Alejandro Hernandez Ruíz
Expediente 939/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 939/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Alejandro Hernandez Ruíz
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. ACUSA -SE AVOCA Agréguese a los autos el oficio del Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, por el cual informa a este órgano que se avoca al conocimiento del presente asunto. Dado lo anterior, archívese este asunto como totalmente concluido, procediendo a realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. VALORACIÓN Y DESTINO DEL EXPEDIENTE Ésta se realiza en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden al acuerdo general citado. En virtud de que la información de este asunto no se ha determinado como reservada, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 14, se procede a la valoración documental del presente expediente, en los términos siguientes En términos del artículo 19, fracción I, inciso b), se hace la indicación de que el expedientillo del presente exhorto es DESTRUIBLE; por tanto, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, se procederá a la destrucción del mismo y se deberá remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. ANOTACIONES EN LA CARÁTULA Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34, y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en su totalidad. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Puebla, Puebla, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio 44120/2023 de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla al que anexa el expediente de amparo 921/2023, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, en la que obra la demanda de amparo promovida por de la cual se advierte que en acuerdo de cinco de septiembre del año en curso, dicho órgano jurisdiccional se declaró incompetente al haber sido señalado como autoridad responsable. Acúsese del estilo correspondiente. Ahora bien, debe destacarse que de las constancias que remite la autoridad declinante, se aprecia que el quejoso, reclama de los diversos jueces señalados como responsables lo siguiente: ".la ilegal orden de Aprehensión, Detención y/o Presentación, así como la Investigación instaurada en mi contra,." Actos que atribuye a las siguientes autoridades en su carácter de ordenadoras: JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO [.] NO ACEPTA LA COMPETENCIA Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional NO ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA, respecto del acto reclamado por el quejoso ALEJANDRO HERNÁNDEZ RUÍZ, pues la razón que sostuvo para no conocer del asunto se sustentó esencialmente en que está señalado como autoridad responsable; sin embargo, dado que de la demanda de amparo no se advierte un punto jurisdiccional concreto, se estima que la sola circunstancia de haber sido señalada como responsable no justifica su incompetencia. Lo anterior tiene sustento en la resolución emitida por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal en sesión de treinta de agosto de dos mil veintitrés, a través de la cual se resolvió la contradicción de tesis 313/2021, en la que determinó que debía prevalecer el criterio: "INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA HASTA QUE A LA LUZ DEL INFORME JUSTIFICADO SE CONSTATA SI EMITIÓ O NO EL ACTPO RECLAMADO", pendiente de publicar. Resulta importante traer a colación los argumentos sustentados en el conflicto competencial 11/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suscitado entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el que declaró inexistente el conflicto competencial en los siguientes términos: "(.) 22. Del contenido de sus argumentos, se advierte que el Tribunal Colegiado declinante no aduce carecer de competencia objetiva por motivo de materia, grado o territorio, sino que la razón que esgrime para no conocer del asunto, la sustenta esencialmente en que se le atribuye el carácter de autoridad responsable, circunstancia que en criterio de esta Primera Sala, de ninguna manera representa, una cuestión que determine la competencia legal de algún órgano judicial, porque no se refiere a un punto jurisdiccional concreto. 23. Por ello, en los casos en que en una demanda de amparo directo se señala como autoridad responsable al Tribunal Colegiado de Circuito, al que por razón de turno tocó conocer del asunto, no debe por esa sola circunstancia declararse incompetente, pues para que se justifique la incompetencia del tribunal es menester que el acto reclamado derive de un procedimiento ordinario de orden federal o, por lo menos, de un procedimiento diverso al juicio de amparo tramitado ante el mismo órgano. 24. En efecto, esta clase de incompetencia no opera en torno al señalamiento como acto reclamado de una sentencia dictada en otro juicio de amparo, pues en este caso el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, sí tiene competencia objetiva que lo faculta para analizar y determinar lo que corresponda en relación con la referida demanda de amparo directo. 25. Así, de establecerse una conclusión diversa, además de no resultar congruente con el sistema de competencias que rige en el juicio de amparo, se permitiría a los particulares decidir el órgano competente para conocer del juicio de amparo directo, pues bastaría que nombraran como autoridad responsable, por dolo o equivocación, a determinado Tribunal Colegiado de Circuito a quien le atribuyan el dictado de una sentencia de amparo anterior, existente o inexistente, para que éste quedara excluido injustificadamente del conocimiento de la demanda respectiva, lo que conllevaría a extremos no previstos en la ley de la materia. (.) 27. Adicionalmente, debe destacarse que tampoco deben considerarse impedidos los magistrados de circuito para conocer de un nuevo juicio de amparo donde son señalados genéricamente como autoridad responsable en términos del artículo 51, fracción IV8, de la Ley de Amparo, porque para que se actualice dicha hipótesis, se requiere que en realidad hayan tenido dicho carácter; por lo que atendiendo a las características y matices de ésta, no es posible que se ubique como autoridad responsable a los magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito que emitieron una sentencia en un diverso juicio de amparo, según la intelección del artículo 61, fracción IX, de la ley de la materia, menos puede combatirse aquélla a través de un nuevo juicio de amparo, ni tampoco puede afirmarse que se emitió en otra instancia o jurisdicción, porque, en el caso, los autos informan que los funcionarios públicos no emitieron el fallo constitucional como Jueces de Distrito o dictaron la sentencia definitiva reclamada al tribunal de apelación del orden local. (.) De la anterior transcripción se advierte que en dicho asunto se estableció que el Tribunal Colegiado no podía declararse de facto incompetente para conocer de un asunto por haber sido señalado como autoridad responsable, pues esa circunstancia no es una cuestión que determine la competencia legal de algún órgano judicial, porque no se refiere a un punto jurisdiccional concreto, por lo que previamente debía constatar si el acto reclamado deriva de un procedimiento ordinario de orden federal o, por lo menos, de un procedimiento diverso al juicio de amparo tramitado ante el mismo órgano. Determinó que el tribunal declinante sí tiene competencia objetiva que lo faculta para analizar y determinar lo que corresponda en relación con la demanda de amparo. Afirmó, que mantener una postura diversa, además de no resultar congruente con el sistema de competencias que rige en el juicio de amparo, se permitiría a los particulares decidir el órgano competente para conocer del juicio de amparo, pues bastaría que nombraran como autoridad responsable, por dolo o equivocación, a determinado Tribunal Colegiado de Circuito a quien le atribuyan el dictado de una sentencia de amparo anterior, existente o inexistente, para que éste quedara excluido injustificadamente del conocimiento de la demanda respectiva, lo que conllevaría a extremos no previstos en la ley de la materia. Sostuvo que, en aras de incentivar una impartición de justicia expedita, en términos del artículo 17 de la Constitución, los Tribunales Colegiados que se ubiquen en la hipótesis mencionada deberán observar lo siguiente: "a) De ninguna manera conlleva a que de manera inmediata decline la competencia en favor de otro órgano colegiado para generar un conflicto competencial, cuya tramitación resulta innecesaria y sólo produce dilación en la impartición de justicia. b) Por tanto, el tribunal de amparo a través de su Presidente está obligado al momento de proveer sobre la demanda de amparo, a realizar un análisis integral del escrito respectivo, del informe de la autoridad responsable y de ser necesario, de las constancias que le son remitidas en justificación de aquél; si de la revisión se obtiene que en realidad el órgano jurisdiccional no intervino en la emisión del acto reclamado, deberá admitir la demanda, precisando que al no existir acto que se le reclame al tribunal colegiado, no puede ser considerado como autoridad responsable, por lo que no existe impedimento legal alguno para que pueda conocer de la litis constitucional y resolver lo que en derecho proceda. c) Ahora, si como resultado de la revisión de la demanda y demás anexos, aún existe duda sobre el motivo por el que se le señala como autoridad responsable, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 175, fracción III, 179 y 180 de la Ley de Amparo, debe prevenir a la parte quejosa a efecto que, en el plazo de cinco días, precise cuál es el acto en concreto que le reclama a ese órgano colegiado, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda, por falta de certeza sobre cuál es el acto reclamado. d) Asimismo, si derivado del análisis mencionado surge duda sobre si en realidad lo que el quejoso persigue al señalar como responsable al tribunal colegiado, es plantear el impedimento para conocer del asunto de uno o más magistrados integrantes del órgano colegiado, deberá prevenirse al amparista a efecto de que aclare su petición y en su caso, exponga las razones en las que la sustenta; desahogada la prevención deberá resolverse sobre si existen motivos para iniciar el trámite previsto por el numeral 57 de la Ley de Amparo; si la prevención no se desahoga, deberá proveer sobre la admisión de la demanda en los términos previstos en esta resolución en el inciso b) que antecede (...)". Al respecto, es de precisar que aun cuando el criterio mencionado hace referencia a los conflictos de competencia