Alejandro González González

Expediente 938/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
938/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
17/07/2019

Partes del expediente

  • Alejandro González González

Actuaciones

  1. Principal

    ...NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL PROMOVENTE...

  2. Principal

    *CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 17/07/2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por el quejoso Alejandro González González; mediante el cual, manifiesta la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, emitido por el Presidente de la Junta señalada como responsable y adjunta seis copias de traslado; por tanto, se le tiene desahogando la prevención realizada por este órgano jurisdiccional el cuatro de julio pasado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "ARTICULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 940, visible en la página 1538, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1988, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así también, la tesis jurisprudencial relacionada con la anterior, que aparece publicada en la misma página de la citada compilación jurisprudencial que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA.- Siendo el juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causal que la funde". Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la tesis de jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Ahora bien, de la lectura integral del escrito de demanda y su aclaratorio se advierte que en el presente juicio el acto reclamado es el auto de seis de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual el Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, con residencia en San Juan del Río, Querétaro, negó la ejecución del laudo correspondiente al expediente laboral 6698/2014/4/1, promovido por Alejandro González González contra Raúl Pérez Hernandez, del índice de la junta responsable; y, respecto de dicho acto se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. INCUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Ello es así, porque se desprende que la parte promovente se duele esencialmente del auto de seis de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual el Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, con residencia en San Juan del Río, Querétaro, negó la ejecución del laudo correspondiente al expediente laboral 6698/2014/4/1, promovido por Alejandro González González contra Raúl Pérez Hernandez, del índice de la junta responsable; por lo que es válido colegir que la parte quejosa, como actora del procedimiento, debió haber agotado el recurso ordinario que la Ley Federal del Trabajo prevé para tal efecto. A fin de demostrar lo anterior, se estima conveniente señalar que el numeral en comento -en la parte que interesa- establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" La fracción transcrita con anterioridad, pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. De lo anterior se advierte que para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Es aplicable a la anterior consideración, la jurisprudencia I. 4o. C. J/25, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, página 361, que dice: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Ahora bien, para corroborar la anterior determinación se estima necesario transcribir los artículos 940 y 945 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen el deber del Presidente de la Junta de adoptar las medidas necesarias para que la ejecución se realice en forma pronta y expedita, e imponen la obligación de cumplimentar los laudos dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos su notificación. "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita." "Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación." Asimismo, los numerales 849 a 852 de la Ley Federal del Trabajo, regulan lo relativo a la procedencia del recurso de revisión y disponen lo siguiente: "Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. Artículo 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria. Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne. Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley." El análisis sistemático de los anteriores dispositivos legales revela que el legislador dispuso la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los Presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos y convenios, entre otros. Ahora bien, la fase ejecutiva en un procedimiento laboral, invariablemente nace a la vida jurídica con el primer acto que tienda a lograr el cumplimiento de una condena. Derivado de lo señalado, es posible afirmar que, contra el acto reclamado consistente en el auto de seis de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual el Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, con residencia en San Juan del Río, Querétaro, negó la ejecución del laudo correspondiente al expediente laboral 6698/2014/4/1, promovido por Alejandro González González contra Raúl Pérez Hernandez, del índice de la junta responsable, es procedente el recurso de revisión, al tratarse de un acto emitido por dicha presidencia de la Junta Especial, en la etapa de ejecución del citado laudo conforme al citado artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, de ahí que es de concluir que, al no agotarse ese medio ordinario de defensa existente, hace improcedente el juicio de amparo. Lo anterior, debido a que, si bien el juicio de amparo resulta un medio extraordinario de defensa y que el principio de definitividad que rige su procedencia obliga al quejoso a agotar, previamente, a su interposición, el recurso ordinario o medio de defensa que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, deben entenderse referidos sólo a aquéllos claramente procedentes en la ley respectiva. Por tanto, si en el caso concreto la parte promovente consideró incorrecta la negativa del Presidente para ejecutar el laudo correspondiente, aquél, antes de acudir al juicio constitucional, debió agotar el recurso de revisión previsto en la Ley Federal del Trabajo, por ser un recurso ordinario tendiente a modificar, revocar o nulificar el acto combatido, por lo cual, resulta improcedente el juicio de amparo, como deriva de lo establecido en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, por las razones en que se sustenta, el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 3217 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Materia Común, Décima Época, que establece: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO, SÓLO DEBE AGOTARSE CUANDO HAYA DADO INICIO LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO CON UN ACTO TENDIENTE A SU CUMPLIMIENTO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos y convenios. Ahora bien, la fase ejecutiva en un procedimiento laboral, invariablemente nace a la vida jurídica con el primer acto que tienda a lograr el cumplimiento de una condena. En tal virtud, resulta innecesario agotar el medio de impugnación ordinario mientras no se haya dado inicio a esa etapa de ejecución." En efecto, el principio de definitividad supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dichos medios ordinarios de impugnación, sin que los interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. Máxime que en el caso el quejoso no está exento de agotar el apuntado principio de definitividad, cuenta habida que no se trata de tercero extraño, ya que figura como parte actora en el juicio laboral de donde deriva el acto reclamado. Además no se trata de algún acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; pues el acto reclamado consiste en el proveído de seis de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual el Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, con residencia en San Juan del Río, Querétaro, negó la ejecución del laudo correspondiente al expediente laboral 6698/2014/4/1, promovido por Alejandro González González contra Raúl Pérez Hernandez, del índice de la junta responsable. Por esa misma causa, no se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, del auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, de la resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de los quejosos, ni se trata de sentencia definitiva en el proceso penal, que los exente de agotar el recurso ordinario previsto por el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo. Aunado a que la procedencia del recurso de revisión previsto por la Ley laboral en consulta no está sujeto a interpretación adicional de algún otro ordenamiento legal y se encuentra regulado en forma suficiente en los artículos 849 a 852 de dicha legislación en los cuales se contempla su procedencia, trámite y plazos, de tal suerte que no resulta optativo para los quejosos su interposición. En ese orden de ideas, al no ubicarse el quejoso en alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad; invariablemente, debe agotar el recurso de revisión contra el auto de seis de junio de dos mil diecinueve, mediante el cual el Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, con residencia en San Juan del Río, Querétaro, negó la ejecución del laudo correspondiente al expediente laboral 6698/2014/4/1, promovido por Alejandro González González contra Raúl Pérez Hernandez, del índice de la junta responsable, previo a acudir al juicio de amparo, razón por la cual resulta inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia II.1o.C.T.11 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo II, Diciembre de 1995, Materia Común, página: 509, de texto y rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso." Por consiguiente, al actualizarse respecto de los actos reclamados por el promovente en esta instancia constitucional, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve Alejandro González González, por notoriamente improcedente..."

