Alejandro Hernández Orozco

Expediente 1076/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1076/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
27/10/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Hernández Orozco

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO HACE DEL CONOCIMIENTO. Agréguese a los presentes autos la copia del oficio dirigido al Fiscal General de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad y signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a través del cual en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinte de octubre del año en curso informa de las gestiones realizadas a efecto de dar seguimiento a lo requerido mediante acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintidós, derivado de las manifestaciones vertidas por el quejoso, de las que este Juzgado de Distrito advirtió que podrían tratarse de hechos constitutivos de delito. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.oms

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de octubre de dos mil veintidós. PARTE PROMOVENTE CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por Alejandro Hernández Orozco, parte promovente, a través del cual da cumplimiento a las prevenciones formuladas en proveídos de cuatro y once, ambos de octubre de dos mil veintidós, por tanto se acuerda lo siguiente. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa, señala como acto reclamado el siguiente: ".reclamo el citatorio "verbal", carente de motivación y fundamentación, que para entrevistarme como imputado dentro de una carpeta de investigación." De lo anterior, se obtiene que la quejosa reclama de manera destacada la orden de citación que le fue expedida por la autoridad responsable. Ahora, es necesario precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." [.]". Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, Registro Núm. 186605., es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Por tanto, se hace patente la actualización de una causa de improcedencia del juicio de amparo, tal como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, se advierte manifiesta e indudablemente la actualización de la causa de improcedencia estipulada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, lo que impone desecharla. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), estableció que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habría de formularse imputación en su contra, por sí sola no es un acto que afecta su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requería su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizaría la investigación que se seguía en su contra y se formularía la imputación respectiva; audiencia en la que podría o no ser vinculada a proceso y, en su caso, sometida a una medida cautelar. Que no era obstáculo a lo anterior el hecho de que la orden reclamada, contenga el apercibimiento de orden presentación forzosa, pues ello era un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asistiera, sin justificación, y el representante social solicitara que se ordenara su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordenaba la citación del investigado a la audiencia inicial era improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trataba de un acto judicial fuera de juicio que no afectaba la libertad personal de la quejosa, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. La jurisprudencia a la que se ha hecho mención, es la 78/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 239, con registro 2018828, la cual, es del tenor literal siguiente: "Registro digital: 2018828 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 78/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 239 Tipo: Jurisprudencia SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Ahora, si el Máximo Tribunal del país determinó que el amparo es improcedente contra la orden de citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que se formularía imputación en su contra, por no considerarse un acto que afecte la libertad personal de la citada al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requería su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizaría la investigación que se seguía en su contra y se formularía la imputación respectiva; audiencia en la que podría o no ser vinculada a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Pues tampoco obsta a lo anterior, que se pudiera ordenar su presentación por medio de la fuerza pública -apercibimiento-, en caso de no comparecer injustificadamente, pues esas mismas razones aplican a la orden de presentación emitida por un fiscal dentro de una carpeta de investigación, a fin de recabar una entrevista en relación a los hechos que se investigan, dado que ello se considera un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que la citada no asista, sin justificación y el representante social lo solicite, de ahí que tampoco el apercibimiento decretado en la orden de presentación, sea un acto que incida en la libertad personal de la requerida, por ende, el amparo, es improcedente contra la orden de citación. Por lo que la orden de citación dictada en una carpeta de investigación constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos; lo que no causa un perjuicio a la parte quejosa, que haga procedente la acción constitucional indirecta, ya que ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los justiciables el derecho de oponerse a la continuación de una investigación, aun cuando sean considerados probables responsables; antes bien, como se apuntó, el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es categórico en señalar que toda persona está obligada a presentarse cuando sea citada; estimar lo contrario, sería tanto