Alejandro Hernández Torres

Expediente 697/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
697/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
21/07/2021

Partes del expediente

  • Alejandro Hernández Torres

Actuaciones

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. QUEDA FIRME DESECHAMIENTO Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los presentes, se advierte que a la fecha ninguna de las partes interpuso recurso de queja contra el auto dictado por este juzgado, el treinta de junio de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la demanda de amparo presentada por Alejandro Hernández Torres; en consecuencia, se declara que HA QUEDADO FIRME dicho auto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo de la Ley de Amparo. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el expediente en que se actúa carece de relevancia documental, al no ubicarse en las hipótesis previstas por el artículo 15, esto es, que no se distingue que guarde relación con delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia; contra el ambiente y la gestión ambiental; no contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; no versó sobre materia agraria, aunado a que al prudente arbitrio de quien califica, el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Por lo tanto, se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, de conformidad con el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el cual se desechó, en virtud de los razonamientos expresados en las líneas que preceden. En consecuencia, una vez cumplido el plazo de tres años indicado en artículo 21 invocado, dentro de los treinta días posteriores, deberá ser destruido el presente sumario constitucional y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado Correspondiente al registro de Juicios de Amparo, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto a la Dirección General de Archivo y Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Finalmente, se instruye al Secretario encargado del asunto, que previo a la destrucción física del expediente al archivo de este órgano jurisdiccional certifique que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa; a fin de que se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25, del multicitado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN LA PÁGINA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO EN UN LUGAR DE FACIL ACCESO DEL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A LA PARTE QUEJOSA ALEJANDRO HERNÁNDEZ TORRES, EL PROVEÍDO DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo que promueve ALEJANDRO HERNÁNDEZ TORRES, contra actos de las autoridades responsables que precisa en la misma, fórmese el expediente respectivo, regístrese bajo el número 697/2021- 1A y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. DESECHAMIENTO Ahora, derivado de un análisis integral del escrito petitorio de amparo, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE MÉRITO. Ello es así, toda vez que de lo dispuesto en el numeral 1131 de la Ley de Amparo, se tiene que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, de sus anexos o de su ampliación, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. 2 Resulta oportuno destacar, que las causas de improcedencia son una cuestión que debe analizarse de oficio, debido a que son de orden público, según lo establece el numeral 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el dispositivo 61, fracción XXIII3 , de la ley de la materia dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando la causa provenga de alguna otra disposición legal. Por su parte el precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo, es del tenor siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Del numeral legal antes transcrito, se colige que cuando se reclamen actos dentro de un juicio, el amparo indirecto será procedente a condición de que tales actos, tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, dicho precepto también prevé que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal o en tratados internacionales. De la interpretación sistemática de estos dispositivos, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclamen actos en juicio, cuyos efectos no tengan, sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Además, se precisa que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Respecto de este tópico, debe decirse que al tratarse de dilaciones procesales, como en el caso acontece, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, indicó que era menester establecer un plazo único para conocer cuándo la autoridad jurisdiccional laboral incurrió en una demora que, prácticamente, constituyera una verdadera interrupción arbitraria del proceso, es decir, una abierta dilación en la prosecución del juicio. Lo expuesto, derivó en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS."4 . En ese tenor, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofreciera seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral se concluyó que, contra dilaciones presuntivamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquier otra diligencia, el amparo indirecto será procedente cuando hubieren transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Ahora bien, sentado lo anterior, del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que esencialmente el acto reclamado consisten en: ? La omisión de dictar el laudo respectivo, toda vez que en fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se cerró la instrucción en el expediente laboral de origen 1161/2018. Como se ve, la omisión anotada no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos en este momento, ya que en términos del criterio jurisprudencial mencionado con antelación, aún no se actualiza una abierta dilación o paralización del procedimiento, motivo por el cual el juicio de amparo que se promueve es improcedente. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en el artículo 885, de la Ley Federal del Trabajo, el cual dispone que la junta laboral, una vez cerrada la instrucción, dentro de los diez días siguientes, formulara por escrito el proyecto del laudo, mismo que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de la citada ley. Dicha disposición normativa es del tenor literal siguiente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario que ya no quedaban pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiera pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularan alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarara cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulara por escrito el proyecto del laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, replica y contrareplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; V. Los puntos resolutivos." Conforme a ello, a juicio de la suscrita, la omisión reclamada encuadra dentro de la regla de improcedencia del juicio de amparo en cita, ya que si se toma en cuenta la fecha de la presentación de la presente demanda - veintinueve de junio de dos mil veintiuno-, aún no hay una abierta dilación o paralización total del procedimiento, en la inteligencia de que el acto reclamado debe existir y acreditarse fehacientemente a la fecha de presentación de aquélla, en virtud de que no ha transcurrido el plazo que establece como razonable la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se mencionó anteriormente, es decir, no es mayor a cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debió pronunciarse o realizar los actos procesales respectivos, puesto que a la fecha de presentación de la demanda se encuentra transcurriendo el día veintidós del plazo señalado. Por tanto, a la presentación de la demanda de amparo, no le irroga perjuicio alguno el acto de reclamo, ya que la omisión de emitir el proyecto de laudo correspondiente en el expediente respectivo, tiene la naturaleza de acto negativo, respecto de los cuales no corre término alguno, dado que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento; de ahí que se considere que la promoción del juicio de amparo respecto de este tipo de actos, es oportuna en cualquier tiempo, una vez transcurrido el estándar mínimo de cuarenta y cinco días naturales previamente aludido. En esos términos, al ser un acto de naturaleza omisiva el que se combate en esta vía constitucional en los términos mencionados con antelación, resulta ser notoriamente improcedente el juicio intentado por la parte quejosa; por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción V, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones, el que índica en su demanda de amparo; por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que indica y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las diversas personas que menciona. SE EXHORTA A LAS PARTES En términos del ordinal 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se solicita a las partes, para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, a fin de establecer el contacto para comunicaciones no procesales, en caso de que se estime necesario en el presente juicio; además, se exhorta para el efecto de que continúen la sustanciación del presente sumario constitucional, mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que las partes puedan promover, consultar y notificarse electrónicamente. TRANSPARENCIA. En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, se ordena formar el expediente impreso y el electrónico, así como a digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias del juicio que en el caso de exhiban de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo. ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE. Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · 9,683 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano