Alejandro González Padilla
Expediente 1026/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1026/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 31/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alejandro González Padilla
- Agente del Ministerio Público de la Federación
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Sentencia causa ejecutoria. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de siete de enero de dos mil veintidós, ha causado ejecutoria en sus términos. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, archívese y remítase al lugar de guarda. Se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, tendrán el mismo destino que este expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Devuélvase un tomo de prueba al juez Tercero Civil de Partido, de esta ciudad, documental que anexó a su informe de ley, en virtud de que es innecesario permanecer con el mismo. En cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púbica, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución dictada en el presente asunto, a fin de que pueda ser consultable por el público en general.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 31 DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "Sentencia causa ejecutoria. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de siete de enero de dos mil veintidós, ha causado ejecutoria en sus términos. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia, depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, archívese y remítase al lugar de guarda. Se previene a la parte quejosa para que en caso de haber exhibido documentos originales en el presente asunto, acuda a este Juzgado a recogerlos dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, tendrán el mismo destino que este expediente. Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, indíquese a la parte quejosa que si requiere comparecer para recoger los documentos exhibidos en el presente juicio, deberá gestionar su cita en la hora y fecha disponible; ello, dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Devuélvase un tomo de prueba al juez Tercero Civil de Partido, de esta ciudad, documental que anexó a su informe de ley, en virtud de que es innecesario permanecer con el mismo. En cumplimiento al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púbica, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la sentencia o resolución dictada en el presente asunto, a fin de que pueda ser consultable por el público en general."
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 1026/2021-I, promovido por Alejandro González Padilla, por conducto de su apoderado legal Álvaro González Piña, contra actos del juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, que consideró violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 16 y 17, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y R E S U L T A N D O ÚNICO. Admisión, trámite e integración. Ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, el dos de diciembre de dos mil veintiuno, se presentó la demanda de amparo promovida por Alejandro González Padilla, por conducto de su apoderado legal Álvaro González Piña, la cual por razón de turno correspondió a este Juzgado Federal; así, en siete del mismo mes y año, se registró con el número de expediente 1026/2021-I, se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público de la Federación y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, en auto diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se decretó la separación de autos, a fin de que en este sumario constitucional se resolviera únicamente respecto del acto reclamado consistente en la resolución de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, interpuesto contra el auto de veinticuatro de septiembre del mismo año, dictado en el juicio sumario civil C735/2019, del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad (fojas 33 a 36 del presente juicio de amparo). Finalmente, la audiencia constitucional se desarrolló al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de acuerdo con lo establecido en los artículos 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor; 35, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor. Lo anterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en esta ciudad, donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados, para lo cual se examina la demanda de amparo, los conceptos de violación y demás constancias de autos, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de lo que se deduce que la parte quejosa reclama del juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad: La determinación de ocho de noviembre de dos mil veintiuno, dictada en el juicio sumario civil C-735/2019, de su índice, por la cual resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de veinticuatro de septiembre del mismo año. En dicha resolución, por una parte, la autoridad responsable declaró sin materia dicho medio de impugnación y, por otra, confirmó el auto impugnado. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Así lo expresó el juez Tercero Civil de Partido de esta ciudad, al rendir su informe con justificación (foja 32 de autos). Certeza que se corrobora con las copias certificadas de las constancias que integran el juicio sumario civil C-735/2019, que anexó el juez señalado como responsable a su informe de ley, con las cuales se ordenó la formación de un tomo de pruebas que obra en cuerda separada. Documental pública a la que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, las cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. En atención al informe rendido y a la plena eficacia de la documental exhibida por la autoridad responsable, está demostrada fehacientemente la existencia del acto combatido, según las jurisprudencias doscientos setenta y ocho y doscientos veintiséis, de rubros: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO" y "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para resolver el presente juicio de amparo, es necesario estudiar los antecedentes relevantes del acto reclamado, los cuales se obtienen de las constancias que lo integran, a saber: a) Alejandro González Padilla, por conducto de su apoderado legal Álvaro González Piña, en la vía sumaria civil, demandó de "Grupo Rhino León", sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, y Anuar Joseph Manuel Esteban Valderrama, la rescisión de contrato de arrendamiento respecto del bien inmueble ubicado en calle Calzada de los Héroes, número 103, interior letra "A", zona Centro, de esta ciudad, así como el pago de diversas prestaciones (fojas 1 a 10 del tomo de pruebas). b) De dicha demanda conoció el Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, quien mediante acuerdo de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, la registró bajo el número C735/2019, y la admitió a trámite; razón por la que ordenó el emplazamiento de los demandados (fojas 58 y 59 ídem). c) Mediante diligencias de veintisiete de noviembre y nueve de diciembre de dos mil diecinueve, fueron emplazados los demandados "Grupo Rhino León", sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, y Anuar Joseph Manuel Esteban Valderrama, respectivamente, al juicio de origen (fojas 64 y 78 ídem). d) A través del escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil veinte, la totalidad de las partes (actor y demandados), exhibieron un "CONVENIO DE TRANSACCIÓN" (fojas 87 a 93 ídem); el cual fue ratificado ante el Juzgado de origen, el diecisiete de enero de dos mil veinte (foja 95 del tomo de pruebas) y, posteriormente, aprobado en auto de veintidós de enero siguiente (foja 99 ídem). e) Enseguida, en proveído de diecinueve de febrero del mismo año, se tuvo a la parte actora denunciado el incumplimiento de la demandada respecto del convenio señalado en el punto que antecede (foja 103 ídem). f) En determinación de dos de marzo de dos mil veinte, se ordenó poner en posesión material del inmueble materia de la litis a la parte actora, y se requirió de pago de la demandada, sobre el adeudo reconocido (foja 106 ídem); diligencia de posesión del inmueble que ocurrió el dieciocho de marzo de dos mil veinte (folios 112 y 113 del tomo de pruebas). g) El ocho de junio de dos mil veinte, el juez de los autos tuvo por agregadas las razones de abstención de diecinueve y veinte de marzo de dos mil veinte, con las que los actuarios judiciales asentaron la imposibilidad de dar cumplimiento al acuerdo señalado en el punto que antecede, en virtud de que no localizaron a los demandados (foja 117 ídem). h) En auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, se tuvo a la parte actora promoviendo incidente de liquidación de intereses y pena convencional contra la parte demandada, razón por la que se ordenó correrles traslado a efecto de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera (foja sin número). i) El quince de octubre de dos mil veinte, se resolvió el incidente de liquidación de intereses y pena convencional mencionado en supralíneas, al tenor de los siguientes puntos resolutivos (fojas 135 a 138 del tomo de pruebas): "[.] SEGUNDO.- Resultó procedente el incidente de liquidación de intereses moratorios y pena convencional pactados en el convenio celebrado por las partes y elevado a la categoría de cosa juzgada el veintidós de enero de dos mil veinte, por lo que "Grupo Rhino León", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y Anuar Joseph Manuel Esteban Valderrama deberán pagar a Alejandro González Padilla, la cantidad de $35,700.00 (treinta y cinco mil setecientos pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de intereses moratorios, generados del primero de febrero al treinta y uno de agosto de dos mil veinte.------------------ Asimismo, los demandados deberán pagar en favor del actor, la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de pena convencional.----------------------------------------------------------- [.]" j) En auto de nueve de abril de dos mil veintiuno se admitió a trámite el incidente de daños y perjuicios promovido por el ahora quejoso, y, le requirió a efecto de que proporcionara domicilio de los demandados a fin de correrles traslado, dado que éstos han dejado de actuar en el juicio de origen (fojas 152 a 154 ídem); por lo que en proveído de diecinueve del mismo mes y año, se tuvo al promovente cumpliendo el requerimiento de marras, razón por la que se ordenó al actuario correspondiente la diligenciación del primero de los autos mencionados (foja 161 del tomo de pruebas). k) En atención a lo anterior, en fecha veintiuno de abril de dos mil veintiuno, el actuario judicial levantó razón de abstención por lo que hace a Anuar Joseph Manuel Esteban Valderrama (foja 162 ídem). l) Mediante proveído de veintitrés de abril siguiente, el juez previno al actor a efecto de que señalara domicilio del demandado Anuar Joseph Manuel Esteban Valderrama y, entre otras cuestiones, ordenó ejecución de la resolución de quince de octubre de dos mil veinte (antecedente i), a efecto de requerir de pago a la diversa moral demandada (fojas 163 y 164 ídem). m) A través de diligencia de veintiocho de abril del año pasado, la actuaria judicial se abstuvo de dar cumplimiento a lo señalado en el punto que antecede, en razón de que asentó que el domicilio no es el de la demandada (folio 169 ídem); por lo que en auto de tres de mayo de dos mil veintiuno, se requirió al aquí quejoso proporcionara domicilio de