Alejandro Gonzalez Chavez
Expediente 1159/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1159/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Alejandro Gonzalez Chavez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de veinte de julio de dos mil veintidós, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el auto por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ***, contra actos que reclama del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo; para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda que dio origen al juicio en que se actúa. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ******* por propio derecho, contra actos que reclama del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1159/2022-4, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Cabe apuntar, que por virtud del juicio de amparo, se obtiene que las autoridades respeten los derechos de los gobernados; de ahí la imprescindible necesidad de que haya un medio jurídico para hacer respetar la supremacía constitucional. En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, este juzgado advierte que el promovente reclama del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral perteneciente al Primer Circuito Judicial con residencia en Tizayuca, Hidalgo, lo siguiente: El auto de vinculación a proceso dictado el veintisiete de junio de dos mil veintidós, en la causa penal 148/2022, en contra del imputado Johann Israel Rodríguez Medina (tercero interesado), por el delito de daño en la propiedad doloso y lesiones calificadas, en agravio del aquí quejoso Alejandro González Chávez. Dicho acto estima el quejoso transgrede en su perjuicio los derechos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que el Juez señalado como responsable dictó un auto de vinculación a proceso por el delito de lesiones dolosas calificadas y no por homicidio en grado de tentativa En relación al acto reclamado, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." En lo que interesa, este precepto legal establece en su primer párrafo un presupuesto básico para la procedencia del juicio de amparo, consistente en que las leyes o actos reclamados deben lesionar el ámbito jurídico del gobernado, ya sea como titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, a fin de tener legitimación para entablar el juicio constitucional. En su párrafo cuarto, se limita la procedencia del amparo cuando se reclamen actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, pues dispone que el quejoso debe alegar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En el último párrafo, se puntualizó que la víctima u ofendido del delito podrían tener la calidad de quejosos en los términos que la propia Ley de Amparo establece. Esto significa que, si el acto reclamado es una resolución judicial, la víctima u ofendido deberán alegar (y eventualmente acreditar) ser titular de un derecho subjetivo que resulte afectado de manera personal y directa con el acto de autoridad. Es decir, deben tener interés jurídico. En este orden de ideas, para demostrar la actualización del motivo de inejercitailidad de la acción de amparo que se invoca es indispensable determinar dos cuestiones: a. Cuáles son los derechos subjetivos que tiene a su favor la víctima u ofendido del delito cuya afectación lo legitiman para acudir al juicio de amparo; y b. Cuáles son las consecuencias jurídicas del auto de vinculación y de la clasificación jurídica de los hechos materia de imputación. Sólo así se podrá determinar si el acto reclamado genera o no una afectación directa o indirecta a los derechos subjetivos del quejoso como víctima del delito perseguido en el en el procedimiento penal de origen. Derechos de la víctima u ofendido del delito que lo legitiman para promover la acción de amparo. En relación con el primero de los tópicos aludidos, se traen a colación algunos pronunciamientos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la contradicción de tesis 152/2005-PS, resaltó que con motivo de las diversas reformas al artículo 20 constitucional, se elevaron a rango constitucional diferentes derechos en favor de la víctima u ofendido de delito, cuya vigencia y protección debía ser "inmediata". Así, concluyó que de acuerdo con el principio de supremacía constitucional, la legitimación de la víctima para acudir al juicio de amparo no debía acotarse a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Amparo abrogada, sino que debía extenderse a todos los casos en los que se afectara alguno de los derechos subjetivos previstos en el catálogo del artículo 20, apartado "B", de la Constitución General, vigente a partir del año 2001; ello, aun y cuando el legislador no hubiere adecuado la norma secundaria para tales efectos. Al resolver la contradicción de tesis 146/2008-PS, reconoció expresamente el derecho de la víctima u ofendido a participar en el juicio de amparo con el carácter de tercero perjudicado, siempre que el acto reclamado pudiera afectar la reparación del daño, aun cuando no fuera de manera directa. Destacó que las reformas constitucionales provocaron "que la víctima y el ofendido tuvieran mayor peso en el procedimiento penal partiendo del principio de su evidente naturaleza de sujeto procesal", afirmando que "la víctima u ofendido pueden ver afectada su esfera jurídica por virtud de los actos de las autoridades que conducen el procedimiento penal". En la sentencia dictada en el amparo en revisión 502/2010, abundó en los derechos de las víctimas dentro del proceso penal, haciendo tres precisiones. 1. Afirmó que la víctima u ofendido tienen el carácter de "parte" en el proceso penal, aunque el texto del apartado B del artículo 20 constitucional no lo estableciera expresamente. 2. Señaló que la víctima u ofendido deben tener la posibilidad de impugnar cualquier decisión que afecte el presupuesto elemental de la reparación del daño; es decir, la responsabilidad penal. 3. Reconoció el derecho constitucional que tiene la víctima para impugnar cualquier decisión que afecte su derecho a ofrecer pruebas en el proceso, aunque los códigos penales no contemplen esa posibilidad. En la contradicción de tesis 333/2010, estableció que en contexto de la jurisprudencia 1a./J.114/2009 ya mencionada, la falta de emplazamiento de la víctima u ofendido del delito como tercero perjudicado, constituye una violación a las reglas fundamentales del juicio de amparo que da lugar a su reposición. Criterio que fue complementado en la contradicción de tesis 393/2010, donde se indicó que la víctima u ofendido del delito tienen el carácter de tercero perjudicado, incluso cuando el acto reclamado se haga consistir en una orden de aprehensión o un auto de formal prisión, pues si bien es cierto que se trata de actuaciones procesales que no se pronuncian sobre la pena pública, también lo es que tienen una relación indirecta con ella, ya que si como consecuencia del juicio de garantías desaparece dicha orden de captura o el auto cabeza del proceso, ello se traduce en que la reparación del daño no ocurra por verse truncado el proceso penal. Asimismo, al