Alejandro Gonzalez Olivas
Expediente 756/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 756/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 30/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Alejandro Gonzalez Olivas
- Manuel Alfredo Peña Limon
- H. Ayuntamiento de Chihuahua
- ALEJANDRO GONZALEZ OLIVAS y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
HAGASELE LA DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE
- Principal
HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA, POR TANTO ARCHIVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO.
- Principal
Chihuahua, Chihuahua, dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis. Chihuahua, Chihuahua, a quince de agosto de dos mil dieciséis. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 756/2016, promovido por ALEJANDRO GONZALEZ OLIVAS; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, el treinta de mayo de dos mil dieciséis, el cual fue turnado a este Juzgado Segundo de Distrito al día hábil siguiente, ALEJANDRO GONZALEZ OLIVAS, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se citan: III).- AUTORIDAD RESPONSABLE.- H. Ayuntamiento de Chihuahua, a través de la Secretaria del H. Ayuntamiento de Chihuahua del Municipio de Chihuahua. IV).- ACTO RECLAMADO: La resolución definitiva en el Expediente número RA60/15, de fecha Veintidós de enero del año en curso derivado del Procedimiento Administrativo de Recisión promovido por MANUEL ALFREDO PEÑA LIMÓN en contra de Secretaria de H. Ayuntamiento. SEGUNDO.- Trámite del juicio. Por proveído de uno de junio de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de garantías, se solicitó el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se ordenó emplazar a juicio a la parte tercero interesado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, quien no formuló pedimento, así mismo se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se inició al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el contenido del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en atención a que en su jurisdicción territorial residen las autoridades a las que se atribuye el acto que se tilda de inconstitucional. SEGUNDO.- Precisión del acto reclamado. Previo a abordar lo relativo a la certeza o inexistencia de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que debe señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de garantías, atendiendo a la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, página 32, que expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 74.- Las sentencias deben contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;.". De la transcripción anterior se desprende que, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación, debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso, con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Al caso concreto, es aplicable el criterio contenido en la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, página 255, cuya literalidad indica: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En cumplimiento a lo anterior, el quejoso reclama específicamente, la resolución definitiva de veintidós de enero de dos mil dieciséis, relativa al recurso de revisión expediente RA60/2015, en la que se declaró improcedente el aludido medio de impugnación interpuesto por el ahora quejoso en contra de la resolución del Procedimiento Administrativo de Rescisión 011/2012, emitido por licenciado Santiago de la Peña, en su carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de Chihuahua, de treinta de septiembre de dos mil quince. Lo anterior, atento a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias de amparo. Sirve de sustento jurídico, la jurisprudencia 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho, página 227, con el rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". TERCERO.- Es cierto el acto reclamado a la responsable Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, residente en esta ciudad; pues así lo manifestó al rendir su informe con justificación (fojas 25 a 31); lo que se corrobora con las documentales que dicha responsable anexó a esa comunicación consistentes en copia certificada del recurso administrativo RA60/2015, documentales que cuentan con pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2°, por tratarse de actuaciones realizadas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Al respecto, es aplicable la tesis que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". (Tesis de Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, Materia Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, del Apéndice 2000). Así también, es aplicable al respecto, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de la siguiente voz: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO.- Análisis causas de improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio del fondo del asunto, este Tribunal Federal debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de garantías, toda vez que constituyen una cuestión de orden público y estudio preferente, y además, porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, quien aquí resuelve no advierte ninguna causal de improcedencia que de oficio deba analizarse, o que haya sido hecha valer por alguna de las partes; por ende procede el estudio de la litis constitucional planteada en esta vía de amparo. QUINTO.