la moral demandada de mérito (folio 170 del tomo de pruebas). n) Después de varios intentos de localizar a los demandados y tras una búsqueda de domicilio solicitada a diversas dependencias mediante acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno (foja sin número); el ocho de septiembre del mismo año, el ahora quejoso presentó promoción al tenor de los siguientes puntos (foja 222 ídem): "PRIMERO. En atención al informe rendido por el Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, mediante oficios con número de folio 24 y 25 del día primero de septiembre del año 2021 dos mil veintiuno, SEÑALO como domicilio de ANUAR JOSEPH MANUEL ESTEBAN VALDERRAMA, donde puede ser emplazado el ubicado en CALLE VALLE HIDALGO NÚMERO 321 TRECIENTOS VEINTIUNO, INTERIOR L4, COLONIA HIDALGO DEL VALLE, de esta ciudad de León, Guanajuato. SEGUNDO. En vista del estado procesal que guardan los autos y toda vez que ya fue agotada la búsqueda de información del domicilio donde pueda ser emplazada la parte codemandada "GRUPO RHINO LEÓN" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, con fundamento en los artículos 318 fracción II y 324 del código e procedimientos civiles para el estado de Guanajuato, solicito se emplace a la misma por medio de edictos, respecto del incidente de daños y perjuicios promovido por el suscrito; por lo que solicito se dejen a disposición los edictos con la finalidad de llevar a cabo los trámites correspondientes. [.]" Dicho escrito fue signado de la siguiente forma: En su recepción, el Juzgado de origen asentó (foja 222 reverso, ídem): ñ) En respuesta, el diez de septiembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable acordó (foja sin número visible): "[.] A sus antecedentes el escrito presentado por el licenciado ALVARO GONZALEZ PIÑA, folio 26, respecto del cual el suscrito Juez provee:------------------------------------------------------------------------------------------ Se le indica al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad a lo solicitado, toda vez que dentro de los presentes autos no se desprende que se haya llevado a cabo la prueba testimonial con la intención de acreditar el conocimiento de domicilio del demandado GRUPO RHINO LEON, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE REP. RAZIEL OSCAR CORTES MARQUEZ, ANUAR JOSEPH MANUEL ESTEBAN VALDERRAMA,.----------------------------------------------- Sustenta tal determinación la jurisprudencia [.]". o) Atento a lo anterior, mediante escritos presentados el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, con el primero, el apoderado de la parte actora solicitó al juez de los autos, regularizara el auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno a efecto de que se pronunciara sobre la primera petición asentada en el diverso escrito de ocho del mismo mes y año en donde señaló domicilio de Anuar Joseph Manuel Esteban Valderrama, para ser emplazado, asimismo, solicitó la ficha correspondiente a efecto de poder ejecutar el convenio elevado a categoría de cosa juzgada respecto de dicho demandado; y, con el segundo de los escritos, interpuso recurso de revocación contra el proveído de diez de septiembre mencionado, en relación al pronunciamiento efectuado en relación con la diversa moral demandada (sin números de folios). p) En relación a ello, en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, el juez natural se pronunció de la siguiente forma (foja 235 del tomo de pruebas): "[.] REGULARIZA Visto el estado procesal que guarda este expediente y toda vez que de autos se desprende que la promoción presentada por Álvaro González Piña en fecha 8 de septiembre del año en curso con folio 26 carece de firma autógrafa; con fundamento en el artículo 59 cincuenta y nueve del Código de Procedimientos Civiles para el Estado y para efectos de regularizar el acuerdo de fecha 10 diez de septiembre del año en curso, se le indica al ocursante que no ha lugar a proveer sobre la petición que formula en dicho escrito ya que el mismo no se encuentra debidamente firmado.------------------- Encontrando sustento lo anterior en la jurisprudencia que a continuación se transcribe: "PROMOCIOINES SIN FIRMA." [.] NO HA LUGAR A sus antecedentes el escrito folio número 27, recibido el día 22 de Septiembre del año en curso, suscrito por ALVARO GONZALEZ PIÑA respecto del cual el suscrito Juez provee.-------------------------------------- No ha lugar a acordar de conformidad su escrito de cuenta, debiendo estarse a lo asumido en líneas que anteceden.--------------------------------- A sus autos el escrito suscrito por ALVARO GONZALEZ PIÑA, recibido en fecha 22 veintidós de septiembre del año en curso, con folio 28, respecto del cual es suscrito juez provee.----------------------------------------- AUTORIZA FICHA Así mismo (sic), se tiene al promovente por señalando como domicilio del C. ANUAR JOSEPH MANEL (sic) ESTEBAN VALDERRAMA el ubicado en Valle Hidalgo #321 interior L4 de la colonia Hidalgo del Valle de esta ciudad, lo anterior a efecto de que se lleve a cabo el requerimiento ordenado por auto de fecha 23 veintitrés de abril del año en curso.----------------------- FICHA A DISPOSICION Por lo anterior, se deja a disposición del promovente la ficha correspondiente en la Secretaria de este Tribunal.