Alejandro Guajardo Cuellar
Expediente 1431/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1431/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 31/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Alejandro Guajardo Cuellar
Actuaciones
- Principal
agréguese a los autos el oficio de cuenta recibido vía electrónica, procedente del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; mediante el cual, remite el testimonio de la ejecutoria pronunciado el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, en los autos del conflicto competencial C.C.A. 3/2023-III, de su índice, suscitado entre el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y éste Juzgado Décimo de Distrito, del cual se advierte que resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es competente, por razón del territorio, el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para conocer y resolver el juicio de amparo promovido por ********* y *******, contra los actos de la autoridad que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria". En consecuencia, este Juzgado toma conocimiento, para los efectos legales, asimismo, se acusa el recibo de estilo correspondiente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En atención a lo anterior, se estima que este EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional no aceptó la competencia. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del capítulo quinto, ordinal 15, del Acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental.
- Principal
agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta recibida vía electrónica la cual contiene la evidencia criptográfica relativa a la firma de la Actuaria del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio de la cual, comunica el acuerdo de tres de enero del presente año, dictado por el Magistrado presidente de ese tribunal, en el que, en lo conducente, informa que admitió a trámite el conflicto competencia 3/2023-III, planteado por el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con motivo de la demanda promovida por ******. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Finalmente, en términos de lo expuesto en la certificación de cuenta, comuníquese al Tribunal oficiante que la acción de vinculación del juicio de amparo se encuentra habilitada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para la consulta de las constancias que integran el expediente electrónico del presente asunto.
- Principal
téngase por recibido el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, a través del cual informa la imposibilidad material que tiene para remitir los autos originales del juicio de amparo 1837/2022, de su índice, y al efecto informa que se encuentra habilitada la vinculación del expediente electrónico del mismo para su consulta por este órgano jurisdiccional En mérito de lo anterior y una vez analizada en su totalidad la demanda de amparo, así como el planteamiento propuesto por el órgano remitente, de conformidad con el numeral 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal no acepta la competencia planteada, por las consideraciones que enseguida se exponen: En primer término, debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, este Juzgado Federal procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto respecto de los actos que reclama la moral quejosa, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar, que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. De los preceptos legales reproducidos, se advierte que la competencia por territorio en materia de amparo, obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado; por lo que, en principio debe calificarse ésta, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de actos meramente declarativos o carentes de ejecución; esto con la finalidad de analizar posteriormente las características de la ejecución. El análisis de la ejecución de los actos reclamados se lleva a cabo considerando sus consecuencias directas e inmediatas, no así las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen; así como el lugar en que deba ejecutarse el acto. Por tanto, si el acto reclamado posee ejecución será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; pero si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. En caso de que el acto reclamado carezca de ejecución, será competente el Juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo expuesto en párrafos que anteceden se obtiene que la intensión del legislador fue facilitar al agraviado que aduce la violación de un derecho ocurrir ante un Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado. Precisado lo anterior, es de hacer referencia al caso concreto en que Jesús Enrique Chong Quero, ocurre a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de los actos que hacen consistir en: a) La emisión, aprobación y publicación del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de agosto de dos mil veintidós, específicamente los artículos 32, 33, fracción I y 34. b) Los resultados de la Convocatoria dos mil veintidós para el ingreso, permanencia o promoción en el Sistema Nacional de Investigadores, publicados el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. c) El acuerdo a través del cual se aprueban los resultados de la Convocatoria dos mil veintidós para el ingreso, permanencia o promoción en el Sistema Nacional de Investigadores, celebrada el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Sobre dichos numerales, la parte quejosa, en el capítulo V de su demanda denominado "OPORTUNIDAD Y PROCEDENCIA", señaló que el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Investigación, limita su acceso al sistema de apoyos económicos, ya que únicamente se otorgan a las personas investigadoras de las instituciones de educación superior o centros de educación del sector público, eliminando de su participación al ámbito privado, lo cual implica un régimen privativo y discriminatorio. Asimismo, señaló en su escrito aclaratorio que actualmente se encuentra adscrito al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, institución privada en la que a la fecha de la presentación de su demanda. Ahora, el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, sustenta su incompetencia, en el hecho de que la ejecución de las normas impugnadas se realizará en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, por ser el lugar al que se encuentra adscrito. Sin embargo, de lo reseñado con anterioridad, este juzgador estima que por el momento, no se cuenta con elementos para conocer si las normas reclamadas tendrán ejecución material y en su caso, la forma, términos y dónde se ejecutarán materialmente; ello sin perjuicio de que durante el transcurso del juicio de amparo, se cuente mayores elementos. Lo anterior es así, debido a que de la lectura de las normas, no se advierte el momento, la forma o el efecto que tenga la ejecución de las mismas. Ello es así, pues dichas normas reglamentarias disponen que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, podrá otorgar apoyos económicos, sujetos a disponibilidad presupuestaria, a las y los integrantes del SNI que tengan como actividad principal el desarrollo y fortalecimiento de la investigación humanística o científica, el desarrollo tecnológico o la innovación, y que