Alejandro González Vega

Expediente 548/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
548/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
21/04/2021

Partes del expediente

  • Alejandro González Vega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. I. Análisis de cumplimiento. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable; por tanto, resulta procedente que este juzgado federal se pronuncie en relación con el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, es conveniente precisar los siguientes antecedentes: Mediante sentencia dictada el trece de enero de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En auto de diez de febrero de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada en autos, por lo que se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento al fallo protector. Ahora bien, una vez reseñado lo antes expuesto, se traen a glosa los efectos de la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, los cuales estatuyen lo siguiente: "[.] SEXTO. Efectos de la sentencia. Los efectos del amparo son para que la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, y con el propósito de restituir a la quejosa en el goce del derecho fundamental vulnerado, en cumplimiento de la presente resolución: a) Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintitrés de julio de dos mil veinte, emitido dentro de la carpeta judicial 164/2020, con número único de causa CI/QRO/25073/2018, seguida en contra de Alejandro González Vega, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como delito de fraude genérico, previsto y sancionado por el artículo 193 fracción III del Código Penal Vigente en el Estado, en agravio de Elsa Angélica Cuevas Muñoz. b) Con libertad de jurisdicción, resuelva la situación jurídica del quejoso, con base en lo expuesto en la audiencia inicial ya desahogada, ciñéndose únicamente a lo manifestado por la Fiscalía, al formular la imputación respectiva. Mediante oficio agregado el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, el juez responsable informó y remitió un disco certificado que contiene la videograbación de la audiencia celebrada el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, en la que dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintitrés de julio de dos mil veinte, emitida en la carpeta judicial 164/2020, que se instruye al aquí quejoso, y determinó resolver la no vinculación a proceso a Alejandro González Vega, e incluso allegó un disco en audio y video que contiene la citada audiencia. Documentales con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, y 202, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; y, de la jurisprudencia 1a./.J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de dos mil trece, Décima Época, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Así, de la reproducción del audio y video de la audiencia llevada a cabo el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, en la carpeta judicial 164/2020, se advierte lo siguiente: Determinó dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso de veintitrés de julio de dos mil veinte, y, con libertad de jurisdicción, pero limitándose a tomar en consideración lo expuesto por la fiscalía, al formular la imputación, como se le precisó en la sentencia de amparo, por los motivos ahí expuestos, resolvió la no vinculación a proceso de Alejandro González Vega, por el hecho que la ley tipifica como fraude genérico previsto y señalado por el numeral 193, fracción III del Código del Código Penal vigente en el Estado. Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo con las acciones realizadas en cuanto su cumplimiento, se arriba a la conclusión de que se cumplieron con los postulados del fallo protector, sin que las partes realizaran manifestación alguna al respecto. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis 2a/J.60/2014 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 741 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, 6 de Mayo de 2014, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA." También es de invocarse la tesis 1a./J.75/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 627 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, 12 de noviembre de 2014, titulada: "RECURSO DE INCONFORMIDAD, PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SOLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACONTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCION DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES" II. Archivo del expediente. Ahora, en términos de lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. III. Otras consideraciones. Se hace la aclaración, que ninguna de las partes allegó al juicio principal, algún documento original que por sus características amerite ser devuelto, de conformidad con lo dispuesto con la fracción XVIII del artículo 3, del referido Acuerdo General. IV. Devolución de constancias y discos versátiles digitales. Ahora, devuélvanse al Juez responsable los discos versátiles digitales y el tomo de pruebas que remitió en apoyo a su informe justificado y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. V. Constancias remitidas por el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro. Finalmente, respecto de las constancias remitidas por el Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, se considera que carecen de relevancia documental, por lo que en términos del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena su destrucción; circunstancia que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de seis meses a que hace mención ese apartado. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. I. INFORMA. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez de Control en Auxilio del Juzgado de Oralidad del Distrito Judicial de Querétaro, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en autos, remite las constancias con las que estima dar cumplimiento al fallo protector otorgado a la parte quejosa. II. VISTA CON CUMPLIMIENTO. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, con el oficio que se provee y sus anexos, por el plazo de tres días hábiles, contado a partir de la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho plazo, este Juzgado Federal efectuará el análisis respectivo del cumplimiento a la ejecutoria, con base a los elementos que obren en el expediente en que se actúa. En el entendido que el contenido del disco versátil digital (DVD) que remitió la autoridad responsable queda a disposición de las partes en la Secretaría de este Juzgado, para su consulta. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia por contradicción con número de registro 2004362, consultable en la página 703, del tomo XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." III. RESGUARDO DE DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). A fin de preservar el contenido del anotado dispositivo, con fundamento en el artículo 278 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, de conformidad con su numeral 2°, obténgase copia digital del archivo correspondiente, y resguárdese en el equipo de cómputo de la Secretaría de este Juzgado, y una vez que el presente expediente se remita al archivo definitivo, sin mayor proveído aquél deberá ser eliminado. IV. DAR CUENTA EN DIVERSO JUICIO. Por otra parte, atendiendo a que el oficio igualmente fue dirigido al diverso juicio de amparo 1030/2020-III, del índice de este órgano jurisdiccional, con copia certificada de la misiva y anexos de mérito, acuérdese lo conducente en ese asunto, para los efectos a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente a las partes.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diez de febrero de dos mil veintiuno. CAMBIO DE TITULAR. Vista la cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/52/2021 signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que en sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de trece de enero de dos mil veintiuno, se acordó la readscripción del juez Vicente de Jesús Peña Covarrubias a este órgano jurisdiccional, con efectos a partir del dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos a que haya lugar; de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 104/2010, publicada en la página 312, del tomo XXXII, Julio de 2010, Novena Época, registro 164217, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, titulada "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. REQUERIMIENTO. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad precisada en la sentencia de amparo, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla con lo ahí establecido, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que debe instrumentar para acatar el fallo de amparo. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable en el ámbito de sus obligaciones legales a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que en caso de que no realizar lo propio, se hará acreedora en lo particular, a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe; asimismo, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda por razón de turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el ocho de enero de dos mil veintiuno. SOBRE LA RESPONSABILIDAD EN QUE PUEDEN INCURRIR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se hace prudente hacer del conocimiento de la autoridad requerida que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Notifíquese.

  4. Principal

    Por lo expuesto fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37, 38, 61, 62, 63, 73, 74, 75, y 124 de la Ley de Amparo; se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ........., contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos indicados en el considerativo quinto, para los efectos señalados en el último segmento de esta resolución. Notifíquese; y personalmente.

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