--------------------------- [.]" Así, en diligencia de siete de octubre de dos mil veintiuno, la actuaria asentó la imposibilidad de localizar al demandado Anuar Joseph Manuel Esteban Valderrama, en el domicilio mencionado en supralíneas, en razón de que éste no es el del buscado (foja 240 ídem). q) En proveído de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, el juez de origen determinó no acceder a la petición del actor de emplazar a la moral demandada por edictos, respecto del incidente de daños y perjuicios por él promovido (foja 239 ídem). Sin que se soslaye que, contra dicho auto fue interpuesto un diverso recurso de revocación que inicialmente fue también señalado como acto reclamado en esta instancia constitucional; sin embargo, derivado de la separación de autos ordenada en proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno (folios 33 a 36 del presente sumario), este Juzgado de Distrito únicamente se avocó al conocimiento del diverso recurso de revocación que enseguida se detalla. r) Contra el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno -mediante escrito presentado el cuatro de octubre del mismo año- el actor, por conducto de su apoderado legal, interpuso recurso de revocación (fojas sin números), el cual se admitió el proveído de ocho de octubre siguiente, y finalmente, el ocho de noviembre de dos mil veintiuno se resolvió al tenor de las siguientes consideraciones (fojas 257 a 259 del tomo de pruebas): "[.] Ostenta el recurrente que el auto impugnado le causa agravio en virtud de que se violenta los preceptos constitucionales del 14 y 16, así como los principios de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, fundamentación y motivación, ya que refiere que este Tribunal revoco (sic) indebidamente de mutuo propio su determinación tomada en auto de fecha diez de septiembre del año en curso, dejando en total estado de indefensión a su representado, pues injustificadamente se emitió un nuevo auto completamente contrario a la constitución y las leyes aplicables, pues no medió recurso alguno de revocación y lo pone en desventaja, además de que dicha regularización se realizó fuera del término que la ley establece, esto es, los tres días.---------------------------------------------------------------------- Ahora bien, una vez asentados los motivos de disconformidad, es menester puntualizar que la promoción acordado (sic) mediante auto de fecha diez de septiembre del año dos mil veintiuno, (auto que fue regularizado mediante el proveído de fecha veinticuatro del mismo mes y año) acto que aqueja al aquí recurrente, solicitó dos cosas; la primera, señala como domicilio del demandado Anuar Joseph Manuel Esteban Valderrama, para efecto de correrles traslado del incidente de daños y perjuicios promovido por el disidente, y la segunda, solicitó que a la Persona Moral GRUPO RHINO LEÓN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, se emplazará por edictos respecto del incidente ya mencionado y se dejarán a su disposición.------------------------ Así, mediante diligencia de fecha siete de octubre del año dos mil veintiuno, se presentó el actuario adscrito a la Oficina central de Actuarios de este Partido Judicial, en conjunto del actor en el domicilio señalado por el recurrente mediante el escrito de fecha ocho de septiembre del año en curso, en busca del demandado Anuar Joseph Manuel Esteban Valderrama, de la que se desprende que no es el domicilio del buscado.-------------- Por su parte, en escrito presentado por el aquí recurrente Álvaro González Pina (sic), solicitó de nueva cuenta se emplazará (sic) por edictos respecto del incidente en mención a la personal moral GRUPO RHINO LEÓN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITA VARIABLE, el cual fue acordado mediante escrito de fecha treinta de septiembre del año en curso, mismo que se encuentra pendiente de resolver un recurso de revocación. En esa tesitura, ha lugar a declarar sin materia el presente recurso de revocación, ya que los agravios que hace valer el disidente se encuentra encaminado a que se revoque la determinación asumida y se restablezca el auto de fecha diez de septiembre del año en curso y se admita el recurso de revocación, lo cual fue acordado de conformidad en autos de fecha treinta de septiembre y ocho de octubre del año en curso, e incluso se llevó a cabo la diligencia solicitada por el actor, por tanto ha quedado superado el motivo de inconformidad, ya que de las constancias procesales se desprende que lo solicitado por el disidente fue acordado por diverso autos.---------------- Bajo esta construcción argumentativa y ante lo inoperante de sus conceptos de divergencia, se confirma el auto del veinticuatro de septiembre del dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------ [.]". Dicho recurso de revocación contiene los siguientes puntos resolutivos: "[.] SEGUNDO. En los términos de la presente resolución, se CONFIRMA el auto impugnado de fecha veinticuatro de septiembre del dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------ [.]" Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado, lo señalado en el punto r) constituye el acto reclamado en el presente sumario constitucional. QUINTO. Estudio de la causa de improcedencia advertida de oficio. En el caso se verifica la prevista en el artículo 61 fracción XXIII de la Ley de Amparo, en correlación con el numeral 77 de la misma legislación, que por su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." En principio, es necesario destacar que la sentencia concesoria del amparo debe tener un efecto jurídico y útil; por lo cual debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa. Entonces, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producirle la restitución en el pleno goce del derecho violado, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Por el contrario, si no es posible concretar los efectos de la sentencia amparadora en la esfera jurídica del impetrante, indefectiblemente el juicio constitucional será improcedente. Es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 7/97, de la Segunda Sala del Alto Tribunal visible bajo el registro 199425, titulada: "IMPROCEDENCIA. SE PRESENTA