Alejandro Hernández Esquivel
Expediente 263/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 51 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 263/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 51
- Última actuación
- 09/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Alejandro Hernández Esquivel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 51.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Visto el telegrama de cuenta remitido por la autoridad tercero interesada, con el que acusa recibo del oficio 3943/2023 mediante el cual se le notificó el auto de dieciséis de febrero actual; por tanto, agréguese para que obre como corresponda a fin que surta los efectos legales procedentes. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta remitido por la autoridad responsable, con el que acusa recibo del oficio 3939/2023 mediante el cual se le notificó el auto de dieciséis de febrero actual; por tanto, agréguese para que obre como corresponda a fin que surta los efectos legales procedentes. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Cúmplase
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta remitido por la autoridad tercera interesada, y en atención a su contenido, agréguese sin mayor determinación, en razón de lo acordado por auto de dieciséis de febrero actual. En el entendido, que el oficio que se provee, al haber sido recibido vía correo electrónico oficial, tiene valor en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Del estado procesal del expediente y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que alguna de las partes hicieran uso de ese derecho; se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por la autoridad responsable, la sentencia amparadora se encuentra cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I) En sentencia siete de noviembre de dos mil veintidós (fojas 117 a 151 de autos), se concedió el amparo solicitado por *****************, por conducto de *****************, en su carácter de defensor particular, para el efecto que la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, realizara lo siguiente: -Dejará insubsistente la resolución de veintidós de febrero de dos mil veintidós, dictado en el en el toca número *****************, y en su lugar, emita una nueva en la que resuelva conforme a derecho proceda los recursos de apelación interpuestos por el Fiscal adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huatusco, Veracruz, y por el representante legal del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz contra el auto de libertad por falta de elementos para procesar de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, emitido por el titular del órgano jurisdiccional ya precisado, en la causa penal número *****************, pero en la que observe los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo. II) En proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós (foja 204), se declaró que la sentencia causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. III) Mediante oficio ***************** presentado el cinco de enero de dos mil veintitrés (foja 231), la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, remitió las constancias necesarias mediante la cual adujo daba cumplimiento a la ejecutoria de amparo. IV) Por acuerdo dictado el seis de enero de dos mil veintitrés (foja 277), se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por la autoridad responsable, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin que alguna de las partes hicieran uso de ese derecho. Ahora bien, hecho el análisis de las constancias de autos, este Juzgado de Distrito concluye que la ejecutoria de amparo SE ENCUENTRA CABALMENTE CUMPLIDA Ello es así, pues la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, mediante resolución de cuatro de enero de dos mil veintitrés, dictado en el en el toca número *****************, dejó insubsistente la resolución de veintidós de febrero de dos mil veintidós, y en su lugar dicto una nueva, en la que resolvió lo siguiente: - Que previo a analizar los motivos de inconformidad sustentados en contra del auto de libertad por falta de elementos para procesar de fecha nueve de diciembre de dos mil diecinueve, era indispensable advertir los planteamientos de la institución investigadora al ejercitar acción penal, surgiendo que por cuanto hace al delito de incumplimiento del deber legal, respecto a los elementos que el Juez Primario sostuvo no se acreditan. - Que de la determinación ministerial se desprende que la institución ministerial se concretó a referir que se omitió cumplir con las funciones del Contralor Interno porque no existe constancia con la que se demuestre que se haya instrumentado procedimiento alguno en contra de los restantes servidores públicos que participaron en la elaboración de proyecto ejecutivo de electrificación en varias localidades del municipio de Zentla, Veracruz, lo cual aduce correspondía efectuarlo en aras de la protección de los fondos municipales, ya que al tener esa función de vigilancia de las actividades de los restantes servidores públicos municipales, le correspondía revisar y evaluar las operaciones, transacciones, registros, informes y estados financieros del municipio de Zentla, Veracruz, aspecto que debe ser examinado en esos términos exactos sin poder suplirse, por lo que es claro que si la Fiscalía aseveró que el inculpado al ejercer el cargo de Contralor Interno tenía ese deber legal, y se ocasionó un daño patrimonial respecto al proyecto de electrificación en diversas localidades, era menester que indicara de que medios probatorios se desprende que dejó de cumplir con sus deberes. - Que se aduce que no se realizó ningún procedimiento para hacer saber al cabildo que no se estaba cumpliendo con el correcto desarrollo de las obras públicas, pero solamente se sustenta en dos probanzas, en el dictamen técnico de la obra pública a cargo de la Arquitecta *****************, con la calidad de auditor técnico en materia de obra pública adscrita