Alejandro Huerta Garcia

Expediente 592/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
592/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
02/09/2015

Partes del expediente

  • Alejandro Huerta Garcia

Actuaciones

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, dos de septiembre de dos mil quince. Vista la certificación secretarial de cuenta, donde aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de siete de agosto de dos mil quince, dictado en el presente juicio, en el que se desechó la demanda de garantías por notoriamente improcedente. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO EJECUTORIA, en virtud de que la parte quejosa no interpuso recurso en contra de dicho proveído que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de la Materia. Por otra parte, advirtiéndose de autos que no existe diligencia pendiente por desahogar; en tal virtud, remítase el presente expediente al archivo definitivo. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Ahora bien, establecido lo anterior, cabe señalar que la parte quejosa señaló como acto reclamado la resolución interlocutoria dictada el catorce de Julio del presente año, en el Toca Civil número 131/2015, en la cual se confirma el proveído apelado, dictado el dieciséis de abril de dos mil quince, por el Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, dentro del procedimiento relativo al incidente de liquidación de sentencia. Así pues, como es de observarse que el acto reclamado en el presente asunto, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, acorde a los lineamientos expuestos anteriormente, así como tampoco se puede considerar que se trate de una resolución ajena a la cosa juzgada, que afecte los derechos sustantivos de la parte demandada en el juicio de origen, aquí quejoso. Establecido lo anterior, en la especie, el acto reclamado previamente precisado, no es una determinación autónoma, independiente, ni destacada de la fase ejecutiva, ni tampoco que sea la última resolución, indispensable para la procedencia del juicio de garantías, sino que en realidad, se encuentra íntimamente ligada con la etapa en cuestión, puesto que la consecuencia legal de la emisión del acto reclamado es que se siga con el curso legal del procedimiento de ejecución, hasta el dictado de la última resolución; a saber, la declaración de su cumplimiento o en defecto la imposibilidad jurídica para poder cumplimentarlo; o la que ordena el archivo del expediente como concluido; por tanto, es claro que el acto reclamado por la parte promovente no constituyen la última resolución en el procedimiento de ejecución, pues como se mencionó en líneas precedentes, el acto reclamado de ninguna manera ponen fin a la etapa de ejecución de sentencia. Así es, con el actuar de las responsables, el resultado que se sigue es que el procedimiento continúe por su cauce, pues el acto reclamado en esta instancia constitucional, sólo podrá ser impugnado como violación procesales que afecta las defensas del quejoso en el amparo que éste intente en contra de la resolución con la que culmine el procedimiento respectivo, que a saber, la interlocutoria que resuelve el incidente de liquidación de sentencia. Por lo que, tampoco se está en el caso de que el acto reclamado constituya afectación a derechos sustantivos, para abrir la procedencia del juicio de amparo indirecto en la hipótesis de la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, a pesar de no estar en la definición de "última resolución" que jurisprudencialmente emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ello, pues para que se actualice la hipótesis de procedencia del juicio de amparo en términos de lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se requiere que el acto reclamado transgreda directamente derechos sustantivos, siempre y cuando estos derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, es decir, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, y en la especie aún no existe "última resolución" en el incidente de liquidación de sentencia, ya que aún no se dicta la interlocutoria correspondiente. En la inteligencia de que, en todo caso, si la parte quejosa estima que la emisión de la resolución reclamada genera una violación al procedimiento, podrá impugnarla en el momento en que se dicte la resolución que reseulva el incidente de liquidación de sentencia, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. Por las razones que la informan y atención a su contenida resulta orientadora a lo antes dicho la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, localizable en la página 383, del Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, correspondiente a la Octava Época, del tenor siguiente: "INCIDENTE DE LIQUIDACION, CONTRA LA RESOLUCION QUE PONE FIN AL, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, para que el juicio de amparo indirecto proceda en contra de actos ejecutados después de concluido un juicio a través de los cuales se pretende ejecutar una sentencia, debe combatirse la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiéndose alegar en la misma todas aquellas violaciones que se hubiesen cometido en este procedimiento. En consecuencia, si lo que reclama el quejoso concretamente, es una resolución que confirmó un auto que admitió pruebas de su contraparte, dentro de un incidente de liquidación, es evidente que el juicio de amparo resulte improcedente, en términos de la fracción XVIII, del artículo 73, de la ley de la materia, en relación con el primer precepto invocado, pues en caso de existir violaciones durante la tramitación de aquél, las mismas únicamente podrán impugnarse en el juicio de garantías que se promueva en contra del fallo que ponga fin al susodicho incidente. En consecuencia, de lo anterior se advierte, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, y con apoyo en el diverso 113 de la misma Ley, lo que procede es DESECHAR LA DEMANDA DE GARANTÍAS POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. En consecuencia, toda vez que de lo anterior se advierte, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, y con apoyo en el diverso 113 de la misma Ley, procede DESECHAR LA DEMANDA DE GARANTÍAS POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL PROMOVENTE. Así, lo acordó y firma Jesús Rodolfo Cristerna Iribe, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ante Leonor González Hernández, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. EL PRESENTE PROVEIDO, SE NOTIFICA AL PROMOVENTE, EN ESTE FECHA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · 8,136 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano