Alejandro Guevara Becerra
Expediente 549/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 549/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/01/2023
Partes del expediente
- Alejandro Guevara Becerra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Imposibilidad actuarial. Vista la constancia de cuenta de la cual se advierte la imposibilidad que tuvo la fedataria judicial de notificar el auto de nueve de enero de dos mil veintitrés al quejoso Alejandro Guevara Becerra, toda vez que al constituirse en las instalaciones del Centro de Reinserción Social Tijuana, le informaron que el referido quejoso fue trasladado al Centro de Reinserción Social "El Hongo", con sede en Tecate, Baja California. Notificación al quejoso. Atento a ello y en obvio de mayores dilaciones, se ordena indistintamente a los actuarios de la adscripción para que se constituyan en el centro penitenciario donde actualmente se encuentra interno el quejoso Alejandro Guevara Becerra y le notifiquen de manera personal el auto antes indicado. Cambio de denominación y competencia. Finalmente, visto el estado de autos y la constancia secretarial que antecede, hágase del conocimiento de las partes que en cumplimiento al Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del dieciséis de enero de dos mil veintitrés, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, cambió su denominación a Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y competencia mixta. Notifíquese y personalmente al quejoso.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de enero de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, en relación con el 97, fracción I, inciso a) de dicha normatividad, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo hubieren hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Certificación. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse tenido por no presentada la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a su defensa.
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Designación Asesores. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta a través del cual el Coordinador Penal de Defensoría Pública Estatal Zona Costa, con sede en esta ciudad, designa a los licenciados Jesús Mendoza Medina y Mariana Lizbeth García, Defensores Públicos adscritos a dicha institución, a fin de brindarle al quejoso la orientación pertinente; asimismo, se le tiene designando para oír y recibir notificaciones a quienes precisa para tal efecto, así como domicilio para oír y recibir notificaciones. Vista Defensores. Con fundamento en los artículos 1o. y 14 constitucionales y en términos de los artículos 2o., fracción I de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo, así como con el auto de prevención de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, a los Defensores Públicos en mención, para que vigile la representación legal de los intereses del quejoso Alejandro Guevara Becerra en el presente asunto, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que las mismas deban ser examinadas de oficio por la juzgadora de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Notifíquese; personalmente al quejoso y a los defensores públicos en los términos precisados en el presente acuerdo.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Designación de defensor. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que no obra la designación de un defensor público al quejoso ******************** por parte del Coordinador Penal de Defensoría Pública Estatal Zona Costa, con sede en esta ciudad, no obstante que el oficio 16550, en el que se le requirió el mismo, le fue notificado el seis de septiembre de dos mil veintidós; atento a lo anterior, y a fin de salvaguardar los derechos del peticionario del amparo y no dejarlo en estado de indefensión, en el artículo 20, fracciones I y V, de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado de Baja California, en relación con lo dispuesto en el diverso numeral 10, fracción VI, del Reglamento de la Ley de Defensoría de Oficio del Estado de Baja California, gírese nuevamente oficio al Coordinador Penal de Defensoría Pública Estatal Zona Costa, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, asigne al quejoso ******************** un defensor público, a efecto de que adquiera una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se le presenten en el juicio, en razón a las condiciones restrictivas de libertad en las que se encuentra. Se invoca como apoyo la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Notifíquese.
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