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    *CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 04/07/2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...Vista la demanda de amparo promovida por Alejandro González González, por propio derecho, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 938/2019, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; acúsese recibo estilo que corresponda. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que llene los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 108, fracciones IV, en relación con el 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, procede requerir a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente auto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, y apercibido de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad: a) Precise la fecha en que le fue notificado o tuvo conocimiento del acto que refiere como "el auto de seis de junio de dos mil diecinueve", emitido por el Presidente o la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, con residencia en San Juan del Río, Querétaro, donde se acordó "la negativa de ejecutar el laudo, toda vez que la persona no corresponde a la que fue condenada", dentro del expediente laboral 6698/2014/4/1, del índice de la junta responsable; toda vez que el promovente es omiso en manifestar la forma y fecha en que le fue notificado o tuvo conocimiento de dicho auto que por esta vía reclama. b) Aclare quién emitió el acto reclamado; esto es, el Presidente de la Junta, o la propia Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, con residencia en San Juan del Río, Querétaro, como cuerpo colegiado. Es aplicable la Jurisprudencia 161/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." En la inteligencia de que deberá exhibir las copias necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes, esto es, autoridades responsables, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y tercero interesado, ello en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P/J.36/2001, visible en la página 79, Novena Época Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO.- Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento con lo solicitado del término concedido, o de no exhibir las copias requeridas del escrito aclaratorio, se procederá en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Ahora bien, se tiene como domicilio procesal el que indica en el proemio de la demanda de mérito y como autorizados de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la ley de amparo, a Jesús Barrón Hernández, Juan Luis Rodríguez Cruz, Elizabeth Romero Hernández, Luz Ivonne Corona Rodríguez, por así haberlo solicitado el promovente del amparo. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que sean necesarios para realizar las diligencias del presente asunto, con el fin de no entorpecer el trámite del presente juicio. Para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 68, 71, 110, 113, 117, 118 y Segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto y artículo 33, fracción III, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas, salvaguardando los datos personales concernientes a los promoventes identificados e identificables; haciéndoles saber de igual manera el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición, podría entenderse como el consentimiento de que se publiquen. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto..."

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