Alejandro Javier Uribe Acosta
Expediente 60/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 60/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 05/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Alejandro Javier Uribe Acosta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el once de marzo de dos mil veintiuno. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a), del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Visto para resolver los autos del juicio de amparo 60/2021-III-B, promovido por Alejandro Javier Uribe Acosta, contra el acto que reclama de la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de enero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Alejandro Javier Uribe Acosta, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda, la que quedó registrada con el número 60/2021-III-B; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de las constancias remitidas por la Presidente de la Junta responsable, se tiene que la parte quejosa reclama: La omisión de acordar su escrito de fecha veintisiete de noviembre del dos mil diecinueve, presentado en autos del juicio laboral 461/2007. TERCERA. Existencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado atribuido a la Presidente responsable, toda vez que así lo manifestó dicha titular de la Junta referida al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba alguna en contrario, máxime que de las constancias adjuntadas por la citada autoridad responsable, evidencian la inexistencia del acto reclamado. En efecto, de lo informado por la Presidente de la citada Junta responsable en su informe de ley y de las constancias remitidas como anexo, a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2° de esta última. Se advierte que se actualiza la causal prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en el presente juicio, por los motivos que a continuación se exponen. Lo anterior, toda vez que de dichas actuaciones relativas al juicio reclamatorio laboral 461/2007, se desprende que mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil veinte, esto es, antes de la data de presentación de la demanda de amparo (catorce de enero de dos mil veintiuno), la Junta responsable dio contestación al escrito presentado por el quejoso el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Y proveyó lo conducente respecto a la solicitud realizada en el memorial aludido, comunicándole que su petición se encontraba sub-judice al recurso de revisión interpuesto por la parte demandada en el diverso juicio de amparo 1419/2019-II-A, que promoviera en contra de la resolución de prescripción emitida por dicha responsable en fecha uno de agosto de dos mil diecinueve, mismo que se encontraba en substanciación. Y, por lo tanto, no era el momento procesal oportuno para realizar u ordenar la continuación de la ejecución solicitada; como acreditó la responsable con las referidas documentales a las cuales se les otorga valor probatorio pleno. El invocado artículo 63, fracción IV, primer párrafo de la Ley en comento prevé: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." El citado precepto dispone que cuando quede claramente demostrado que no existe el acto reclamado, procede el sobreseimiento del juicio de amparo. En el caso particular se está en el supuesto de ley invocado, ya que ha quedado claramente demostrado en autos la inexistencia del acto reclamado por la parte quejosa. En efecto, dicho acto no existe, pues de lo anterior se llega a la conclusión de que es evidente la inexistencia del acto reclamado, en virtud de que, como ya se expuso, a la fecha de la presentación de la demanda que dio inicio al presente juicio, no existía la transgresión a los derechos fundamentales que expresa la impetrante. Tiene apoyo a la anterior consideración, la tesis IV.3o.72 K, con número de registro 213793, visible a página 254, tomo XIII, Enero de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, que a la letra dice: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Del mismo modo, sustenta lo antedicho la jurisprudencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En tal virtud, dado que la parte quejosa no ofreció prueba alguna para desvirtuar dicha circunstancia, al ser inexistente el acto reclamado, procede sobreseer en el presente juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobran aplicación al caso particular por analogía, la jurisprudencia número 10, consultable en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,544, así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que este Juzgador comparte, consultable en la página 254, Octava Época, Tomo XIII-Enero del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213793, que en su orden indican: "AMPARO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja"; y "JUICIO DE AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." CUARTA. Publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Alejandro Javier Uribe Acosta, en contra del acto que reclamó de la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en la consideración tercera de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración cuarta de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración quinta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autoriza. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a estos autos para los efectos legales conducentes, el escrito signado por Abelardo José Aguilar Ancona autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; y en cuanto a las manifestaciones que se realizan a manera de alegatos en dicho libelo, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, hágase relación de las mismas al celebrarse la audiencia constitucional en el presente asunto. Asimismo, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa, las documentales que se citan en el libelo de cuenta, así como la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, las cuales se reservan para ser relacionadas y valoradas al celebrarse la audiencia de ley. Finalmente, en cuanto a la documental que adjunta el ocursante, consistente en copia simple de la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, en el amparo en revisión 73/2020, derivado del juicio de amparo 1419/2019 promovido por la empresa Industrializadora Forestal de Chiapas, Sociedad Anónima de Capital Variable, del índice de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase como un hecho notorio, a fin de que dicha determinación sea tomada en cuenta al resolver el presente juicio de amparo. Lo anterior sin que sea el caso proceder al cotejo y compulsa de dicha documental con la que obra en el referido juicio de amparo 1419/2019 del índice de este Juzgado, pues basta con tener a la vista al momento de resolver. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que se refiere al hecho notorio, la jurisprudencia de la Novena Época, de la Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Materia(s) Común, Tesis: 2a./J. 103/2007, Página: 285, con el número de registro 172215, con el rubro y texto siguientes: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el informe justificado signado por la Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, residente en esta capital, al que acompaña un anexo. Al efecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
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