que pueden suscitarse entre tribunales colegiados, lo relevante es que el Alto Tribunal definió los elementos que se deben considerar para estimar válida la postura de un órgano para declinar competencia en favor de otro. En la especie, como se mencionó, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, considera que el suscrito resulta competente para conocer de la demanda de garantías en razón de que fue señalado por la parte quejosa como autoridad responsable y por estimarse que este juzgado no fue señalado como responsable Empero, ello por sí solo resulta insuficiente para determinar de manera inicial que carece de competencia legal para conocer del juicio, pues el hecho de que se le incluya en el capítulo de "autoridades responsables", no es determinante para estimar que debe tenérsele con tal carácter, en tanto debe vinculársele con un acto concreto de autoridad que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Pues dicho juzgador debe realizar un análisis integral de la demanda de amparo, así como de los distintos procesos federales de naturaleza penal (causas penales) de su índice, para determinar si efectivamente le asiste tal calidad en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, y de actualizarse dicho supuesto será en ese momento que emerja su impedimento. En consecuencia, este juzgado de Distrito no acepta la competencia declinada a su favor, toda vez que no se advierte que el declinante haya analizado si en efecto tiene el carácter de autoridad responsable derivado de que haya emitido el acto que se le reclama, al margen del señalamiento realizado en la demanda de amparo, por lo que con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, remítase el presente expediente al Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, previa formación del cuaderno de antecedente correspondiente, para que informe la determinación adoptada. No se soslaya lo resuelto por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, contenido en la tesis jurisprudencial PR.P.CS. J/5 K (11a.) de rubro "CONFLICTO COMPETENCIAL. EXISTE CUANDO UN JUEZ DE DISTRITO BASA SU DETERMINACIÓN DE INCOMPETENCIA EN EL HECHO DE QUE FUE SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO JUNTO CON OTROS JUECES DE DISTRITO, AL TRATARSE DE UNA INCOMPETENCIA FUNCIONAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.", en razón de lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de agosto de dos mil veintitrés, al resolver el conflicto competencial 313/2021, antes referido. Asimismo, solicítese se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. AUTORIZADOS Se tiene por autorizadas los profesionistas, que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien tiene registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. JUICIO EN LÍNEA; ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Como lo solicita, téngasele proporcionando el nombre de usuario ********************, a fin de que se autorice el acceso al expediente electrónico y las notificaciones electrónicas; por lo que con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la oficial judicial "A" adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que solo se le realizarán las notificaciones electrónicamente a través del mencionado usuario, de la resoluciones que se emitan en el presente expediente y que se ordene notificar en forma personal, en términos del artículo 26, fracción IV, de la ley de la materia. Apercibida la parte quejosa que en caso de que el usuario proporcionado no sea correcto, se ordenará realizar las notificaciones personales por lista. NO SE TIENE DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Atento a lo anterior, es innecesario tener por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales en el que indica en su escrito de cuenta de amparo, esto, toda vez que ha proporcionado el nombre de usuario para la consulta del expediente electrónico y recibir sus notificaciones por la misma vía del presente asunto. MEDIOS ELECTRÓNICOS Y TOMA DE FOTOGRAFÍAS Por otra parte respecto a la utilización de medios electrónicos y toma de fotografías, se hace de su conocimiento que atento a que se le autorizó la consulta del expediente electrónico y la notificación electrónica a través del usuario proporcionado; tal circunstancia le permite descargar en su equipo de cómputo las constancias que obran en el presente expediente. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, con fundamento en el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE, Y ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante Patricia Asucena Juarez Diaz, Secretaria que autoriza y da fe.MayPuebla, Puebla, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio 44120/2023 de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla al que anexa el expediente de amparo 921/2023, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, en la que obra la demanda de amparo promovida por ALEJANDRO HERNÁNDEZ RUÍZ, de la cual se advierte que en acuerdo de cinco de septiembre del año en curso, dicho órgano jurisdiccional se declaró incompetente al haber sido señalado como autoridad responsable. Acúsese del estilo correspondiente. Ahora bien, debe destacarse que de las constancias que remite la autoridad declinante, se aprecia que el quejoso ALEJANDRO HERNÁNDEZ RUÍZ, reclama de los diversos jueces señalados como responsables lo siguiente: ".la ilegal orden de Aprehensión, Detención y/o Presentación, así como la Investigación instaurada en mi contra,." Actos que atribuye a las siguientes autoridades en su carácter de ordenadoras: JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO [.] NO ACEPTA LA COMPETENCIA Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional NO ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA, respecto del acto reclamado por el quejoso ALEJANDRO HERNÁNDEZ RUÍZ, pues la razón que sostuvo para no conocer del asunto se sustentó esencialmente en que está señalado como autoridad responsable; sin embargo, dado que de la demanda de amparo no se advierte un punto jurisdiccional concreto, se estima que la sola circunstancia de haber sido señalada como responsable no justifica su incompetencia. Lo anterior tiene sustento en la resolución emitida por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal en sesión de treinta de agosto de dos mil veintitrés, a través de la cual se resolvió la contradicción de tesis 313/2021, en la que determinó que debía prevalecer el criterio: "INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA HASTA QUE A LA LUZ DEL INFORME JUSTIFICADO SE CONSTATA SI EMITIÓ O NO EL ACTPO RECLAMADO", pendiente de publicar. Resulta importante traer a colación los argumentos sustentados en el conflicto competencial 11/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suscitado entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el que declaró inexistente el conflicto competencial en los siguientes términos: "(.) 22. Del contenido de sus argumentos, se advierte que el Tribunal Colegiado declinante no aduce carecer de competencia objetiva por motivo de materia, grado o territorio, sino que la razón que esgrime para no conocer del asunto, la sustenta esencialmente en que se le atribuye el carácter de autoridad responsable, circunstancia que en criterio de esta Primera Sala, de ninguna manera representa, una cuestión que determine la competencia legal de algún órgano judicial, porque no se refiere a un punto jurisdiccional concreto. 23. Por ello, en los casos en que en una demanda de amparo directo se señala como autoridad responsable al Tribunal Colegiado de Circuito, al que por razón de turno tocó conocer del asunto, no debe por esa sola circunstancia declararse incompetente, pues para que se justifique la incompetencia del tribunal es menester que el acto reclamado derive de un procedimiento ordinario de orden federal o, por lo menos, de un procedimiento diverso al juicio de amparo tramitado ante el mismo órgano. 24. En efecto, esta clase de incompetencia no opera en torno al señalamiento como acto reclamado de una sentencia dictada en otro juicio de amparo, pues en este caso el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, sí tiene competencia objetiva que lo faculta para analizar y determinar lo que corresponda en relación con la referida demanda de amparo directo. 25. Así, de establecerse una conclusión diversa, además de no resultar congruente con el sistema de competencias que rige en el juicio de amparo, se permitiría a los particulares decidir el órgano competente para conocer del juicio de amparo directo, pues bastaría que nombraran como autoridad responsable, por dolo o equivocación, a determinado Tribunal Colegiado de Circuito a quien le atribuyan el dictado de una sentencia de amparo anterior, existente o inexistente, para que éste quedara excluido injustificadamente del conocimiento de la demanda respectiva, lo que conllevaría a extremos no previstos en la ley de la materia. (.) 27. Adicionalmente, debe destacarse que tampoco deben considerarse impedidos los magistrados de circuito para conocer de un nuevo juicio de amparo donde son señalados genéricamente como autoridad responsable en términos del artículo 51, fracción IV8, de la Ley de Amparo, porque para que se actualice dicha hipótesis, se requiere que en realidad hayan tenido dicho carácter; por lo que atendiendo a las características y matices de ésta, no es posible que se ubique como autoridad responsable a los magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito que emitieron una sentencia en un diverso juicio de amparo, según la intelección del artículo 61, fracción IX, de la ley de la materia, menos puede combatirse aquélla a través de un nuevo juicio de amparo, ni tampoco puede afirmarse que se emitió en otra instancia o jurisdicción, porque, en el caso, los autos informan que los funcionarios públicos no emitieron el fallo constitucional como Jueces de Distrito o dictaron la sentencia definitiva reclamada al tribunal de apelación del orden local. (.) De la anterior transcripción se advierte que en dicho asunto se estableció que el Tribunal Colegiado no podía declararse de facto incompetente para conocer de un asunto por haber sido señalado como autoridad responsable, pues esa circunstancia no es una cuestión que determine la competencia legal de algún órgano judicial, porque no se refiere a un punto jurisdiccional concreto, por lo que previamente debía constatar si el acto reclamado deriva de un procedimiento ordinario de orden federal o, por lo menos, de un procedimiento diverso al juicio de amparo tramitado ante el mismo órgano. Determinó que el tribunal