes o psicotrópicos distintos a los que en conjunto se conocen como marihuana, sino que, con la declaratoria general de inconstitucionalidad de esas porciones normativas, se buscaba la remoción del obstáculo jurídico para que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, autorizara en lo sucesivo las actividades relacionadas con el autoconsumo de, exclusivamente, cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, respetando el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1°., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Atendiendo a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mientras el Congreso de la Unión no legisle al respecto, la Secretaría de Salud, por conducto de la autoridad competente, deberá emitir esas autorizaciones solo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias respectivas, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. Por ello, también se determinó que la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, debía establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho tutelado, sin que la autorización incluya en ningún caso la permisión de importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación o distribución de las substancias referidas. Es decir, se puede concluir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al invalidar las porciones normativas precisadas, definió que la Secretaría de Salud, a través del órgano competente, se encuentra compelida a emitir las autorizaciones necesarias para permitir el autoconsumo recreativo de cannabis y THC, con las limitaciones y restricciones precisadas. Lo anterior, pues de esta manera, el Máximo Tribunal Pleno consideró que así se supera el problema de constitucionalidad advertido por la jurisprudencia de la Primera Sala. Las consideraciones que derivaron de tal resolución, como se indicó, existen y además, son de observancia obligatoria, conforme al artículo 234, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que prevé que la declaratoria general de inconstitucionalidad será obligatoria y tendrá efectos generales. Dicha declaratoria general de inconstitucionalidad fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de dos mil veintiuno. 2. Segundo elemento. Respecto del segundo de los elementos, se tiene que la declaratoria general de inconstitucionalidad debe surtir sus efectos, entendiéndose que ello acontece cuando los puntos resolutivos de esa sentencia se notifican al Congreso de la Unión. En la especie, la ejecutoria dictada en la declaración general de inconstitucionalidad 1/2018, se notificó mediante oficio SGA/FAOT/194/2021 a la Cámara de Diputados y el diverso SGA/FAOT/195/2021 a la Cámara de Senadores, el veintinueve de junio de dos veintiuno, según se advierte de la página de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la siguiente dirección: ttps://www2.scjn.gob.mx/DI/paginas/DeclaracionesInvalidez. aspx, a través de la cual se hace del conocimiento público la fecha en que surten efectos las declaraciones de invalidez contenidas en las sentencias dictadas por el Alto Tribunal. Datos que constituyen un hecho notorio en términos de lo previsto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./ J. 16/2018 (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)." Así, toda vez que la ejecutoria en cita surtió sus efectos, pues fue notificada a las autoridades el Congreso de la Unión, el segundo presupuesto, se estima cumplido. Tercer elemento. Por cuanto hace al tercer elemento, relativo a la aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, el aquí denunciante considera sustancialmente que la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios desobedeció la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al negar la autorización solicitada para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC", en conjunto conocido como marihuana, con el argumento de el Congreso de la Unión ha expedido las regulaciones correspondientes. Ahora, del contenido del contenido del oficio 223301EL355281 de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, en el que se resuelve no otorgar la solicitud solicitada para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC", en conjunto conocido como marihuana, en lo que interesa, se conoce lo siguiente: a) Se encuentra dirigida a *********************; b) Se emite en atención a la solicitud elevada por éste para obtener autorización para llevar a cabo actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis con fines lúdicos o recreativos; y, c) Se le informa que del análisis realizado conforme a la legislación vigente, se encuentra imposibilitada para evaluar su petición para obtener una autorización para realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC", en conjunto conocido como marihuana, ya que no cuenta con los elementos normativos para ello. De lo anterior se advierte, que la autoridad denunciada tácitamente no otorgó la autorización solicitada, bajo la premisa de que está imposibilitada para concederla por no contar con los elementos normativos para ello, por lo que, a través del citado oficio aplicó el sistema de prohibiciones administrativas previsto en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud. Lo anterior, no obstante que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, declaró la invalidez del sistema de prohibiciones administrativas previsto en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 45, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, que prohíbe absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, por considerarlo violatorio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1º., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud De lo que se obtiene que asiste razón al denunciante cuando afirma que la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios transgredió la declaratoria de inconstitucionalidad 1/2018, porque como se mencionó en párrafos precedentes, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recalcó que en lo sucesivo y mientras el Congreso de la Unión no legislara sobre el tema, la Secretaría de Salud debe emitir esas autorizaciones sólo a personas adultas y para los efectos precisados en las ejecutorias respectivas, a saber: la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente, del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como marihuana. Igualmente indicó que es la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios quien debe establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla y tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho ahí tutelado, habida cuenta de que en ningún caso se