Alejandro González Munibe
Expediente 1058/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1058/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Alejandro González Munibe
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, cinco de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el presente expediente transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo y no obran documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo con la certificación que antecede. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Alejandro González Munibe, por propio derecho, contra actos del Consejo de la Judicatura del Estado, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1058/2018, y fórmese expediente. De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito inicial de demanda, a fin de determinar la procedencia o improcedencia del juicio. Ahora, el quejoso señala como acto reclamado el siguiente: "4.- ACTO RECLAMADO: CONSTITUYE ESTE PRIMER CONCEPTO DE VIOLACIÓN, LA RESOLUCIÓN DICTADA CON FECHA VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO EMITIDO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DENTRO DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA NUMERO 28/2018, EL CUAL FUE EMITIDO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ESTA CIUDAD CAPITAL." Luego, en el capítulo de hechos de su demanda, específicamente el número 4; bajo protesta de decir verdad señala: "4. CON FECHA VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, FUI NOTIFICADO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN QUE HOY SE COMBATE. RAZÓN POR LA CUAL ME VEO EN LA NECESIDAD DE SOLICITAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE ESTA JUSTIFICA FEDERAL, PARA QUE SE REVOQUE DICHA SENTENCIA HOY RECURRIDA A TRAVÉS DEL PRESENTE RECURSO DE GARANTÍAS". Hecha la anterior precisión, este Juzgado de Distrito considera que en el presente juicio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo por no promover el juicio de amparo en los plazos previstos. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" En adición, es importante destacar lo previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Entonces, de una interpretación armónica de los artículos transcritos se advierte, que el juicio de amparo es improcedente, cuando se consienta tácitamente el acto reclamado al ocurrir alguna de las hipótesis para computar el plazo legal de quince días que se tiene para la presentación de la demanda de amparo: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Sobre esa base, se tiene que dichas hipótesis se excluyen entre sí y no guardan relación alguna; lo que revela la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del amparo se computa a partir del día siguiente en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos. En el caso, se arriba a la consideración que se actualiza la hipótesis marcada con el inciso a), en relación al plazo para la promoción del juicio de amparo, que se computa desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución que se reclame. Como el acto proviene de una queja administrativa que presentó el aquí quejoso, en contra de Irasema Ramírez Sánchez, Juez Segundo de lo Civil de esta ciudad capital, el plazo para la promoción del juicio de amparo se regula con lo previsto en el artículo 129 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, de aplicación supletoria: "Artículo 129. Cómputo de plazos judiciales. Los plazos judiciales empezarán a correr el día siguiente del en que surta efectos el emplazamiento, citación o notificación, y se contará, en ellos, el día del vencimiento. (ADICIONADO, P.O. 12 DE DICIEMBRE DE 2000) Las notificaciones personales surten efectos el mismo día en que se hubieran hecho y las demás al día siguiente de haberse practicado." Así, se considera actualizada la hipótesis del inciso a) porque la resolución de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho que reclama el quejoso, se le notificó el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, como como lo señala en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, por lo que surtió efectos al día siguiente, es decir, el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. Luego, el plazo de quince días para que el quejoso promoviera el juicio de amparo inició el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho y culminó el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, descontados que fueron los días uno, dos, ocho, nueve, catorce, quince y dieciséis de septiembre de dos mil dieciocho, por haber sido inhábiles. Entonces, si el quejoso presenta su escrito de demanda ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad hasta el veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, es evidente que no se presentó dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, porque el quejoso tenía como último día, para presentar la demanda el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Por lo tanto, resulta extemporánea y en consecuencia, consintió el acto reclamado de manera tácita, esto es, lo establecido en la resolución de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho emitida por el Consejo de la Judicatura dentro de la queja administrativa 28/2018, que hoy reclama. DOMICILIO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican para tal efecto. AUTORIZADOS. Por último, se tiene como su autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Miguel Ángel Rayo Melquiades, sin gozar de las facultades amplias, dado que en el escrito que se provee no proporciona los datos correspondientes o documentos que acredite que está legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogados, como lo prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, que dice: "El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere el párrafo anterior." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe. pasión
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