Alejandro González González

Expediente 1985/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1985/2015
Año
2015
Actuaciones
12
Última actuación
12/01/2016

Partes del expediente

  • Alejandro González González
  • Agente del Ministerio Público Federal Adscrito Al Juzgado Segundo de Distrito En el Estado de Zacatecas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    En doce de enero de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez con el oficio con registro 514.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a doce de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas; y en atención al contenido, téngasele por acusando recibo del diverso oficio 39188/2015 por el que le fue notificado el proveído de treinta de diciembre de dos mil quince en el que causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio, así como de la causa penal 420/2014 en dos tomos que le fue remitida adjunta al comunicado de referencia; lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En treinta de diciembre de dos mil quince, la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de tres días concedido al autorizado de la parte quejosa, en auto dictado el veintiuno del mes y año en curso, para que exhibiera una copia más de su escrito de expresión de agravios, transcurrió del veinticuatro al veintinueve del mes y año en curso, sin que hubiera cumplido con esa determinación. Asimismo, se hace constar que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para las partes del nueve al veintidós de diciembre de la presente anualidad, sin que se haya perfeccionado el recurso de revisión intentado contra de la sentencia dictada por este Juzgado el cuatro de diciembre de dos mil quince, dentro del juicio de amparo 1985/2015.- DOY FE. En la misma fecha, se da cuenta al Secretario en funciones de Juez con el estado que guardan los presente autos y con las certificaciones que anteceden.- CONSTE. ZACATECAS, ZACATECAS, A TREINTA DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Visto el estado que guardan los presente autos y certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Órgano Jurisdiccional, en el sentido que transcurrió el término de tres días concedido al autorizado de la parte quejosa, en proveído dictado el veintiuno del mes y año en curso, para que exhibiera una copias más de su escrito de expresión de agravios, relativo al recurso de revisión intentado contra la sentencia dictada por este Juzgado el cuatro de diciembre de la presente anualidad, sin que hubiera cumplido con esa determinación; en consecuencia, con apoyo en el artículo 88, último párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el proveído de mérito, y se tiene por no interpuesto el indicado medio de defensa. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos y de la propia certificación asentada por el Secretaria adscrita a este Juzgado, se advierte que ha transcurrido para las partes el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se haya perfeccionado el recurso de revisión intentado contra la sentencia dictada por este Juzgado el cuatro de diciembre de dos mil quince, por los motivos precisados en el párrafo que antecede, en la cual se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA; por lo que en su oportunidad de conformidad con el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de la Materia vigente, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Devuélvanse a la autoridad responsable, el duplicado de la causa penal 420/2014, en dos tomos, que remitió como apoyo a su informe justificado. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud que se decretó el sobreseimiento; además de que este Juzgado considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse. Asimismo, se declara QUE EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, atendiendo a que el mismo concedió la suspensión definitiva al promovente del amparo; luego, deben conservarse las constancias relativas a la copia de la demanda de amparo con que se formó, así como de la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva; en consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Respecto al CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, es también SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Visto el escrito de cuenta signado por el licenciado Fabián Medina Hernández en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este juzgado el cuatro de diciembre del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de garantías; y toda vez que no acompaña las copias necesarias del escrito de expresión de agravios para distribuir entre las demás partes, pues únicamente exhibe tres, debiendo ser cuatro, por corresponder una para la autoridad responsable, otra para la parte tercero interesada, otra para agregarse al presente sumario y una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito; en consecuencia, con fundamento en el artículo 88, último párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase al ocursante para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación de este auto, exhiba una copia faltante, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el término indicado, se tendrá por no interpuesto el recurso de revisión que intenta. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe.aksa