EN EL AMPARO CUANDO ES IMPOSIBLE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE SU GARANTÍA CONSTITUCIONAL VIOLADA." En el caso que ocupa la atención, la parte quejosa en su demanda de amparo, medularmente señala que la resolución combatida en esta vía constitucional es violatoria de sus derechos fundamentales contenidos en los artículo 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que ésta no se encuentra debidamente fundada ni motivada, además de que no respetó los plazos y términos que fijan las leyes procedimentales, toda vez que por una parte, (1) fue resuelta de forma incongruente dado que la materia del agravio, relativo a la firma que fue plasmada o no en el escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, no fue estudiado, de ahí que resulte inexacto haber declarado sin materia el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veinticuatro de septiembre del mismo año, y, por otro lado, (2) violó el principio de legalidad y debido proceso, en virtud de que contravino lo dispuesto por el artículo 59 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, al revocar unilateralmente el diverso proveído de diez de septiembre del año pasado, y que aunque este auto fue impugnado mediante otro recurso de revocación, éste no fue tramitado como resultado de dicha regularización, lo que lo deja en estado de indefensión afectando su derecho de poder impugnar (el mencionado acuerdo de diez de septiembre de dos mil veintiuno) mediante el recurso ordinario establecido para ello. Del mismo modo, aduce que no obstante que se llevó a cabo una diligencia pretendiendo localizar al demandado Anuar Joseph Manuel Esteban Valderrama (el siete de octubre de dos mil veintiuno, en la que se levantó razón de abstención), así como que se acordaron diversas promociones en torno al señalamiento y posterior ubicación de dicho demandado y la diversa moral "Grupo Rhino León", Sociedad Responsabilidad Limitada de Capital Variable, aquella violación sustancial no cesó porque al no admitir a trámite el recurso de revocación contra el auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable afectó "un derecho procesal adquirido". Bajo esas premisas, conviene recordar -en lo que interesa- que el ocho de septiembre del mismo año, el ahora quejoso presentó promoción al tenor de los siguientes puntos: "PRIMERO. En atención al informe rendido por el Director General de Transporte del Estado de Guanajuato, mediante oficios con número de folio 24 y 25 del día primero de septiembre del año 2021 dos mil veintiuno, SEÑALO como domicilio de ANUAR JOSEPH MANUEL ESTEBAN VALDERRAMA, donde puede ser emplazado el ubicado en CALLE VALLE HIDALGO NÚMERO 321 TRECIENTOS VEINTIUNO, INTERIOR L4, COLONIA HIDALGO DEL VALLE, de esta ciudad de León, Guanajuato. SEGUNDO. En vista del estado procesal que guardan los autos y toda vez que ya fue agotada la búsqueda de información del domicilio donde pueda ser emplazada la parte codemandada "GRUPO RHINO LEÓN" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, con fundamento en los artículos 318 fracción II y 324 del código e procedimientos civiles para el estado de Guanajuato, solicito se emplace a la misma por medio de edictos, respecto del incidente de daños y perjuicios promovido por el suscrito; por lo que solicito se dejen a disposición los edictos con la finalidad de llevar a cabo los trámites correspondientes. [.]" Dicho escrito fue signado de la siguiente forma: En su recepción, el Juzgado de origen asentó (foja 222 reverso, ídem): En respuesta de lo anterior, el diez de septiembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable acordó: "[.] A sus antecedentes el escrito presentado por el licenciado ALVARO GONZALEZ PIÑA, folio 26, respecto del cual el suscrito Juez provee:------------------------------------------------------------------------------------------ Se le indica al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad a lo solicitad, toda vez que dentro de los presentes autos no se desprende que se haya llevado a cabo la prueba testimonial con la intención de acreditar el conocimiento de domicilio del demandado GRUPO RHINO LEON, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE REP. RAZIEL OSCAR CORTES MARQUEZ, ANUAR JOSEPH MANUEL ESTEBAN VALDERRAMA,.----------------------------------------------- Sustenta tal determinación la jurisprudencia [.]". Posteriormente, mediante escritos presentado el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, con el primero, el apoderado de la parte actora solicitó al juez de los autos, regularizara el auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno a efecto de que se pronunciara sobre la primera petición asentada en el diverso escrito de ocho del mismo mes y año en donde señaló domicilio de Anuar Joseph Manuel Esteban Valderrama, para ser emplazado, asimismo, solicitó la ficha correspondiente a efecto de poder ejecutar el convenio elevado a categoría de cosa juzgada respecto de dicho demandado; y, con el segundo de los escritos, interpuso recurso de revocación contra el proveído de diez de septiembre mencionado, en relación al pronunciamiento efectuado en relación con la diversa moral demandada. En esa guisa, en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, el juez natural se pronunció de la siguiente forma: "[.] REGULARIZA Visto el estado procesal que guarda este expediente y toda vez que de autos se desprende que la promoción presentada por Álvaro González Piña en fecha 8 de septiembre del año en curso con folio 26 carece de firma autógrafa; con fundamento en el artículo 59 cincuenta y nueve del Código de Procedimientos Civiles para el Estado y para efectos de regularizar el acuerdo de fecha 10 diez de septiembre del año en curso, se le indica al ocursante que no ha lugar a proveer sobre la petición que formula en dicho escrito ya que el mismo no se encuentra debidamente firmado.