Alejandro Ignacio Piña Gasca

Expediente 1256/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1256/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
03/10/2018

Partes del expediente

  • Alejandro Ignacio Piña Gasca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    MESA III. ESTADO DE AUTOS. Vista la certificación precedente evidencia que la parte quejosa, dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley mencionada, contra el auto de doce de septiembre de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos procedentes. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. Este asunto es susceptible de destrucción (términos de los puntos décimo y vigésimo primero, fracciones II y III del Acuerdo General Conjunto referido). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. En atención a lo anterior devuélvase a la Titular de la Visitaduría Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, las constancias remitidas con su informe justificado, consistente en los autos originales del expediente 20/2018 de su índice, solicitándole acuse recibo de las mismas. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA III. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el escrito de cuenta por el cual el quejoso solicita copia certificada de la sentencia de ocho de agosto de dos mil dieciocho, emitida por el Cuatro Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por la que se declaró incompetente; asimismo, solicita se le notifique personalmente la citada resolución. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa, las copias que solicita, previa razón que por su recibo sea asentada en autos, para los efectos legales correspondientes. Respecto a sus manifestaciones en relación a que se le notifique de manera personal la resolución emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que dicha determinación fue emitida por un diverso órgano jurisdiccional. Por otra parte, respecto a la autorización que realiza, deberá estarse a lo acordado en proveído de diecisiete de agosto del año en curso (fojas 51 a 54) Finalmente, queda expedito su derecho a efecto de que pueda comparecer a realizar las gestiones pertinentes, a efecto de llevar a cabo su cita. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA III. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que se tuvo como acto reclamado:  La determinación de **********, dictado por Titular de la Visitaduría Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, dentro del expediente ****** del índice de la autoridad responsable, por el cual resuelve la queja interpuesta por la falta administrativa cometida por la Asesora Comisionada a la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Ahora bien, del informe rendido por la autoridad responsable Titular de la Visitaduría Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, se desprende que efectivamente dentro del expediente *********, se dictó la resolución tres julio de dos mil dieciocho, que resolvió la queja interpuesta por la falta administrativa atribuida a la Asesora Comisionada a la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. En ese sentido, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." La anterior transcripción permite observar que para la procedencia del juicio de amparo es requisito indispensable que el quejoso tenga interés jurídico o legítimo y que cualquiera de los dos se vea afectado. Conviene acotar que en el caso sólo se realizará el estudio del interés jurídico, pues el quejoso, al presentar la demanda de amparo, no refirió la existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; ni que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, mucho menos, que él pertenezca a esa colectividad. Ahora bien, el denominado interés jurídico representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio constitucional, pues si el acto reclamado no lesiona la esfera jurídica del gobernado, entonces no tendrá legitimación para instaurar el juicio constitucional, de modo que debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, es decir, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio de garantías resultará improcedente. Entonces, la afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto o norma general violatoria de derechos humanos; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular; de ahí que la procedencia de la acción constitucional exige que esta última no sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquél que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, que le es cómoda o placentera o, por el contrario, para que desaparezca o se evite la que pudiera resultarle mortificante, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho del gobernado derivado de la ley a exigir determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta; por eso se afirma que hay "interés jurídico" cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar; todo lo cual debe ser materia de prueba fehaciente en el juicio constitucional relativo. Por lo anterior, es válido afirmar que el gobernado tendrá interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad o una norma general cuando demuestre: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho; precisándose que tal afectación se materializa cuando se impone una obligación que antes no se tenía o si se elimina o restringe el derecho subjetivo de referencia. En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualizará cuando el acto de autoridad que se combata en el juicio de amparo no incida en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le impone obligación, o bien, no se tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto. En el caso, la parte quejosa comparece al juicio constitucional reclamando el auto de tres julio de dos mil dieciocho, dictado por Titular de la Visitaduría Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, dentro del expediente ******** del índice de la autoridad responsable, por el cual resuelve la queja interpuesta por la falta administrativa cometida por la Asesora Comisionada a la Primera Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México; por lo que, se sustenta que la resolución reclamada, fue con a base a una queja administrativa, lo cual se afirma con las constancias que integran el juicio de origen, las cuales remitió la autoridad responsable con su informe rendido en el amparo directo. Constancias a las que se les otorga eficacia probatoria plena de conformidad en lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, en la especie se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, al constituir el acto reclamado en una resolución emitida dentro de un procedimiento de responsabilidad; máxime que no se trata de un acto que afecte de manera directa derechos sustantivos. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 139/2005, determinó que como el régimen de responsabilidades no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que los particulares carezcan de interés jurídico para impugnar en amparo las resoluciones emitidas dentro de un procedimiento de responsabilidad por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa; lo que igualmente ocurre cuando se impugna la omisión de dictar la resolución correspondiente en el procedimiento de responsabilidad instaurado por el aquí quejoso en su calidad de denunciante, en contra de un servidor público. El criterio citado se contiene en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier persona tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente; sin embargo, como el régimen de responsabilidades relativo no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí que aquél carezca de interés jurídico para impugnar en amparo la resolución que ordena el archivo del expediente por ser improcedente la queja o por no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa." Como consecuencia de lo anterior, al comparecer al presente juicio en su carácter de denunciante de la queja administrativa controvirtiendo la resolución emitida en la misiva, el promovente del amparo carece de interés jurídico para instar la acción constitucional, lo que actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se analiza. Sin que represente obstáculo a lo anterior el hecho de que por regla general el análisis del interés jurídico deba realizarse hasta el momento de dictar sentencia en el juicio constitucional ya que será durante la substanciación del juicio que la parte quejosa estará en aptitud de ofrecer pruebas para acreditar la afectación a su interés jurídico; sin embargo, al existir criterio expreso y absoluto respecto de que en ese tipo de hechos no se podrá acreditar el interés jurídico, dicha causa de improcedencia se actualiza de modo manifiesto e indudable, de ahí que en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, proceda desechar de plano la demanda de que se trata. Apoya a lo anterior la jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que resulta obligatoria para este Juzgado de Distrito, de rubro y texto siguientes: "QUEJA ADMINISTRATIVA DECLARADA INFUNDADA O IMPROCEDENTE. EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO Y LEGÍTIMO PARA RECLAMAR EN AMPARO ESA DETERMINACIÓN Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juzgador de amparo está facultado para desechar de plano la demanda cuando advierta la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendida ésta como aquella plenamente demostrada, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de manera que aun de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base y de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 1/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1120 del Tomo XXIII, enero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.", el denunciante de una queja administrativa declarada infundada o improcedente, carece de interés jurídico y legítimo para impugnar en amparo tal determinación, por lo que en ese caso debe desecharse de plano la demanda, al existir una causa notoria e indudable de improcedencia." Ante lo expuesto, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el diverso precepto 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA este juicio de garantías, por lo que se deja sin efecto legal alguno la hora y día fijados para la audiencia constitucional, misma que fue señalada para las diez horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Asimismo, por analogía, la jurisprudencia II.2o.P. J/23, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegido en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página 991, Tomos XXIV, de Noviembre de dos 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO.". Notifíquese, y personalmente a las partes.

  4. Principal

    MESA III. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en cumplimiento a su numeral 2°, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el escrito de cuenta, signado por la tercera interesada Lilia Zúñiga Arias en su carácter de Asesora Comisionada adscrita a la Primera Sala regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, mediante el cual se apersona a la presente instancia, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, realiza alegatos y ofrece pruebas. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene por apersonada a la presente instancia a la citada tercera interesada. Asimismo, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. En ese sentido, con fundamento en el artículo 124 de la ley de la materia, téngase por hechas las manifestaciones que formula en vía de alegatos, sin perjuicio de hacer relación de éstas en la audiencia constitucional. Finalmente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas en razón de su propia y especial naturaleza la prueba documental que indica en el escrito de cuenta, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, sin perjuicio de hacer relación de éstas en la etapa correspondiente de la audiencia constitucional y tomadas en consideración como en derecho corresponda en el momento procesal oportuno. Notifíquese.

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