Alejandro Guerrero Cabanillas
Expediente 246/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 18 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 246/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 09/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Alejandro Guerrero Cabanillas
- Juez de Primera Instancia del Segundo de lo Familiar
- Alejandro Guerrero Cabanillas y Otros.
- David Guerrero Cabanillas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
... autoridad responsable informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo... se ordena dar vista a las partes con los oficios y anexos de cuenta, por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidas que de no hacerlo este Órgano Jurisdiccional se pronunciará sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el expediente y datos aportados por la autoridad...
- Principal
... se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes... se requiere a la autoridad responsable para que informe respecto al cumplimiento que haya dado a la ejecutoria del juicio... Se apercibe con MULTA...
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, EN VIA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA RUBEN FLORENCIO GUERRERO VELARDE, LA RESOLUCIÓN DE TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL VISTOS para resolver los autos que integran el juicio de amparo 246/2019, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, turnado a este juzgado el día siguiente, Alejandro Guerrero Cabanillas y David Guerrero Cabanillas, representados por su madre Rosa Iveth Cabanillas Larios, presentaron demanda de amparo, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, consistentes en lo siguiente: "V.- ACTO RECLAMADO: 1.- El acuerdo que emite la autoridad responsable de fecha 25 de febrero de 2019 y la sentencia definitiva de expediente 1160/2017, donde ordena una convivencia de los aquí quejosos con nuestro progenitor. 2-. La ilegal determinación del Juez Segundo de lo Familiar de ordenar convivencia de los suscritos sin que la decisión que se emitió este firme, con nuestro progenitor indebidamente fundado y motivado. 3.- La ilegal determinación del Juez Segundo de los Familiar de ordenar la convivencia ya referida en la sentencia obligándonos desde ahora a una convivencia, cuando dicha resolución no es firme, ya que se encuentra suspendida por trámite de apelación." SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE. Por auto de uno de marzo de dos mil diecinueve, se formó el expediente respectivo y se registró en el libro de gobierno correspondiente con el número 246/2019. Luego, previa su aclaración, en siete de marzo siguiente, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se ordenó dar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y el emplazamiento del tercero interesado, celebrándose la audiencia constitucional en este juicio al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, es competente para conocer y resolver este asunto, de conformidad con los artículos 103 fracción I, y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 y 35 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ante todo, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es conveniente precisar cuál es el acto reclamado en el presente juicio de amparo y, para ello, se debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente. Así las cosas, tenemos que los actos reclamados consisten en: La sentencia de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dictada en el juicio de divorcio incausado 1160/2017, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, en la cual se ordena la convivencia de los menores quejosos con su progenitor. El acuerdo de veinticinco de febrero del presente año, emitido en el citado juicio, por el cual se determina que el cumplimiento de esa sentencia es inmediato. TERCERO. EXISTENCIA O CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, por lo que se tienen plenamente probados, en términos de la jurisprudencia 305, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 206, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Situación que se corrobora con las documentales que anexó la responsable a su informe con justificación; mismas a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. CUARTO. ANTECEDENTES DEL CASO. Para mejor comprensión del caso particular, se hará una breve reseña de los antecedentes relevantes del asunto. - Mediante proveído de doce de junio de dos mil diecisiete, el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, residente en esta ciudad, admitió en la vía ordinaria civil, la demanda de divorcio incausado, promovida por Rubén Florencio Guerrero Velarde, en contra de Rosa Iveth Cabanillas Larios y ordenó el emplazamiento de la demandada. - En once de julio de dos mil diecisiete, se emplazó a juicio a la demandada Rosa Iveth Cabanillas Larios, quien no dio contestación a la demanda, por lo que mediante acuerdo de veintitrés de agosto de la indicada