------------------- Encontrando sustento lo anterior en la jurisprudencia que a continuación se transcribe: "PROMOCIOINES SIN FIRMA." [.] NO HA LUGAR A sus antecedentes el escrito folio número 27, recibido el día 22 de Septiembre del año en curso, suscrito por ALVARO GONZALEZ PIÑA respecto del cual el suscrito Juez provee.-------------------------------------- No ha lugar a acordar de conformidad su escrito de cuenta, debiendo estarse a lo asumido en líneas que anteceden.--------------------------------- A sus autos el escrito suscrito por ALVARO GONZALEZ PIÑA, recibido en fecha 22 veintidós de septiembre del año en curso, con folio 28, respecto del cual es suscrito juez provee.----------------------------------------- AUTORIZA FICHA Así mismo (sic), se tiene al promovente por señalando como domicilio del C. ANUAR JOSEPH MANEL (sic) ESTEBAN VALDERRAMA el ubicado en Valle Hidalgo #321 interior L4 de la colonia Hidalgo del Valle de esta ciudad, lo anterior a efecto de que se lleve a cabo el requerimiento ordenado por auto de fecha 23 veintitrés de abril del año en curso.----------------------- FICHA A DISPOSICION Por lo anterior, se deja a disposición del promovente la ficha correspondiente en la Secretaria de este Tribunal.--------------------------- [.]" Lo resaltado es propio. Así, en diligencia de siete de octubre de dos mil veintiuno, la actuaria asentó la imposibilidad de localizar al demandado Anuar Joseph Manuel Esteban Valderrama, en el domicilio mencionado en supralíneas, en razón de que éste no es el del buscado. Posteriormente, en proveído de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, el juez de origen determinó no acceder a la petición del actor de emplazar a la moral demandada por edictos, respecto del incidente de daños y perjuicios por él promovido, toda vez que éste no había acreditado se realizara una previa búsqueda de la moral, a través de diversas dependencias. Así, contra el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno -mediante escrito presentado el cuatro de octubre del mismo año- el aquí quejoso, por conducto de su apoderado legal, interpuso recurso de revocación, por lo que una vez substanciado, se resolvió al tenor de las siguientes consideraciones: "[.] Ostenta el recurrente que el auto impugnado le causa agravio en virtud de que se violenta los preceptos constitucionales del 14 y 16, así como los principios de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso, fundamentación y motivación, ya que refiere que este Tribunal revoco (sic) indebidamente de mutuo propio su determinación tomada en auto de fecha diez de septiembre del año en curso, dejando en total estado de indefensión a su representado, pues injustificadamente se emitió un nuevo auto completamente contrario a la constitución y las leyes aplicables, pues no medió recurso alguno de revocación y lo pone en desventaja, además de que dicha regularización se realizó fuera del término que la ley establece, esto es, los tres días.---------------------------------------------------------------------- Ahora bien, una vez asentados los motivos de disconformidad, es menester puntualizar que la promoción acordado (sic) mediante auto de fecha diez de septiembre del año dos mil veintiuno, (auto que fue regularizado mediante el proveído de fecha veinticuatro del mismo mes y año) acto que aqueja al aquí recurrente, solicitó dos cosas; la primera, señala como domicilio del demandado Anuar Joseph Manuel Esteban Valderrama, para efecto de correrles traslado del incidente de daños y perjuicios promovido por el disidente, y la segunda, solicitó que a la Persona Moral GRUPO RHINO LEÓN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, se emplazará por edictos respecto del incidente ya mencionado y se dejarán a su disposición.------------------------ Así, mediante diligencia de fecha siete de octubre del año dos mil veintiuno, se presentó el actuario adscrito a la Oficina central de Actuarios de este Partido Judicial, en conjunto del actor en el domicilio señalado por el recurrente mediante el escrito de fecha ocho de septiembre del año en curso, en busca del demandado Anuar Joseph Manuel Esteban Valderrama, de la que se desprende que no es el domicilio del buscado.-------------- Por su parte, en escrito presentado por el aquí recurrente Álvaro González Pina (sic), solicitó de nueva cuenta se emplazará (sic) por edictos respecto del incidente en mención a la personal moral GRUPO RHINO LEÓN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITA VARIABLE, el cual fue acordado mediante escrito de fecha treinta de septiembre del año en curso, mismo que se encuentra pendiente de resolver un recurso de revocación. En esa tesitura, ha lugar a declarar sin materia el presente recurso de revocación, ya que los agravios que hace valer el disidente se encuentra encaminado a que se revoque la determinación asumida y se restablezca el auto de fecha diez de septiembre del año en curso y se admita el recurso de revocación, lo cual fue acordado de conformidad en autos de fecha treinta de septiembre y ocho de octubre del año en curso, e incluso se llevó a cabo la diligencia solicitada por el actor, por tanto ha quedado superado el motivo de inconformidad, ya que de las constancias procesales se desprende que lo solicitado por el disidente fue acordado por diverso autos.