declinante sí tiene competencia objetiva que lo faculta para analizar y determinar lo que corresponda en relación con la demanda de amparo. Afirmó, que mantener una postura diversa, además de no resultar congruente con el sistema de competencias que rige en el juicio de amparo, se permitiría a los particulares decidir el órgano competente para conocer del juicio de amparo, pues bastaría que nombraran como autoridad responsable, por dolo o equivocación, a determinado Tribunal Colegiado de Circuito a quien le atribuyan el dictado de una sentencia de amparo anterior, existente o inexistente, para que éste quedara excluido injustificadamente del conocimiento de la demanda respectiva, lo que conllevaría a extremos no previstos en la ley de la materia. Sostuvo que, en aras de incentivar una impartición de justicia expedita, en términos del artículo 17 de la Constitución, los Tribunales Colegiados que se ubiquen en la hipótesis mencionada deberán observar lo siguiente: "a) De ninguna manera conlleva a que de manera inmediata decline la competencia en favor de otro órgano colegiado para generar un conflicto competencial, cuya tramitación resulta innecesaria y sólo produce dilación en la impartición de justicia. b) Por tanto, el tribunal de amparo a través de su Presidente está obligado al momento de proveer sobre la demanda de amparo, a realizar un análisis integral del escrito respectivo, del informe de la autoridad responsable y de ser necesario, de las constancias que le son remitidas en justificación de aquél; si de la revisión se obtiene que en realidad el órgano jurisdiccional no intervino en la emisión del acto reclamado, deberá admitir la demanda, precisando que al no existir acto que se le reclame al tribunal colegiado, no puede ser considerado como autoridad responsable, por lo que no existe impedimento legal alguno para que pueda conocer de la litis constitucional y resolver lo que en derecho proceda. c) Ahora, si como resultado de la revisión de la demanda y demás anexos, aún existe duda sobre el motivo por el que se le señala como autoridad responsable, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 175, fracción III, 179 y 180 de la Ley de Amparo, debe prevenir a la parte quejosa a efecto que, en el plazo de cinco días, precise cuál es el acto en concreto que le reclama a ese órgano colegiado, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda, por falta de certeza sobre cuál es el acto reclamado. d) Asimismo, si derivado del análisis mencionado surge duda sobre si en realidad lo que el quejoso persigue al señalar como responsable al tribunal colegiado, es plantear el impedimento para conocer del asunto de uno o más magistrados integrantes del órgano colegiado, deberá prevenirse al amparista a efecto de que aclare su petición y en su caso, exponga las razones en las que la sustenta; desahogada la prevención deberá resolverse sobre si existen motivos para iniciar el trámite previsto por el numeral 57 de la Ley de Amparo; si la prevención no se desahoga, deberá proveer sobre la admisión de la demanda en los términos previstos en esta resolución en el inciso b) que antecede (...)". Al respecto, es de precisar que aun cuando el criterio mencionado hace referencia a los conflictos de competencia que pueden suscitarse entre tribunales colegiados, lo relevante es que el Alto Tribunal definió los elementos que se deben considerar para estimar válida la postura de un órgano para declinar competencia en favor de otro. En la especie, como se mencionó, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, considera que el suscrito resulta competente para conocer de la demanda de garantías en razón de que fue señalado por la parte quejosa como autoridad responsable y por estimarse que este juzgado no fue señalado como responsable Empero, ello por sí solo resulta insuficiente para determinar de manera inicial que carece de competencia legal para conocer del juicio, pues el hecho de que se le incluya en el capítulo de "autoridades responsables", no es determinante para estimar que debe tenérsele con tal carácter, en tanto debe vinculársele con un acto concreto de autoridad que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Pues dicho juzgador debe realizar un análisis integral de la demanda de amparo, así como de los distintos procesos federales de naturaleza penal (causas penales) de su índice, para determinar si efectivamente le asiste tal calidad en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, y de actualizarse dicho supuesto será en ese momento que emerja su impedimento. En consecuencia, este juzgado de Distrito no acepta la competencia declinada a su favor, toda vez que no se advierte que el declinante haya analizado si en efecto tiene el carácter de autoridad responsable derivado de que haya emitido el acto que se le reclama, al margen del señalamiento realizado en la demanda de amparo, por lo que con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, remítase el presente expediente al Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, previa formación del cuaderno de antecedente correspondiente, para que informe la determinación adoptada. No se soslaya lo resuelto por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, contenido en la tesis jurisprudencial PR.P.CS. J/5 K (11a.) de rubro "CONFLICTO COMPETENCIAL. EXISTE CUANDO UN JUEZ DE DISTRITO BASA SU DETERMINACIÓN DE INCOMPETENCIA EN EL HECHO DE QUE FUE SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO JUNTO CON OTROS JUECES DE DISTRITO, AL TRATARSE DE UNA INCOMPETENCIA FUNCIONAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.", en razón de lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de agosto de dos mil veintitrés, al resolver el conflicto competencial 313/2021, antes referido. Asimismo, solicítese se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. AUTORIZADOS Se tiene por autorizadas los profesionistas, que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien tiene registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. JUICIO EN LÍNEA; ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Como lo solicita, téngasele proporcionando el nombre de usuario ********************, a fin de que se autorice el acceso al expediente electrónico y las notificaciones electrónicas; por lo que con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la oficial judicial "A" adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que solo se le realizarán las notificaciones electrónicamente a través del mencionado usuario, de la resoluciones que se emitan en el presente expediente y que se ordene notificar en forma personal, en términos del artículo 26, fracción IV, de la ley de la materia. Apercibida la parte quejosa que en caso de que el usuario proporcionado no sea correcto, se ordenará realizar las notificaciones personales por lista. NO SE TIENE DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Atento a lo anterior, es innecesario tener por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales en el que indica en su escrito de cuenta de amparo, esto, toda vez que ha proporcionado el nombre de usuario para la consulta del expediente electrónico y recibir sus notificaciones por la misma vía del presente asunto. MEDIOS ELECTRÓNICOS Y TOMA DE FOTOGRAFÍAS Por otra parte respecto a la utilización de medios electrónicos y toma de fotografías, se hace de su conocimiento que atento a que se le autorizó la consulta del expediente electrónico y la notificación electrónica a través del usuario proporcionado; tal circunstancia le permite descargar en su equipo de cómputo las constancias que obran en el presente expediente. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, con fundamento en el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE, Y ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante Patricia Asucena Juarez Diaz, Secretaria que autoriza y da fe. Puebla, Puebla, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio 44120/2023 de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla al que anexa el expediente de amparo 921/2023, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, en la que obra la demanda de amparo promovida por ALEJANDRO HERNÁNDEZ RUÍZ, de la cual se advierte que en acuerdo de cinco de septiembre del año en curso, dicho órgano jurisdiccional se declaró incompetente al haber sido señalado como autoridad responsable. Acúsese del estilo correspondiente. Ahora bien, debe destacarse que de las constancias que remite la autoridad declinante, se aprecia que el quejoso ALEJANDRO HERNÁNDEZ RUÍZ, reclama de los diversos jueces señalados como responsables lo siguiente: ".la ilegal orden de Aprehensión, Detención y/o Presentación, así como la Investigación instaurada en mi contra,." Actos que atribuye a las siguientes autoridades en su carácter de ordenadoras: JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO [.] NO ACEPTA LA COMPETENCIA Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional NO ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA, respecto del acto reclamado por el quejoso ALEJANDRO HERNÁNDEZ RUÍZ, pues la razón que sostuvo para no conocer del asunto se sustentó esencialmente en que está señalado como autoridad responsable; sin embargo, dado que de la demanda de amparo no se advierte un punto jurisdiccional concreto, se estima que la sola circunstancia de haber sido señalada como responsable no justifica su incompetencia. Lo anterior tiene sustento en la resolución emitida por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal en sesión de treinta de agosto de dos mil veintitrés, a través de la cual se resolvió la contradicción de tesis 313/2021, en la que determinó que debía prevalecer el criterio: "INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA HASTA QUE A LA LUZ DEL INFORME JUSTIFICADO SE CONSTATA SI EMITIÓ O NO EL ACTPO RECLAMADO", pendiente de publicar. Resulta importante traer a colación los argumentos sustentados en el conflicto competencial 11/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suscitado entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el que declaró inexistente el conflicto competencial en los siguientes términos: "(.) 22. Del contenido de sus argumentos, se advierte que el Tribunal Colegiado declinante no aduce carecer de competencia objetiva por motivo de materia, grado o territorio, sino que la razón que esgrime para no conocer del asunto, la sustenta esencialmente en que se le atribuye el carácter de autoridad responsable, circunstancia que en criterio de esta Primera Sala, de ninguna manera representa, una cuestión que determine la competencia legal de algún órgano judicial, porque no se refiere a un punto jurisdiccional concreto. 