Alejandro Ignacio Peláez García

Expediente 294/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
294/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
13/04/2023

Partes del expediente

  • Alejandro Ignacio Peláez García

Actuaciones

  1. Principal

    Estado desechamiento. Vista la certificación asentada en primer término, de la que se advierte que el proveído de catorce de marzo de dos mil veintitrés, en que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido dentro del término legal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado. Archivo del expediente.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos la constancia de notificación remitida por el actuario judicial adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, de la cual se advierte que devuelve debidamente diligenciado el exhorto 255/2023-IV (orden 256/2023), del índice de este órgano jurisdiccional, que dio origen al diverso 110/2023 (orden 155/2023), del consecutivo del juzgado exhortado; ante ello, dese de baja en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) para los efectos estadísticos correspondientes; sin que haya necesidad de acusar de recibo dada la naturaleza de su remisión. En consecuencia, téngase por legalmente notificado al promovente Alejandro Ignacio Peláez García, del auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    El acto reclamado en esta instancia constitucional estriba primeramente en la determinación de ocho de diciembre de dos mil veintidós, dictada por la Primera Sala Colegiada de Texcoco, Estado de México, que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto y confirmó la diversa de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, que declaró improcedente el incidente de nulidad de notificaciones, para que la aquí quejosa diera cumplimiento a lo condenado en el juicio ordinario mercantil 966/2011. En ese contexto quien esto resuelve considera que el juicio de amparo que intenta la quejosa resulta improcedente, esto en virtud que contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente de nulidad de actuaciones promovido contra actos dictados dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio, pues el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, por tanto, sólo procede el juicio de amparo contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva Acotado lo anterior, se hace patente que el acto reclamado no se trata de la última resolución emitida en el juicio de origen, puesto que no pone fin a la ejecución de sentencia. Ello es así, pues en la resolución reclamada que confirmó la resolución interlocutoria de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, emitida por el Juez Tercero Civil del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, en el incidente de nulidad de notificaciones, derivado del juicio ordinario mercantil 966/2011, promovido después de juicio. Por tanto, el acto reclamado no es determinación autónoma, independiente, ni destacada de la fase ejecutiva, ni tampoco es la última resolución, sino que en realidad se encuentran íntimamente ligada con la etapa en cuestión, puesto que la consecuencia es que se siga con el curso legal del procedimiento de ejecución de la sentencia, hasta el dictado de la última resolución, a saber, la que declare el cumplimiento total de la sentencia o la imposibilidad jurídica para poder cumplimentarlo, o bien, la que ordene el archivo del expediente como concluido. Ello, en razón de que con el actuar de la responsable, el resultado que se sigue es que el procedimiento continúe por su cauce legal; de ahí que, el acto reclamado que se analiza, sólo podrá ser impugnado como violación procesal por la parte quejosa en el amparo que intente contra de la resolución con la que culmine el procedimiento respectivo. Tiene sustento, por las razones que la integra, la tesis I.6o.C.368 C, sustentada por Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Registro digital 176262, localizable en el Tomo XXIII, página 2396, Enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido siguiente: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, SÓLO CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN EMITIDA AL RENOVARSE EL PROCEDIMIENTO DE REMATE, SIEMPRE QUE SE SIGAN PREVIAMENTE TODAS SUS FASES. Si después de dictada la sentencia definitiva condenatoria en un juicio ejecutivo mercantil, el actor promueve incidente de ejecución, siguiendo todas las etapas, como el avalúo del bien inmueble a rematar para obtener el cobro de su crédito y publicaciones de los edictos, y aun habiéndose fincado el remate del bien a su favor o de algún postor, la autoridad responsable no lo aprueba por irregularidades procesales, resulta un derecho del ejecutante solicitar al Juez natural la fijación de nueva fecha para una segunda almoneda, con el fin de obtener la composición de su derecho, sancionado por sentencia firme; y si el Juez dicta auto en el mismo procedimiento de ejecución accediendo a la petición del actor y ordena nueva subasta conforme a las de su clase, es inconcuso que el demandado, de no estar de acuerdo, debe interponer contra dicho auto el recurso ordinario de apelación que le conceden los artículos 1336, 1340 y 1341 del Código de Comercio, tendiente a agotar el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, con independencia de que por tratarse del procedimiento de remate, sólo sea factible promover el amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en términos del artículo 114, fracción III, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; y, de no ser así, es correcto el desechamiento del amparo, con fundamento en los artículos 73, fracción XIII y 145 de la ley que lo regula, por tratarse de un acto intermedio dentro del procedimiento de remate. Además, la resolución que desaprueba el remate en primera almoneda, no es la última para legitimar la procedencia del amparo, toda vez que el actor que obtuvo sentencia favorable, está en su derecho de una segunda almoneda para cobrar el crédito sancionado por la autoridad judicial, y mientras no se cubran las prestaciones obtenidas como resultado del juicio seguido contra el deudor, dicho actor puede instar una segunda almoneda, con lo que se renueva el procedimiento de ejecución, el que sí podrá ser reclamado a través del referido amparo por el ejecutado, siguiendo previamente todas las fases del procedimiento de remate". Asimismo, tampoco se está en el caso de que el