permita importar, comerciar, suministrar, o cualquier otro acto que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas. De igual manera, subrayó que al emitirse las autorizaciones la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios deberá precisar que el ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros, esto es, que ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización, debiendo, además, precisar que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. Asimismo, señaló que la Secretaría de Salud quedó vinculada, a través del órgano competente, a emitir las autorizaciones necesarias para permitir las actividades necesarias para el autoconsumo recreativo de cannabis y THC, con las limitaciones y restricciones antes precisadas. Bajo esos parámetros, es menester señalar que de conformidad con lo previsto en el artículo 3, fracción I, inciso j; 4, fracción II, inciso c); 11, fracción VI; y 14, fracciones I y VII del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, compete a esa Comisión expedir las autorizaciones como la de que se trata, toda vez que aquella versa sobre sustancias consideradas como estupefacientes y psicotrópicos. De ahí que, no constituye obstáculo la circunstancia de que a la fecha en que se emitió el oficio no exista la regulación para emitir las autorizaciones para el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos, solo para personas adultas, para la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente del estupefaciente "cannabis sativa, índica, americana, su resina, preparados y semillas" y del psicotrópico THC (Tetrahidrocannabidol) y sus variantes estereoquímicas conocidas como marihuana, en la medida que desde la ejecutoria misma se le vinculó a su observancia y cumplimiento es obligatoria. No es ajeno para este juzgador que la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México, en representación de las autoridades denunciadas, en relación a la vista otorgada en proveído de cuatro de mayo del año en curso, manifieste esencialmente que la denunciada promovida por Alejandro Jesús Parada Aquino, es infundada dado que no acreditó que se le haya aplicado los preceptos declarados inconstitucionales. Lo anterior, ya que contrario a lo que afirma dicha autoridad, como quedó precisado en líneas precedentes, ante la respuesta dada a la petición del aquí denunciante para que se le autorizara realizar actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC", en conjunto conocido como marihuana; la autoridad denunciada tácitamente no otorgó la autorización solicitada, bajo la premisa de que está imposibilitada para concederla por no contar con los elementos normativos para ello, por lo que, a través de oficio relativo aplicó el sistema de prohibiciones administrativas previsto en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud. Finalmente, no se soslaya que el numeral 210, último párrafo, de la Ley de Amparo, dispone que el procedimiento relativo es aplicable en los casos en que la declaratoria general de inconstitucionalidad derive de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, de una interpretación pro persona, así como de una interpretación conforme de dicha disposición en concordancia con el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe entenderse que el referido procedimiento es aplicable a las declaratorias generales de inconstitucionalidad derivadas tanto de las controversias y acciones de inconstitucionalidad, como de las derivadas de los juicios de amparo. En consecuencia, ante lo fundado de la denuncia interpuesta, de conformidad con lo previsto en los artículos 192 y 210, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena a la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, realice lo siguiente: 1. Deberá desincorporar de la esfera jurídica del denunciante los artículos 235, último párrafo y 247, último párrafo, en su porción normativa "sólo podrán realizarse con fines médicos y científicos y", de la Ley General de Salud; lo cual significa que no deberá aplicarle en lo sucesivo dichas normas. 2. Deje sin efectos el oficio 223301EL355281 de veintisiete de enero de dos mil veintitrés; y, 3. En su lugar emita uno nuevo en el que atienda a cabalidad la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de dos mil veintiuno y otorgue la autorización solicitada. Para lo cual, debe tener presente que las autorizaciones solo se otorgan a personas adultas, para la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas, en conjunto conocido como marihuana. Esto es, la declaratoria no tiene como efectos permitir que se autorice el consumo lúdico o recreativo de estupefacientes o psicotrópicos distintos a lo que se conocen como marihuana. De la misma forma, al emitir la autorización deberá precisar que: 1. El ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros. 2. Ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización; y 3. No está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. En el entendido que el total cumplimiento debe efectuarse dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de que cause ejecutoria la presente resolución. OCTAVO. Ley de transparencia. Como la parte denunciante se opuso a la publicación de sus datos personales y las restantes partes procesales no manifestaron nada al respecto; con fundamento con los artículos 6, párrafo segundo, apartado A, fracción II y, 16, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil diecisiete, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Sustenta a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." NOVENO. Anotaciones y firma de oficios. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido en el libro electrónico. Asimismo, se faculta a la actuaria adscrita para que firme y envíe los oficios que deriven de esta determinación. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en el artículo 210 de la Ley de Amparo; se: RESUELVE PRIMERO. Es improcedente la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad promovida contra la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México; por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Es procedente y fundada la presente denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, promovida contra el acto de la autoridad denunciada Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México, por los motivos y efectos expuestos en el considerando séptimo del presente fallo. TERCERO. En su oportunidad, dese cumplimiento a los considerandos octavo y noveno de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades correspondientes."

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