Alejandro Hernandez Arjona
Expediente 522/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 25 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 522/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 17/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alejandro Hernandez Arjona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de junio de dos mil veintiuno Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de doce de mayo del dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Deje sin efectos la resolución de ocho de marzo de dos mil diecinueve, emitida en la queja administrativa 255/2018, del índice del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en la que se determinó la existencia de responsabilidad administrativa de la parte quejosa; así como, las consecuencias que de ella derivan. Dicte una nueva resolución en la que, siguiendo los lineamientos aquí formulados, se declare incompetencia para resolver el procedimiento administrativo de referencia. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución al derivar de uno acto viciado, reclamados a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos y del Director General de Administración del Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad federativa.". Inconforme con dicha determinación la parte quejosa y Junta de Administración, Disciplina y Vigilancia del Poder Judicial del Estado de Morelos, interpusieron recurso de revisión el cual por turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, quien lo registró bajo el número 423/2019 y mediante ejecutoria de siete de agosto de dos mil veinte, determinó modificar la sentencia recurrida para los siguientes efectos: ".(96) Por tanto, es procedente modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo para que se deje insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo 255/2018, instruido contra el quejoso Alejandro Hernández Arjona, desde el auto de seis de abril de dos mil dieciocho e incluyendo la resolución de ocho de marzo de dos mil diecinueve, así como sus efectos y consecuencias.". Por lo tanto, vista dicha ejecutoria, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través del oficio recibido el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la resolución de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, emitida en los autos de la queja administrativa 255/2016, donde se desprende dejó sin efectos todo lo actuado en dicho procedimiento de responsabilidad administrativa desde el auto de seis de abril de dos mil dieciocho y como consecuencia también se deja sin efectos el auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, así también ordena y hace conocimiento a las autoridades ejecutoras que en atención a dicha determinación quedó sin efectos la resolución de ocho de marzo de dos mil diecinueve y en consecuencia procedieran a cancelar toda anotación referente a dicha determinación y procedimiento administrativo. En atención a lo anterior, las autoridades ejecutoras, mediante oficios de ocho, diecinueve de abril y diez de mayo ambos meses del dos mil veintiuno, se desprende que las autoridades ejecutoras, procedieron hacer las anotaciones conducentes, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostraron haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo a la promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, en razón de que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, por oficio recibido el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la resolución de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, emitida en los autos de la queja administrativa 255/2016, donde dejó sin efectos todo lo actuado en dicho procedimiento de responsabilidad administrativa desde el auto de seis de abril de dos mil dieciocho y como consecuencia también se deja sin efectos el auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, así también ordena y hace conocimiento a las autoridades ejecutoras que en atención a dicha determinación quedó sin efectos la resolución de ocho de marzo de dos mil diecinueve y en consecuencia procedieran a cancelar toda anotación referente a dicha determinación y procedimiento administrativo. En atención a lo anterior, las autoridades ejecutoras, mediante oficios de ocho, diecinueve de abril y diez de mayo ambos meses del dos mil veintiuno, se desprende que las autoridades ejecutoras, procedieron hacer las anotaciones conducentes, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad ordenadora responsable deje insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo 255/2018, instruido contra el quejoso Alejandro Hernández Arjona, desde el auto de seis de abril de dos mil dieciocho e incluyendo la resolución de ocho de marzo de dos mil diecinueve, así como sus efectos y consecuencias. En ese sentido este juzgado federal estima que las autoridades responsables no incurrieron en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se acredita que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, por resolución de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, emitida en los autos de la queja administrativa 255/2016, dejó sin efectos todo lo actuado en dicho procedimiento de responsabilidad administrativa desde el auto de seis de abril de dos mil dieciocho y como consecuencia también se deja sin efectos el auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, así también ordena y hace conocimiento a las autoridades ejecutoras que en atención a dicha determinación quedó sin efectos la resolución de ocho de marzo de dos mil diecinueve y en consecuencia procedieran a cancelar toda anotación referente a dicha determinación y procedimiento administrativo. En atención a lo anterior, las autoridades ejecutoras, mediante oficios de ocho, diecinueve de abril y diez de mayo ambos meses del dos mil veintiuno, se desprende que las autoridades ejecutoras, procedieron hacer las anotaciones conducentes, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado incidental carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó concederla. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se le notifica la determinación de diecisiete de junio de dos mil veintiuno, a la parte quejosa y/o a sus autorizados, por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial Federal, Delegación Morelos, por la situación de pandemia que se vive actualmente, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: Cuernavaca, Morelos, diecisiete de junio de dos mil veintiuno Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de doce de mayo del dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Deje sin efectos la resolución de ocho de marzo de dos mil diecinueve, emitida en la queja administrativa 255/2018, del índice del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en la que se determinó la existencia de responsabilidad administrativa de la parte quejosa; así como, las consecuencias que de ella derivan. Dicte una nueva resolución en la que, siguiendo los lineamientos aquí formulados, se declare incompetencia para resolver el procedimiento administrativo de referencia. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución al derivar de uno acto viciado, reclamados a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos y del Director General de Administración del Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad federativa.". Inconforme con dicha determinación la parte quejosa y Junta de Administración, Disciplina y Vigilancia del Poder Judicial del Estado de Morelos, interpusieron recurso de revisión el cual por turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, quien lo registró bajo el número 423/2019 y mediante ejecutoria de siete de agosto de dos mil veinte, determinó modificar la sentencia recurrida para los siguientes efectos: ".(96) Por tanto, es procedente modificar la sentencia recurrida y conceder el amparo para que se deje insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo 255/2018, instruido contra el quejoso Alejandro Hernández Arjona, desde el auto de seis de abril de dos mil dieciocho e incluyendo la resolución de ocho de marzo de dos mil diecinueve, así como sus efectos y consecuencias.". Por lo tanto, vista dicha ejecutoria, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través del oficio recibido el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la resolución de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, emitida en los autos de la queja administrativa 255/2016, donde se desprende dejó sin efectos todo lo actuado en dicho procedimiento de responsabilidad administrativa desde el auto de seis de abril de dos mil dieciocho y como consecuencia también se deja sin efectos el auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, así también ordena y hace conocimiento a las autoridades ejecutoras que en atención a dicha determinación quedó sin efectos la resolución de ocho de marzo de dos mil diecinueve y en consecuencia procedieran a cancelar toda anotación referente a dicha determinación y procedimiento administrativo. En atención a lo anterior, las autoridades ejecutoras, mediante oficios de ocho, diecinueve de abril y diez de mayo ambos meses del dos mil veintiuno, se desprende que las autoridades ejecutoras, procedieron hacer las anotaciones conducentes, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostraron haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo a la promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que las autoridades responsables dieron seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, en razón de que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, por oficio recibido el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la resolución de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, emitida en los autos de la queja administrativa 255/2016, donde dejó sin efectos todo lo actuado en dicho procedimiento de responsabilidad administrativa desde el auto de seis de abril de dos mil dieciocho y como consecuencia también se deja sin efectos el auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, así también ordena y hace conocimiento a las autoridades ejecutoras que en atención a dicha determinación quedó sin efectos la resolución de ocho de marzo de dos mil diecinueve y en consecuencia procedieran a cancelar toda anotación referente a dicha determinación y procedimiento administrativo. En atención a lo anterior, las autoridades ejecutoras, mediante oficios de ocho, diecinueve de abril y diez de mayo ambos meses del dos mil veintiuno, se desprende que las autoridades ejecutoras, procedieron hacer las anotaciones conducentes, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades responsables, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad ordenadora responsable deje insubsistente todo lo actuado en el procedimiento administrativo 255/2018, instruido contra el quejoso Alejandro Hernández Arjona, desde el auto de seis de abril de dos mil dieciocho e incluyendo la resolución de ocho de marzo de dos mil diecinueve, así como sus efectos y consecuencias. En ese sentido este juzgado federal estima que las autoridades responsables no incurrieron en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, se acredita que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, por resolución de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, emitida en los autos de la queja administrativa 255/2016, dejó sin efectos todo lo actuado en dicho procedimiento de responsabilidad administrativa desde el auto de seis de abril de dos mil dieciocho y como consecuencia también se deja sin efectos el auto de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, así también ordena y hace conocimiento a las autoridades ejecutoras que en atención a dicha determinación quedó sin efectos la resolución de ocho de marzo de dos mil diecinueve y en consecuencia procedieran a cancelar toda anotación referente a dicha determinación y procedimiento administrativo. En atención a lo anterior, las autoridades ejecutoras, mediante oficios de ocho, diecinueve de abril y diez de mayo ambos meses del dos mil veintiuno, se desprende que las autoridades ejecutoras, procedieron hacer las anotaciones conducentes, en cumplimiento a la nueva determinación dictada por la autoridad ordenadora en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado incidental carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó concederla. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Germán Andrés Ballesteros Cotero, delegado de la responsable Director General de Administración del Tribunal Superior de Justicia, mediante el cual informa que se ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite copia certificada para acreditar su dicho; al respecto, se tienen por hechas sus manifestaciones para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta, así como con la misiva signada y anexos enviados por la Director General de Administración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos y Secretaria de la Contraloría del Poder Ejecutivo Estatal, mismo que fueron acordadas en proveídos de doce y veintiuno de abril del año en curso, y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por las autoridades responsables, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, tres de mayo de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Germán Ballesteros Cotero, en su carácter de Delegado de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual informa las gestiones que realizó para requerir el cumplimiento a las autoridades ejecutoras, sin embargo, de las constancias que alude haber remitido el ocho de abril del presente año, sólo se desprende el requerimiento hecho a las autoridades señaladas como ejecutoras, sin que estas remitieran constancias referentes al cumplimiento a la ejecutoria de amparo En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase de nueva cuenta al Director General de Administración del Tribunal Superior de Justicia, para que en el término de tres días, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Procedan a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos indicados, en atención a la nueva determinación dictada por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, dentro de la queja administrativa 255/2018; la cual alude la autoridad ordenadora ya le hizo de su conocimiento, mediante oficio MVG/BASB/0320/2021 de veintitrés de marzo del año en curso, remitiendo las constancias pertinentes para acreditar su dicho. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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