Alejandro Gutiérrez Castro
Expediente 661/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 18 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 661/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 17/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Alejandro Gutiérrez Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Juicio de Amparo Directo
Se sobresee en el juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA Y DEL PORTAL ELECTRÓNICO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, SURTIENDO EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA EN EL AMPARO DIRECTO 661/2019, LA RESOLUCIÓN DE DIECISIETE DE NOVIEMBRE PASADO, DICTADA POR EL PRESIDENTE DE ESTE TRIBUNAL, TRANSCRIBIÉNDOSELE ÍNTEGRAMENTE A CONTINUACIÓN: En diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, el secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos y hace constar que por auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós, se ordenó emplazar al tercero interesado *********por edictos a costa del quejoso; que dicha determinación fue notificada el veintinueve siguiente, surtiendo efectos la misma el treinta posterior; que los edictos ordenados fueron recogidos por el propio quejoso el veinticinco de febrero de dos mil veinte; que el plazo de veinte días que fue concedido al impetrante de amparo en el mencionado acuerdo para acreditar haberlos pagado y entregado para su publicación, comenzó a transcurrir al día siguiente, siendo este el veintiséis inmediato; que con motivo del escrito presentado por el promovente de amparo el cinco de marzo de dos mil veinte, donde manifestaba su insolvencia económica para pagar los edictos y solicitaba se emplazara al tercero interesado *********en su lugar de trabajo, ubicado en la Policía Municipal de Tultitlán, Estado de México, mediante proveído de seis posterior se ordenó el trámite correspondiente para emplazar en ese lugar a dicho tercero; que con motivo de lo anterior se impidió que continuara transcurriendo el mencionado plazo de veinte días, quedando en ese momento en el día siete del término señalado; que luego de diversos trámites intentados para emplazar al tercero interesado con la información que el accionante de amparo había aportado en el sentido de que laboraba en la referida policía, no fue posible emplazarlo al presente juicio; que por auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, se determinó que no quedaba acreditada la insolvencia planteada, por lo que no se dejó sin efectos lo pretendido por el quejoso para no pagar los edictos ordenados; que con la finalidad de no conculcar los derechos del promovente de amparo se reanudó el referido plazo con el dictado del citado acuerdo de cinco de octubre pasado; que los trece días restantes del plazo mencionado, conforme a la legal notificación del citado proveído, inició el diez siguiente y concluyó el veintiocho posterior, sin que haya acreditado haber entregado los edictos para sus publicaciones. Conste. Toluca, Estado de México, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede se advierte que por auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós, se ordenó emplazar al tercero interesado *********por edictos a costa del quejoso; que dicha determinación fue notificada el veintinueve siguiente, surtiendo efectos la misma el treinta posterior; que los edictos ordenados fueron recogidos por el propio quejoso el veinticinco de febrero de dos mil veinte; que el plazo de veinte días que fue concedido al impetrante de amparo en el mencionado acuerdo para acreditar haberlos pagado y entregado para su publicación, comenzó a transcurrir al día siguiente, siendo este el veintiséis inmediato; que con motivo del escrito presentado por el promovente de amparo el cinco de marzo de dos mil veinte, donde manifestaba su insolvencia económica para pagar los edictos y solicitaba se emplazara al tercero interesado *********en su lugar de trabajo, ubicado en la Policía Municipal de Tultitlán, Estado de México, mediante proveído de seis posterior se ordenó el trámite correspondiente para emplazar en ese lugar a dicho tercero; que con motivo de lo anterior se impidió que continuara transcurriendo el mencionado plazo de veinte días, quedando en ese momento en el día siete del término señalado; que luego de diversos trámites intentados para emplazar al tercero interesado con la información que el accionante de amparo había aportado en el sentido de que laboraba en la referida policía, no fue posible emplazarlo al presente juicio; que por auto de cinco de octubre de dos mil veintidós, se determinó que no quedaba acreditada la insolvencia planteada, por lo que no se dejó sin efectos lo pretendido por el quejoso para no pagar los edictos ordenados; que con la finalidad de no conculcar los derechos del promovente de amparo se reanudó el referido plazo con el dictado del citado acuerdo de cinco de octubre pasado; que los trece días restantes del plazo mencionado, conforme a la