  4. Principal

    En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 1985/2015, estando en audiencia pública el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, asistido del licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Enseguida, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, en aplicación a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. En el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, se da cuenta con las consistentes en el duplicado de la causa penal 420/2014, en dos tomos, que remitió el Juez responsable, en apoyo a su informe como justificación de los actos reclamados. Al respecto, el Secretario en Funciones de Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria en consulta, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial naturaleza, las pruebas ya relacionadas. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el cual el Secretario da cuenta con el hecho de que ninguna de las partes formuló. Al no existir más diligencias pendientes por desahogar, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1985/2015; y, R E S U L T A N D O: 1°. Trámite del asunto como amparo indirecto ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en Zapopan, Jalisco. En escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en Zapopan, Jalisco, ALEJANDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, por propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, que a continuación se precisan: "IV. ACTO RECLAMADO: El ilegal y Anticonstitucional proceso que se encausa en mi contra dentro de las actuaciones que conforman el expediente 420/2014 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, proceso que encuadra en el supuesto a que refiere el artículo 22 Constitucional, pues evidencia una condena (pena) inusitada del que puedo ser y seré objeto inminentemente (ya sucedió una vez y la aquí responsable ya emitió una opinión), misma que en su totalidad causa agravios y deja EN COMPLETO ESTADO DE INDEFENSIÓN AL SUSCRITO, por los motivos que más adelante explicaré (afectación a mi derecho pro persona)." Preceptos constitucionales que se estiman violados. El quejoso señaló como tales, los contemplados en los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2°. Aceptación de la competencia declinada. La demanda de amparo aludida se turnó a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuyo Titular dictó proveído el veintiocho de octubre de dos mil quince, en que ordenó: aceptar la competencia declinada y avocarse al conocimiento del asunto; admitir la demanda de garantías y registrarla bajo expediente 1985/2015; se solicitó el informe justificado; se dio la intervención a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se ordenó notificar al quejoso que este Juzgado aceptó la competencia declinada; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, tiene competencia legal para fallar en definitiva en el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por reclamarse actos dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. II. Precisión y existencia del acto reclamado. II. 1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 75, de la Ley de Amparo vigente. Para tal efecto se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y al observar con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de la jurisprudencia de los rubros "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, de una lectura íntegra del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: La totalidad de los actos procesales que obran dentro de la causa penal 420/2014 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, donde dice el quejoso, con la integración de la misma se dictará una sentencia donde se le establezca una pena inusitada. II. 2. Inexistencia, certeza o presunción de los actos reclamados. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará la inexistencia o certeza del mismo, tal y como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." II. 2. 1. Certeza: Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, toda vez que así lo reconoció en su informe justificado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, su existencia se corrobora con el duplicado de la causa penal número 420/2014; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno, en término de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2° de esta última legislación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 226 del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." III. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio. Al respecto, es aplicable, la tesis cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así, este órgano jurisdiccional advierte de manera oficiosa la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción V y 172, fracción V, todos de la Ley de Amparo vigente, los cuales establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". Por su parte el artículo 107, de la Ley de la Materia, en su fracción V señala: "El amparo indirecto procede: ... V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; En tanto que el dispositivo 172, fracción V, consigna lo siguiente: "Artículo. 172. En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso: . V.- Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;". Así, del expediente relativo a la causa penal, se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1. En principio, ante este propio Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, el veintinueve de octubre de dos mil trece, radicó la causa penal número 103/2013 instruida contra ALEJANDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, por su probable responsabilidad penal en la comisión del delito de Tráfico de Indocumentados. 2. El uno de noviembre se le resolvió su situación jurídica en la cual se dictó en su contra auto de formal prisión por el delito antes citado (fojas 175 a 199 del duplicado de la causa penal). 3. Seguido el procedimiento penal por sus etapas legales correspondientes, este propio Juzgado Federal dictó sentencia condenatoria contra el ahora quejoso, en la que se le impuso una pena privativa de libertad, así como una sanción pecuniaria y sanciones accesorias (fojas 643 a 686 del duplicado de la causa penal). 