Alejandro Hernández Úrtiz Gómez Ibarra y Otros.

Expediente 2393/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2393/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
23/02/2023

Partes del expediente

  • Alejandro Hernández Úrtiz Gómez Ibarra y Otros.
  • Alejandro Hernández Úrtiz Gómez Ibarra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio suscrito por el Coordinador de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Jalisco, a través del cual informa, que se aprobó el Acuerdo Legislativo 843-LXIII-22, por el cual se concluyó que el Congreso del Estado de Jalisco, no cuenta con facultades para modificar presupuestos municipales, únicamente inciden en la aprobación de leyes de ingresos más no en el presupuesto de egresos municipal, siendo ésta última una facultad exclusiva de los Municipios, y para lo cual, ellos deben realizar las acciones y previsiones pertinentes de los recursos que les permitan sufragar las erogaciones solicitadas por las autoridades judiciales. Ahora bien, como se determinó, es inconcuso que ante la falta de potestad del Congreso del Estado de Jalisco, el Tribunal responsable debe realizar las acciones tendentes a requerir a las autoridades competentes en la materia para que realicen la adecuación o integración del presupuesto de egresos del Ayuntamiento Constitucional de Huejuquilla El Alto, Jalisco, a fin de que esté en posibilidad de pagar el laudo dictado en el procedimiento de origen y a su vez, dar cumplimiento a la sentencia dictada en el amparo en que se actúa. En esa medida, como se dijo en autos, se determinó que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado de Jalisco, además de las medidas de apremio previstas en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, contaba con una diversa gama de herramientas para hacer cumplir sus resoluciones, en términos de los artículos 140, 141, 142 y 143 de dicho ordenamiento. Como se observa, los citados preceptos desarrollan el procedimiento que deberá seguir el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para lograr la ejecución de los laudos en los juicios laborales burocráticos, cuyas normas jurídicas tienen como fin conseguir el cumplimiento de los laudos, así como la facultad de imponer multas y en caso de que éstas no se cumplan, se podrá hacer efectiva otra medidas, como: repetir la suspensión contra los responsables; ampliar la suspensión en contra de quienes les sustituyan; la responsabilidad de los Magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de hacer cumplir los laudos. Al respecto, no pasa inadvertido que en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, no está establecida la institución del embargo como medida de apremio para la ejecución de los laudos, también lo es que no son suficientes las medidas de apremio contempladas en dicha legislación, pues los medios de apremio para hacer cumplir los laudos o sentencias definitivas en un juicio, no culminan necesariamente con el embargo de bienes patrimoniales de la entidad demandada, ello se explica, ya que el embargo en cuentas bancarias de un Municipio o en bienes de este imposibilitaría el uso de ellos para realizar sus fines públicos. Es importante destacar, que al requerir el cumplimiento de un laudo que corresponda cumplir a un Ayuntamiento, debe requerir a sus integrantes, así como a los funcionarios que corresponda, bajo la precisión expresa de que deben adoptar las adecuaciones presupuestales necesarias para satisfacer sus obligaciones y, de ser necesario, incorporar la sentencia en el siguiente presupuesto de egresos, a efecto de que sea cumplida, bajo el apercibimiento de multa y, además, haciendo hincapié en que de no hacerlo, se dará vista al Ministerio Público por la comisión del delito de desacato. Por ende, requiérase al Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco el cual se encuentra conformado por Víctor Salazar Rivas, Magistrado Presidente, Alma Angelina Ruiz Santoscoy, Magistrada y Lourdes Hernández Flores, Magistrada, conforme al artículo 192 de la Ley de Amparo, para que dentro del término de tres días, realicen lo siguiente: Requerir al Ayuntamiento de Huejuquilla El Alto, Jalisco, que es la autoridad directamente responsable de la fiscalización y evaluación de la administración pública municipal, mediante los órganos, dependencias o entidades creadas para tal efecto, que debe tener conocimiento de la existencia de un laudo que afectará el patrimonio de la entidad que representa, para que éste en su carácter de superior jerárquico, ordene expresamente a la oficina encargada de la Hacienda Municipal, el pago de la cantidad líquida a que ascienden las condenas impuestas en el laudo. Asimismo, requerir a la Secretaria General del Ayuntamiento y a su superior jerárquico, el presidente municipal, para que autoricen el pago de la cantidad líquida a que ascienden las condenas impuestas en el laudo; Al tesorero municipal del Ayuntamiento, y a su superior jerárquico, el presidente municipal, para que una vez que reciba la orden expresa de éste, realice el pago de la cantidad líquida a que ascienden las condenas impuestas en el laudo; al ser la responsable de la partida presupuestal respectiva. Lo anterior, a fin de que realicen las gestiones que estimen necesarias a fin de que se realice modificación o ampliación del presupuesto que corresponda y pueda pagarse a los quejosos el importe condenado y liquidado en el juicio de origen.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio firmado por la Secretaria Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud en representación de la Comisión Federal para la Protección de Riesgo contra Riesgos Sanitarios, mediante el cual solicita una prórroga de cinco días para poder dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, y con relación a lo que solicita, dígasele a la autoridad oficiante que en materia de ejecución de sentencia la ley únicamente establece el término de tres días, sin embargo, en consideración a la complejidad de las actividades que debe desarrollar las responsables para cumplir con la ejecutoria de amparo, así como la disposición que manifiesta en torno al cumplimiento irrestricto de la misma, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, se otorga una prórroga de cinco días, legalmente computados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debiendo remitir constancia fehaciente con lo que acredite el cumplimiento a la sentencia protectora, apercibido que en caso de incumplir, se hará efectivo el apercibimiento decretado en autos.-

  3. Principal

    Visto el escrito de cuanta que remite el autorizado en amplios términos de la parte quejosa mediante el cual desahoga la vista ordenada en autos y al efecto señala que no han sido remitidas la totalidad de las constancias requeridas desde acuerdo de veintinueve de julio de dos mil veintidós, agréguese a los autos téngase por desahogada la aludida y respecto de lo que señala, se provee: ... a la fecha las autoridades responsable no han remitido la totalidad de las constancias requeridas, en consecuencia, requiérase nuevamente a las referidas autoridades para que remitan las diversas documentales que consisten en copia certificada de la información señalada por el autorizado de la parte quejosa en el escrito del cual emana el presente acuerdo, con apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo indicado, se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización.

  4. Principal

    SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA SE ORDENA EL ARCHIVO Y DEPURAR. Por otra parte, en caso de haber exhibido documentos originales como prueba en el trámite del presente juicio, dígase a las partes que cuentan con un término de noventa días, a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que ocurran a recogerlos, apercibidos que de no hacerlo así, se procederá a la depuración del expediente junto con dichas documentales.

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