anualidad, el juez responsable le tuvo por acusada la correspondiente rebeldía y por perdido el derecho de hacerlo con posterioridad. Luego, por escrito presentado ante el juez familiar el diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, Rubén Florencio Guerrero Velarde, solicitó se estableciera un régimen de convivencia provisional con sus menores hijos y con dicha petición, el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, se dio vista a la contraparte, para que manifestara si se encontraba de acuerdo o no con la propuesta de convivencia exhibida por el actor. Por determinación de quince de febrero de dos mil dieciocho, el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, estableció un régimen de convivencias entre el actor y sus menores hijos Alejandro y David, ambos de apellidos Guerrero Cabanillas. Mediante resolución cumplimentadora de once de octubre de dos mil dieciocho, el juzgador primigenio, en atención a lo resuelto en el recurso de revisión 115/2018, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito (cuaderno auxiliar 702/2018), dejó sin efectos el acuerdo aludido con antelación y, en su lugar, dictó otro en el que indicó que previo a establecer un régimen de convivencias entre el actor y sus mejores hijos, debía escucharse la opinión de estos últimos y allegarse de los elementos necesarios para tal fin. El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, se dictó sentencia en el juicio de divorcio sin expresión de causa 1160/2017, en la cual, entre otras cuestiones, se resolvió lo siguiente: "SÉPTIMO.- Este tribunal decreta que el C. RUBÉN FLORENCIO GUERRERO VELARDE, podrá convivir con el menor D.G.C. y el adolescente A.G.C. los días MARTES y JUEVES de cada semana en un horario de las DIECIOCHO A LAS DIECINUEVE HORAS, debido a los horarios escolares de sus hijos, así como al horario laboral del actor, convivencias que se llevarán a cabo en las instalaciones que ocupa este juzgado, a fin de que las visitas sean reguladas y supervisadas por el personal de este tribunal. Por lo que se ordena requerir a la C. Rosa Iveth Cabanillas Larios para efecto de que en la siguiente semana de que sea notificada de esta sentencia, deberá presentar al menor D.G.C. y al adolescente A.G.C. al local que ocupa este juzgado, quince minutos antes de la hora señalada, debiendo retirarse de las instalaciones, una vez recibido el menor D.G.C. y el adolescente A.G.C. en el área de convivencias por el personal de psicología del Supremo Tribunal del Estado de Sonora." - Inconforme con la anterior determinación, el abogado de la parte actora, interpuso recurso de apelación, el cual se admitió mediante acuerdo de diecinueve de febrero del presente año, en el efecto suspensivo. - Después, por escritos presentados ante el juez responsable el veinte y veintiuno de febrero del año en curso, la demandada, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos, con el primero, solicitó aclaración de sentencia en cuanto al momento en que debía iniciar la convivencia y, con el segundo, interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia emitida en el juicio familiar de origen. - Por acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, residente en esta ciudad, acordó que, respecto de la solicitud de aclaración de sentencia, la promovente debía estarse al punto resolutivo séptimo de la sentencia de diecisiete de enero del año en curso; asimismo, destacó que tratándose de resoluciones en las que el fallo involucre alimentos, custodia y convivencia de menores, de conformidad con el artículo 355 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, estas no causan estado y al no estar sujetas a medio de impugnación alguno, debía dar cumplimiento al indicado resolutivo; además, admitió el recurso de apelación interpuesto en el efecto suspensivo. QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados deben examinarse las causas de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público cuyo estudio es preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. La improcedencia de la acción de amparo se traduce en la imposibilidad jurídica del órgano de control constitucional de estudiar y decidir la cuestión planteada, por lo que deberá abstenerse de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, de tal forma que ante tal imposibilidad, la acción de derechos fundamentales no logra su objetivo, y la pretensión del quejoso tampoco se realiza, no porque ésta pudiera ser infundada, sino porque, no debe analizarse la cuestión fundamental. Con motivo de la improcedencia de la acción de amparo, el juicio respectivo no concluye con la negativa de la protección federal, sino con el sobreseimiento decretado en el propio juicio. Esto último acontece cuando la causa de improcedencia no es notoria, indudable o manifiesta, sino que se surte o se demuestra durante el procedimiento. En el caso, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, además de otro acto, la sentencia