resolver la contradicción de tesis 413/2010, precisó que el carácter de tercero perjudicado, tratándose de la víctima u ofendido del delito, no está subordinado a que éste lo solicite expresamente, aunado a que la imposibilidad de emplazarlo a juicio, cuando es atribuible al quejoso, no da lugar al sobreseimiento. También, en la contradicción de tesis 371/20126, determinó que de conformidad con el principio de progresividad de los derechos humanos de la víctima u ofendido del delito -entre ellos el de efectivo acceso a la justicia conforme a los artículos 1°, 17 y 20 de la Constitución Federal- debía estimarse procedente el juicio de amparo directo que promueva la víctima en contra la sentencia definitiva condenatoria, cuando se cuestione "la constitucionalidad de aspectos diversos a la reparación del daño, como son el acreditamiento del delito, la demostración de plena responsabilidad penal del sentenciado y la aplicación de sanciones diferentes a aquélla". Lo anterior -dijo-, porque que la legitimación para promover un juicio constitucional no se limita a los supuestos establecidos expresamente en el referido artículo 10, sino que debe atenderse con la amplitud de protección establecida en el artículo 20 constitucional y analizar cuando se reclama la afectación personal y directa de algunos de los derechos humanos ahí reconocidos. Dicha legitimación es acorde con el principio de equilibrio de las partes procesales en materia penal y con el reconocimiento de la calidad de parte activa en el sistema procesal a favor de la víctima u ofendido del delito, ya que permite exigir el derecho a conocer la verdad; solicitar que el delito no quede impune; que se sancione al culpable y se obtenga la reparación del daño, mediante la impugnación no sólo de la eventual ilegalidad del apartado concreto de reparación del daño, sino también de los pronunciamientos judiciales relacionados con los presupuestos de acreditación del delito, la demostración de la plena responsabilidad penal del sentenciado y la individualización de sanciones. Finalmente, al resolver el amparo directo en revisión 2855/2015, aseveró que la víctima del delito tiene una legitimación amplia para ser escuchada tanto en el proceso penal como en el juicio de amparo, la cual no está limitada a aspectos relacionados con la reparación del daño, sino también con el derecho de acceder a la justicia, a conocer la verdad de lo ocurrido, y a la debida investigación y sanción de los responsables. En ese contexto jurisprudencial, se tiene en consideración que de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracciones I y V, y apartado C, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la víctima u ofendido del delito se le reconoce como una parte activa e integrante del proceso penal de corte acusatorio y oral, en el cual puede alegar e intervenir bajo los principios de igualdad y equidad entre las partes, a fin de que se cumpla con los objetivos del proceso, entre ellos, que el culpable no quede impune; los cuales encuentran sustento legal en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 2, 10 y 109. Por su parte, la Ley General de Víctimas reconoce en su artículo 12 como prerrogativas de la víctima, entre otros, interponer los recursos legales contra las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos; intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos, los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado; intervenir en el proceso penal, ser reconocidas como sujetos procesales en el procedimiento, en los términos de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos; ser efectivamente escuchadas por la autoridad respectiva cuando se encuentren presentes en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie; si no se apersonaran en el procedimiento, serán representadas por un asesor jurídico o en su caso por el Ministerio Público; y a ser notificadas personalmente de todos los actos y resoluciones que pongan fin al proceso, de los recursos interpuestos ya sean ordinarios o extraordinarios. Auto de vinculación a proceso y clasificación jurídica de los hechos materia de imputación. En relación con el segundo de los temas en estudio, este órgano judicial se apoyará en las razones que la Primera Sala del Máximo Tribunal adujo al resolver la contradicción de tesis 87/2016, donde la cuestión debatida fue determinar si para dictar el auto de vinculación a proceso es necesario precisar los elementos que componen el tipo penal para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, o bien, si sólo debe estudiarse el marco conceptual del delito. Sostuvo que mientras el auto de formal prisión -o incluso de sujeción a proceso- tenían como consecuencia inmediata la restricción de la libertad del indiciado -aun en distinto grado-; el auto de vinculación a proceso tiene el efecto de sujetar al imputado a una investigación formalizada, por su probable intervención en un hecho considerado como delito y no propiamente el de sujetar a juicio al imputado, lo cual es una consecuencia de la etapa intermedia derivado de la formulación de la acusación. Por tanto -dijo- no deben aplicarse al dictado de un auto de vinculación a proceso, las categorías de análisis que se exigían para el auto de formal prisión, que sí sujetaba a proceso al imputado. A continuación, estableció que el artículo 19 constitucional establece los requisitos que se deben satisfacer para el dictado del auto de vinculación a proceso, los cuales, para el adecuado estudio de control constitucional, deben dividirse en dos rubros: a) forma y b) fondo. Los primeros se traducen en que debe dictarse a más tardar a las setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, si se solicita la duplicidad, contados a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial y en él deben expresarse el delito que se imputa, así como las circunstancias de su ejecución. Los segundos son: a) que existan datos que establezcan que se ha realizado un hecho que la ley señala como delito; y, b) que el imputado puede haberlo cometido o participado en su ejecución. Posteriormente estableció las notas distintivas del sistema de justicia penal, con base en lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo éstas las siguientes: En la audiencia inicial se desahogan diversos actos del proceso, entre los que se encuentran la formulación de la imputación y, en su caso, la vinculación o no a proceso al imputado, así como la aplicación de medidas cautelares. En el desarrollo de la audiencia, el Juez de Control ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que informe al detenido o citado, el hecho que se le atribuye y por el que se desarrolla una investigación en su contra, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de Control, sea necesario reservar su identidad. Previa petición del imputado o de su defensor, el Juez de Control podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público y cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia, dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. Si el imputado no se acoge al plazo constitucional ni solicita su duplicidad, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considere que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Hecho lo anterior, el juzgador dará oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud, respetando el derecho de réplica y contrarréplica, con lo que resolverá la situación jurídica del imputado. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, pudiendo el Juez de Control otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento. Por su parte, el objeto de la etapa intermedia es el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Así, se establece que la acusación deberá contener entre otras, la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica. El Juez de Control, antes de finalizar la audiencia intermedia, dictará un auto de apertura a juicio en el que indicará las acusaciones que deberán ser objeto de juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación. En la etapa de juicio, el juzgador que presida la audiencia señalará las acusaciones que deberán ser objeto del juicio, contenidas en el auto de apertura y los acuerdos probatorios a los que, en su caso, hubieren llegado las partes; además, existirá la posibilidad de reclasificar jurídicamente los hechos, al disponer que tanto en el alegato de apertura como en el de clausura, el Ministerio Público podrá plantear una reclasificación respecto del delito invocado en su escrito de acusación. La petición de reclasificación dará pie a que el juzgador que preside la audiencia dé al imputado y a su defensor la oportunidad de expresarse al respecto, y les informará sobre su derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Cuando este derecho sea ejercido, el tribunal de enjuiciamiento suspenderá el debate por un plazo que, en ningún caso, podrá exceder del establecido para la suspensión del debate previsto por el mencionado código. A partir del análisis del artículo 19 constitucional y de las reglas generales que rigen al sistema penal acusatorio adversarial y oral, la Primera Sala estableció que uno de los fines de la reforma al sistema penal fue crear un Código Nacional de Procedimientos Penales que unificara un estándar acorde a un equilibrio de derechos entre la víctima y el imputado. Asimismo, para el dictado del auto de vinculación a proceso se buscó que el margen probatorio, de una figura exclusiva de nuestro orden jurídico nacional, fuese apropiado a los estándares internacionales, y que siguiera un justo medio entre los derechos del imputado (la no afectación de la libertad personal), y los de la víctima (a que el estado le administre justicia y se le repare el daño). Por ello, el nuevo sistema de justicia penal no exige la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, sino únicamente que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en el hecho, por el cual se seguirá la investigación. En ese sentido, procedió a determinar si resulta o no necesario realizar la precisión y análisis detallado de los elementos que componen los tipos penales, para establecer si un determinado hecho se encuentra previsto en la ley como delito a fin de emitir el auto de vinculación a proceso. Con ese propósito, destacó que en el anterior sistema resultaba necesario "acreditar" el cuerpo del delito y la probable responsabilidad para que una persona pudiera ser sometida a un proceso penal, mientras que en el nuevo sistema se debe "establecer", a partir de los datos referidos por el Ministerio Público que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Al respecto, distinguió dos momentos relevantes en el dictado del auto de vinculación: el primero, relacionado con el ámbito normativo, consistente en cumplir la exigencia que la disposición constitucional refiere para determinar que un hecho puede encuadrar en una hipótesis delictiva, que podríamos definir como la identificación de la norma penal relevante; el segundo, se refiere a un ámbito fáctico, relativo a que una vez definido el hecho materia de la imputación y el tipo penal en que se estima encuadra, se continúa con la ponderación de datos de prueba a partir de los cuales se puede establecer que se ha cometido un hecho. Así -dijo-, en el sistema penal acusatorio oral la vinculación se realiza en función de los hechos, siempre y cuando se establezca que los mismos están tipificados como delito, y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, lo que ocurrirá cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Aunado a que la ley refiere que el auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivos de la imputación, a los cuales el Juez de Control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta, misma que se hará saber al imputado a fin de que pueda ejercer una mejor defensa, pudiendo ésta variar nuevamente en la audiencia de juicio oral, pues el Juzgador que la presida estará en aptitud de reclasificar jurídicamente los hechos. Con estas bases, la Primera Sala arribó a las siguientes conclusiones: En el proceso penal mixto el juicio de tipicidad se realizaba precisamente en la etapa temprana de preinstrucción, pues todas las normas apuntadas hacen referencia a la acreditación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado, por lo que en esa etapa debían necesariamente precisarse y demostrarse los elementos del tipo penal, lo que resultaba además necesario como un paso previo a la comprobación del cuerpo del delito. Por otro lado, las pruebas con que se acreditaba, en esta instancia, eran las mismas que se sometían al contradictorio. En cambio, el sistema acusatorio oral parte de una premisa distinta, el principio acusatorio, en virtud del cual se establece que no puede haber juicio sin una acusación previa; que ésta se ejercite por un órgano distinto al que ha de juzgar y que entre la acusación y la condena existe correlación, de forma tal que no se puede condenar por hechos distintos de los que han sido objeto de la acusación. En este sentido, afirmó que un elemento definitorio del nuevo sistema es la referencia a los "hechos", los cuales no podrán variar a partir de la vinculación a proceso; sin embargo, puntualizó que la calificación jurídica que se haga de ellos puede cambiar durante las posteriores etapas del procedimiento penal. Es en esta lógica que el sistema prevé ya no un "acreditamiento" del cuerpo del delito, sino el "establecimiento" de que los hechos motivo de la imputación encuadran en un delito. En ese sentido, consideró que la intensidad o profundidad del análisis que deberá hacer el Juez para identificar si un hecho o una serie de hechos están tipificados en la ley como delito, será el que resulte necesario de acuerdo a la metodología de resolución del juzgador, para satisfacer el mandato constitucional, esto es, que permita que se "establezca", a partir de los datos de prueba, que un hecho o serie de hechos están tipificados como delito por la ley penal. Agregó que diferencia del sistema tradicional, el auto de vinculación a proceso su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Por tal motivo, el Juez de Control o Garantía no