23. Por ello, en los casos en que en una demanda de amparo directo se señala como autoridad responsable al Tribunal Colegiado de Circuito, al que por razón de turno tocó conocer del asunto, no debe por esa sola circunstancia declararse incompetente, pues para que se justifique la incompetencia del tribunal es menester que el acto reclamado derive de un procedimiento ordinario de orden federal o, por lo menos, de un procedimiento diverso al juicio de amparo tramitado ante el mismo órgano. 24. En efecto, esta clase de incompetencia no opera en torno al señalamiento como acto reclamado de una sentencia dictada en otro juicio de amparo, pues en este caso el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, sí tiene competencia objetiva que lo faculta para analizar y determinar lo que corresponda en relación con la referida demanda de amparo directo. 25. Así, de establecerse una conclusión diversa, además de no resultar congruente con el sistema de competencias que rige en el juicio de amparo, se permitiría a los particulares decidir el órgano competente para conocer del juicio de amparo directo, pues bastaría que nombraran como autoridad responsable, por dolo o equivocación, a determinado Tribunal Colegiado de Circuito a quien le atribuyan el dictado de una sentencia de amparo anterior, existente o inexistente, para que éste quedara excluido injustificadamente del conocimiento de la demanda respectiva, lo que conllevaría a extremos no previstos en la ley de la materia. (.) 27. Adicionalmente, debe destacarse que tampoco deben considerarse impedidos los magistrados de circuito para conocer de un nuevo juicio de amparo donde son señalados genéricamente como autoridad responsable en términos del artículo 51, fracción IV8, de la Ley de Amparo, porque para que se actualice dicha hipótesis, se requiere que en realidad hayan tenido dicho carácter; por lo que atendiendo a las características y matices de ésta, no es posible que se ubique como autoridad responsable a los magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito que emitieron una sentencia en un diverso juicio de amparo, según la intelección del artículo 61, fracción IX, de la ley de la materia, menos puede combatirse aquélla a través de un nuevo juicio de amparo, ni tampoco puede afirmarse que se emitió en otra instancia o jurisdicción, porque, en el caso, los autos informan que los funcionarios públicos no emitieron el fallo constitucional como Jueces de Distrito o dictaron la sentencia definitiva reclamada al tribunal de apelación del orden local. (.) De la anterior transcripción se advierte que en dicho asunto se estableció que el Tribunal Colegiado no podía declararse de facto incompetente para conocer de un asunto por haber sido señalado como autoridad responsable, pues esa circunstancia no es una cuestión que determine la competencia legal de algún órgano judicial, porque no se refiere a un punto jurisdiccional concreto, por lo que previamente debía constatar si el acto reclamado deriva de un procedimiento ordinario de orden federal o, por lo menos, de un procedimiento diverso al juicio de amparo tramitado ante el mismo órgano. Determinó que el tribunal declinante sí tiene competencia objetiva que lo faculta para analizar y determinar lo que corresponda en relación con la demanda de amparo. Afirmó, que mantener una postura diversa, además de no resultar congruente con el sistema de competencias que rige en el juicio de amparo, se permitiría a los particulares decidir el órgano competente para conocer del juicio de amparo, pues bastaría que nombraran como autoridad responsable, por dolo o equivocación, a determinado Tribunal Colegiado de Circuito a quien le atribuyan el dictado de una sentencia de amparo anterior, existente o inexistente, para que éste quedara excluido injustificadamente del conocimiento de la demanda respectiva, lo que conllevaría a extremos no previstos en la ley de la materia. Sostuvo que, en aras de incentivar una impartición de justicia expedita, en términos del artículo 17 de la Constitución, los Tribunales Colegiados que se ubiquen en la hipótesis mencionada deberán observar lo siguiente: "a) De ninguna manera conlleva a que de manera inmediata decline la competencia en favor de otro órgano colegiado para generar un conflicto competencial, cuya tramitación resulta innecesaria y sólo produce dilación en la impartición de justicia. b) Por tanto, el tribunal de amparo a través de su Presidente está obligado al momento de proveer sobre la demanda de amparo, a realizar un análisis integral del escrito respectivo, del informe de la autoridad responsable y de ser necesario, de las constancias que le son remitidas en justificación de aquél; si de la revisión se obtiene que en realidad el órgano jurisdiccional no intervino en la emisión del acto reclamado, deberá admitir la demanda, precisando que al no existir acto que se le reclame al tribunal colegiado, no puede ser considerado como autoridad responsable, por lo que no existe impedimento legal alguno para que pueda conocer de la litis constitucional y resolver lo que en derecho proceda. c) Ahora, si como resultado de la revisión de la demanda y demás anexos, aún existe duda sobre el motivo por el que se le señala como autoridad responsable, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 175, fracción III, 179 y 180 de la Ley de Amparo, debe prevenir a la parte quejosa a efecto que, en el plazo de cinco días, precise cuál es el acto en concreto que le reclama a ese órgano colegiado, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda, por falta de certeza sobre cuál es el acto reclamado. d) Asimismo, si derivado del análisis mencionado surge duda sobre si en realidad lo que el quejoso persigue al señalar como responsable al tribunal colegiado, es plantear el impedimento para conocer del asunto de uno o más magistrados integrantes del órgano colegiado, deberá prevenirse al amparista a efecto de que aclare su petición y en su caso, exponga las razones en las que la sustenta; desahogada la prevención deberá resolverse sobre si existen motivos para iniciar el trámite previsto por el numeral 57 de la Ley de Amparo; si la prevención no se desahoga, deberá proveer sobre la admisión de la demanda en los términos previstos en esta resolución en el inciso b) que antecede (...)". Al respecto, es de precisar que aun cuando el criterio mencionado hace referencia a los conflictos de competencia que pueden suscitarse entre tribunales colegiados, lo relevante es que el Alto Tribunal definió los elementos que se deben considerar para estimar válida la postura de un órgano para declinar competencia en favor de otro. En la especie, como se mencionó, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, considera que el suscrito resulta competente para conocer de la demanda de garantías en razón de que fue señalado por la parte quejosa como autoridad responsable y por estimarse que este juzgado no fue señalado como responsable Empero, ello por sí solo resulta insuficiente para determinar de manera inicial que carece de competencia legal para conocer del juicio, pues el hecho de que se le incluya en el capítulo de "autoridades responsables", no es determinante para estimar que debe tenérsele con tal carácter, en tanto debe vinculársele con un acto concreto de autoridad que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Pues dicho juzgador debe realizar un análisis integral de la demanda de amparo, así como de los distintos procesos federales de naturaleza penal (causas penales) de su índice, para determinar si efectivamente le asiste tal calidad en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, y de actualizarse dicho supuesto será en ese momento que emerja su impedimento. En consecuencia, este juzgado de Distrito no acepta la competencia declinada a su favor, toda vez que no se advierte que el declinante haya analizado si en efecto tiene el carácter de autoridad responsable derivado de que haya emitido el acto que se le reclama, al margen del señalamiento realizado en la demanda de amparo, por lo que con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, remítase el presente expediente al Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, previa formación del cuaderno de antecedente correspondiente, para que informe la determinación adoptada. No se soslaya lo resuelto por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, contenido en la tesis jurisprudencial PR.P.CS. J/5 K (11a.) de rubro "CONFLICTO COMPETENCIAL. EXISTE CUANDO UN JUEZ DE DISTRITO BASA SU DETERMINACIÓN DE INCOMPETENCIA EN EL HECHO DE QUE FUE SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO JUNTO CON OTROS JUECES DE DISTRITO, AL TRATARSE DE UNA INCOMPETENCIA FUNCIONAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.", en razón de lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de agosto de dos mil veintitrés, al resolver el conflicto competencial 313/2021, antes referido. Asimismo, solicítese se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. AUTORIZADOS Se tiene por autorizadas los profesionistas, que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien tiene registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. JUICIO EN LÍNEA; ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Como lo solicita, téngasele proporcionando el nombre de usuario ********************, a fin de que se autorice el acceso al expediente electrónico y las notificaciones electrónicas; por lo que con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la oficial judicial "A" adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que solo se le realizarán las notificaciones electrónicamente a través del mencionado usuario, de la resoluciones que se emitan en el presente expediente y que se ordene notificar en forma personal, en términos del artículo 26, fracción IV, de la ley de la materia. Apercibida la parte quejosa que en caso de que el usuario proporcionado no sea correcto, se ordenará realizar las notificaciones personales por lista. NO SE TIENE DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Atento a lo anterior, es innecesario tener por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales en el que indica en su escrito de cuenta de amparo, esto, toda vez que ha proporcionado el nombre de usuario para la consulta del expediente electrónico y recibir sus notificaciones por la misma vía del presente asunto. MEDIOS ELECTRÓNICOS Y TOMA DE FOTOGRAFÍAS Por otra parte respecto a la utilización de medios electrónicos y toma de fotografías, se hace de su conocimiento que atento a que se le autorizó la consulta del expediente electrónico y la notificación electrónica a través del usuario proporcionado; tal circunstancia le permite descargar en su equipo de cómputo las constancias que obran en el presente expediente. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, con fundamento en el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE, Y ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante Patricia Asucena Juarez Diaz, Secretaria que autoriza y da fe. Puebla, Puebla, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio 44120/2023 de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla al que anexa el expediente de amparo 921/2023, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, en la que obra la demanda de amparo promovida por ALEJANDRO HERNÁNDEZ RUÍZ, de la cual se advierte que en acuerdo de cinco de septiembre del año en curso, dicho órgano jurisdiccional se declaró incompetente al haber sido señalado como autoridad responsable. Acúsese del estilo correspondiente. Ahora bien, debe destacarse que de las constancias que remite la autoridad declinante, se aprecia que el quejoso ALEJANDRO HERNÁNDEZ RUÍZ, reclama de los diversos jueces señalados como responsables lo siguiente: ".la ilegal orden de Aprehensión, Detención y/o Presentación, así como la Investigación instaurada en mi contra,." Actos que atribuye a las siguientes autoridades en su carácter de ordenadoras: JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO [.] NO ACEPTA LA COMPETENCIA Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional NO ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA, respecto del acto reclamado por el quejoso ALEJANDRO HERNÁNDEZ RUÍZ, pues la razón que sostuvo para no conocer del asunto se sustentó esencialmente en que está señalado como autoridad responsable; sin embargo, dado que de la demanda de amparo no se advierte un punto jurisdiccional concreto, se estima que la sola circunstancia de haber sido señalada como responsable no justifica su incompetencia. Lo anterior tiene sustento en la resolución emitida por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal en sesión de treinta de agosto de dos mil veintitrés, a través de la cual se resolvió la contradicción de tesis 313/2021, en la que determinó que debía prevalecer el criterio: "INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA HASTA QUE A LA LUZ DEL INFORME JUSTIFICADO SE CONSTATA SI EMITIÓ O NO EL ACTPO RECLAMADO", pendiente de publicar. Resulta importante traer a colación los argumentos sustentados en el conflicto competencial 11/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suscitado entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el que declaró inexistente el conflicto competencial en los siguientes términos: "(.) 22. Del contenido de sus argumentos, se advierte que el Tribunal Colegiado declinante no aduce carecer de competencia objetiva por motivo de materia, grado o territorio, sino que la razón que esgrime para no conocer del asunto, la sustenta esencialmente en que se le atribuye el carácter de autoridad responsable, circunstancia que en criterio de esta Primera Sala, de ninguna manera representa, una cuestión que determine la competencia legal de algún órgano judicial, porque no se refiere a un punto jurisdiccional concreto. 23. Por ello, en los casos en que en una demanda de amparo directo se señala como autoridad responsable al Tribunal Colegiado de Circuito, al que por razón de turno tocó conocer del asunto, no debe por esa sola circunstancia declararse incompetente, pues para que se justifique la incompetencia del tribunal es menester que el acto reclamado derive de un procedimiento ordinario de orden federal o, por lo menos, de un procedimiento diverso al juicio de amparo tramitado ante el mismo órgano. 24. En efecto, esta clase de incompetencia no opera en torno al señalamiento como acto reclamado de una sentencia dictada en otro juicio de amparo, pues en este caso el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, sí tiene competencia objetiva que lo faculta para analizar y determinar lo que corresponda en relación con la referida demanda de amparo directo. 25. Así, de establecerse una conclusión diversa, además de no resultar congruente con el sistema de competencias que rige en el juicio de amparo, se permitiría a los particulares decidir el órgano competente para conocer del juicio de amparo directo, pues bastaría que nombraran como autoridad responsable, por dolo o equivocación, a determinado Tribunal Colegiado de Circuito a quien le atribuyan el dictado de una sentencia de amparo anterior, existente o inexistente, para que éste quedara excluido injustificadamente del conocimiento de la demanda respectiva, lo que conllevaría a extremos no previstos en la ley de la materia. (.) 27. Adicionalmente, debe destacarse que tampoco deben considerarse impedidos los magistrados de circuito para conocer de un nuevo juicio de amparo donde son señalados genéricamente como autoridad responsable en términos del artículo 51, fracción IV8, de la Ley de Amparo, porque para que se actualice dicha hipótesis, se requiere que en realidad hayan tenido dicho carácter; por lo que atendiendo a las características y matices de ésta, no es posible que se ubique como autoridad responsable a los magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito que emitieron una sentencia en un diverso juicio de amparo, según la intelección del artículo 61, fracción IX, de la ley de la materia, menos puede combatirse aquélla a través de un nuevo juicio de amparo, ni tampoco puede afirmarse que se emitió en otra instancia o jurisdicción, porque, en el caso, los autos informan que los funcionarios públicos no emitieron el fallo constitucional como Jueces de Distrito o dictaron la sentencia definitiva reclamada al tribunal de apelación del orden local. (.) De la anterior transcripción se advierte que en dicho asunto se estableció que el Tribunal Colegiado no podía declararse de facto incompetente para conocer de un asunto por haber sido señalado como autoridad responsable, pues esa circunstancia no es una cuestión que determine la competencia legal de algún órgano judicial, porque no se refiere a un punto jurisdiccional concreto, por lo que previamente debía constatar si el acto reclamado deriva de un procedimiento ordinario de orden federal o, por lo menos, de un procedimiento diverso al juicio de amparo tramitado ante el mismo órgano. Determinó que el tribunal declinante sí tiene competencia objetiva que lo faculta para analizar y determinar lo que corresponda en relación con la demanda de amparo. Afirmó, que mantener una postura diversa, además de no resultar congruente con el sistema de competencias que rige en el juicio de amparo, se permitiría a los particulares decidir el órgano competente para conocer del juicio de amparo, pues bastaría que nombraran como autoridad responsable, por dolo o equivocación, a determinado Tribunal Colegiado de Circuito a quien le atribuyan el dictado de una sentencia de amparo anterior, existente o inexistente, para que éste quedara excluido injustificadamente del conocimiento de la demanda respectiva, lo que conllevaría a extremos no previstos en la ley de la materia. Sostuvo que, en aras de incentivar una impartición de justicia expedita, en términos del artículo 17 de la Constitución, los Tribunales Colegiados que se ubiquen en la hipótesis mencionada deberán observar lo siguiente: "a) De ninguna manera conlleva a que de manera inmediata decline la competencia en favor de otro órgano colegiado para generar un conflicto competencial, cuya tramitación resulta innecesaria y sólo produce dilación en la impartición de justicia. b) Por tanto, el tribunal de amparo a través de su Presidente está obligado al momento de proveer sobre la demanda de amparo, a realizar un análisis integral del escrito respectivo, del informe de la autoridad responsable y de ser necesario, de las constancias que le son remitidas en justificación de aquél; si de la revisión se obtiene que en realidad el órgano jurisdiccional no intervino en la emisión del acto reclamado, deberá admitir la demanda, precisando que al no existir acto que se le reclame al tribunal colegiado, no puede ser considerado como autoridad responsable, por lo que no existe impedimento legal alguno para que pueda conocer de la litis constitucional y resolver lo que en derecho proceda. c) Ahora, si como resultado de la revisión de la demanda y demás anexos, aún existe duda sobre el motivo por el que se le señala como autoridad responsable, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 175, fracción III, 179 y 180 de la Ley de Amparo, debe prevenir a la parte quejosa a efecto que, en el plazo de cinco días, precise cuál es el acto en concreto que le reclama a ese órgano colegiado, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda, por falta de certeza sobre cuál es el acto reclamado. d) Asimismo, si derivado del análisis mencionado surge duda sobre si en realidad lo que el quejoso persigue al señalar como responsable al tribunal colegiado, es plantear el impedimento para conocer del asunto de uno o más magistrados integrantes del órgano colegiado, deberá prevenirse al amparista a efecto de que aclare su petición y en su caso, exponga las razones en las que la sustenta; desahogada la prevención deberá resolverse sobre si existen motivos para iniciar el trámite previsto por el numeral 57 de la Ley de Amparo; si la prevención no se desahoga, deberá proveer sobre la admisión de la demanda en los términos previstos en esta resolución en el inciso b) que antecede (...)". Al respecto, es de precisar que aun cuando el criterio mencionado hace referencia a los conflictos de competencia que pueden suscitarse entre tribunales colegiados, lo relevante es que el Alto Tribunal definió los elementos que se deben considerar para estimar válida la postura de un órgano para declinar competencia en favor de otro. En la especie, como se mencionó, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, considera que el suscrito resulta competente para conocer de la demanda de garantías en razón de que fue señalado por la parte quejosa como autoridad responsable y por estimarse que este juzgado no fue señalado como responsable Empero, ello por sí solo resulta insuficiente para determinar de manera inicial que carece de competencia legal para conocer del juicio, pues el hecho de que se le incluya en el capítulo de "autoridades responsables", no es determinante para estimar que debe tenérsele con tal carácter, en tanto debe vinculársele con un acto