- Estudio. Los conceptos de violación formulados por la quejosa deben desestimarse. En principio, es oportuno destacar que, el acto reclamado emana de una controversia del orden administrativo; de ahí que, el estudio de los conceptos de violación será bajo el principio de estricto derecho, pues en este asunto no opera la suplencia de la queja en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Para una mejor comprensión del presente asunto, resulta oportuno narrar brevemente los antecedentes del acto reclamado: 1.- ALEJANDRO GONZALEZ OLIVAS, aquí quejoso, denunció ante la autoridad municipal el terreno ubicado en la calle 40, número 921, de la colonia Guadalupe, de esta ciudad, tramitándose en el expediente 0191/2006, resolviéndose procedente la enajenación del predio municipal en cita, el cual fue aprobado por el H. Ayuntamiento de Chihuahua, en Sesión Ordinaria S.O. 16/10 celebrada el veintiséis de agosto de dos mil diez, dentro del punto número 8 del orden del día. 2.- El C. Manuel Alfredo Peña Limón, aquí tercero interesado, interpuso el veinticuatro de septiembre de dos mil doce, Procedimiento Administrativo de Rescisión 011/2012 contra el título anteriormente otorgado al quejoso ALEJANDRO GONZALEZ OLIVAS, argumentando que se encontraba en posesión del bien inmueble desde hace treinta años; con fecha veinticinco de abril de dos mil trece, la autoridad municipal resolvió que no era procedente rescindir el titulo controvertido. 3.- Por lo que el tercero interesado Manuel Alfredo Peña Limón, el diecisiete de junio de dos mil trece, interpuso Recurso Administrativo de Reconsideración AR011/2013, por medio del cual impugnó la resolución de veinticinco de abril de dos mil trece, del Procedimiento Administrativo de Rescisión 011/2012, el cual fue resuelto con fecha treinta de septiembre de dos mil quince, en que se declaró fundado lo expresado por el tercero interesado Manuel Alfredo Peña Limón y en consecuencia se revocó la resolución del Procedimiento Administrativo de Rescisión y se declaró la nulidad del Titulo Municipal otorgado al quejoso ALEJANDRO GONZALEZ OLIVAS. 4.- El ahora quejoso ALEJANDRO GONZALEZ OLIVAS interpuso recurso de revisión el día cuatro de diciembre de dos mil quince, mediante el cual combatió la resolución de treinta de septiembre de ese mismo año, dictada con motivo del recurso de reconsideración intentado por Manuel Alfredo Peña Limón, al cual se ha aludido en el punto anterior. Pues bien, al resolver el recurso interpuesto por Alejandro González Olivas, ahora quejoso, la autoridad responsable determinó, en primer lugar, que aun cuando el administrado interpuso "recurso de revisión", debía entenderse que intentó el "recurso de reconsideración" ya que, en términos de la legislación aplicable, este último procede contra determinaciones dictadas por el propio Ayuntamiento, como la combatida por el justiciable. Ahora, la autoridad responsable determinó que el recurso interpuesto por el hoy quejoso, Alejandro González Olivas, resultaba improcedente bajo una consideración toral, consistente en que los recursos administrativos no proceden contra autos y resoluciones dictados dentro de otros recursos administrativos, fundándose en lo dispuesto por el artículo 232, primer párrafo, del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua. En sus conceptos de violación, el quejoso expone lo siguiente. 1) La responsable contravino lo previsto en el libro segundo del código municipal del Estado, toda vez que se le pretende privar de la propiedad de un bien que adquirió, violando con ello la garantía de legalidad y los derechos humanos. 2) El segundo párrafo del artículo primero constitucional dispone que todas las autoridades deben aplicar el principio pro persona y preferir las interpretaciones que más favorezcan los derechos del individuo, lo cual fue reiterado por la Primera Sala de al Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis XXVI/2012, de rubro: PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBE ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. 3) Por ende, para determinar si el recurso "de revisión" interpuesto por el ahora quejoso resultaba improcedente, la responsable debió atender a lo previsto en el artículo 198 del Código Municipal del Estado de Chihuahua, el cual regula los recursos que deben interponerse contra los actos de las autoridades muncipales, entendiéndolo bajo el derecho de acceso a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 17 constitucional, en términos de la jurisprudencia 42/2007 de la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro: GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 4) Bajo esa óptica, debe concluirse que si el artículo 198 del código en cita establece que los actos de la autoridad municipal podrán ser impugnados a través de los recursos de revisión y reconsideración, entonces, la responsable debió considerar idóneo el recurso interpuesto por el ahora quejoso, porque la materia del mismo comprende una resolución emanada de una autoridad municipal. 5) Ahora, el artículo 232, primer párrafo, del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua dispone que los recursos administrativos no proceden contra autos y resoluciones dictados dentro de otros recursos administrativos. En congruencia, el diverso 256, fracción VII, de ese mismo ordenamiento, establece que es improcedente el recurso administrativo que se interpone contra la resolución definitiva emitida por el ayuntamiento en los recursos administrativos. 6) No obstante, debe entenderse que las reglas contenidas en los numerales indicados en el párrafo anterior se refieren a las atribuciones otorgadas a la autoridad municipal para administrar, vigilar y disciplinar su régimen interno. 7) Interpretar lo contrario significaría sostener que las decisiones de la autoridad municipal son inatacables aun cuando tengan efectos sobre situaciones o personas que no forman parte de las estructuras administrativas de la misma. 8) Al respecto, debe tenerse presente que es el Código Municipal el que regula la defensa del ciudadano y, en ningún momento, remite al Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, en el que la autoridad responsable pretende fundar su actuación. 9) Apoya su postura en la tesis del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, abril de 1992, página 608, de rubro: RECONSIDERACIÓN, RECURSO DE. PROCEDE CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). 10) Explica el quejoso el alcance del artículo 1º constitucional, en relación con el diverso 133 de la norma suprema, las obligaciones derivadas de los mismos, así como del derecho de acceso a la justicia previsto en el numeral 17 del ordenamiento constitucional y en diversos tratados internacionales, especialmente, en lo que se refiere a la posibilidad de instar un recurso efectivo, sencillo y rápido. 11) Estudio que el peticionario de amparo realiza para sostener que el artículo 198 del Código Municipal del Estado de Chihuahua debe ser interpretado a la luz del artículo 1º constitucional y, a partir de ello, concluir que el recurso interpuesto por el ahora quejoso resulta ser el idóneo para revocar la resolución de once de noviembre de dos mil quince. Los conceptos de violación deben desestimarse. En principio, es necesario apuntar que los argumentos del impetrante giran alrededor de un eje toral, consistente en que los artículos 232, primer párrafo, y 256, fracción VI, del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, no son aplicables, porque se refieren al régimen interno del municipio, por lo que, la responsable debió estimar que el recurso interpuesto resulta idóneo para combatir la resolución impugnada. Pues bien, este juzgador federal considera que aun cuando el Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua tiene como objeto definir la estructura, organización, funcionamiento y control de la administración pública municipal, ello no significa que las reglas procesales incluidas en dicho ordenamiento, relacionadas con la tramitación de los recursos previstos en el Código Municipal, deban ser desatendidas en el caso concreto porque se refieren a la defensa jurídica de los particulares y, además, se inspiran y deben ser interpretadas conforme a la garantía de seguridad jurídica. En efecto, el artículo 1º del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua dispone lo siguiente: "Artículo 1. El presente ordenamiento es de orden público e interés social y tiene por objeto regular: I. Las disposiciones contenidas en el Código Municipal, relativas al régimen administrativo del Municipio de Chihuahua; II. La estructura, organización, funcionamiento y control de la administración pública municipal, centralizada y descentralizada; III. Las actividades relacionadas con los procesos de entrega-recepción de las dependencias y entidades municipales; IV. Los procedimientos para la elección de las Juntas Municipales y Comisarios de Policía del Municipio de Chihuahua, y V. Los usos protocolarios y costumbres de la Bandera del Municipio de Chihuahua." De lo anterior se desprende que el Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua constituye un ordenamiento cuyo objeto consiste en regular el régimen administrativo del municipio, así como lo relacionado con la estructura, organización y funcionamiento de la administración pública municipal. Por su parte, el artículo 232 del reglamento en cita dispone lo siguiente: "Artículo 232. En contra de los autos dictados dentro del trámite delos recursos administrativos y de su resolución, no cabe recurso alguno." A su vez, los artículos 33, fracción V y 251 del mismo reglamento prevén: "Artículo 33. Compete a la Contraloría Jurídica el ejercicio de las siguientes facultades: (.) V. Substanciar los procedimientos y recursos administrativos." "Artículo 251. Para la sustanciación de los recursos administrativos a que hace alusión la fracción V, del artículo 33 de este Reglamento, se observarán las reglas contenidas en el Título Segundo, Capítulo II, del Código Municipal, para lo cual se atenderá lo contenido en la presente Sección." "Artículo 256. Es improcedente el recurso administrativo: (.) VII. Contra la resolución definitiva emitida por el Ayuntamiento en los recursos administrativos." Como fue dicho, este juzgador de amparo considera que la definición del alcance de las reglas procesales contenidas en los artículos 232 y 256, fracción VII, del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, no puede realizarse atendiendo únicamente al objeto señalado en el artículo 1º de dicho ordenamiento, ya que, incluso, el primero de los preceptos señalados se encuentra ubicado dentro del capítulo segundo (De la defensa jurídica de los particulares) del Título Sexto (De las infracciones, sanciones y de la defensa jurídica de los particulares) del precitado reglamento. Lo anterior demuestra las reglas procesales contenidas en el reglamento de referencia no sólo deben vincularse al régimen interno