4. Contra esa sentencia definitiva el sentenciado interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por el Tercer Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región con sede en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, en auxilio de las labores del Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito con sede en esta ciudad, en la cual revocó la resolución impugnada y ordenó la reposición del procedimiento a efecto de que se llevaran a cabo careos procesales entre el procesado con los elementos aprehensores y los testigos de cargo (fojas a 740 del duplicado de la causa penal). 5. Mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil catorce, con motivo de la resolución antes citada, al encontrase en trámite nuevamente y con ello en el supuesto establecido por el acuerdo CCNO/19/2014, de la Comisión de Creación de Nuevos Organos del Consejo de la Judicatura Federal remitió la causa penal al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas (fojas 741 del duplicado de la causa penal). 6. Por proveído de veintiocho de noviembre de dos mil catorce, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, se avocó al conocimiento de la causa penal y la radicó con el número 420/2014 y señaló fecha para el desahogo de los careos procesales correspondientes, sin embargo, a la fecha en que fue rendido el informe justificado veintinueve de octubre de dos mil quince, aún no habían sido desahogados (fojas 746 del duplicado de la causa penal). Previamente se estima pertinente establecer que los actos procesales (sucedidos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, hasta antes de emitirse la resolución en definitiva), tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado tutelados por la Constitución General de la República a través de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad, en sus diversas manifestaciones, la propiedad, ya que tal afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de obtener una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos procesales de ejecución reparable, o bien, de efectos intraprocesales, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia; asimismo, es preciso destacar que dichos actos inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra ese objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Por su lado, a guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el arraigo, la prueba pericial en genética, pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedad y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de tránsito y en el séptimo el derecho a la intimidad del ser humano, al obtenerse características genéticas inherentes a la persona que se somete a ese estudio. Así pues, en los citados casos, ninguna de esas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, en el supuesto, de embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia ya no podrá volver a su secreto; y, finalmente, la violación al derecho a la intimidad, ya no se podrá restituir. Así las cosas, atendiendo a la naturaleza, contenido y momento procesal en que se emitió el acto reclamado, esto es, la totalidad de los actos procesales que obran dentro de la causa penal 420/2014 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, donde dice el quejoso, que con la integración de la misma se dictará una sentencia donde se le establezca una pena inusitada; es inconcuso que tales actos no son de ejecución irreparable, en la medida de que con el mismo sólo se afectan derechos adjetivos, es decir, tales actuaciones no implicaría la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, pero de ningún modo, afecta derechos sustantivos o limita los derechos fundamentales del individuo, considerados como aquellos elementos jurídicos que se traducen en medios para salvaguardar las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público; en consecuencia, resulta evidente que tal violación procesal, podría quedar reparada al obtener sentencia favorable a sus pretensiones, sin haberle originado ninguna lesión en su esfera jurídica, y de no ser así, las afectaciones procesales cometidas en su perjuicio, podrían ser impugnadas a través del medio ordinario de defensa legal que se haga valer en contra fallo de primer grado, sí procediere y de serle adversa la resolución respectiva, las violaciones procesales en comento, serían reparables mediante el juicio de amparo directo que en su contra se promueva, pudiendo reclamar entonces las infracciones que estime se originaron durante la secuela procesal. Sirven de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "EJECUCION IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACION DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B, CONSTITUCIONAL).- En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado puedan revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenara la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminara a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva." En las condiciones apuntadas y atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, los actos reclamados de que se trata no son de aquéllos que tengan sobre los derechos procesales de la parte quejosa, una ejecución de imposible reparación, es de considerarse que en el caso concreto el juicio de amparo indirecto que se interpone es notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada, y en esa tesitura, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de garantías promovido por ALEJANDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ALEJANDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, contra la autoridad responsable y en cuanto al acto precisado en el considerando segundo, punto II. 1, de este fallo. NOTIFIQUESE POR MEDIO DE LISTA Y POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y AL TERCERO INTERESADO. Lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en funciones de Juez de Distrito, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, que actúa con el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza.-. DOY FE. Razón.- esta foja corresponde a la última de la sentencia dictada en cuatro de diciembre de dos mil quince, dentro del juicio de amparo 1985/2015.- CONSTE.

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