como anteponer su interés particular sobre el de la sociedad, lo que jurídicamente es inaceptable y que convalida aún más la causa de improcedencia antes invocada. En esa virtud, si en el caso se reclama la orden de citación la que refirió fue realizada de manera "verbal", así como su ejecución, emitida en contra de la parte quejosa, el juicio de amparo es improcedente, pues se trata de un acto de realización incierta atribuible al actuar de la persona citada. Ahora, conforme al contenido de los numerales 211 y 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que en la etapa de investigación inicial del procedimiento penal corresponde al Ministerio Público explorar todas las líneas de investigación posibles que permiten allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión; entre otros, a través de la citación del imputado, testigos, peritos y otros, dentro de la carpeta de investigación respectiva. En ese sentido, el acto reclamado consistente en la citación del quejoso por las autoridades que señala como responsables, dentro de cualquier carpeta de investigación, ya sea en su calidad de ser investigado o para declarar como testigo, no ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del accionante, pues mediante la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos constitutivos de delito, el Ministerio Público cumple con una función de su cargo que es de orden público e interés social. Ello es así, pues la citación del quejoso constituye un acto procesalmente indispensable en la investigación necesaria al esclarecimiento del hecho; por ello, reviste el carácter de acto de autoridad pero de interés público, que no puede considerarse como generador de afección al interés jurídico del promovente del amparo, pues no existe algún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un Estado de Derecho; de lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2601, que es del tenor siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente." En ese sentido, la citación realizada al amparista dentro de una carpeta de investigación no irroga perjuicio a su esfera de derechos, pues se trata de una diligencia tendente al esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito. Además, el posible agravio se cristalizará hasta en tanto la autoridad judicial determine si procede imponer alguna medida de apremio, en caso de que no se atienda el citatorio; empero, se reitera, ello es un acto futuro de realización incierta que dependerá de la acción de la fiscalía, quien ante la contumacia de la quejosa, puede optar por ordenar un nuevo citatorio con apercibimiento. En efecto, el hecho de que conforme al artículo 131, fracción IX, y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de no comparecer injustificadamente, pudiese ordenarse su comparecencia forzosa, ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que la citada quejosa no asista, sin justificación, y que el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal de la citada. En el entendido que, si bien el quejoso debe comparecer para que rinda declaración o testimonio en relación con los hechos que se investigan en una carpeta de investigación, no puede considerarse que afecte su libertad personal, en la medida que su comparecencia únicamente busca respetar sus derechos fundamentales de audiencia y defensa, pero no privar de la libertad a la imputada. De ahí que, se reitere, la orden de citación para que el quejoso rinda su declaración o testimonio es un acto que resulta improcedente para efectos del juicio de amparo. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Alejandro Hernández Orozco, contra actos del Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades. SE DA VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO Finalmente, como la parte quejosa aduce en su demanda de amparo que se le exigió una cantidad de dinero para no "involucrarlo" en una investigación y dado que dicho acto es considerado como constitutivo de delito, con apoyo en el numeral 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a fin de que, de considerarlo necesario, proceda conforme a sus atribuciones respecto de la información a que se hizo referencia en párrafos precedentes. En tales condiciones, se ponen a su disposición las constancias que integran este expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Se precisa que los diversos actos consistentes en "no vigilar el desempeño con profesionalismo, imparcialidad, objetividad y honestidad de la Policía Ministerial del Estado", se derivan tanto de la orden de citación citada, la que se desechó, como de actos posiblemente constitutivos de delito, por lo que siguen la misma suerte que estos, lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte promovente y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.oms

  3. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veinte de octubre de dos mil veintidós. PARTE PROMOVENTE CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por Alejandro Hernández Orozco, parte promovente, a través del cual da cumplimiento a las prevenciones formuladas en proveídos de cuatro y once, ambos de octubre de dos mil veintidós, por tanto se acuerda lo siguiente. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa, señala como acto reclamado el siguiente: ".reclamo el citatorio "verbal", carente de motivación y fundamentación, que para entrevistarme como imputado dentro de una carpeta de investigación." De lo anterior, se obtiene que la quejosa reclama de manera destacada la orden de citación que le fue expedida por la autoridad responsable. Ahora, es necesario precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." [.]". Del citado precepto, se advierte, que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXXI/2002, precisó que por "manifiesta", debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda, por lo claro y evidente que es. Asimismo, que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexaron a esas promociones. De manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Que de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, la demanda no debía ser desechada, pues se estaría privando a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debía admitirse a trámite a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. La citada tesis Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, Registro Núm. 186605., es de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Por tanto, se hace patente la actualización de una causa de improcedencia del juicio de amparo, tal como lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, se advierte manifiesta e indudablemente la actualización de la causa de improcedencia estipulada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, lo que impone desecharla. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), estableció que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habría de formularse imputación en su contra, por sí sola no es un acto que afecta su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requería su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizaría la investigación que se seguía en su contra y se formularía la imputación respectiva; audiencia en la que podría o no ser vinculada a proceso y, en su caso, sometida a una medida cautelar. Que no era obstáculo a lo anterior el hecho de que la orden reclamada, contenga el apercibimiento de orden presentación forzosa, pues ello era un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asistiera, sin justificación, y el representante social solicitara que se ordenara su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordenaba la citación del investigado a la audiencia inicial era improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trataba de un acto judicial fuera de juicio que no afectaba la libertad personal de la quejosa, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. La jurisprudencia a la que se ha hecho mención, es la 78/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 239, con registro 2018828, la cual, es del tenor literal siguiente: "Registro digital: 2018828 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 78/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 239 Tipo: Jurisprudencia SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Ahora, si el Máximo Tribunal del país determinó que el amparo es improcedente contra la orden de citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que se formularía imputación en su contra, por no considerarse un acto que afecte la libertad personal de la citada al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requería su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizaría la investigación que se seguía en su contra y se formularía la imputación respectiva; audiencia en la que podría o no ser vinculada a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Pues tampoco obsta a lo anterior, que se pudiera ordenar su presentación por medio de la fuerza pública -apercibimiento-, en caso de no comparecer injustificadamente, pues esas mismas razones aplican a la orden de presentación emitida por un fiscal dentro de una carpeta de investigación, a fin de recabar una entrevista en relación a los hechos que se investigan, dado que ello se considera un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que la citada no asista, sin justificación y el representante social lo solicite, de ahí que tampoco el apercibimiento decretado en la orden de presentación, sea un acto que incida en la libertad personal de la requerida, por ende, el amparo, es improcedente contra la orden de citación. Por lo que la orden de citación dictada en una carpeta de investigación constituye la continuación de una labor fundamental de la autoridad ministerial, conferida en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para investigar posibles hechos delictuosos; lo que no causa un perjuicio a la parte quejosa, que haga procedente la acción constitucional indirecta, ya que ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los justiciables el derecho de oponerse a la continuación de una investigación, aun cuando sean considerados probables responsables; antes bien, como se apuntó, el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es categórico en señalar que toda persona está obligada a presentarse cuando sea citada; estimar lo contrario, sería tanto como anteponer su interés particular sobre el de la sociedad, lo que jurídicamente es inaceptable y que convalida aún más la causa de improcedencia antes invocada. En esa virtud, si en el caso se reclama la orden de citación la que refirió fue realizada de manera "verbal", así como su ejecución, emitida en contra de la parte quejosa, el juicio de amparo es improcedente, pues se trata de un acto de realización incierta atribuible al actuar de la persona citada. Ahora, conforme al contenido de los numerales 211 y 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen que en la etapa de investigación inicial del procedimiento penal corresponde al Ministerio Público explorar todas las líneas de investigación posibles que permiten allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión; entre otros, a través de la citación del imputado, testigos, peritos y otros, dentro de la carpeta de investigación respectiva. En ese sentido, el acto reclamado consistente en la citación del quejoso por las autoridades que señala como responsables, dentro de cualquier carpeta de investigación, ya sea en su calidad de ser investigado o para