de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, emitida en el juicio de divorcio incausado 1160/2017, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, en la cual, en lo que interesa, se ordena la convivencia de los menores quejosos con su progenitor. Así, en la especie se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. ." Del numeral transcrito se desprende, entre otras cosas, que el juicio de amparo es improcedente cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por la parte quejosa que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. Bajo ese orden de ideas, para que pueda actualizarse la causa de improcedencia en estudio, es necesario que concurran las circunstancias siguientes: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto reclamado; b) Que el recurso o medio de impugnación haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal sea susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que es materia del juicio constitucional. Establecido lo anterior, cabe resaltar que como se advierte de las constancias que adjuntó a su informe justificado el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, mediante acuerdo de veinticinco de febrero del presente año, dictado en el juicio de origen se tuvo a Rosa Iveth Cabanillas Larios, por su propio derecho y en nombre y representación de sus menores hijos (aquí quejosos), interponiendo recurso de apelación en contra de la sentencia de diecisiete de enero de la presente anualidad, mismo que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, el cual fue admitido en efecto suspensivo, por el referido Órgano Jurisdiccional y de las constancias allegadas no se advierte que se haya dictado resolución, por lo que se encuentra en trámite. Además, se toma en consideración que los artículos 371 y 374 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, disponen lo siguiente: "ARTICULO 371.- El recurso de apelación tiene por objeto que el Supremo Tribunal confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados." "ARTICULO 374.- Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I.- Las sentencias definitivas en toda clase de juicios, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; II.- Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición de la ley no se otorgue a las partes el recurso o la sentencia definitiva no fuere apelable; III.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código, y IV.- Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo juez o se levante por éste. No serán apelables las sentencias y demás resoluciones que se dicten en juicios cuya 84 cuantía no exceda de cien veces el salario mínimo general, vigente en la Ciudad de Hermosillo el día en que se emita la propia resolución." Entonces, es evidente que a través del recurso de apelación planteado en representación de los aquí quejosos, puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, es decir, puede tener como consecuencia que se deje sin efectos o se modifique el régimen de convivencias establecido por la autoridad responsable, respecto de los quejosos con su progenitor, materia del acto reclamado. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto del citado acto reclamado, en términos del artículo 63 fracción V, del invocado cuerpo de leyes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 7/2006, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 7, cuyos rubro y texto, son del tenor literal siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con el proceso legislativo que culminó con la reforma al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1967, el fin inmediato de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional una ley es salvaguardar y asegurar la supremacía de la Constitución. Ahora bien, una vez integrada la jurisprudencia, si fuera el caso de suplir la queja deficiente en el juicio de amparo en términos del artículo 76 Bis, fracción I, de la ley de la materia, aquélla podrá aplicarse, pero sin soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que la suplencia de mérito opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo." Al no advertirse alguna otra hipótesis de improcedencia diversa a la analizada, lo que procede es entrar al análisis de fondo de la litis constitucional planteada, respecto del diverso acto reclamado consistente en el acuerdo veinticinco de febrero del presente año, dictado en el juicio de origen. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Lo constituyen todos aquellos argumentos que aparecen en el escrito de demanda y no solo en el capítulo respectivo, por medio de los cuales se expresan los agravios o lesiones que causa el acto reclamado, así como los motivos que lo originaron; es decir, lo que jurisprudencialmente el máximo tribunal de la Nación ha definido como "causa de pedir"; de los cuales resulta innecesario realizar su transcripción ya que la ley que rige el juicio de amparo no obliga al juzgador a realizarlos; sin que tal circunstancia se traduzca en una violación al principio de exhaustividad que rige las sentencias de amparo, cuenta habida que dicho principio se satisface al realizar un estudio completo de la controversia que se plantea. Es de puntual aplicación la tesis jurisprudencial 2ª./J.58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que literalmente dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios e exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Previo al estudio de los conceptos de violación y toda vez que en el presente juicio de amparo se encuentran inmersos menores de edad y por tanto, en condición de vulnerabilidad, en términos del artículo 1° de la Sección 2ª de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en condición de Vulnerabilidad, por vincularse con una controversia del orden familiar que afecta su entorno más íntimo, a fin de proteger su intimidad, de conformidad con la regla 8.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, conocidas como "Reglas de Beijing", adaptadas por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mediante resolución 40/33 de veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, se procede a sustituir los nombres de los menores quejosos por sus iniciales, A.G.C. y D.G.C. Ahora bien, en sus conceptos de violación la parte quejosa, esencialmente, manifiesta que la determinación reclamada transgrede en su perjuicio los artículos 4°, 14 y 16 de la Constitución, toda vez que el juez ordena ejecutar la sentencia dictada el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, cuando aún no ha quedado firme, en virtud de que ambas partes interpusieron recursos de apelación, los que fueron admitidos en efecto suspensivo. Razón por la que no podía ejecutare dicha resolución. Es fundado dicho motivo de inconformidad, por lo siguiente. En efecto, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que mediante proveído de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, el juez responsable al atender la petición de Rosa Iveth Cabanillas Larios, en el sentido de aclarar la sentencia en cuanto al momento de iniciar la convivencia de sus menores hijos con su progenitor, acordó que debía estarse al resolutivo séptimo de la sentencia de diecisiete de enero del año en curso y agregó que tratándose de resoluciones en las que el fallo involucre alimentos, custodia y convivencia de menores, de conformidad con el artículo 355 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, estas no causan estado y al no estar sujetas a medio de impugnación alguno, debía dar cumplimiento al indicado resolutivo. De igual forma, se advierte que a la fecha del dictado del auto que constituye el acto reclamado (veinticinco de febrero de dos mil diecinueve), la sentencia definitiva no había causado ejecutoria, tan es así que por acuerdos de diecinueve y veinticinco de febrero del año en curso, se tuvieron por interpuestos -y admitidos en efecto suspensivo- los recursos de apelación hechos valer por las partes. Por tanto, se advierte que al veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, la sentencia definitiva en la que -entre otras cosas- se otorgó el derecho de convivencia a Rubén Florencio Guerrero Velarde, con las menores D. G. C. y A. G. C., no se encontraba firme, pues, como se ha reiterado, en diecinueve de febrero y en el propio auto reclamado, se tuvo a ambas partes interponiendo el recurso aludido. Ciertamente, los artículos 371, 374, 380 y 382 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, establecen: "ARTICULO 371.- El recurso de apelación tiene por objeto que el Supremo Tribunal confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en la primera instancia en los puntos relativos a los agravios expresados." "ARTICULO 374.- Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I.- Las sentencias definitivas en toda clase de juicios, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; II.- Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición de la ley no se otorgue a las partes el recurso o la sentencia definitiva no fuere apelable; III.- Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código, y IV.- Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo juez o se levante por éste. No serán apelables las sentencias y demás resoluciones que se dicten en juicios cuya cuantía no exceda de cien veces el salario mínimo general, vigente en la Ciudad de Hermosillo el día en que se emita la propia resolución." "ARTICULO 380.- En el auto que admite el recurso de apelación, el juez deberá expresar el efecto que la admisión tenga en relación con la ejecución de la resolución recurrida. Este efecto podrá ser: I.- El devolutivo, cuando la interposición no suspende la ejecución de la resolución apelada; II.- El suspensivo, cuando la resolución apelada no puede ejecutarse, mientras el recurso no se decida o la resolución apelada quede firme, y III.- En el efecto preventivo, cuando interpuesta la apelación se mande tenerla presente para que si la sentencia definitiva fuere apelada y se reitere ante el superior lo pedido, se decida aquélla. La admisión de la apelación en cualquiera de estos tres efectos, se sujetará a las reglas establecidas en los artículos siguientes. Si el apelante estima que la apelación fue mal admitida, puede ocurrir ante el superior reclamando la calificación del grado." ARTICULO 382.- La admisión de la apelación en el efecto suspensivo se sujetará a las siguientes reglas: I.- Sólo podrá admitirse la apelación en el efecto suspensivo en los siguientes casos: a) Cuando la ley de una manera expresa ordene que la apelación se admita con este efecto; b) Las sentencias definitivas que se dicten en juicios que versen sobre divorcio o nulidad de matrimonio, y demás cuestiones de familia o estado de las personas, salvo disposición en contrario; c) Las sentencias definitivas dictadas en los juicios ordinarios; d) De los autos o sentencias interlocutorias que paralicen o pongan término al juicio, haciendo imposible su continuación. II.- En los casos a que se refiere este artículo, se suspenderá la ejecución de la sentencia o auto apelado, hasta que recaiga fallo del superior, y mientras tanto quedará en suspenso la tramitación del juicio en la parte afectada por el recurso. La suspensión no afecta las medidas puramente conservativas, lo concerniente a depósito, ni a las cuentas, gastos y administración y tampoco las medidas de aseguramiento provisional de que habla la fracción siguiente; III.- No obstante la admisión de la apelación en el efecto suspensivo, el que obtuvo sentencia favorable de condena puede pedir que se efectué embargo provisional para el aseguramiento de lo sentenciado y de las medidas que puedan garantizar la ejecución. Estas medidas provisionales sólo se llevarán a cabo si se otorga caución para responder de los perjuicios que ocasionen a la contraparte, pero sin que se requiera prueba para acreditar su necesidad. Si la resolución contiene una parte que se refiera a alimentos, en esta parte se ejecutará sin necesidad de caución. El remate o adjudicación no podrán llevarse adelante, pero si podrán tener verificativo las diligencias previas como avaluó, incidentes de liquidación de sentencia y otras similares. En caso de que a petición de alguna parte se lleven a cabo estas medidas de aseguramiento, y posteriormente se revocare la sentencia, la parte que las pidió indemnizará a la otra de los daños y perjuicios que le hubiere ocasionado con el embargo o medidas provisionales, haciéndose en su caso efectiva la caución; IV.- Admitida la apelación en el efecto suspensivo, se remitirán los autos originales al Supremo Tribunal, para la substanciación. A petición de parte interesada podrá dejarse copia de la sentencia definitiva o de sus puntos resolutivos para llevar a cabo las medidas provisionales de aseguramiento de que habla la fracción anterior, e igualmente podrá dejarse copia de otras constancias que tengan relación con lo concerniente al depósito, a las cuentas y gastos de administración o se dejarán los incidentes relativos; si se han llevado por cuerda separada, y V.- Si se dictare resolución firme revocatoria de la sentencia apelada, quedarán sin efecto las medidas provisionales de aseguramiento en lo afectado por la revocación." De los artículos referidos se tiene que el recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior, que las sentencias definitivas dictadas en los juicios son apelables y las que se dicten en juicios que versen sobre divorcio o nulidad de matrimonio, y demás cuestiones de familia o estado de las personas, lo serán en el efecto suspensivo, salvo disposición en contrario. Por lo que la sentencia de primer grado que fija los derechos de convivencia en forma definitiva, es susceptible de apelación, la que en términos del artículo 382 del invocado ordenamiento procesal, suspende su ejecución. Luego, si la ejecución de la sentencia se encuentra supeditada a que cause ejecutoria para proveer sobre su cumplimiento, el juez responsable estaba obligado a esperar a que las partes no recurrieran la sentencia, para así decretar su ejecutoriedad y proceder a la etapa de ejecución. No pasa desapercibido que la determinación combatida se sustentó en el artículo 355 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, el cual prevé que las resoluciones sobre alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, jurisdicción voluntaria, y las demás que prevengan las leyes, sólo tienen autoridad de cosa juzgada, mientras no se alteren o cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente. La sentencia podrá alterarse o modificarse mediante procedimiento posterior, cuando cambien estas circunstancias. Sin embargo, éste se refiere a que si en el procedimiento de origen hay una resolución firme que determinó un régimen de convivencias entre el menor y su padre, el juez natural está obligado a hacer cumplir esa determinación, hasta en tanto no haya una diversa que la modifique. Lo cual, en forma alguna puede traducirse