legal notificación del citado proveído, inició el diez siguiente y concluyó el veintiocho posterior, sin que haya acreditado haber entregado los edictos para sus publicaciones. Ante la omisión del impetrante de amparo para pagar los edictos respectivos, incumple con un presupuesto procesal que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; además, se actualiza una causa de improcedencia, porque con la omisión de pagar y publicar los edictos ordenados queda paralizado el juicio de amparo al arbitrio de la quejosa, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que esto no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Por tanto, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con apoyo en los artículos 63, fracción II, en relación con el 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 211, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso". Por lo expuesto y fundado: S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *********, en contra de la sentencia definitiva de seis de agosto de dos mil diecinueve, dictada por la Primera Sala Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el toca 303/2019. Notifíquese; personalmente al quejoso; al Ministerio Público de la Federación adscrito y a la autoridad responsable mediante oficio. Así lo acordó y firma el magistrado Raúl Angulo Garfias, Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, ante el secretario con quien actúa, licenciado Fernando Lamas Pérez. Doy fe.
- Juicio de Amparo Directo
Visto lo de cuenta, atento a lo proveído por auto de veinte de junio del presente año, a efecto de que, tomando en consideración las constancias que integran el asunto en estudio y los indicios que de estas se desprenden, se formule un análisis de la insolvencia económica que manifiesta el quejoso por escrito atendido mediante proveído de seis de marzo de dos mil veinte, para dar cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de veintiocho de enero del año en cita, para emplazar por edictos al tercero interesado **********, se provee: En primer lugar cabe destacar que el pago de la publicación de los edictos es una carga procesal contenida en el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a cargo del quejoso. Ahora, en escrito presentado el cinco de marzo de dos mil veinte, atendido en auto de seis siguiente, el accionante de amparo, entre otros señalamientos, manifestó no contar con los medios económicos para pagar los edictos ordenados en acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veinte, a fin de notificar al tercero interesado **********la existencia del presente juicio, sin acompañar ninguna constancia que acredite tal aseveración, toda vez que las que agregó a su escrito se encontraban dirigidas a acreditar el domicilio laboral del buscado, ubicado en la Policía Municipal de Tultitlán, Estado de México, pues a decir del propio accionante de amparo laboraba en esa institución. A ese respecto, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso concreto y si tanto de su afirmación como de los elementos que constan en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces puede determinarse que dicha publicación se haga con cargo al erario público; sin embargo, ante la ausencia de elementos sobre su falta de capacidad económica subsiste la carga procesal para el quejoso, toda vez que se trata de una erogación derivada de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, y constituyen el importe que cada litigante asume cubrir como necesario durante su intervención en el proceso. Sirve de fundamento a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, septiembre de 2015, página 24, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos a costa del quejoso corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo". Por otra parte, es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cuando el quejoso aduce falta de capacidad económica para asumir el pago de la publicación de los edictos ordenados con el fin de correrle traslado con la demanda de amparo a quien le resulte el carácter de tercero interesado, tal situación se encuentra sujeta a prueba, esto es, deben satisfacerse las siguientes exigencias a saber: a). La manifestación del quejoso de la imposibilidad de sufragar el gasto; y b). La existencia en autos de indicios suficientes que permitan apreciar la falta de capacidad económica para solventar el gasto de la publicación de los edictos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, abril de 2014, página 727, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO PRIVA DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN A QUIENES CARECEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGARLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO., sostuvo que el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, prevé que agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado favorable, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión; además, señaló