concreto de autoridad que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Pues dicho juzgador debe realizar un análisis integral de la demanda de amparo, así como de los distintos procesos federales de naturaleza penal (causas penales) de su índice, para determinar si efectivamente le asiste tal calidad en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, y de actualizarse dicho supuesto será en ese momento que emerja su impedimento. En consecuencia, este juzgado de Distrito no acepta la competencia declinada a su favor, toda vez que no se advierte que el declinante haya analizado si en efecto tiene el carácter de autoridad responsable derivado de que haya emitido el acto que se le reclama, al margen del señalamiento realizado en la demanda de amparo, por lo que con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, remítase el presente expediente al Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, previa formación del cuaderno de antecedente correspondiente, para que informe la determinación adoptada. No se soslaya lo resuelto por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, contenido en la tesis jurisprudencial PR.P.CS. J/5 K (11a.) de rubro "CONFLICTO COMPETENCIAL. EXISTE CUANDO UN JUEZ DE DISTRITO BASA SU DETERMINACIÓN DE INCOMPETENCIA EN EL HECHO DE QUE FUE SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO JUNTO CON OTROS JUECES DE DISTRITO, AL TRATARSE DE UNA INCOMPETENCIA FUNCIONAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.", en razón de lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de agosto de dos mil veintitrés, al resolver el conflicto competencial 313/2021, antes referido. Asimismo, solicítese se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. AUTORIZADOS Se tiene por autorizadas los profesionistas, que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien tiene registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. JUICIO EN LÍNEA; ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Como lo solicita, téngasele proporcionando el nombre de usuario ********************, a fin de que se autorice el acceso al expediente electrónico y las notificaciones electrónicas; por lo que con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la oficial judicial "A" adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que solo se le realizarán las notificaciones electrónicamente a través del mencionado usuario, de la resoluciones que se emitan en el presente expediente y que se ordene notificar en forma personal, en términos del artículo 26, fracción IV, de la ley de la materia. Apercibida la parte quejosa que en caso de que el usuario proporcionado no sea correcto, se ordenará realizar las notificaciones personales por lista. NO SE TIENE DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Atento a lo anterior, es innecesario tener por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales en el que indica en su escrito de cuenta de amparo, esto, toda vez que ha proporcionado el nombre de usuario para la consulta del expediente electrónico y recibir sus notificaciones por la misma vía del presente asunto. MEDIOS ELECTRÓNICOS Y TOMA DE FOTOGRAFÍAS Por otra parte respecto a la utilización de medios electrónicos y toma de fotografías, se hace de su conocimiento que atento a que se le autorizó la consulta del expediente electrónico y la notificación electrónica a través del usuario proporcionado; tal circunstancia le permite descargar en su equipo de cómputo las constancias que obran en el presente expediente. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, con fundamento en el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE, Y ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante Patricia Asucena Juarez Diaz, Secretaria que autoriza y da fe.Puebla, Puebla, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio 44120/2023 de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla al que anexa el expediente de amparo 921/2023, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, en la que obra la demanda de amparo promovida por ALEJANDRO HERNÁNDEZ RUÍZ, de la cual se advierte que en acuerdo de cinco de septiembre del año en curso, dicho órgano jurisdiccional se declaró incompetente al haber sido señalado como autoridad responsable. Acúsese del estilo correspondiente. Ahora bien, debe destacarse que de las constancias que remite la autoridad declinante, se aprecia que el quejoso ALEJANDRO HERNÁNDEZ RUÍZ, reclama de los diversos jueces señalados como responsables lo siguiente: ".la ilegal orden de Aprehensión, Detención y/o Presentación, así como la Investigación instaurada en mi contra,." Actos que atribuye a las siguientes autoridades en su carácter de ordenadoras: JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO [.] NO ACEPTA LA COMPETENCIA Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional NO ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA, respecto del acto reclamado por el quejoso ALEJANDRO HERNÁNDEZ RUÍZ, pues la razón que sostuvo para no conocer del asunto se sustentó esencialmente en que está señalado como autoridad responsable; sin embargo, dado que de la demanda de amparo no se advierte un punto jurisdiccional concreto, se estima que la sola circunstancia de haber sido señalada como responsable no justifica su incompetencia. Lo anterior tiene sustento en la resolución emitida por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal en sesión de treinta de agosto de dos mil veintitrés, a través de la cual se resolvió la contradicción de tesis 313/2021, en la que determinó que debía prevalecer el criterio: "INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA HASTA QUE A LA LUZ DEL INFORME JUSTIFICADO SE CONSTATA SI EMITIÓ O NO EL ACTPO RECLAMADO", pendiente de publicar. Resulta importante traer a colación los argumentos sustentados en el conflicto competencial 11/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suscitado entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el que declaró inexistente el conflicto competencial en los siguientes términos: "(.) 22. Del contenido de sus argumentos, se advierte que el Tribunal Colegiado declinante no aduce carecer de competencia objetiva por motivo de materia, grado o territorio, sino que la razón que esgrime para no conocer del asunto, la sustenta esencialmente en que se le atribuye el carácter de autoridad responsable, circunstancia que en criterio de esta Primera Sala, de ninguna manera representa, una cuestión que determine la competencia legal de algún órgano judicial, porque no se refiere a un punto jurisdiccional concreto. 23. Por ello, en los casos en que en una demanda de amparo directo se señala como autoridad responsable al Tribunal Colegiado de Circuito, al que por razón de turno tocó conocer del asunto, no debe por esa sola circunstancia declararse incompetente, pues para que se justifique la incompetencia del tribunal es menester que el acto reclamado derive de un procedimiento ordinario de orden federal o, por lo menos, de un procedimiento diverso al juicio de amparo tramitado ante el mismo órgano. 24. En efecto, esta clase de incompetencia no opera en torno al señalamiento como acto reclamado de una sentencia dictada en otro juicio de amparo, pues en este caso el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, sí tiene competencia objetiva que lo faculta para analizar y determinar lo que corresponda en relación con la referida demanda de amparo directo. 25. Así, de establecerse una conclusión diversa, además de no resultar congruente con el sistema de competencias que rige en el juicio de amparo, se permitiría a los particulares decidir el órgano competente para conocer del juicio de amparo directo, pues bastaría que nombraran como autoridad responsable, por dolo o equivocación, a determinado Tribunal Colegiado de Circuito a quien le atribuyan el dictado de una sentencia de amparo anterior, existente o inexistente, para que éste quedara excluido injustificadamente del conocimiento de la demanda respectiva, lo que conllevaría a extremos no previstos en la ley de la materia. (.) 27. Adicionalmente, debe destacarse que tampoco deben considerarse impedidos los magistrados de circuito para conocer de un nuevo juicio de amparo donde son señalados genéricamente como autoridad responsable en términos del artículo 51, fracción IV8, de la Ley de Amparo, porque para que se actualice dicha hipótesis, se requiere que en realidad hayan tenido dicho carácter; por lo que atendiendo a las características y matices de ésta, no es posible que se ubique como autoridad responsable a los magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito que emitieron una sentencia en un diverso juicio de amparo, según la intelección del artículo 61, fracción IX, de la ley de la materia, menos puede combatirse aquélla a través de un nuevo juicio de amparo, ni tampoco puede afirmarse que se emitió en otra instancia o jurisdicción, porque, en el caso, los autos informan que los funcionarios públicos no emitieron el fallo constitucional como Jueces de Distrito o dictaron la sentencia definitiva reclamada al tribunal de apelación del orden local. (.) De la anterior transcripción se advierte que en dicho asunto se estableció que el Tribunal Colegiado no podía declararse de facto incompetente para conocer de un asunto por haber sido señalado como autoridad responsable, pues esa circunstancia no es una cuestión que determine la competencia legal de algún órgano judicial, porque no se refiere a un punto jurisdiccional concreto, por lo que previamente debía constatar si el acto reclamado deriva de un procedimiento ordinario de orden federal o, por lo menos, de un procedimiento diverso al juicio de amparo tramitado ante el mismo órgano. Determinó que el tribunal declinante sí tiene competencia objetiva que lo faculta para analizar y determinar lo que corresponda en relación con la demanda de amparo. Afirmó, que mantener una postura diversa, además de no resultar congruente con el sistema de competencias que rige en el juicio de amparo, se permitiría a los particulares decidir el órgano competente para conocer del juicio de amparo, pues bastaría que nombraran como autoridad responsable, por dolo o equivocación, a determinado Tribunal Colegiado de Circuito a quien le atribuyan el dictado de una sentencia de amparo anterior, existente o inexistente, para que éste quedara excluido injustificadamente del conocimiento de la demanda respectiva, lo que conllevaría a extremos no previstos en la ley de la materia. Sostuvo que, en aras de incentivar una impartición de justicia expedita, en términos del artículo 17 de la