---------------- Bajo esta construcción argumentativa y ante lo inoperante de sus conceptos de divergencia, se confirma el auto del veinticuatro de septiembre del dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------ [.]". Ahora, no obstante que de un análisis superficial se obtiene que la resolución combatida se encuentra indebidamente fundada y motivada (dada la decisión que aquí se adoptada), de ésta se desprende que el juez natural: Declaró sin materia el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno (a través del cual se regularizó el auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno a efecto de establecer que el escrito ahí acordado carecía de firma y por tanto no ha lugar a acordar de conformidad a su petición, razón por la que no dio trámite al diverso recurso de revocación interpuesto en su contra; y, autorizó el requerimiento de pago al demandado Anuar Joseph Manuel Esteban Valderrama, conforme al acuerdo de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, para lo cual dejó a su disposición la ficha correspondiente); y, Al margen de lo anterior, estimó inoperantes los motivos de agravio del actor, por lo que confirmó el auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Todo ello, en atención que tuvo por establecido que: En diligencia de siete de octubre de dos mil veintiuno, el actuario judicial en compañía con la parte actora, se presentaron en el domicilio señalado -en el diverso escrito registrado con el número de folio 28 (foja sin número del tomo de pruebas) y que también fuera acordado el veinticuatro de septiembre del mismo año- como el del demandado Anuar Joseph Manuel Esteban Valderrama; sin que éste fuera localizado. Que por lo que hace a la diversa moral demandada, en auto de treinta de septiembre de dos mil veintiuno se acordó lo conducente (no ha lugar a emplazar a la moral en comento, en virtud de que la parte actora no acredita haber realizado la búsqueda de su domicilio) y que, además, respecto de ese proveído se encuentra pendiente resolver un diverso recurso de revocación. De lo anterior expuesto, se obtiene que, si bien, la autoridad responsable no se pronunció sobre el agravio relativo a la firma que contenía o no el escrito de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, que fuera acordado en auto de diez de septiembre siguiente, por lo que superficialmente se observa que no fue exhaustiva, asimismo, que resulta incongruente el establecer en primer lugar que declara sin materia el recurso de revocación y, en segundo lugar, aduce que los conceptos de divergencia expresado por el promovente fueron inoperantes, por lo que se confirma el auto recurrido; verídico es que, en el asunto que no ocupa, en caso de que se dicte una sentencia en la que se conceda a la quejosa el amparo, los efectos de ésta serían estériles a la luz del contenido de la demanda. Lo anterior es así, debido a que, con independencia de la falta de exhaustividad e incongruencia contenidas en la resolución combatida en esta vía, a ningún fin práctico llevaría el dejarla insubsistente dado que el objeto pretendido, esto es, que (1) se acordara la solicitud del quejoso en cuanto a tenerle por señalado el domicilio del demandado Anuar Joseph Manuel Esteban Valderrama y ordenar la ejecución de lo determinado en proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, sobre éste, y (2) que se despachara el emplazamiento por edictos de la moral "Grupo Rhino León", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, fueron atendidas ambas peticiones, a través de similares que posteriormente fueron realizadas por el aquí quejoso (por conducto de su apoderado legal), en otros escritos registrados bajo los folios 28 y 29, que fueron acordados en proveídos de veinticuatro y treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Es decir, aunque la petición que inicialmente fue realizada mediante escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, no haya sido cabalmente atendida por las diversas razones que se asentaron en autos de diez y veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, con independencia de sus consideraciones o deficiencias, al establecer el quejoso idénticas solicitudes posteriores, su pretensión fue ya acordada por la autoridad responsable. Sin que se soslaye el hecho de que los demandados aun no sean localizados en el juicio de origen para hacer efectivas las condenas establecidas en los diversos incidentes de liquidación de intereses y pena convencional, así como el de daños y perjuicios; pues esa situación no puede ser atribuida a la autoridad responsable, dado que de autos se advierte que ésta, al acordar las peticiones del ahora quejoso ha realizado las gestiones pertinentes para lograr ese cometido (en particular por lo que hace al demandado Anuar Joseph Manuel Esteban Valderrama) o bien, ha dado pauta a fin de que el propio quejoso promueva lo conducente -por ejemplo la realización de una búsqueda, o el ofrecimiento de una testimonial para acreditar el desconocimiento del domicilio donde puede ser ubicada la moral demandada "Grupo Rhino León", Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. De ahí que, se reitera, los efectos de una sentencia concesoria, resultarían estériles a la luz de las anteriores consideraciones puesto que el fin buscado por la parte quejosa, ya ha sido solventado a través de diversos autos por el juez natural. Así, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que el efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales, nulificando el acto reclamado en sí y los subsecuentes que de éste se deriven; en ese sentido, toda vez que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución del agraviado en el pleno goce de derecho violado, de manera que se reestablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo derecho exija. De la interpretación anterior, resultó la jurisprudencia P./J. 90/97, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE." Luego entonces, si lo pretendido