está legalmente obligado a realizar un desglose de los elementos del delito, sino únicamente a que una vez establecido de manera clara el hecho materia de la imputación, lleve a cabo un ejercicio tendente a determinar si esa conducta encuadra en alguna de las descripciones típicas que en abstracto describe la norma penal como delitos. Derivado de ese ejercicio de encuadramiento a la norma penal, deberá expresar de manera clara el delito, con sus respectivas agravantes, como parte de la clasificación legal de la conducta. Estas razones se encuentran contenidas en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), cuyo rubro y texto son: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos, es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión, la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el Juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el Juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el Juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de una sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Conclusiones. A partir de lo expuesto hasta este momento es posible establecer las siguientes premisas normativas: La víctima u ofendido tienen diversos derechos subjetivos que pueden ser tutelados mediante el juicio de amparo, como son el de obtener la reparación del daño, acceso a la justicia, conocer la verdad de lo ocurrido, la debida investigación de los hechos denunciados y la penal sanción de los responsables. Sin embargo, carece de la facultad de proponer la clasificación jurídica de los hechos imputados, pues ésta corresponde al Ministerio Público, mientras que su determinación compete al juez de control (al dictar el auto de vinculación a proceso) y al juzgador que presida la audiencia de juicio oral. El auto de vinculación a proceso se dicta por los hechos materia de la imputación. El Juez de Control determinará si estos hechos corresponden a conductas consideradas como delitos por la ley penal, pudiendo coincidir con la clasificación jurídica propuesta por el Ministerio Público, o bien, asignándoles una distinta. Los hechos imputados por los cuales se dicta el auto de vinculación a proceso permanecen invariables, con independencia de la calificación jurídica que les asigne el juzgador. Definidos los hechos materia de la imputación y el tipo penal en que se estime encuadre, se continuará su investigación durante el tiempo establecido por el juez de control. Demostración de la hipótesis de improcedencia. A partir de estas premisas y de acuerdo a los hechos narrados por el quejoso bajo protesta de decir verdad, se tiene en consideración que el veintidós de junio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, en la que se formuló imputación por el hecho que la ley señala como delito de lesiones dolosas calificadas; el defensor particular solicitó la duplicidad del término constitucional a fin de aportar datos de prueba en beneficio de su representado; así que la audiencia se reanudó el veintisiete de junio siguiente, fecha en que el Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral, dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado, no obstante la solicitud de reclasificación formulada por el asesor de la víctima -aquí quejoso- a homicidio en grado de tentativa y dictó auto de vinculación a proceso contra Johann Israel Rodríguez Medina, por el hecho que la ley señala como delito de lesiones dolosas calificadas, cometido en agravio del ahora promovente Alejandro González Chávez. Determinación que constituye el acto reclamado. Ahora bien, a juicio de este Juzgado Federal, el auto de vinculación a proceso, en el que se negó al aquí quejoso por conducto de su asesor jurídico, reclasificar los hechos imputados al aquí tercero interesado, no incide en alguno de los derechos subjetivos que legitiman al quejoso como víctima del delito para promover la acción de amparo, pues, en principio, a quien corresponde proponer la clasificación de tales hechos es al Ministerio Público, mientras que su determinación para efectos de la vinculación a proceso es al juez de control o al tribunal de apelación. Además, tampoco podría considerarse que la reclasificación impugnada irrogue perjuicio a la víctima u ofendido del delito en sus derechos de obtener la reparación del daño, acceso a la justicia, conocer la verdad de lo ocurrido, la debida investigación de los hechos denunciados y la penal sanción de los responsables. Esto es así, pues como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), el auto de vinculación a proceso no condiciona la clasificación jurídica del delito, pues, a diferencia de lo que ocurría con el auto de formal prisión en el sistema penal inquisitivo, ese elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria. Incluso, el Juzgador que presida la audiencia de juicio oral estará en aptitud de reclasificar jurídicamente los hechos imputados. En este sentido, el hecho de que el Juez responsable haya determinado en el auto de vinculación reclamado no reclasificar los hechos imputados al tercero interesado no impide que el Ministerio Público formule su acusación por tales ilícitos si como resultado de la investigación complementaria se recaban medios de prueba que apoyen esa hipótesis, pues lo único que no pueden variar son los hechos materia de imputación. Tampoco debe perderse de vista que la clasificación jurídica de los hechos imputados no equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Por ende, la reclasificación de los hechos materia de imputación no afecta de manera directa o indirecta el derecho de la parte quejosa como víctima del delito a obtener eventualmente la reparación del daño sufrido, ni sus derechos de acceso a la justicia; a conocer la verdad de lo ocurrido, debida investigación y sanción de los responsables. Además, si bien, el Juez dictó el auto de vinculación a proceso emitido en la reanudación de la audiencia inicial de veintisiete de junio de dos mil veintidós, sin embargo, los hechos imputados permanecen invariables con independencia de la calificación jurídica que les sea asignada. Esto significa que la investigación complementaria continuará respecto de todos los hechos materia de la imputación, con independencia de la calificación jurídica asignada por la autoridad judicial. Consecuentemente, debe concluirse que la parte quejosa carece de interés jurídico para impugnar vía amparo resolución reclamada. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5º, fracción I, y 113 de Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por ALEJANDRO GONZÁLEZ CHÁVEZ. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y en términos restringidos del artículo 12 de la misma Ley a Jaime Ramírez Rivera y Calos Alamilla Hernández, en virtud de que no se encontró registro de sus células profesionales en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura, tal como se aprecia de la certificación de cuenta EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 1°, fracción I, último párrafo, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes.
- Principal
TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DE LA RESOLUCION DE VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDOS, DICTADA EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE LA REFERIDA RESOLUCION A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL ENUNCIA: Vista la demanda de amparo promovida por ******* por propio derecho, contra actos que reclama del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1159/2022-4, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, procede efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Cabe apuntar, que por virtud del juicio de amparo, se obtiene que las autoridades respeten los derechos de los gobernados; de ahí la imprescindible necesidad de que haya un medio jurídico para hacer respetar la supremacía constitucional. En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, este juzgado advierte que el promovente reclama del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral perteneciente al Primer Circuito Judicial con residencia en Tizayuca, Hidalgo, lo siguiente: El auto de vinculación a proceso dictado el veintisiete de junio de dos mil veintidós, en la causa penal 148/2022, en contra del imputado Johann Israel Rodríguez Medina (tercero interesado), por el delito de daño en la propiedad doloso y lesiones calificadas, en agravio del aquí quejoso Alejandro González Chávez. Dicho acto estima el quejoso transgrede en su perjuicio los derechos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que el Juez señalado como responsable dictó un auto de vinculación a proceso por el delito de lesiones dolosas calificadas y no por homicidio en grado de tentativa En relación al acto reclamado, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." En lo que interesa, este precepto legal establece en su primer párrafo un presupuesto básico para la procedencia del juicio de amparo, consistente en que las leyes o actos reclamados deben lesionar el ámbito jurídico del gobernado, ya sea como titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, a fin de tener legitimación para entablar el juicio constitucional. En su párrafo cuarto, se limita la procedencia del amparo cuando se reclamen actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, pues dispone que el quejoso debe alegar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En el último párrafo, se puntualizó que la víctima u ofendido del delito podrían tener la calidad de quejosos en los términos que la propia Ley de Amparo establece. Esto significa que, si el acto reclamado es una resolución judicial, la víctima u ofendido deberán alegar (y eventualmente acreditar) ser titular de un derecho subjetivo que resulte afectado de manera personal y directa con el acto de autoridad. Es decir, deben tener interés jurídico. En este orden de ideas, para demostrar la actualización del motivo de inejercitailidad de la acción de amparo que se invoca es indispensable determinar dos cuestiones: a. Cuáles son los derechos subjetivos que tiene a su favor la víctima u ofendido del delito cuya afectación lo legitiman para acudir al juicio de amparo; y b. Cuáles son las consecuencias jurídicas del auto de vinculación y de la clasificación jurídica de los hechos materia de imputación. Sólo así se podrá determinar si el acto reclamado genera o no una afectación directa o indirecta a los derechos subjetivos del quejoso como víctima del delito perseguido en el en el procedimiento penal de origen. Derechos de la víctima u ofendido del delito que lo legitiman para promover la acción de amparo. En relación con el primero de los tópicos aludidos, se traen a colación algunos pronunciamientos de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la contradicción de tesis 152/2005-PS, resaltó que con motivo de las diversas reformas al artículo 20 constitucional, se elevaron a rango constitucional diferentes derechos en favor de la víctima u ofendido de delito, cuya vigencia y protección debía ser "inmediata". Así, concluyó que de acuerdo con el principio de supremacía constitucional, la legitimación de la víctima para acudir al juicio de amparo no debía acotarse a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Amparo abrogada, sino que debía extenderse a todos los casos en los que se afectara alguno de los derechos subjetivos previstos en el catálogo del artículo 20, apartado "B", de la Constitución General, vigente a partir del año 2001; ello, aun y cuando el legislador no hubiere adecuado la norma secundaria para tales efectos. Al resolver la contradicción de tesis 146/2008-PS, reconoció expresamente el derecho de la víctima u ofendido a participar en el juicio de amparo con el carácter de tercero perjudicado, siempre que el acto reclamado pudiera afectar la reparación del daño, aun cuando no fuera de manera directa. Destacó que las reformas constitucionales provocaron "que la víctima y el ofendido tuvieran mayor peso en el procedimiento penal partiendo del principio de su evidente naturaleza de sujeto procesal", afirmando que "la víctima u ofendido pueden ver afectada su esfera jurídica por virtud de los actos de las autoridades que conducen el procedimiento penal". En la sentencia dictada en el amparo en revisión 502/2010, abundó en los derechos de las víctimas dentro del proceso penal, haciendo tres precisiones. 1. Afirmó que la víctima u ofendido tienen el carácter de "parte" en el proceso penal, aunque el texto del apartado B del artículo 20 constitucional no lo estableciera expresamente. 2. Señaló que la víctima u ofendido deben tener la posibilidad de impugnar cualquier decisión que afecte el presupuesto elemental de la reparación del daño; es decir, la responsabilidad penal. 3. Reconoció el derecho constitucional que tiene la víctima para impugnar cualquier decisión que afecte su derecho a ofrecer pruebas en el proceso, aunque los códigos penales no contemplen esa posibilidad. En la contradicción de tesis 333/2010, estableció que en contexto de la jurisprudencia 1a./J.114/2009 ya mencionada, la falta de emplazamiento de la víctima u ofendido del delito como tercero perjudicado, constituye una violación a las reglas fundamentales del juicio de amparo que da lugar a su reposición. Criterio que fue complementado en la contradicción de tesis 393/2010, donde se indicó que la víctima u ofendido del delito tienen el carácter de tercero perjudicado, incluso cuando el acto reclamado se haga consistir en una orden de aprehensión o un auto de formal prisión, pues si bien es cierto que se trata de actuaciones procesales que no se pronuncian sobre la pena pública, también lo es que tienen una relación indirecta con ella, ya que si como consecuencia del juicio de garantías desaparece dicha orden de captura o el auto cabeza del proceso, ello se traduce en que la reparación del daño no ocurra por verse truncado el proceso penal. Asimismo, al resolver la contradicción de tesis 413/2010, precisó que el carácter de tercero perjudicado, tratándose de la víctima u ofendido del delito, no está subordinado a que éste lo solicite expresamente, aunado a que la imposibilidad de emplazarlo a juicio, cuando es