acto reclamado constituya afectación a derechos sustantivos, para la procedencia del juicio de amparo indirecto en la hipótesis de la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, a pesar de no encuadrar en la definición de "última resolución" que jurisprudencialmente emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior, pues para que se actualice la hipótesis de procedencia del juicio de amparo en términos de lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se requiere que el acto reclamado transgreda directamente derechos sustantivos, siempre y cuando estos derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, es decir, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar. Orienta a lo anterior, por las razones que las informan, la tesis I.12o.C.22 K (10a.), sustentada por Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, Registro 2018278, localizable en el Libro 60, página 2163, Noviembre de 2018, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SI LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA (ACTOS INOFENSIVOS) NI SE AJUSTA A NINGUNA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AUNQUE SURJAN EN LA ETAPA DE JUICIO CONCLUIDO. En términos del artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo el juicio constitucional se tramitará ante el Juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual significa que antes y después del dictado de la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal, las partes tienen a su alcance la posibilidad de impugnar cualquier acto que tenga esas características. De manera que si el juicio de amparo indirecto procede en esas hipótesis, esta disposición debe estimarse que da pauta a la interpretación, de modo que aun tratándose de actos dictados en juicio concluido existe la posibilidad de impugnarlos por las partes cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada, es decir, los distintos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma insoslayable. En este contexto, si la resolución reclamada fue dictada en etapa de ejecución de sentencia, pues de los antecedentes se advierte que existe sentencia definitiva, la decisión de rechazar un recurso no puede estudiarse aisladamente al acto pretendidamente recurrido, es decir, la resolución que declara infundado el incidente de nulidad de actuaciones que el quejoso inició para impugnar la notificación que se realizó en cuanto a la devolución al archivo judicial del expediente natural y como consecuencia la resolución que niega la admisión del recurso correspondiente no satisface los requisitos para la procedencia del amparo indirecto, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución y como el quejoso compareció al juicio natural y éste se encuentra en la etapa de ejecución, no se afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen. Consecuentemente, aun cuando surjan actos en la etapa de juicio concluido, muchos de ellos son inocuos (inofensivos) para los intereses del quejoso, como sucede en el caso, en tanto que su contenido no lesiona algún derecho ajeno a la cosa juzgada ni se ajusta a alguna de las hipótesis de procedencia reguladas en el artículo 107 citado; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente." Así como la diversa VI.1o.C.51 C (10a.), sustentada por Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, Décima Época, Registro digital 2006630, localizable en la página 1728, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE. EL AUTO QUE LO DESECHA, NO ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE NO ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN EL AMPARO INDIRECTO. De acuerdo con el principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, éste sólo procede contra actos verificados durante la controversia, o en ejecución de la sentencia, cuando sean imposibles de reparar; esto es, en contra de aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por los derechos humanos consagrados en la propia Carta Magna o en tratados internacionales. En esa virtud, no existe ejecución irreparable, si las consecuencias de la posible infracción se extinguen sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado, y sin dejar huella en su esfera jurídica; por lo cual es evidente que no existe irreparabilidad cuando el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales, sin causar perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos, como propiedades, posesiones o derechos, al no implicar por sí mismo la obtención de una resolución desfavorable en la contienda judicial. Por tanto, el auto que desecha un incidente de nulidad de actuaciones no es de imposible reparación, al no atentar, por sí mismo, contra ningún derecho sustantivo constitucional o convencional, máxime si se toma en consideración que todas las violaciones que pudieran surgir en el procedimiento de remate, son susceptibles de ser impugnadas en la vía de amparo indirecto, contra la última resolución dictada en la fase correspondiente, siendo la misma, aquella en la que en forma definitiva se ordenan el otorgamiento de la escritura de adjudicación y entrega de bienes rematados, pudiendo ser reparada la infracción, y ello evidencia que dicho acto no transgrede algún derecho sustantivo constitucional o convencional." Y la tesis VII.2o.C.23 K, sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, Novena Época, Registro digital 175683, localizable en el Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 1947, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PROMOVIDO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Es improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente de nulidad de actuaciones promovido contra actos dictados dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio pues, como el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, del cual deriva que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución respectivo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio, salvo cuando la nulidad demandada sea relativa a la notificación de la sentencia." Es menester precisar que las jurisprudencias y tesis aislada citadas, se atienden por considerar que no se oponen a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia en el 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 107, fracción IV, párrafo segundo, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por *********.

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