que en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, por lo que en tal circunstancia, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar ese pago, entonces el juzgador pueda determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado. Tal alcance interpretativo del citado artículo 30, delinea con precisión el contenido de la carga procesal legal impuesta al quejoso, pero además, prevé la posibilidad de eximirlo de su cumplimiento estricto cuando manifieste tener imposibilidad para cubrir el gasto correspondiente y así lo aprecie el juzgador indiciariamente en autos del juicio constitucional. Por tanto, el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, aun cuando prevé que corre a cargo del quejoso el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio se desconoce, no priva del derecho humano de acceso a la jurisdicción a quienes carecen de recursos para cubrir esa carga económica, ya que en tal caso, puede alcanzarse la continuación del juicio de amparo mediante la manifestación que haga el quejoso al juzgado sobre la circunstancia precaria que le afecta, aunado a los indicios que en tal sentido se hubieren allegado al expediente de amparo, pues con ello el juzgador puede eximirle del pago de las publicaciones y ordenar la continuación del trámite del juicio, mediante la publicación de los edictos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. En cuanto al segundo de los presupuestos, es indispensable que dentro de los autos del juicio natural se revele en forma contundente la imposibilidad del promovente de sufragar el gasto de la publicación de los edictos; esto es, no basta con que el accionante del juicio realice la solicitud en ese sentido (como en el caso sucede), sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar ese gasto, de tal manera que si no queda comprobado que el quejoso carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio, resulta evidente que debe negarse la petición. En la especie, del juicio de origen y de la demanda de amparo se aprecia que el impetrante durante todo el procedimiento natural y en su segunda instancia ha estado representado por abogados privados, sin que existan indicios o manifestación alguna de parte de estos en el sentido de que otorgan sus servicios de forma gratuita o se encuentren integrados a alguna defensoría pública, circunstancia que por sí sola no es suficiente para desvirtuar la insolvencia manifestada, pero que sí genera presunción de solvencia económica. Por otra parte, cabe precisar que la litis planteada surge en una acción de usucapión instaurada en contra del ahora quejoso, quien a su vez reconvino la nulidad total y absoluta del contrato privado de compraventa que según su contraparte le otorgaba el derecho de accionar, lo que pone en evidencia que se trata de un tema que sugiere capacidad económica, pues involucra un bien inmueble. Con base en lo anterior, la sola manifestación que hace el quejoso en el sentido de que no cuenta con los medios económicos para publicar los edictos ordenados por acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veinte, para emplazar al tercero interesado **********, sin acompañar ninguna constancia que acredite su afirmación, no constituye una prueba idónea y fehaciente para demostrar su insolvencia, ya que con su sólo dicho no demuestra tal situación. Consecuentemente, al no quedar acreditado el estado de insolvencia del quejoso, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado en el sentido de que se deje sin efectos la notificación por edictos. En ese sentido, se procede a continuar con trámite correspondiente en el presente juicio de amparo. Por auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós, se ordenó emplazar al tercero interesado **********por edictos a costa del quejoso; determinación que le fue notificada el veintinueve siguiente, surtiendo efectos la misma el treinta posterior; sin embargo, atendiendo a que los edictos ordenados fueron recogidos por el propio quejoso el veinticinco de febrero de febrero de dos mil veinte, el plazo de veinte días que le fue concedido en el acuerdo mencionado para acreditar haberlos pagado y entregado para su publicación, comenzó a transcurrir al día siguiente, siendo este el veintiséis inmediato; luego, con motivo del escrito presentado por el promovente de amparo el cinco de marzo de dos mil veinte, en el que manifestaba su insolvencia económica para pagar los edictos y solicitaba se emplazara al tercero interesado **********en su lugar de trabajo, ubicado en la Policía Municipal de Tultitlán, Estado de México, ordenándose al efecto, mediante proveído de seis posterior, el trámite correspondiente para emplazar ahí a dicho tercero, lo que impidió que continuara transcurriendo el mencionado plazo de veinte días, quedando en el día siete del término establecido; posteriormente, luego de diversos trámites intentados para emplazar al tercero interesado con la información que el accionante de amparo había aportado en el sentido de que laboraba en la referida policía, finalmente, por oficio DSCVYPC/CJ/2449//2022, la Coordinadora Jurídica y el titular de la Dirección de Seguridad Ciudadana, Vialidad y Protección Civil de Tultitlán, Estado de México, informaba dos domicilios del tercero, ubicados en **********, y en **********, ambos en el Estado de México. Respecto al primero, este no fue atendido, debido a que, conforme a las constancias de imposibilidad recibidas por auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, que obran en el presente asunto, no se obtuvieron resultados favorables, pues resultaba parecido a este. Sobre el segundo, se ordenó el emplazamiento respectivo en ese lugar; sin embargo, de las constancias recibidas por acuerdo de veinte de junio pasado, se advierte la imposibilidad que se tuvo para correrle traslado al tercero interesado, ordenándose en el mismo acto el estudio de la insolvencia manifestada por el quejoso para pagar los edictos, lo que con el presente auto se atiende dicha solicitud. Por consiguiente, atento a que con el dictado del auto de seis de marzo de dos mil veinte, donde se recibió la insolvencia y se atendió el lugar que aportaba el quejoso para emplazar al tercero interesado, se impidió continuar con el plazo de veinte días, contenido en el auto de veintiocho de enero del año en cita, quedando en el día siete del término señalado, con la finalidad de no conculcar derechos del promovente de amparo, se reanuda el referido plazo, a partir de la legal notificación de este auto, para que en su momento se provea lo conducente.
- Juicio de Amparo Directo
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA Y SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA EN EL PRESENTE ASUNTO, LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: En cinco de octubre de dos mil veintidós, el secretario da cuenta con el estado de autos y lo proveído por auto de veinte de junio del presente año, a efecto de que, tomando en consideración las constancias que integran el asunto en estudio y los indicios que de estas se desprenden, se formule un análisis de la insolvencia económica que manifiesta el quejoso por escrito atendido mediante proveído de seis de marzo de dos mil veinte, para dar cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de veintiocho de enero del año en cita, para emplazar por edictos al tercero interesado **********. Conste. Toluca, Estado de México, a cinco de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, atento a lo proveído por auto de veinte de junio del presente año, a efecto de que, tomando en consideración las constancias que integran el asunto en estudio y los indicios que de estas se desprenden, se formule un análisis de la insolvencia económica que manifiesta el quejoso por escrito atendido mediante proveído de seis de marzo de dos mil veinte, para dar cumplimiento a lo ordenado por acuerdo de veintiocho de enero del año en cita, para emplazar por edictos al tercero interesado **********, se provee: En primer lugar cabe destacar que el pago de la publicación de los edictos es una carga procesal contenida en el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a cargo del quejoso. Ahora, en escrito presentado el cinco de marzo de dos mil veinte, atendido en auto de seis siguiente, el accionante de amparo, entre otros señalamientos, manifestó no contar con los medios económicos para pagar los edictos ordenados en acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veinte, a fin de notificar al tercero interesado **********la existencia del presente juicio, sin acompañar ninguna constancia que acredite tal aseveración, toda vez que las que agregó a su escrito se encontraban dirigidas a acreditar el domicilio laboral del buscado, ubicado en la Policía Municipal de Tultitlán, Estado de México, pues a decir del propio accionante de amparo laboraba en esa institución. A ese respecto, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso concreto y si tanto de su afirmación como de los elementos que constan en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces puede determinarse que dicha publicación se haga con cargo al erario público; sin embargo, ante la ausencia de elementos sobre su falta de capacidad económica subsiste la carga procesal para el quejoso, toda vez que se trata de una erogación derivada de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, y constituyen el importe que cada litigante asume cubrir como necesario durante su intervención en el proceso. Sirve de fundamento a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, septiembre de 2015, página 24, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ SU NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO CONTRAVIENE EL DERECHO DE GRATUIDAD EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado. Sin embargo, ante la ausencia de manifestaciones o elementos sobre su falta de capacidad económica para sufragarlos, subsiste esa