al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, quien en dicha probanza sostuvo que en lo relativo a la acción denominada "Elaboración de proyecto ejecutivo electrificaciones, en varias localidades", de la revisión documental al expediente técnico unitario, le falta documentación, tales como validación y factibilidad de los proyectos por la dependencia normativa, contrato de prestación de servicio, presupuesto contratado, finanzas de anticipo y cumplimiento, estimaciones de obra, comprobación del pago que incluya pólizas de cheque y factura, finiquito de obra, planos autorizados y actas de entrega recepción del contratista, así como se sustenta tal perspectiva de la Fiscalía en el Dictamen materia de Arquitecta e Ingeniera Forense, a cargo del Arquitecto *****************, en donde se concluyó que respecto a la elaboración del proyecto ejecutivo de electrificación en varias localidades, no se presentó documentación normativa comprobatoria. - Que se advierte la ausencia de documentación referida, como se sustenta en la determinación ministerial, no puede ser suficiente para aducir que quien ejerció el cargo de contralor interno dejó de cumplir su función de revisión e inspección, y que al no haberse iniciado el procedimiento contenido en el numeral 389 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz ello es suficiente para concluir que incurrió en una acción ilícita, pues de la referencia surgida de esas pruebas solamente se desprende la ausencia de la documentación respectiva, sin que se conozca cuando se le integró el expediente o la documentación que fue revisada, ni mucho menos cuando se concluyó ese proyecto para la electrificación de diversas localidades de aquel municipio, para ello poder establecer que acorde a la fecha específica, el inculpado ***************** estaba en condiciones de realizar la revisión o inspección de las labores de los departamentos participantes en ese proyecto. - Que de la determinación ministerial se advierte que ***************** ejerció la función de contralor interno en dos periodos, el primero del cuatro de marzo de dos mil once al uno de marzo de dos mil trece, y el segundo, a partir del uno de junio de dos mil trece, desconociéndose hasta que fecha estuvo en dicha encomienda municipal. - Que no podía desatenderse que se alude que ese proyecto de electrificación fue firmado el treinta de noviembre de dos mil doce, con un periodo de ejecución de cuarenta y cinco días, y que por ende, abarcaba del tres de diciembre de dos mil doce al dieciocho de enero de do mil trece, sin embargo sí no se cuenta con elementos de prueba que establezcan que efectivamente se inició o se concluyó en ese lapso, o fue menester la ampliación del periodo de realización, sino únicamente con la indicación que no estaba la documentación correspondiente. - Que lo anterior, remitía a la imposibilidad de establecer si el quejoso en el periodo de conclusión del proyecto ejecutivo, estaba en condiciones de revisarlo, vigilarlo y de exigir la presentación de la documentación que avalara la correcta realización de esa acción de gobierno municipal, por lo que la sola referencia de quienes ejercieron la función de contralor interno debieron de hacerlo y comprobar que las obras se realizaran conforme a las leyes mencionadas, que se contara con la documentación de soporte apta y suficiente, así como con las autorizaciones correspondientes, y tras ello se procediera al reguardo, custodia y vigilancia de la documentación respectiva para soportar y comprobar en su momento dichas erogaciones, no puede ser atendida en razón que no se conoce hasta qué fecha dicho inculpado ejerció el cargo de Contralor Interno, ni mucho menos en qué momento estuvo condiciones de vigilar la correcta realización de esa acción de gobierno, como tampoco puede aseverarse que tenía el deber de resguardar esa documentación porque no se conoce si efectivamente estuvo disponible para el hasta el día en que tuvo a cargo la Contraloría Interna. - Que al existir la omisión de la fiscalía de demostrar hasta qué fecha le correspondió ese cargo, hasta qué fecha se concluyó el proyecto de electrificación, no puede afirmarse que se logre demostrar el segundo elemento del delito, lo anterior, porque no puede efectuarse un análisis de la investigación ministerial para resolver el recurso interpuesto, sino que es necesario limitarse al estudio de las circunstancias que se precisaron en el escrito de consignación por el que la Representación Social materializó el ejercicio de la acción penal, sin que sea factible realizar una revisión oficiosa de la averiguación previa para deducir y configurar los hechos y la conducta atribuida al indiciado, cuando la institución ministerial haya omitido precisarla, como aquí acontece, pues al solamente referir que dejó de realizar sus funciones de contralor interno, pero sin establecer de forma concreta cuando culminó, ni cuando estuvo en condiciones de examinar ese proyecto de electrificación por haber sido culminada, entonces no puede compartirse que haya omitido cumplir sus funciones al no dar cuenta al cabildo por una irregularidad detectada. - Que al resolver la situación jurídica de donde emana el auto de libertad combatido, no puede realizar un análisis integral del pliego de consignación y la averiguación previa, para delimitar el delito, los hechos y las circunstancias, así como la conducta objeto de reproche penal, pues de hacerse se colocaría a la autoridad jurisdiccional en una condición de revisor de la actuación del Ministerio Público, a fin de determinar la materia de lo que será la Litis en el proceso penal, razón por la que si en la determinación no se indicó cual fue el lapso en el que el inculpado ejerció la función de contralor interno, en el segundo periodo, no puede entonces aseverarse que haya dejado de cumplir con sus funciones al desconocerse si al entregarse el proyecto de electrificación aún tenía el cargo de contralor y por ende, si estaba en condiciones de realizar la revisión de las acciones municipales y reportar las irregularidades que pudieran