declarar como testigo, no ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del accionante, pues mediante la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos constitutivos de delito, el Ministerio Público cumple con una función de su cargo que es de orden público e interés social. Ello es así, pues la citación del quejoso constituye un acto procesalmente indispensable en la investigación necesaria al esclarecimiento del hecho; por ello, reviste el carácter de acto de autoridad pero de interés público, que no puede considerarse como generador de afección al interés jurídico del promovente del amparo, pues no existe algún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un Estado de Derecho; de lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, página 2601, que es del tenor siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente." En ese sentido, la citación realizada al amparista dentro de una carpeta de investigación no irroga perjuicio a su esfera de derechos, pues se trata de una diligencia tendente al esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito. Además, el posible agravio se cristalizará hasta en tanto la autoridad judicial determine si procede imponer alguna medida de apremio, en caso de que no se atienda el citatorio; empero, se reitera, ello es un acto futuro de realización incierta que dependerá de la acción de la fiscalía, quien ante la contumacia de la quejosa, puede optar por ordenar un nuevo citatorio con apercibimiento. En efecto, el hecho de que conforme al artículo 131, fracción IX, y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de no comparecer injustificadamente, pudiese ordenarse su comparecencia forzosa, ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que la citada quejosa no asista, sin justificación, y que el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal de la citada. En el entendido que, si bien el quejoso debe comparecer para que rinda declaración o testimonio en relación con los hechos que se investigan en una carpeta de investigación, no puede considerarse que afecte su libertad personal, en la medida que su comparecencia únicamente busca respetar sus derechos fundamentales de audiencia y defensa, pero no privar de la libertad a la imputada. De ahí que, se reitere, la orden de citación para que el quejoso rinda su declaración o testimonio es un acto que resulta improcedente para efectos del juicio de amparo. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Alejandro Hernández Orozco, contra actos del Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades. SE DA VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO Finalmente, como la parte quejosa aduce en su demanda de amparo que se le exigió una cantidad de dinero para no "involucrarlo" en una investigación y dado que dicho acto es considerado como constitutivo de delito, con apoyo en el numeral 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a fin de que, de considerarlo necesario, proceda conforme a sus atribuciones respecto de la información a que se hizo referencia en párrafos precedentes. En tales condiciones, se ponen a su disposición las constancias que integran este expediente, para los efectos legales a que haya lugar. Se precisa que los diversos actos consistentes en "no vigilar el desempeño con profesionalismo, imparcialidad, objetividad y honestidad de la Policía Ministerial del Estado", se derivan tanto de la orden de citación citada, la que se desechó, como de actos posiblemente constitutivos de delito, por lo que siguen la misma suerte que estos, lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte promovente y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.oms

  4. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil veintidós. AUTO DE RADICACIÓN Fórmese expediente con el escrito de demanda promovida por Alejandro Hernández Orozco, contra actos del Fiscal General del Estado de Michoacán y otras autoridades. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. PREVENCIÓN. Antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con apoyo en el artículo 114, en relación con los diversos 108 y 110, todos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente hábil al en que quede debidamente notificada de este auto, por escrito y bajo protesta de decir verdad aclare su demanda sobre lo siguiente: 1.- Toda vez que en su capítulo de antecedentes hace mención que elementos de seguridad lo trasladaron al edificio de la Fiscalía General del Estado, al parecer a fin de investigar un hecho constitutivo de delito. En tal virtud, bajo protesta de decir verdad, deberá manifestar si lo que pretende reclamar es únicamente la orden de citación, dado que refiere se trata de actos de investigación al parecer por elementos de la Policía Ministerial, o en su caso, especifique el acto en concreto y la autoridad a quien se lo reclama. 2. Para que, en caso de dar cumplimiento de forma física, exhiba las copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a todas las partes, debiendo tener en consideración que se requiere una para cada autoridad responsable, dos para los cuadernos incidentales y otra más para la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Se apercibe a la parte promovente del amparo que de no cumplir con lo requerido en los puntos uno y dos se tendrá por no presentada la demanda; lo anterior con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como autorizada para oír y recibir notificaciones de la parte promovente a la persona que refiere en su ocurso, sin la plenitud de facultades a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo por no haberlo solicitado expresamente. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.oms

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