Constitución, los Tribunales Colegiados que se ubiquen en la hipótesis mencionada deberán observar lo siguiente: "a) De ninguna manera conlleva a que de manera inmediata decline la competencia en favor de otro órgano colegiado para generar un conflicto competencial, cuya tramitación resulta innecesaria y sólo produce dilación en la impartición de justicia. b) Por tanto, el tribunal de amparo a través de su Presidente está obligado al momento de proveer sobre la demanda de amparo, a realizar un análisis integral del escrito respectivo, del informe de la autoridad responsable y de ser necesario, de las constancias que le son remitidas en justificación de aquél; si de la revisión se obtiene que en realidad el órgano jurisdiccional no intervino en la emisión del acto reclamado, deberá admitir la demanda, precisando que al no existir acto que se le reclame al tribunal colegiado, no puede ser considerado como autoridad responsable, por lo que no existe impedimento legal alguno para que pueda conocer de la litis constitucional y resolver lo que en derecho proceda. c) Ahora, si como resultado de la revisión de la demanda y demás anexos, aún existe duda sobre el motivo por el que se le señala como autoridad responsable, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 175, fracción III, 179 y 180 de la Ley de Amparo, debe prevenir a la parte quejosa a efecto que, en el plazo de cinco días, precise cuál es el acto en concreto que le reclama a ese órgano colegiado, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda, por falta de certeza sobre cuál es el acto reclamado. d) Asimismo, si derivado del análisis mencionado surge duda sobre si en realidad lo que el quejoso persigue al señalar como responsable al tribunal colegiado, es plantear el impedimento para conocer del asunto de uno o más magistrados integrantes del órgano colegiado, deberá prevenirse al amparista a efecto de que aclare su petición y en su caso, exponga las razones en las que la sustenta; desahogada la prevención deberá resolverse sobre si existen motivos para iniciar el trámite previsto por el numeral 57 de la Ley de Amparo; si la prevención no se desahoga, deberá proveer sobre la admisión de la demanda en los términos previstos en esta resolución en el inciso b) que antecede (...)". Al respecto, es de precisar que aun cuando el criterio mencionado hace referencia a los conflictos de competencia que pueden suscitarse entre tribunales colegiados, lo relevante es que el Alto Tribunal definió los elementos que se deben considerar para estimar válida la postura de un órgano para declinar competencia en favor de otro. En la especie, como se mencionó, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, considera que el suscrito resulta competente para conocer de la demanda de garantías en razón de que fue señalado por la parte quejosa como autoridad responsable y por estimarse que este juzgado no fue señalado como responsable Empero, ello por sí solo resulta insuficiente para determinar de manera inicial que carece de competencia legal para conocer del juicio, pues el hecho de que se le incluya en el capítulo de "autoridades responsables", no es determinante para estimar que debe tenérsele con tal carácter, en tanto debe vinculársele con un acto concreto de autoridad que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Pues dicho juzgador debe realizar un análisis integral de la demanda de amparo, así como de los distintos procesos federales de naturaleza penal (causas penales) de su índice, para determinar si efectivamente le asiste tal calidad en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, y de actualizarse dicho supuesto será en ese momento que emerja su impedimento. En consecuencia, este juzgado de Distrito no acepta la competencia declinada a su favor, toda vez que no se advierte que el declinante haya analizado si en efecto tiene el carácter de autoridad responsable derivado de que haya emitido el acto que se le reclama, al margen del señalamiento realizado en la demanda de amparo, por lo que con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, remítase el presente expediente al Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, previa formación del cuaderno de antecedente correspondiente, para que informe la determinación adoptada. No se soslaya lo resuelto por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, contenido en la tesis jurisprudencial PR.P.CS. J/5 K (11a.) de rubro "CONFLICTO COMPETENCIAL. EXISTE CUANDO UN JUEZ DE DISTRITO BASA SU DETERMINACIÓN DE INCOMPETENCIA EN EL HECHO DE QUE FUE SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO JUNTO CON OTROS JUECES DE DISTRITO, AL TRATARSE DE UNA INCOMPETENCIA FUNCIONAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.", en razón de lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de agosto de dos mil veintitrés, al resolver el conflicto competencial 313/2021, antes referido. Asimismo, solicítese se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. AUTORIZADOS Se tiene por autorizadas los profesionistas, que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien tiene registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. JUICIO EN LÍNEA; ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Como lo solicita, téngasele proporcionando el nombre de usuario ********************, a fin de que se autorice el acceso al expediente electrónico y las notificaciones electrónicas; por lo que con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la oficial judicial "A" adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que solo se le realizarán las notificaciones electrónicamente a través del mencionado usuario, de la resoluciones que se emitan en el presente expediente y que se ordene notificar en forma personal, en términos del artículo 26, fracción IV, de la ley de la materia. Apercibida la parte quejosa que en caso de que el usuario proporcionado no sea correcto, se ordenará realizar las notificaciones personales por lista. NO SE TIENE DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Atento a lo anterior, es innecesario tener por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales en el que indica en su escrito de cuenta de amparo, esto, toda vez que ha proporcionado el nombre de usuario para la consulta del expediente electrónico y recibir sus notificaciones por la misma vía del presente asunto. MEDIOS ELECTRÓNICOS Y TOMA DE FOTOGRAFÍAS Por otra parte respecto a la utilización de medios electrónicos y toma de fotografías, se hace de su conocimiento que atento a que se le autorizó la consulta del expediente electrónico y la notificación electrónica a través del usuario proporcionado; tal circunstancia le permite descargar en su equipo de cómputo las constancias que obran en el presente expediente. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, con fundamento en el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE, Y ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, ante Patricia Asucena Juarez Diaz, Secretaria que autoriza y da fe. Puebla, Puebla, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio 44120/2023 de la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla al que anexa el expediente de amparo 921/2023, del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, en la que obra la demanda de amparo promovida por ALEJANDRO HERNÁNDEZ RUÍZ, de la cual se advierte que en acuerdo de cinco de septiembre del año en curso, dicho órgano jurisdiccional se declaró incompetente al haber sido señalado como autoridad responsable. Acúsese del estilo correspondiente. Ahora bien, debe destacarse que de las constancias que remite la autoridad declinante, se aprecia que el quejoso ALEJANDRO HERNÁNDEZ RUÍZ, reclama de los diversos jueces señalados como responsables lo siguiente: ".la ilegal orden de Aprehensión, Detención y/o Presentación, así como la Investigación instaurada en mi contra,." Actos que atribuye a las siguientes autoridades en su carácter de ordenadoras: JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO JUZGADO TERCERO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO [.] NO ACEPTA LA COMPETENCIA Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional NO ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA, respecto del acto reclamado por el quejoso ALEJANDRO HERNÁNDEZ RUÍZ, pues la razón que sostuvo para no conocer del asunto se sustentó esencialmente en que está señalado como autoridad responsable; sin embargo, dado que de la demanda de amparo no se advierte un punto jurisdiccional concreto, se estima que la sola circunstancia de haber sido señalada como responsable no justifica su incompetencia. Lo anterior tiene sustento en la resolución emitida por la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal en sesión de treinta de agosto de dos mil veintitrés, a través de la cual se resolvió la contradicción de tesis 313/2021, en la que determinó que debía prevalecer el criterio: "INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA HASTA QUE A LA LUZ DEL INFORME JUSTIFICADO SE CONSTATA SI EMITIÓ O NO EL ACTPO RECLAMADO", pendiente de publicar. Resulta importante traer a colación los argumentos sustentados en el conflicto competencial 11/2019, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, suscitado entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en el que declaró inexistente el conflicto competencial en los siguientes términos: "(.) 22. Del contenido de sus argumentos, se advierte que el Tribunal Colegiado declinante no aduce carecer de competencia objetiva por motivo de materia, grado o territorio, sino que la razón que esgrime para no conocer del asunto, la sustenta esencialmente en que se le atribuye el carácter de autoridad responsable, circunstancia que en criterio de esta Primera Sala, de ninguna manera representa, una cuestión que determine la competencia legal de algún órgano judicial, porque no se refiere a un punto jurisdiccional concreto. 23. Por ello, en los casos en que en una demanda de amparo directo se señala como autoridad responsable al Tribunal Colegiado de Circuito, al que por razón de turno tocó conocer del asunto, no debe por esa sola circunstancia declararse incompetente, pues para que se justifique la incompetencia del tribunal es menester que el acto reclamado derive de un procedimiento ordinario de orden federal o, por lo menos, de un procedimiento diverso al juicio de amparo tramitado ante el mismo órgano. 24. En efecto, esta clase de incompetencia no opera en torno al señalamiento como acto reclamado de una sentencia dictada en otro juicio de amparo, pues en este caso el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, sí tiene competencia objetiva que lo faculta para analizar y determinar lo que corresponda en relación con la referida demanda de amparo directo. 