en la imposibilidad absoluta de que se varíe el régimen de convivencia establecido o acordado en el convenio relativo; cuenta habida que, el derecho de visitas y convivencias no debe analizarse a la luz de un sistema cerrado e inflexible en cuanto a la forma que debe operar, sino más bien debe ser resuelto y en su caso, modificado el ya establecido, acorde con una labor de valoración cuidadosa, prudente y casuística para encontrar la mejor manera en la que debe llevarse a cabo, para verdaderamente contribuir al más óptimo desarrollo del menor. Ello, pues en el juicio de índole familiar no sólo las partes contendientes, de común acuerdo, sino de oficio el juez de la causa, previo conocimiento del caso, conforme al procedimiento legal respectivo y con base en las pruebas conducentes, puede modificar en todo tiempo la determinación sobre el régimen de convivencia entre el niño y el padre no custodio, atendiendo al cambio de la situación existente al momento de aquel convenio o determinación, esto es, cuando debido a las circunstancias actuales que imperen, el anterior o primigenio acuerdo de las partes o fallo del juez, no permita una adecuada vinculación entre padres e hijos. Lo anterior es así, ya que el juez de lo familiar cuenta con las más amplias facultades para actuar aún de oficio, en cumplimiento al interés superior de la niñez, lo cual implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones en esa etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de modo tal que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño, niña o adolescente a quien van dirigidas, conforme lo disponen la Convención sobre los Derechos del Niño; la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de diciembre de dos mil catorce (en cuyo decreto relativo se abrogó la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes); y, la Ley número 81, de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el diecisiete de diciembre de dos mil quince (decreto en el que también se abrogó la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes del Estado de Sonora). Ahí radica la importancia de la delimitación interpretativa que han de realizar los órganos jurisdiccionales para establecer, en cada caso, de qué manera se establece el interés superior del niño. En tales condiciones, al resultar fundado el argumento de la parte quejosa, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, respecto del acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, residente en esta ciudad, consistente en el proveído de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, mediante el cual se ordenó la ejecución de la convivencia entre los menores quejosos A. G. C. y D. G. C. y su padre Rubén Florencio Guerrero Velarde, estipulada en la sentencia de diecinueve de enero del mismo año. OCTAVO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. En esas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación de derechos fundamentales, esto es: Para que el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, en lo conducente, deje insubsistente el auto de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve; y, En su lugar, dicte otro en el que, en contestación a lo solicitado por la parte demandada, determine que no procede la ejecución de la sentencia, ya que no ha causado ejecutoria, por estar pendientes los recursos de apelación interpuestos en su contra. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 246/2019, promovido por A. G. C. y D. G. C., representados por su madre Rosa Iveth Cabanillas Larios, contra el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, residente en esta ciudad, consiste en la sentencia de diecinueve de enero de dos mil diecinueve, emitida en el juicio de divorcio sin expresión de causa 1160/2017, por las razones expuestas en el quinto considerando de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a A. G. C. y D. G. C., representados por su madre Rosa Iveth Cabanillas Larios, contra el acto reclamado al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar, con sede en esta ciudad, consiste en el acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de divorcio sin expresión de causa 1160/2017, por las razones y para los efectos expuestos en los considerandos séptimo y octavo de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora y firma ante Claudia Monzerrat Cevallos Morales, secretaria con quien actúa y da fe, hasta el día de hoy, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, en que así lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
Se difiere la audiencia constitucional programada y en su lugar se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del diez de julio de dos mil diecinueve para su celebración, con motivo de que aún no ha transcurrido el plazo que establece el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se imponga del contenido de las documentales remitidas por una autoridad. . .
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