atribuible al quejoso, no da lugar al sobreseimiento. También, en la contradicción de tesis 371/20126, determinó que de conformidad con el principio de progresividad de los derechos humanos de la víctima u ofendido del delito -entre ellos el de efectivo acceso a la justicia conforme a los artículos 1°, 17 y 20 de la Constitución Federal- debía estimarse procedente el juicio de amparo directo que promueva la víctima en contra la sentencia definitiva condenatoria, cuando se cuestione "la constitucionalidad de aspectos diversos a la reparación del daño, como son el acreditamiento del delito, la demostración de plena responsabilidad penal del sentenciado y la aplicación de sanciones diferentes a aquélla". Lo anterior -dijo-, porque que la legitimación para promover un juicio constitucional no se limita a los supuestos establecidos expresamente en el referido artículo 10, sino que debe atenderse con la amplitud de protección establecida en el artículo 20 constitucional y analizar cuando se reclama la afectación personal y directa de algunos de los derechos humanos ahí reconocidos. Dicha legitimación es acorde con el principio de equilibrio de las partes procesales en materia penal y con el reconocimiento de la calidad de parte activa en el sistema procesal a favor de la víctima u ofendido del delito, ya que permite exigir el derecho a conocer la verdad; solicitar que el delito no quede impune; que se sancione al culpable y se obtenga la reparación del daño, mediante la impugnación no sólo de la eventual ilegalidad del apartado concreto de reparación del daño, sino también de los pronunciamientos judiciales relacionados con los presupuestos de acreditación del delito, la demostración de la plena responsabilidad penal del sentenciado y la individualización de sanciones. Finalmente, al resolver el amparo directo en revisión 2855/2015, aseveró que la víctima del delito tiene una legitimación amplia para ser escuchada tanto en el proceso penal como en el juicio de amparo, la cual no está limitada a aspectos relacionados con la reparación del daño, sino también con el derecho de acceder a la justicia, a conocer la verdad de lo ocurrido, y a la debida investigación y sanción de los responsables. En ese contexto jurisprudencial, se tiene en consideración que de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracciones I y V, y apartado C, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la víctima u ofendido del delito se le reconoce como una parte activa e integrante del proceso penal de corte acusatorio y oral, en el cual puede alegar e intervenir bajo los principios de igualdad y equidad entre las partes, a fin de que se cumpla con los objetivos del proceso, entre ellos, que el culpable no quede impune; los cuales encuentran sustento legal en el propio Código Nacional de Procedimientos Penales en sus artículos 2, 10 y 109. Por su parte, la Ley General de Víctimas reconoce en su artículo 12 como prerrogativas de la víctima, entre otros, interponer los recursos legales contra las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos; intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos, los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado; intervenir en el proceso penal, ser reconocidas como sujetos procesales en el procedimiento, en los términos de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos; ser efectivamente escuchadas por la autoridad respectiva cuando se encuentren presentes en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie; si no se apersonaran en el procedimiento, serán representadas por un asesor jurídico o en su caso por el Ministerio Público; y a ser notificadas personalmente de todos los actos y resoluciones que pongan fin al proceso, de los recursos interpuestos ya sean ordinarios o extraordinarios. Auto de vinculación a proceso y clasificación jurídica de los hechos materia de imputación. En relación con el segundo de los temas en estudio, este órgano judicial se apoyará en las razones que la Primera Sala del Máximo Tribunal adujo al resolver la contradicción de tesis 87/2016, donde la cuestión debatida fue determinar si para dictar el auto de vinculación a proceso es necesario precisar los elementos que componen el tipo penal para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, o bien, si sólo debe estudiarse el marco conceptual del delito. Sostuvo que mientras el auto de formal prisión -o incluso de sujeción a proceso- tenían como consecuencia inmediata la restricción de la libertad del indiciado -aun en distinto grado-; el auto de vinculación a proceso tiene el efecto de sujetar al imputado a una investigación formalizada, por su probable intervención en un hecho considerado como delito y no propiamente el de sujetar a juicio al imputado, lo cual es una consecuencia de la etapa intermedia derivado de la formulación de la acusación. Por tanto -dijo- no deben aplicarse al dictado de un auto de vinculación a proceso, las categorías de análisis que se exigían para el auto de formal prisión, que sí sujetaba a proceso al imputado. A continuación, estableció que el artículo 19 constitucional establece los requisitos que se deben satisfacer para el dictado del auto de vinculación a proceso, los cuales, para el adecuado estudio de control constitucional, deben dividirse en dos rubros: a) forma y b) fondo. Los primeros se traducen en que debe dictarse a más tardar a las setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, si se solicita la duplicidad, contados a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial y en él deben expresarse el delito que se imputa, así como las circunstancias de su ejecución. Los segundos son: a) que existan datos que establezcan que se ha realizado un hecho que la ley señala como delito; y, b) que el imputado puede haberlo cometido o participado en su ejecución. Posteriormente estableció las notas distintivas del sistema de justicia penal, con base en lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo éstas las siguientes: En la audiencia inicial se desahogan diversos actos del proceso, entre los que se encuentran la formulación de la imputación y, en su caso, la vinculación o no a proceso al imputado, así como la aplicación de medidas cautelares. En el desarrollo de la audiencia, el Juez de Control ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que informe al detenido o citado, el hecho que se le atribuye y por el que se desarrolla una investigación en su contra, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de Control, sea necesario reservar su identidad. Previa petición del imputado o de su defensor, el Juez de Control podrá solicitar las aclaraciones o precisiones que considere necesarias respecto a la imputación formulada por el Ministerio Público y cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia, dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. Si el imputado no se acoge al plazo constitucional ni solicita su duplicidad, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considere que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Hecho lo anterior, el juzgador dará oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud, respetando el derecho de réplica y contrarréplica, con lo que resolverá la situación jurídica del imputado. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, pudiendo el Juez de Control otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público, misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento. Por su parte, el objeto de la etapa intermedia es el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio. Así, se establece que la acusación deberá contener entre otras, la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica. El Juez de Control, antes de finalizar la audiencia intermedia, dictará un auto de apertura a juicio en el que indicará las acusaciones que deberán ser objeto de juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación. En la etapa de juicio, el juzgador que presida la audiencia señalará las acusaciones que deberán ser objeto del juicio, contenidas en el auto de apertura y los acuerdos probatorios a los que, en su caso, hubieren llegado las partes; además, existirá la posibilidad de reclasificar jurídicamente los hechos, al disponer que tanto en el alegato de apertura como en el de clausura, el Ministerio Público podrá plantear una reclasificación respecto del delito invocado en su escrito de acusación. La petición de reclasificación dará pie a que el juzgador que preside la audiencia dé al imputado y a su defensor la oportunidad de expresarse al respecto, y les informará sobre su derecho a pedir la suspensión del debate para ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Cuando este derecho sea ejercido, el tribunal de enjuiciamiento suspenderá el debate por un plazo que, en ningún caso, podrá exceder del establecido para la suspensión del debate previsto por el mencionado código. A partir del análisis del artículo 19 constitucional y de las reglas generales que rigen al sistema penal acusatorio adversarial y oral, la Primera Sala estableció que uno de los fines de la reforma al sistema penal fue crear un Código Nacional de Procedimientos Penales que unificara un estándar acorde a un equilibrio de derechos entre la víctima y el imputado. Asimismo, para el dictado del auto de vinculación a proceso se buscó que el margen probatorio, de una figura exclusiva de nuestro orden jurídico nacional, fuese apropiado a los estándares internacionales, y que siguiera un justo medio entre los derechos del imputado (la no afectación de la libertad personal), y los de la víctima (a que el estado le administre justicia y se le repare el daño). Por ello, el nuevo sistema de justicia penal no exige la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del imputado, sino únicamente que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en el hecho, por el cual se seguirá la investigación. En ese sentido, procedió a determinar si resulta o no necesario realizar la precisión y análisis detallado de los elementos que componen los tipos penales, para establecer si un determinado hecho se encuentra previsto en la ley como delito a fin de emitir el auto de vinculación a proceso. Con ese propósito, destacó que en el anterior sistema resultaba necesario "acreditar" el cuerpo del delito y la probable responsabilidad para que una persona pudiera ser sometida a un proceso penal, mientras que en el nuevo sistema se debe "establecer", a partir de los datos referidos por el Ministerio Público que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Al respecto, distinguió dos momentos relevantes en el dictado del auto de vinculación: el primero, relacionado con el ámbito normativo, consistente en cumplir la exigencia que la disposición constitucional refiere para determinar que un hecho puede encuadrar en una hipótesis delictiva, que podríamos definir como la identificación de la norma penal relevante; el segundo, se refiere a un ámbito fáctico, relativo a que una vez definido el hecho materia de la imputación y el tipo penal en que se estima encuadra, se continúa con la ponderación de datos de prueba a partir de los cuales se puede establecer que se ha cometido un hecho. Así -dijo-, en el sistema penal acusatorio oral la vinculación se realiza en función de los hechos, siempre y cuando se establezca que los mismos están tipificados como delito, y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, lo que ocurrirá cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Aunado a que la ley refiere que el auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivos de la imputación, a los cuales el Juez de Control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta, misma que se hará saber al imputado a fin de que pueda ejercer una mejor defensa, pudiendo ésta variar nuevamente en la audiencia de juicio oral, pues el Juzgador que la presida estará en aptitud de reclasificar jurídicamente los hechos. Con estas bases, la Primera Sala arribó a las siguientes conclusiones: En el proceso penal mixto el juicio de tipicidad se realizaba precisamente en la etapa temprana de preinstrucción, pues todas las normas apuntadas hacen referencia a la acreditación del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado, por lo que en esa etapa debían necesariamente precisarse y demostrarse los elementos del tipo penal, lo que resultaba además necesario como un paso previo a la comprobación del cuerpo del delito. Por otro lado, las pruebas con que se acreditaba, en esta instancia, eran las mismas que se sometían al contradictorio. En cambio, el sistema acusatorio oral parte de una premisa distinta, el principio acusatorio, en virtud del cual se establece que no puede haber juicio sin una acusación previa; que ésta se ejercite por un órgano distinto al que ha de juzgar y que entre la acusación y la condena existe correlación, de forma tal que no se puede condenar por hechos distintos de los que han sido objeto de la acusación. En este sentido, afirmó que un elemento definitorio del nuevo sistema es la referencia a los "hechos", los cuales no podrán variar a partir de la vinculación a proceso; sin embargo, puntualizó que la calificación jurídica que se haga de ellos puede cambiar durante las posteriores etapas del procedimiento penal. Es en esta lógica que el sistema prevé ya no un "acreditamiento" del cuerpo del delito, sino el "establecimiento" de que los hechos motivo de la imputación encuadran en un delito. En ese sentido, consideró que la intensidad o profundidad del análisis que deberá hacer el Juez para identificar si un hecho o una serie de hechos están tipificados en la ley como delito, será el que resulte necesario de acuerdo a la metodología de resolución del juzgador, para satisfacer el mandato constitucional, esto es, que permita que se "establezca", a partir de los datos de prueba, que un hecho o serie de hechos están tipificados como delito por la ley penal. Agregó que diferencia del sistema tradicional, el auto de vinculación a proceso su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Por tal motivo, el Juez de Control o Garantía no está legalmente obligado a realizar un desglose