del municipio, esto es, a los conflictos surgidos entre la administración y los servidores públicos integrantes de la misma, ya que dichas reglas se refieren expresamente a la defensa jurídica de los particulares contra los actos de la propia administración municipal, de ahí que resulten aplicables al caso concreto. Además, debe estarse a lo previsto en los artículos 198 y 199 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua: "Artículo 198. Los actos que dicten las autoridades municipales, pueden impugnarse mediante los recursos de revisión y reconsideración. La resolución que se dicte en los recursos administrativos será también impugnable por medio del juicio de oposición cuando se trata de actos en materia fiscal municipal o de controversias que se susciten sobre interpretación y cumplimiento de concesiones y demás contratos administrativos celebrados por los Ayuntamientos. En estos casos, no es necesario que el quejoso agote previamente los recursos administrativos, pues podrá combatir directamente los actos en juicio de oposición, teniéndose por renunciado su derecho a intentar los medios de impugnación administrativa. Artículo 199. El recurso será de reconsideración, cuando el propio Ayuntamiento resuelva inconformidades de particulares respecto de actos dictados por el mismo; será de revisión cuando resuelva inconformidades de los particulares por actos dictados por cualquiera otra de las autoridades municipales." De lo anterior se desprende que el recurso de reconsideración procede cuando el propio ayuntamiento resuelva inconformidades de particulares respecto de actos dictados por el mismo. A su vez, la resolución dictada con motivo de dicho recurso será impugnable mediante el juicio de oposición cuando se trate de actos en materia fiscal municipal o de controversias suscitadas sobre interpretación y cumplimiento de concesiones y demás contratos administrativos celebrados por los ayuntamientos. Luego, puede sostenerse válidamente que la resolución dictada con motivo del recurso de reconsideración no puede ser combatida a través de ese mismo medio de impugnación (reconsideración) toda vez que, como fue dicho, la facultad decisoria de la administración se agota con el conocimiento y solución del recurso intentado en primer término, conclusión que es acorde a la garantía de seguridad jurídica prevista en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. De otro modo, tendríamos que la naturaleza del recurso de reconsideración quedaría desvirtuada ya que dicho recurso fue introducido por el legislador con el claro propósito de que, a través del mismo, el ayuntamiento pudiera revocar, confirmar o modificar sus propias determinaciones, por lo cual, resulta inadmisible que la resolución dictada con motivo de dicho recurso pueda ser analizada, de nueva cuenta, a través del mismo medio de impugnación ya que ello significaría que el primer recurso intentado no cumplió con el propósito para el cual fue diseñado. Lo expuesto anteriormente cobra aplicación al caso concreto porque la autoridad responsable partió de una consideración toral, consistente en que el recurso de reconsideración intentado por el ahora quejoso resultaba improcedente, toda vez que el mismo fue interpuesto contra la resolución dictada en un diverso recurso de reconsideración. Determinación que, por las razones expuestas con anterioridad, se estima correcta. Sin que la conclusión anterior resulte violatoria del derecho a la tutela judicial efectiva, ni contraria a lo preceptuado en el artículo 1º constitucional, toda vez que, a juicio de quien suscribe, el derecho señalado en primer término quedó garantizado por el legislador local al haber establecido un recurso contra los actos del ayuntamiento a través del cual este último pueda revocar, modificar o confirmar sus propias determinaciones. Además, tampoco puede estimarse que la determinación alcanzada por la autoridad responsable resulte violatoria del referido derecho porque, aun cuando el recurso de reconsideración no resulte procedente contra la resolución recaída a un diverso recurso de la misma naturaleza, ello no significa que el gobernado quede en estado de indefensión porque puede acudir a una instancia jurisdiccional para defender su derecho y, de ser el caso, al juicio de amparo contra la resolución recaída al primer recurso de reconsideración en comento. Así, al haberse desestimado los conceptos de violación, debe negarse la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, fracción I, 75, 107, fracción V, 119, 170, fracción I, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse; y se, R E S U E L V E: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ALEJANDRO GONZALEZ OLIVAS, contra los actos que reclama de la autoridad responsable precisada y por las razones expuestas en el considerando quinto del presente fallo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado ALBERTO ARTURO GONZALEZ FERREIRO, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante su Secretaria licenciada Karla Calderón Ortega, con quien actúa y da fe, hasta el día de hoy dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, en que lo permitieron las labores de este Tribunal. Doy fe. L´Rodrigo. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE 18/NOVIEMBRE/2016 A LA PARTE TERCERO INTERESADA QUE DICE: RESUELVE: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNION NO AMPARA NI PROTEGE
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