estén adscritos a alguna institución pública de educación superior o centro de investigación de sector público en México. Asimismo, disponen que las instituciones de educación superior o centros de investigación de los sectores privado o social otorgarán apoyos económicos a su personal que forme parte del SNI, en términos del Convenio de colaboración que se celebre para tales efectos. Que las y los integrantes del SNI podrán recibir el apoyo económico correspondiente cuando cumplan, entre otros, con los requisitos relativos a ser personal activo, vigente y remunerado en alguna institución pública de educación superior o centro de investigación del sector público en México, salvo las excepciones previstas en dicha fracción I, artículo 33, del Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de agosto de dos mil veintidós. También prevé que la entrega de los apoyos económicos se hará en forma mensual y estará supeditada a la existencia y disponibilidad de la partida presupuestaria correspondiente. Como se ve, en dichas normas se dispone que los apoyos económicos que se otorgarán serán en términos del Convenio de colaboración que se celebre para tales efectos, a quienes cumplan con los requisitos precisados en dichos numerales, siempre que exista disponibilidad de la partida presupuestal. En esa virtud, la ejecución de las normas reclamadas depende, según se advierte y sin prejuzgar respecto del estudio de fondo que en su momento y de ser el caso, se realice, un convenio de colaboración y de la disponibilidad de los recursos; de ahí que, respetuosamente no se comparte el criterio sustentado por el juez remitente, pues, en este momento, no es posible determinar con certeza, la forma en que se ejecutarán y, en su caso, el lugar en el que sea posible la ejecución de dichas normas. Derivado de lo expuesto, hasta este momento, no se advierte con absoluta certeza si dichas normas tendrán ejecución material y en su caso, en qué forma y jurisdicción se ejecutará acto alguno como posible consecuencia de la aplicación de las normas cuestionadas. En esas circunstancias, contrario a lo estimado por el juez de Distrito en la Ciudad de México, en este momento no puede considerarse que el cumplimiento de las normas reclamadas recaigan en el lugar donde se ubica la universidad privada en la que presta servicios el quejoso Jesús Enrique Chong Quero, pues como se precisó, no se cuenta con elementos suficientes para determinar, de tener ejecución, la forma y el lugar en el que se llevará a cabo la materialización de las normas reclamadas. De modo que, ante la falta, en este momento, de elementos concluyentes para determinar si existirá ejecución material y en su caso, la forma y lugar en que deberá ejecutarse las normas reclamadas, como se adelantó, corresponde conocer del asunto, al Juzgado de Distrito ante el que se presentó la demanda de amparo, esto es el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al tenor de lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Es pertinente señalar que sobre el tema ya se pronunció el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la Ciudad de México, al resolver el conflicto competencial CCA. 47/2022, lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Por tanto, comuníquese vía interconexión la presente determinación al Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, solicitándole tenga a bien informar la determinación que al efecto adopte. Por otro lado, toda vez que el promovente proporciona los nombres de usuario "********************", "********************" "********************", "********************" y "********************", para ingresar al sistema de consulta de expediente electrónico, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo; por tanto, instrúyase a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que realice las gestiones necesarias. Asimismo, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, la vía electrónica, por así haberlo solicitado expresamente. Por otro lado, se tiene por autorizado en términos amplios del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que tiene registrada su cédula profesional, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; con fundamento en el párrafo segundo del artículo 24 de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, así como, documentos a ******************** y ********************, ya que no cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y para los mismos efectos a ******************** y ********************, por así solicitarlo expresamente. En otro orden de ideas, en términos de los artículos 257, fracción I, y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se sugiere a la parte quejosa que, de ser posible transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace:https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccion ales, además, proporcione un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico de la secretaria encargada del asunto María Fernanda Yee Avilés, a saber 5553870500, extensión 1403, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1, 3, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 30 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública del Consejo, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, de conformidad con el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Así mismo se hace de su conocimiento que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; por la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; así como por lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública en el Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y reformado mediante el diverso acuerdo publicado el veintiséis de marzo de dos mil veinte, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias , así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial.
- Principal
téngase por recibido el oficio 77604/2022, signado por el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual transcribe el auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo 1837/2022, de su índice, toda vez que en esa resolución se declaró legalmente incompetente para conocer de dicho asunto por lo que hace a los quejosos*******. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformados con excepción del precepto citado en primer término, mediante diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, vigente a partir del siete de noviembre del año en cita, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 1431/2022- IX. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico. SOLICITUD DE AUTOS ORIGINALES. Ahora bien, tomando en consideración que el órgano jurisdiccional declinante, únicamente remitió el oficio aludido, es decir, no remitió copia de la demanda de amparo, escrito aclaratorio, ni autos originales del sumario descrito; aunado a lo anterior, tampoco se encuentra vinculado el expediente electrónico de ese juicio. En tales circunstancias, de manera respetuosa se solicita al Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, remita los autos originales del juicio de amparo 1837/2022, de su índice y sus anexos, para estar en aptitud de analizar la demanda de amparo y la competencia declinada; ello a efecto de acordar lo que en derecho corresponda.
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