Alejandro Herrera Linares

Expediente 1695/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1695/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
16/06/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Herrera Linares
  • Junta Especial NùMero Uno de la Local de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla dieciséis de junio de dos mil veintidós. Causa estado. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa promoviera recurso de inconformidad en contra del auto de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, en el que se declaró sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional..". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del presente expediente para una mejor identificación del asunto.. Digitalización. Previo a su depuración, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Se declara cumplida la sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, tomando en consideración que las partes no desahogaron la vista concedida mediante auto veintinueve de abril de dos mil veintidós, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2ª./J. 26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que dice "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Sentencia. Mediante sentencia dictada el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes. ".VII. DECISIÓN 26. Ahora, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla realice lo siguiente en el juicio laboral D-1/129/2020: A. Fije nuevo día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del plazo de quince días, previsto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. B. Notifique a la parte quejosa -actora en el juicio de origen- dicha determinación; y, C. Emplace a la parte demandada, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos. 27. En el entendido de que para lograr dicho emplazamiento, la autoridad tiene la posibilidad de dar la oportunidad al trabajador de aclarar el domicilio de la parte demandada o señalar uno nuevo para llamarla a juicio, incluso, puede dar cuenta a la Presidenta de la Junta respecto de alguna imposibilidad para lograr ese cometido lo que podría generar incluso algún apercibimiento de tener por no presentada la demanda y, en su caso, continuar el trámite respecto de la parte demandada que sí haya sido emplazada, sin que esté obligada a emplear oficiosamente los medios a su alcance para investigar un nuevo domicilio." Ejecutoria. Mediante proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, la sentencia de mérito causo ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. No existe materia para la ejecución del fallo protector. Después de diversas gestiones, la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintidós, remitió copia certificada de la comparecencia de la parte actora [quejoso] de veintiséis de abril de dos mil veintidós, desahogada en el juicio laboral D-1/129/2020, de la que se desprende: 1. Que el actor Alejandro Herrera Linares [quejoso], se desistió lisa y llanamente de las prestaciones reclamadas, acción ejercitada e instancia dentro del juicio laboral D-1/129/2020, en contra de los demandados señalados en su escrito inicial de demanda; y, 2. Se ordenó remitir al archivo el juicio de origen. Por tanto, de conformidad con los artículos 196, segundo párrafo y 214 de la Ley de Amparo, se determina que no existe materia para la ejecución del fallo protector, dado que la parte actora en el juicio laboral D-1/129/2020, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, se desistió de todas y cada una de las acciones y prestaciones intentadas en el juicio laboral de origen, ordenándose el archivo en la misma fecha de su desistimiento. En efecto, de las constancias que obran en autos y de los actos examinados en este proveído emitidos por la autoridad responsable, se advierte que ésta realizó lo necesario para cumplir los efectos del fallo protector; sin embargo, también se observa que con motivo del desistimiento de la parte actora en el juicio de origen, no es posible cumplir en su totalidad la ejecutoria de amparo, debido a que no existe materia para la ejecución del fallo protector, lo cual no es resultado de una actitud contumaz por parte de la responsable, sino del acuerdo de voluntad de la parte actora en el juicio laboral. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes este proveído para los efectos establecidos en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, quedan a salvo sus derechos para que los hagan valer en la vía y forma que consideren convenientes. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Autoridad informa desistimiento- se da vista. Agréguese el oficio de la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por el que remite copia certificada del proveído de veintiséis de abril de dos mil veintidós, del que se advierte que el quejoso Alejandro Herrera Linares se desistió del trámite del juicio laboral D-1/129/2020 del índice de la junta responsable, el cual ratificó en esa misma fecha, como se advierte de la anotación visible en el mencionado auto. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, que establecen la obligación del Juez de Distrito de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196 del citado ordenamiento, dese vista a las partes con el oficio y anexo de cuenta por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga. Ello bajo el apercibimiento que de no desahogar la vista ordenada, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con los elementos que obren en autos. Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Se requiere cumplimiento. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable, Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, ha sido omisa en dar cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de ocho de abril de dos mil veintidós, el cual se realizó en los siguientes términos: "[..] Ahora, conviene traer a colación los efectos para los cuales se concedió el amparo en el presente asunto, los cuales son del tenor literal siguiente: ".VII. DECISIÓN 26. Ahora, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla realice lo siguiente en el juicio laboral D-1/129/2020: A. Fije nuevo día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del plazo de quince días, previsto en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. B. Notifique a la parte quejosa -actora en el juicio de origen- dicha determinación; y, (.)." De lo anterior se desprende que uno de los efectos para los cuales se concedió el amparo fue para que se notificara a la parte actora el acuerdo en donde señalara día y hora para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y si bien la autoridad responsable remite una constancia de notificación personal de cinco de abril del año en curso, la cual manifiesta fue realizada a la parte quejosa, lo cierto es que del contenido de la misma se advierten diversos nombres y no el del aquí quejoso, así como un diverso acuerdo a notificar y no el de dieciocho de marzo de la presente anualidad lo que genera incertidumbre si realmente se notificó a Alejandro Herrera Linares o no, tal como se advierte a continuación: En consecuencia, requiérase a la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el plazo improrrogable de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe si la constancia de notificación antes mencionada es correcta o no; y de ser el caso que esta resultaré errónea, remita copia certificada de la constancia de notificación correcta, correspondiente al proveído de dieciocho de marzo del año en curso, emitido en el juicio laboral D-1/129/2020, efectuado a la parte actora en dicho juicio laboral; asimismo, para que informe el resultado de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones programada para las nueve horas con cinco minutos del trece de abril del año en curso en el juicio laboral D-1/129/2020 de su índice. [.]" Lo anterior, no obstante encontrarse notificada para tal efecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la Junta responsable para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento al requerimiento referido en líneas que anteceden. En la inteligencia que deberá remitir copias certificadas de las constancias requeridas, las cuales deberán estar debidamente rubricadas, foliadas y entreselladas, así como en orden progresivo. Se apercibe a la Presidenta de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, que de ser omiso al presente requerimiento, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. De igual forma, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese, y vía electrónica a la parte quejosa.

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