Alejandro Hernández Velarde, a través de su apoderado
Expediente 926/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 926/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/10/2020
Partes del expediente
- Alejandro Hernández Velarde, a través de su apoderado
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil veinte. Advirtiéndose de los presentes autos que a la fecha en que se actúa, la parte promovente no se inconformó con el desechamiento de demanda dictado el dos de octubre de dos mil veinte; en tales condiciones, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ....
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de octubre de dos mil veinte. Expediente y registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado, con el número 926/2020. Radicación Vista la demanda de amparo promovida por ***, en contra de los actos del Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, por violación de los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, se provee: .... Análisis de demanda En términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que por "manifiesto" debe entenderse cuando el motivo de improcedencia es patente y absolutamente claro de la lectura de la demanda; y, lo "indudable" resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ..... Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Acto reclamado De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el promovente ***, reclama del Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, la resolución de dos de septiembre de dos mil veinte, dictada en el recurso de queja administrativa de responsabilidad 17/2018 de su índice, en la que determinó que no era procedente iniciar procedimiento de responsabilidad en contra del Titular del Registro Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla. Actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Respecto del acto reclamado precisado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". Del primer artículo transcrito se advierte que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclama, y que la afectación a su esfera jurídica sea real y actual, ya sea de manera directa o bien por su especial situación frente al orden jurídico. El segundo numeral invocado toma como base para establecer la improcedencia del amparo la inexistencia del agravio personal y directo. Interpretando a contrario sensu la disposición legal contenida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se infiere que para que proceda el juicio de amparo contra un acto de autoridad se requiere que éste afecte de manera real y actual la esfera jurídica del quejoso, es decir, que le produzca un agravio. En relación con el agravio y perjuicio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el agravio debe ser actual para justificar la acción de amparo, y por perjuicio, la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado. Es.....Atento a lo anterior, el juicio de amparo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame y, en tal virtud, la legitimación a que se refiere el artículo 5° fracción I de la ley de la materia para iniciar y seguir el juicio de amparo debe fundarse en el agravio causado por el acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial-, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente, esto es, que la afectación que en su detrimento aduzca la parte quejosa debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. Esto es, el agravio debe recaer en la persona que ocurre al juicio constitucional, concretarse en ésta y no ser abstracto o genérico, así como también el mismo debe ser de realización pasada, presente o inminente, esto es, haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio o hipotético, en razón de que los actos simplemente probables no engendran agravio, ya que resulta indispensable que aquéllos existan o que haya elementos de los que pueda deducirse su realización futura con certeza. En el caso, el promovente reclama del Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, la resolución de dos de septiembre de dos mil veinte, dictada en el recurso de queja administrativa de responsabilidad 17/2018 de su índice, en la que determinó que no era procedente iniciar procedimiento de responsabilidad en contra del Titular del Registro Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla; sin embargo, tal acto no lesiona su esfera jurídica. En efecto, la parte quejosa no tiene un derecho subjetivo reconocido por una norma, ni existe una afectación directa en su esfera jurídica individual (interés jurídico), dado a que la investigación y conocimiento de las quejas o denuncias por responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Estado de Puebla -que era la pretensión del quejoso- no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, el orden jurídico objetivo otorga al particular una mera facultad de formular quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones. De ahí que la resolución que determinó que no era procedente iniciar el procedimiento de responsabilidad en contra de la autoridad señalada como responsable, no afecte la esfera de derechos del quejoso. Lo anterior es así, ya que si bien el peticionario de amparo en su carácter de particular, está facultado para presentar quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, lo cierto es que tal deber sólo se traduce en hacer del conocimiento de la autoridad correspondiente la existencia de actuaciones que podrían ser motivo de la inobservancia del debido servicio público, pero no llega al extremo de estimar que la autoridad que conozca del procedimiento administrativo de responsabilidades resuelva atendiendo a lo expresado por el denunciante, esto es, que se pronuncie respecto de las manifestaciones formuladas en la queja, de ahí no tenga la potestad de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, pues el régimen de responsabilidad administrativa de los servidores públicos tiene como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trata, derivado del interés de carácter público. Por lo tanto, la investigación que se lleva a cabo en los procedimientos de este tipo, no es con el propósito primordial de sancionar al servidor público, sino de analizar si con su actuar se cumplieron con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y, si por ende, esa conducta es compatible o no con el servicio que se presta; es decir, si se prestó correctamente el servicio público o no, mas no tiene la intención -prima facie- de sancionar al servidor público, pues los intereses que se ventilan son generales y de orden público, por encima de los de los particulares, como lo sería el del promovente. Esto es, el procedimiento de responsabilidades administrativas no reconoce ni tutela intereses particulares, sino que su finalidad es garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de la función pública y, en esa medida la resolución de la queja administrativa no representa un beneficio o perjuicio directo para quien la promovió, ya que -se insiste- la actuación de los servidores públicos atañe al interés general y no al de ese individuo; razón por la cual la actuación del denunciante se constriñe únicamente en poner del conocimiento de la autoridad correspondiente la existencia de conductas que podrían ser motivo del incumplimiento de los deberes de un servidor público, para que la autoridad verifique si éste vulneró el correcto ejercicio de la función pública, pero sin que llegue al extremo de radicar el procedimiento o estudiar los planteamientos formulados en la queja respectiva. ....En ese orden de ideas, el solicitante de amparo -con independencia de que el Titular del Registro Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla incurrió en conductas que deban ser sancionadas administrativamente- tiene un interés simple, el cual no es protegido por la norma, pues aun cuando tiene derecho a presentar quejas por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente, ello no le genera un derecho para exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones, pues sólo se trata de actos de control interno en los que la investigación efectuada busca determinar si el servidor público cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes a su cargo y si su conducta resulta o no compatible con el servicio que presta, y será el órgano disciplinario correspondiente el que decidirá si inicia o no formalmente el procedimiento administrativo de responsabilidad y si sanciona o no al servidor público. De ahí que la determinación de no iniciar el procedimiento de responsabilidad en contra del Titular del Registro Público de la Propiedad de la Circunscripción Territorial de Cholula, Puebla no legitima al promovente de amparo para acudir al juicio constitucional. Lo anterior pone de relieve que el denunciante o promovente de una queja administrativa no tiene interés jurídico ni legítimo para ejercitar la acción de amparo contra actuaciones u omisiones en el procedimiento administrativo relativo, dado que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino sólo preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, de ahí que el orden jurídico objetivo otorga al interesado una mera facultad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin concederle la posibilidad de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto a sus pretensiones. No obsta a la decisión anterior, el hecho de que por regla general, la ausencia de interés jurídico del promovente del amparo no puede constituir un motivo manifiesto e indudable improcedencia del juicio de amparo que pudiera dar lugar a actualizar la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, y por tanto, desechar la demanda de amparo, en la medida en que el interés jurídico para instar la acción constitucional puede demostrarse durante la tramitación del juicio de amparo y hasta antes de que concluya la audiencia constitucional, lapso procesal en el cual la peticionario de amparo se encuentra en aptitud de aportar al Juez de Distrito todos los medios de convicción que a su juicio demuestran su interés jurídico así como la afectación que provocan los actos reclamados ya que cuando de la propia demanda de amparo y sus anexos se advierta con toda certeza que el peticionario de amparo carece de interés jurídico para instar la acción constitucional, determinación que no podría cambiar aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento (es decir, que no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes), entonces la ausencia de ese interés jurídico puede constituir un motivo indudable y manifiesto de improcedencia del juicio que, desde luego, autoriza a desechar la demanda de amparo atento lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, tal y como ocurre en el asunto en estudio. ... Desechamiento En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, toda vez que el acto reclamado no genera ningún agravio personal y directo al promovente, en términos de los dispuesto en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee, pues la causa de improcedencia advertida no es susceptible de superarse con el material probatorio que se llegue a aportar al juicio, dado que su demostración se acredita con los propios actos reclamados y con los términos de su demanda, lo anterior con el objeto de que el peticionario de amparo tenga conocimiento desde el inicio, del resultado de la demanda y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. ....
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 10,245 expedientes
- Alejandro Gonzaga Juárez1045/2019
- Alejandro Gonzalez Bravo1096/2015
- Alejandro González Pérez749/2023
- Alejandro González Tinixcal1020/2018
- Alejandro Hernández Cosío1061/2019
- Alejandro Hernández Domínguez1772/2019
- Alejandro Hernández Zentle200/2021
- Alejandro Huerta Chiquito396/2022
- Alejandro Huerta Chiquito1844/2021
- Alejandro Iglesias Vallarta463/2020
- Alejandro Irving Rojas Méndez1768/2019
- Alejandro Javier Antonio Medecigo Castañeda y Otros.261/2020