carga procesal para el quejoso, sin que ello implique una transgresión al derecho de gratuidad en la administración de justicia impartida por el Estado ni a la prohibición de costas judiciales, pues lo que se busca es impedir que el gobernado pague directamente a quienes intervienen en dicha administración una contraprestación por la actividad jurisdiccional, ya que la retribución por la labor de quienes integran los tribunales debe cubrirla el Estado. En efecto, acorde con el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la publicación de los edictos a costa del quejoso corresponde únicamente al importe de la publicación en: a) El Diario Oficial de la Federación; y, b) Uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República Mexicana; así, si las erogaciones derivadas de los actos procesales realizados por las partes para satisfacer las cargas procesales, lejos de importar un costo por la administración de justicia, constituyen el importe que cada litigante asume cubrir (o no) como necesario durante su intervención en el proceso, a fin de obtener una sentencia favorable a sus intereses, entonces la eventual erogación del quejoso por publicar los edictos para continuar el juicio de amparo no contraviene el principio de justicia gratuita, porque no constituye una costa judicial de las prohibidas por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto de publicación en los indicados medios de difusión masiva no implica una actuación judicial, sino únicamente un acto material por el cual una entidad ajena al tribunal da publicidad a una determinación judicial con el objetivo de cumplir con una formalidad para continuar con el trámite del juicio de amparo". Por otra parte, es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cuando el quejoso aduce falta de capacidad económica para asumir el pago de la publicación de los edictos ordenados con el fin de correrle traslado con la demanda de amparo a quien le resulte el carácter de tercero interesado, tal situación se encuentra sujeta a prueba, esto es, deben satisfacerse las siguientes exigencias a saber: a). La manifestación del quejoso de la imposibilidad de sufragar el gasto; y b). La existencia en autos de indicios suficientes que permitan apreciar la falta de capacidad económica para solventar el gasto de la publicación de los edictos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, abril de 2014, página 727, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO PRIVA DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN A QUIENES CARECEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGARLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO., sostuvo que el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, prevé que agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado favorable, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión; además, señaló que en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, por lo que en tal circunstancia, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar ese pago, entonces el juzgador pueda determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado. Tal alcance interpretativo del citado artículo 30, delinea con precisión el contenido de la carga procesal legal impuesta al quejoso, pero además, prevé la posibilidad de eximirlo de su cumplimiento estricto cuando manifieste tener imposibilidad para cubrir el gasto correspondiente y así lo aprecie el juzgador indiciariamente en autos del juicio constitucional. Por tanto, el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, aun cuando prevé que corre a cargo del quejoso el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio se desconoce, no priva del derecho humano de acceso a la jurisdicción a quienes carecen de recursos para cubrir esa carga económica, ya que en tal caso, puede alcanzarse la continuación del juicio de amparo mediante la manifestación que haga el quejoso al juzgado sobre la circunstancia precaria que le afecta, aunado a los indicios que en tal sentido se hubieren allegado al expediente de amparo, pues con ello el juzgador puede eximirle del pago de las publicaciones y ordenar la continuación del trámite del juicio, mediante la publicación de los edictos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. En cuanto al segundo de los presupuestos, es indispensable que dentro de los autos del juicio natural se revele en forma contundente la imposibilidad del promovente de sufragar el gasto de la publicación de los edictos; esto es, no basta con que el accionante del juicio realice la solicitud en ese sentido (como en el caso sucede), sino que debe evidenciarse en autos la falta de capacidad económica para solventar ese gasto, de tal manera que si no queda comprobado que el quejoso carece de los medios económicos para hacer frente a las cargas procesales surgidas por la instauración del juicio, resulta evidente que debe negarse la petición. En la especie, del juicio de origen y de la demanda