acontecer, por lo que si el Juez no puede examinar la investigación ministerial para encontrar y rescatar lo que omitió la fiscalía, la Alzada igualmente se encuentra impedida para realizarlo, ya que de hacerlo, se rompería con el principio constitucional de imparcialidad, al no ser una función que le corresponda a la autoridad judicial, y entonces debe resolverse acorde a lo planteado por la Fiscalía en se ejercicio de acción penal, sin variar los hechos materia de la consignación. - Que es necesario para el Juez y la Alzada limitarse estrictamente al análisis de las circunstancias de fueron precisadas en el escrito de consignación, por el que el Ministerio Público materializó el ejercicio de la acción penal, y además evitar realizar una revisión oficiosa de la averiguación previa para deducir y configurar los hechos y la conducta atribuida al indiciado, que omitió precisar el órgano acusador, como lo es el periodo concreto y exacto en que ************, fungió como contralor interno, así como en qué momento se culminó el proyecto de electrificación, para con ello establecer que estaba en condiciones de realizarse la revisión de esa acción de gobierno municipal. - Que dicha omisión del Ministerio Público impide constatar si se satisfacen los presupuestos jurídicos del cuerpo del delito y probable responsabilidad del inculpado, para estar en condiciones al resolver el recurso de apelación interpuesto en que se pretende se revoque el auto de libertad recurrido y se dicte auto de formal prisión por el delito de incumplimiento de deber legal, por lo que al no poderse afirmar que el inculpado haya ejercido el cargo de contralor interno por todo el ejercicio de dos mil trece en el ************, es infructuoso sostener que a éste le correspondiera el deber de vigilar la actuación municipal en relación a la acción número ************ relativa a la elaboración del proyecto ejecutivo de electrificaciones, dado que resulta claro la omisión de la Fiscalía para poder establecer que en la fecha en que aún seguía siendo el contralor interno, ya estaban las condiciones físicas y jurídicas para que pudiera revisar aquella acción de gobierno municipal. - Que dicha omisión de la Fiscalía constituye un impedimento para conocer la fecha exacta en la que el sujeto debió ejercer las funciones contenidas en los artículos 386, 387, 388, 389, 390, 391 y 392 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz, por lo que no puede afirmarse que haya dejado de hacerlo, pues se desconoce si le correspondía a él o a quien lo sustituyó, pues era indispensable que precisará debidamente tales aspectos en el pliego de determinación del ejercicio de la acción penal, pues solo a partir de ello podría determinarse si efectivamente incumplió las obligaciones inherentes a su cargo como contralor interno, y que sí la fiscalía no hizo esa precisión, la Alzada no puede convertirse en revisor de su función, ni analizar oficiosamente todo el material de la investigación ministerial para determinar lo que dejó de hacer la autoridad investigadora. - Que no pasaban desapercibidas las manifestaciones efectuadas por el asesor jurídico del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, pero que no podían ser atendidas, pues ante la citada omisión de la Fiscalía, sus manifestaciones resultaban infructuosas pues a pesar que pudieran considerarse adecuadas y procedentes, no pueden sustituir ni colmar lo que se omitió en el momento del ejercicio de la acción penal, y que respecto de los argumentos vertidos por el asesor jurídico de la parte agraviada, en relación a que sí se justifican todos los elementos de delito de incumplimiento del deber legal, porque así lo aseveró la fiscal en sus conclusiones acusatorias, resultaba inadecuado, dado que la fase procesal en que se encuentran no corresponde a periodo de juicio en que se emiten conclusiones, por lo que no puede ser atendido. - Que en tales condiciones, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 318 de la legislación procedimental de la materia confirma el auto de libertad por falta de elementos para procesar con reservas de ley, decretado en los autos de la causa penal ************ del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Huatusco, Veracruz, que se instruye en contra de ************, como probable responsable en la comisión del delito de incumplimiento del deber legal en agravio del servicio público. En consecuencia, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA PROTECTORA, por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como concluido; háganse las anotaciones en el libro de Gobierno respectivo, en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.). VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En atención a lo dispuesto en el artículo 15 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANO JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente, así como la fecha del presente acuerdo de archivo; en consecuencia, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) del aludido Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió el amparo solicitado, carece de relevancia documental y no obran documentos originales. DEPURACIÓN Así, este expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; así como la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional; la justificación de esto último, deberá constar en el acuerdo de desincorporación; además de formular el acta relativa a las constancias depuradas, previa relación para la plena identificación de las mismas, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno correspondiente. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia de estos expedientes a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. DEVOLUCIÓN DE TOMO Asimismo, devuélvase al Juzgado responsable las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado y con las que se formaron nueve tomo de pruebas, al resultar innecesaria su conservación. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
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