Alejandro Gutiérrez Márquez
Expediente 1070/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1070/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/05/2019
Partes del expediente
- Alejandro Gutiérrez Márquez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal del presente juicio se advierte que se encuentra integrando la prueba pericial en materia de contabilidad ofrecida en autos, así como está pendiente de resolverse el recurso de queja interpuesto en autos. En tales condiciones, con la finalidad de permitir que acontezca lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo.
- Principal
Téngase por recibida la demanda promovida por Sergio Gutiérrez Márquez en nombre de Alejandro Gutiérrez Márquez, contra actos del Director del Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría y otras autoridades. Actos que considera violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1070/2019.Del contenido integral de la demanda de amparo, y en particular del capítulo de conceptos de violación, se advierte que el promovente reclama la incomunicación y privación de la libertad de la parte quejosa con motivo del arresto administrativo ya ejecutado, por el que se encuentra dentro del Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría. Entonces, con fundamento en los artículos 15, 126, 128, fracción II y 164 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano a Alejandro Gutiérrez Márquez, para el efecto de que cese la incomunicación, se levante el arresto administrativo reclamado y sea puesto en inmediata libertad, ello tomando en consideración que de consumarse el mismo, haría físicamente imposible restituir a dicha quejosa en el goce del derecho reclamado. Cabe señalar que la presente medida cautelar no surtirá los efectos legales en cita, para el caso de que la parte quejosa en comento se encuentre detenida con motivo de una orden proveniente de autoridades distintas a las señaladas como responsables (ministeriales o judiciales) o en el supuesto de que la detención se encuentre directamente relacionada con la comisión de un delito; en este último caso, o sea, si la detención efectuada por autoridad administrativa distinta del Ministerio Público, obedece a la comisión de un delito o en caso de haber sido detenido en el supuesto previsto en el artículo 16 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (caso de delito cometido en flagrancia), la suspensión tendrá el efecto de que sin demora se ponga al quejoso a disposición del Ministerio Público, pero no su inmediata libertad. En torno a la medida cautelar decretada, no pasa a la consideración del suscrito que el precepto 129, fracción VI, de la Ley de Amparo, contempla como hipótesis en la que se causa perjuicio al interés social y se contraviene el orden público, aquél en que la concesión de tal suspensión impida la ejecución contra el alcoholismo y la drogadicción, supuesto en el que puede situarse lo ahora reclamado; empero, sucede que en la especie se controvierte un acto que implica un ataque a la libertad personal fuera de procedimiento de manera que para su concesión, sólo es factible considerar los supuestos requeridos para la suspensión de oficio (plano), no las concernientes a la que es a petición de parte, por lo que no es factible considerar como impedimento para conceder la medida cautelar de que se trata lo ordenado en el referido precepto 129. Al respecto se invocan los criterios jurisprudenciales que enseguida se transcriben:"SUSPENSIÓN DE OFICIO EN MATERIA AGRARIA. DEBE DECRETARSE INDEFECTIBLEMENTE EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 233 DE LA LEY DE AMPARO, PARA LO CUAL BASTA QUE EL PROMOVENTE ACREDITE CONTAR CON LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA . Cuando un núcleo de población promueve juicio de amparo en contra de actos que tienen o pueden tener como consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de sus bienes agrarios o la sustracción del régimen jurídico ejidal, el Juez Federal está obligado, de conformidad con lo previsto en el artículo 233 de la Ley de Amparo, a decretar indefectiblemente la suspensión de oficio y de plano en el mismo auto en el que admita la demanda, para lo cual basta que el promovente acredite contar con legitimación procesal activa según lo dispuesto en los artículos 213, 214 y 215 de la ley citada. Por tanto, no es factible sujetar la procedencia de dicha providencia cautelar a los requisitos contenidos en el artículo 124 del indicado ordenamiento normativo, en virtud de que este precepto regula la suspensión a petición de parte agraviada, institución diversa a la que procede de oficio prevista en el referido artículo 233, lo que impide sujetarlas a reglas similares de procedibilidad" "SUSPENSIÓN DE OFICIO. NATURALEZA DE LA . La suspensión de oficio se rige por el artículo 123 de la Ley de Amparo y se concede cuando se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República y, cuando se trate de algún otro que de llegar a consumarse haría físicamente imposible la restitución al quejoso en el goce de la garantía violada; asimismo, en el auto en el que se decrete de plano dicha medida, el Juez Federal admitirá la demanda. Acorde con lo anterior, debe precisarse que esta suspensión de oficio no admite condición o restricción alguna que impida que surta sus efectos; es decir, que no cobran aplicación los artículos 124, 124 bis y 125 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales"En la inteligencia que la suspensión de plano concedida, no faculta al quejoso a conducir vehículos automotores bajo la ingestión de bebidas alcohólicas; asimismo, tampoco veda la potestad de las autoridades administrativas para continuar con la aplicación del programa de prevención de que se trata, inclusive, en relación con el propio promovente; tampoco implica que le sea devuelta la unidad en que circulaba, ya que ello no es materia de la suspensión.Por cierto, la suspensión se concede sin condicionarla a medida de aseguramiento alguna, dado que de acuerdo con lo narrado en la demanda, la determinación no obedece a orden de detención, retención o aprehensión, derivada de la comisión de un delito. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J.75/2000, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , bajo el rubro y texto: "ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO. A LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA NO LE SON APLICABLES ANALÓGICAMENTE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DEL QUEJOSO PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 130 Y 136 DE LA LEY DE AMPARO. El arresto como medida de apremio, que tiene su fundamento en el artículo 17 constitucional que exige como garantía individual la de una administración de justicia pronta, completa e imparcial, persigue vencer la resistencia de quien se opone a acatar un mandato judicial. En cambio, las órdenes de aprehensión, detención o retención dictadas por autoridades judiciales del orden penal, por el Ministerio Público o por autoridades administrativas, se refieren a un acto tipificado como delito por la ley y del que se presume probable responsable al quejoso. Las medidas de aseguramiento a que aluden los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, que debe tomar en cuenta el Juez de Distrito al conceder la suspensión contra las órdenes de aprehensión, detención o retención aludidas, no pueden exigirse al concederse la suspensión contra el arresto como medio de apremio en aplicación analógica de los preceptos citados, en virtud de que el origen y los fines perseguidos en cada tipo de órdenes son distintos y, además, en las segundas no están presentes las razones que justifican el dictado de esas medidas respecto de las primeras porque en aquéllas no hay necesidad de devolver al quejoso a la autoridad responsable en caso de que se niegue el amparo pues no hay hecho delictivo respecto del que deba purgarse pena privativa de la libertad. Además, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte el arresto como medida de apremio no puede exceder del plazo de treinta y seis horas previsto por el artículo 21 constitucional, por lo que el dictado de medidas de aseguramiento en ese supuesto podría ocasionar la consumación irreparable de los efectos del acto reclamado, tornándose nugatorios los fines de la suspensión al agotarse la materia del amparo. Por último, frente al interés particular del quejoso de obtener su libertad en ambos tipos de órdenes en las que derivan de un hecho delictivo, el interés social exige que quien resulte responsable purgue la pena correspondiente, mientras que en las otras sólo exige el acatamiento al mandato judicial, lo que puede hacer el quejoso en cualquier momento" También cobra aplicación para evidenciar la procedencia de la suspensión la tesis emitida por la anterior integración de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 984, del Semanario Judicial de la Federación, del tomo XCVII, quinta época, que dice:"ARRESTO, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE. Si se negara a la quejosa la suspensión definitiva del acto reclamado, consistente en un arresto de tres días que le fue impuesto por la autoridad judicial, quedaría el amparo sin materia, puesto que sufriría desde luego tal arresto"En consecuencia y atendiendo a lo previsto por los ordinales 126, párrafo segundo y 147 de la ley de la materia, queda bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables el cumplimiento de la suspensión de plano que en este momento se decreta, por lo que deberán informar dentro del término de veinticuatro horas las medidas que hubieren tomado al efecto, bajo el apercibimiento de que en caso de no obedecer o acatar lo ordenado en la presente suspensión, se procederá en su contra conforme a lo estatuido en el artículo 262, fracción III , del mismo cuerpo normativo. Se faculta al actuario adscrito a este juzgado para que se constituya en las instalaciones en que se ubica el Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría (CURVA) o en cualquier otro en que se encuentre retenida la parte quejosa Alejandro Gutiérrez Márquez, a fin de que realice las medidas necesarias para que se dé cabal cumplimiento a la medida cautelar otorgada, además lo requiera para que en el acto de la notificación del presente proveído o dentro del término de tres días hábiles siguiente, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo presentada en su favor por Sergio Gutiérrez Márquez, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentada, quedando sin efecto las providencias dictadas, según lo ordena el artículo 15 de la Ley de Amparo. 1. Quejoso: Sergio Gutiérrez Márquez en nombre de Alejandro Gutiérrez Márquez.a. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir los estrados de este juzgado.c. Respuesta a solicitudes o acuerdos derivados de la demanda. i. Copias.Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a su costa una copia certificada de la presente determinación, previo acuse de recibo y razón que deje asentado en autos. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente.En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley.
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