de amparo se aprecia que el impetrante durante todo el procedimiento natural y en su segunda instancia ha estado representado por abogados privados, sin que existan indicios o manifestación alguna de parte de estos en el sentido de que otorgan sus servicios de forma gratuita o se encuentren integrados a alguna defensoría pública, circunstancia que por sí sola no es suficiente para desvirtuar la insolvencia manifestada, pero que sí genera presunción de solvencia económica. Por otra parte, cabe precisar que la litis planteada surge en una acción de usucapión instaurada en contra del ahora quejoso, quien a su vez reconvino la nulidad total y absoluta del contrato privado de compraventa que según su contraparte le otorgaba el derecho de accionar, lo que pone en evidencia que se trata de un tema que sugiere capacidad económica, pues involucra un bien inmueble. Con base en lo anterior, la sola manifestación que hace el quejoso en el sentido de que no cuenta con los medios económicos para publicar los edictos ordenados por acuerdo de veintiocho de enero de dos mil veinte, para emplazar al tercero interesado **********, sin acompañar ninguna constancia que acredite su afirmación, no constituye una prueba idónea y fehaciente para demostrar su insolvencia, ya que con su sólo dicho no demuestra tal situación. Consecuentemente, al no quedar acreditado el estado de insolvencia del quejoso, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado en el sentido de que se deje sin efectos la notificación por edictos. En ese sentido, se procede a continuar con trámite correspondiente en el presente juicio de amparo. Por auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós, se ordenó emplazar al tercero interesado **********por edictos a costa del quejoso; determinación que le fue notificada el veintinueve siguiente, surtiendo efectos la misma el treinta posterior; sin embargo, atendiendo a que los edictos ordenados fueron recogidos por el propio quejoso el veinticinco de febrero de febrero de dos mil veinte, el plazo de veinte días que le fue concedido en el acuerdo mencionado para acreditar haberlos pagado y entregado para su publicación, comenzó a transcurrir al día siguiente, siendo este el veintiséis inmediato; luego, con motivo del escrito presentado por el promovente de amparo el cinco de marzo de dos mil veinte, en el que manifestaba su insolvencia económica para pagar los edictos y solicitaba se emplazara al tercero interesado **********en su lugar de trabajo, ubicado en la Policía Municipal de Tultitlán, Estado de México, ordenándose al efecto, mediante proveído de seis posterior, el trámite correspondiente para emplazar ahí a dicho tercero, lo que impidió que continuara transcurriendo el mencionado plazo de veinte días, quedando en el día siete del término establecido; posteriormente, luego de diversos trámites intentados para emplazar al tercero interesado con la información que el accionante de amparo había aportado en el sentido de que laboraba en la referida policía, finalmente, por oficio DSCVYPC/CJ/2449//2022, la Coordinadora Jurídica y el titular de la Dirección de Seguridad Ciudadana, Vialidad y Protección Civil de Tultitlán, Estado de México, informaba dos domicilios del tercero, ubicados en **********, y en **********, ambos en el Estado de México. Respecto al primero, este no fue atendido, debido a que, conforme a las constancias de imposibilidad recibidas por auto de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, que obran en el presente asunto, no se obtuvieron resultados favorables, pues resultaba parecido a este. Sobre el segundo, se ordenó el emplazamiento respectivo en ese lugar; sin embargo, de las constancias recibidas por acuerdo de veinte de junio pasado, se advierte la imposibilidad que se tuvo para correrle traslado al tercero interesado, ordenándose en el mismo acto el estudio de la insolvencia manifestada por el quejoso para pagar los edictos, lo que con el presente auto se atiende dicha solicitud. Por consiguiente, atento a que con el dictado del auto de seis de marzo de dos mil veinte, donde se recibió la insolvencia y se atendió el lugar que aportaba el quejoso para emplazar al tercero interesado, se impidió continuar con el plazo de veinte días, contenido en el auto de veintiocho de enero del año en cita, quedando en el día siete del término señalado, con la finalidad de no conculcar derechos del promovente de amparo, se reanuda el referido plazo, a partir de la legal notificación de este auto, para que en su momento se provea lo conducente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y a las demás partes a través de la lista electrónica que se publica diariamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así lo acordó y firma el magistrado Raúl Angulo Garfias, Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, ante el secretario con quien actúa, licenciado Fernando Lamas Pérez. Doy fe.
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