en el escrito de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, ya fue atendido posteriormente por la autoridad responsable, mediante proveídos de veinticuatro y treinta de septiembre de dos mil veintiuno, es que resulta improcedente la acción constitucional ahora intentada; porque en caso de una posible concesión del amparo, no podrían concretarse los efectos en la esfera de derechos del promovente, a la luz del contenido de su demanda de amparo. Pues de pretender lo contrario, esto es, darle la razón de que la resolución combatida se encuentra indebidamente fundada y motivada (como superficialmente se advierte) y que la autoridad responsable debe de pronunciarse sobre la totalidad de sus motivos de disenso (en particular sobre la falta o no de la firma de su escrito de ocho de septiembre pasado o que la regularización de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno fue ilegal a la luz del artículo 59 del Código de Procedimientos Civiles del Estado); conllevaría a afectar al propio quejoso, en virtud de que se estaría extralimitando las funciones propias de un tribunal constitucional al retrotraer cuestiones que, en cuanto a las peticiones correspondientes, ya fueron atendidas y que, como se dijo, a ningún efecto práctico llevaría dado que al escrito de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, le habría de recaer, en su caso, lo ya acordado el veinticuatro y treinta de septiembre del mismo año (este último sobre el cual existe una diversa resolución de ocho de noviembre de dos mil veintiuno y que es motivo de estudio del juicio de amparo 1122/2021, del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato), ni aun bajo la premisa de reestablecer al quejoso en el goce de sus derechos subjetivos, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 77 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; pues ante el conflicto de aplicar lo previsto la ley de la materia o la Carta Magna, siempre debe prevalecer esta última, atendiendo al mandato expreso de su cardinal 133 que establece el principio rector del sistema jurídico mexicano, conocido como la supremacía constitucional; por lo tanto, en el preciso caso que se analiza, dada su naturaleza, no es posible dictar una sentencia concesoria en consideración a los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, pues los efectos de ésta serían estériles. Sin que obste el hecho de que el quejoso manifieste que la violación reclamada a la autoridad responsable repercuta a tal grado de afectar sus derechos procesales; empero, es necesario precisar que la técnica del juicio de amparo permite desarrollar un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, con el propósito de visualizar si la restitución del quejoso en el goce del derecho violado se podría alcanzar, pues carecería de lógica y sentido práctico el análisis del acto reclamado, si anticipadamente se logra prever que la declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, como ocurre cuando se advierte que si se concede la protección federal, sus efectos vulnerarían normas o principios rectores del juicio de amparo, casos en los cuales la acción intentada resulta improcedente en tanto que la decisión de inconstitucionalidad en nada beneficiaría al quejoso pues sus peticiones, aunque en diversos proveídos, ya fueron analizadas y acordadas. Consecuentemente, al ser clara la actualización de la causal de improcedencia invocada, lo procedente es sobreseer en el presente juicio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Con la determinación precedente, se impide analizar las cuestiones de fondo planteadas por la parte quejosa, tendentes a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado; esto es así, en cumplimiento a la tesis Jurisprudencial II.3º.J/58, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, octubre de mil novecientos noventa y tres, cuyo contenido literal refiere: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." No representa obstáculo a la conclusión anterior el hecho de que se haya admitido a trámite la demanda de amparo, puesto que con su sola presentación no era posible para este órgano de control constitucional advertir su manifiesta e indudable improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes. De tal suerte que la simple admisión de demanda, no representa un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este juzgado está obligado a proceder en tales términos, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. En apoyo a las consideraciones expuestas es aplicable la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 544, en el tomo XIV, Julio de 1994, cuyo contenido enseguida se transcribe: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Finalmente, debe decirse que la particular circunstancia de que se sobresea en el juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Materia Constitucional, Décima Época, que dispone: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano.". Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 63, 73, 74, 75, 76 y 217, de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
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Juzgado Federal informa admisión de demanda y solicita constancias. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa la admisión de la demanda de amparo derivada de la separación de juicios ordenada en autos, y solicita copia certificada de las constancias que remitió la autoridad responsable juez Tercero Civil de Partido, de esta localidad; sin que resulte necesario emitir mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en proveído de veinticuatro de diciembre pasado, se ordenó su remisión. Cúmplase.
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