de los elementos del delito, sino únicamente a que una vez establecido de manera clara el hecho materia de la imputación, lleve a cabo un ejercicio tendente a determinar si esa conducta encuadra en alguna de las descripciones típicas que en abstracto describe la norma penal como delitos. Derivado de ese ejercicio de encuadramiento a la norma penal, deberá expresar de manera clara el delito, con sus respectivas agravantes, como parte de la clasificación legal de la conducta. Estas razones se encuentran contenidas en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), cuyo rubro y texto son: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos, es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión, la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el Juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el Juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el Juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de una sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." Conclusiones. A partir de lo expuesto hasta este momento es posible establecer las siguientes premisas normativas: La víctima u ofendido tienen diversos derechos subjetivos que pueden ser tutelados mediante el juicio de amparo, como son el de obtener la reparación del daño, acceso a la justicia, conocer la verdad de lo ocurrido, la debida investigación de los hechos denunciados y la penal sanción de los responsables. Sin embargo, carece de la facultad de proponer la clasificación jurídica de los hechos imputados, pues ésta corresponde al Ministerio Público, mientras que su determinación compete al juez de control (al dictar el auto de vinculación a proceso) y al juzgador que presida la audiencia de juicio oral. El auto de vinculación a proceso se dicta por los hechos materia de la imputación. El Juez de Control determinará si estos hechos corresponden a conductas consideradas como delitos por la ley penal, pudiendo coincidir con la clasificación jurídica propuesta por el Ministerio Público, o bien, asignándoles una distinta. Los hechos imputados por los cuales se dicta el auto de vinculación a proceso permanecen invariables, con independencia de la calificación jurídica que les asigne el juzgador. Definidos los hechos materia de la imputación y el tipo penal en que se estime encuadre, se continuará su investigación durante el tiempo establecido por el juez de control. Demostración de la hipótesis de improcedencia. A partir de estas premisas y de acuerdo a los hechos narrados por el quejoso bajo protesta de decir verdad, se tiene en consideración que el veintidós de junio de dos mil veintidós, se llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial, en la que se formuló imputación por el hecho que la ley señala como delito de lesiones dolosas calificadas; el defensor particular solicitó la duplicidad del término constitucional a fin de aportar datos de prueba en beneficio de su representado; así que la audiencia se reanudó el veintisiete de junio siguiente, fecha en que el Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral, dictó auto de vinculación a proceso en contra del imputado, no obstante la solicitud de reclasificación formulada por el asesor de la víctima -aquí quejoso- a homicidio en grado de tentativa y dictó auto de vinculación a proceso contra Johann Israel Rodríguez Medina, por el hecho que la ley señala como delito de lesiones dolosas calificadas, cometido en agravio del ahora promovente Alejandro González Chávez. Determinación que constituye el acto reclamado. Ahora bien, a juicio de este Juzgado Federal, el auto de vinculación a proceso, en el que se negó al aquí quejoso por conducto de su asesor jurídico, reclasificar los hechos imputados al aquí tercero interesado, no incide en alguno de los derechos subjetivos que legitiman al quejoso como víctima del delito para promover la acción de amparo, pues, en principio, a quien corresponde proponer la clasificación de tales hechos es al Ministerio Público, mientras que su determinación para efectos de la vinculación a proceso es al juez de control o al tribunal de apelación. Además, tampoco podría considerarse que la reclasificación impugnada irrogue perjuicio a la víctima u ofendido del delito en sus derechos de obtener la reparación del daño, acceso a la justicia, conocer la verdad de lo ocurrido, la debida investigación de los hechos denunciados y la penal sanción de los responsables. Esto es así, pues como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), el auto de vinculación a proceso no condiciona la clasificación jurídica del delito, pues, a diferencia de lo que ocurría con el auto de formal prisión en el sistema penal inquisitivo, ese elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria. Incluso, el Juzgador que presida la audiencia de juicio oral estará en aptitud de reclasificar jurídicamente los hechos imputados. En este sentido, el hecho de que el Juez responsable haya determinado en el auto de vinculación reclamado no reclasificar los hechos imputados al tercero interesado no impide que el Ministerio Público formule su acusación por tales ilícitos si como resultado de la investigación complementaria se recaban medios de prueba que apoyen esa hipótesis, pues lo único que no pueden variar son los hechos materia de imputación. Tampoco debe perderse de vista que la clasificación jurídica de los hechos imputados no equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Por ende, la reclasificación de los hechos materia de imputación no afecta de manera directa o indirecta el derecho de la parte quejosa como víctima del delito a obtener eventualmente la reparación del daño sufrido, ni sus derechos de acceso a la justicia; a conocer la verdad de lo ocurrido, debida investigación y sanción de los responsables. Además, si bien, el Juez dictó el auto de vinculación a proceso emitido en la reanudación de la audiencia inicial de veintisiete de junio de dos mil veintidós, sin embargo, los hechos imputados permanecen invariables con independencia de la calificación jurídica que les sea asignada. Esto significa que la investigación complementaria continuará respecto de todos los hechos materia de la imputación, con independencia de la calificación jurídica asignada por la autoridad judicial. Consecuentemente, debe concluirse que la parte quejosa carece de interés jurídico para impugnar vía amparo resolución reclamada. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5º, fracción I, y 113 de Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por ALEJANDRO GONZÁLEZ CHÁVEZ. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y en términos restringidos del artículo 12 de la misma Ley a Jaime Ramírez Rivera y Calos Alamilla Hernández, en virtud de que no se encontró registro de sus células profesionales en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura, tal como se aprecia de la certificación de cuenta EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 1°, fracción I, último párrafo, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes.
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