25. Así, de establecerse una conclusión diversa, además de no resultar congruente con el sistema de competencias que rige en el juicio de amparo, se permitiría a los particulares decidir el órgano competente para conocer del juicio de amparo directo, pues bastaría que nombraran como autoridad responsable, por dolo o equivocación, a determinado Tribunal Colegiado de Circuito a quien le atribuyan el dictado de una sentencia de amparo anterior, existente o inexistente, para que éste quedara excluido injustificadamente del conocimiento de la demanda respectiva, lo que conllevaría a extremos no previstos en la ley de la materia. (.) 27. Adicionalmente, debe destacarse que tampoco deben considerarse impedidos los magistrados de circuito para conocer de un nuevo juicio de amparo donde son señalados genéricamente como autoridad responsable en términos del artículo 51, fracción IV8, de la Ley de Amparo, porque para que se actualice dicha hipótesis, se requiere que en realidad hayan tenido dicho carácter; por lo que atendiendo a las características y matices de ésta, no es posible que se ubique como autoridad responsable a los magistrados integrantes de un Tribunal Colegiado de Circuito que emitieron una sentencia en un diverso juicio de amparo, según la intelección del artículo 61, fracción IX, de la ley de la materia, menos puede combatirse aquélla a través de un nuevo juicio de amparo, ni tampoco puede afirmarse que se emitió en otra instancia o jurisdicción, porque, en el caso, los autos informan que los funcionarios públicos no emitieron el fallo constitucional como Jueces de Distrito o dictaron la sentencia definitiva reclamada al tribunal de apelación del orden local. (.) De la anterior transcripción se advierte que en dicho asunto se estableció que el Tribunal Colegiado no podía declararse de facto incompetente para conocer de un asunto por haber sido señalado como autoridad responsable, pues esa circunstancia no es una cuestión que determine la competencia legal de algún órgano judicial, porque no se refiere a un punto jurisdiccional concreto, por lo que previamente debía constatar si el acto reclamado deriva de un procedimiento ordinario de orden federal o, por lo menos, de un procedimiento diverso al juicio de amparo tramitado ante el mismo órgano. Determinó que el tribunal declinante sí tiene competencia objetiva que lo faculta para analizar y determinar lo que corresponda en relación con la demanda de amparo. Afirmó, que mantener una postura diversa, además de no resultar congruente con el sistema de competencias que rige en el juicio de amparo, se permitiría a los particulares decidir el órgano competente para conocer del juicio de amparo, pues bastaría que nombraran como autoridad responsable, por dolo o equivocación, a determinado Tribunal Colegiado de Circuito a quien le atribuyan el dictado de una sentencia de amparo anterior, existente o inexistente, para que éste quedara excluido injustificadamente del conocimiento de la demanda respectiva, lo que conllevaría a extremos no previstos en la ley de la materia. Sostuvo que, en aras de incentivar una impartición de justicia expedita, en términos del artículo 17 de la Constitución, los Tribunales Colegiados que se ubiquen en la hipótesis mencionada deberán observar lo siguiente: "a) De ninguna manera conlleva a que de manera inmediata decline la competencia en favor de otro órgano colegiado para generar un conflicto competencial, cuya tramitación resulta innecesaria y sólo produce dilación en la impartición de justicia. b) Por tanto, el tribunal de amparo a través de su Presidente está obligado al momento de proveer sobre la demanda de amparo, a realizar un análisis integral del escrito respectivo, del informe de la autoridad responsable y de ser necesario, de las constancias que le son remitidas en justificación de aquél; si de la revisión se obtiene que en realidad el órgano jurisdiccional no intervino en la emisión del acto reclamado, deberá admitir la demanda, precisando que al no existir acto que se le reclame al tribunal colegiado, no puede ser considerado como autoridad responsable, por lo que no existe impedimento legal alguno para que pueda conocer de la litis constitucional y resolver lo que en derecho proceda. c) Ahora, si como resultado de la revisión de la demanda y demás anexos, aún existe duda sobre el motivo por el que se le señala como autoridad responsable, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 175, fracción III, 179 y 180 de la Ley de Amparo, debe prevenir a la parte quejosa a efecto que, en el plazo de cinco días, precise cuál es el acto en concreto que le reclama a ese órgano colegiado, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda, por falta de certeza sobre cuál es el acto reclamado. d) Asimismo, si derivado del análisis mencionado surge duda sobre si en realidad lo que el quejoso persigue al señalar como responsable al tribunal colegiado, es plantear el impedimento para conocer del asunto de uno o más magistrados integrantes del órgano colegiado, deberá prevenirse al amparista a efecto de que aclare su petición y en su caso, exponga las razones en las que la sustenta; desahogada la prevención deberá resolverse sobre si existen motivos para iniciar el trámite previsto por el numeral 57 de la Ley de Amparo; si la prevención no se desahoga, deberá proveer sobre la admisión de la demanda en los términos previstos en esta resolución en el inciso b) que antecede Al respecto, es de precisar que aun cuando el criterio mencionado hace referencia a los conflictos de competencia que pueden suscitarse entre tribunales colegiados, lo relevante es que el Alto Tribunal definió los elementos que se deben considerar para estimar válida la postura de un órgano para declinar competencia en favor de otro. En la especie, como se mencionó, el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, considera que el suscrito resulta competente para conocer de la demanda de garantías en razón de que fue señalado por la parte quejosa como autoridad responsable y por estimarse que este juzgado no fue señalado como responsable Empero, ello por sí solo resulta insuficiente para determinar de manera inicial que carece de competencia legal para conocer del juicio, pues el hecho de que se le incluya en el capítulo de "autoridades responsables", no es determinante para estimar que debe tenérsele con tal carácter, en tanto debe vinculársele con un acto concreto de autoridad que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Pues dicho juzgador debe realizar un análisis integral de la demanda de amparo, así como de los distintos procesos federales de naturaleza penal (causas penales) de su índice, para determinar si efectivamente le asiste tal calidad en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, y de actualizarse dicho supuesto será en ese momento que emerja su impedimento. En consecuencia, este juzgado de Distrito no acepta la competencia declinada a su favor, toda vez que no se advierte que el declinante haya analizado si en efecto tiene el carácter de autoridad responsable derivado de que haya emitido el acto que se le reclama, al margen del señalamiento realizado en la demanda de amparo, por lo que con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, mediante oficio que al efecto se gire, remítase el presente expediente al Juez Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, previa formación del cuaderno de antecedente correspondiente, para que informe la determinación adoptada. No se soslaya lo resuelto por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, contenido en la tesis jurisprudencial PR.P.CS. J/5 K (11a.) de rubro "CONFLICTO COMPETENCIAL. EXISTE CUANDO UN JUEZ DE DISTRITO BASA SU DETERMINACIÓN DE INCOMPETENCIA EN EL HECHO DE QUE FUE SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO JUNTO CON OTROS JUECES DE DISTRITO, AL TRATARSE DE UNA INCOMPETENCIA FUNCIONAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.", en razón de lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de agosto de dos mil veintitrés, al resolver el conflicto competencial 313/2021, antes referido. Asimismo, solicítese se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente. AUTORIZADOS Se tiene por autorizadas los profesionistas, que menciona en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, quien tiene registrada su cédula profesional ante el Registro Nacional de Profesiones de la Secretaria de Educación Pública. JUICIO EN LÍNEA; ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Como lo solicita, téngasele proporcionando el nombre de usuario ********************, a fin de que se autorice el acceso al expediente electrónico y las notificaciones electrónicas; por lo que con fundamento en el artículo 17, párrafo segundo, y 35, párrafo primero, del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la oficial judicial "A" adscrita a este juzgado federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado, proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que solo se le realizarán las notificaciones electrónicamente a través del mencionado usuario, de la resoluciones que se emitan en el presente expediente y que se ordene notificar en forma personal, en términos del artículo 26, fracción IV, de la ley de la materia. Apercibida la parte quejosa que en caso de que el usuario proporcionado no sea correcto, se ordenará realizar las notificaciones personales por lista. NO SE TIENE DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Atento a lo anterior, es innecesario tener por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales en el que indica en su escrito de cuenta de amparo, esto, toda vez que ha proporcionado el nombre de usuario para la consulta del expediente electrónico y recibir sus notificaciones por la misma vía del presente asunto. MEDIOS ELECTRÓNICOS Y TOMA DE FOTOGRAFÍAS Por otra parte respecto a la utilización de medios electrónicos y toma de fotografías, se hace de su conocimiento que atento a que se le autorizó la consulta del expediente electrónico y la notificación electrónica a través del usuario proporcionado; tal circunstancia le permite descargar en su equipo de cómputo las constancias que obran en el presente expediente. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, con fundamento en el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE, Y ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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