Alejandro González Balanzar
Expediente 683/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 683/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Alejandro González Balanzar
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; diecinueve de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de uno de julio actual, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; . Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de uno de julio actual, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; siete de julio de dos mil dieciséis. Vista la razón de cuenta suscrita por la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, mediante la cual manifiesta su imposibilidad para notificar a la parte quejosa el proveído de uno de julio del presente año; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágasele la presente notificación por lista. Notifíquese.
- Principal
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ALEJANDRO GONZÁLEZ BALANZAR Y JULIÁN LOBATO PINEDA, EL PRIMERO COMO QUEJOSO Y EL SEGUNDO COMO APODERADO LEGAL, EL CONTENIDO DELL AUTO DE FECHA UNO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS QUE EN LO CONDUCENTE DICE. "... Acapulco, Guerrero; uno de julio de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por Alejandro González Balanzar y/o Julián Lobato Pineda, el primero como quejoso y el segundo como apoderado legal, contra actos de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad y de otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 683/2016, y fórmese expediente. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "(...) el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." La parte quejosa, reclama el auto de nueve de junio del año en curso, dictado por la Presidenta de la Primera Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual declara improcedente su petición formulada por escrito de treinta de mayo de la presente anualidad, en el cual solicitó la anotación preventiva de la demanda laboral, presentada el veintisiete de enero de dos mil diez, en contra de Alma Rosa Belmont Vélez y/ Jardines del Tiempo, Sociedad Anónima de Capital Variable, no obstante que emitió laudo de fecha veintiséis de abril del año en curso, en autos del juicio laboral 147/2010. Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de amparo es improcedente al actualizarse, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de amparo, debido a que en contra del acto reclamado procede el recurso de revisión. Sobre el tema, se transcribe el contenido del artículo en mención: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]". Dicho precepto contempla el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, el cual supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, el amparo deviene improcedente. Asimismo, es de precisar que tales medios de defensa deben tener una existencia legal, es decir, deben estar previstos en la ley normativa del acto o de los actos que se impugnen, y para que tenga el quejoso la obligación de agotarlos previamente a la interposición del juicio constitucional debe existir entre éste y aquél, una relación directa de idoneidad, es decir, que el medio común de defensa esté previsto por la ley que rige el acto impugnado. No obstante, el principio de definitividad admite excepciones, que el mismo numeral describe: 1. Cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. 3. Cuando el peticionario del amparo es una persona extraña a juicio. 4. Asimismo, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el caso concreto, el acto reclamado debe impugnarse a través del medio ordinario de defensa que al efecto la ley dota ante la propia autoridad laboral; y en este caso, es el de recurso de revisión, conforme con los numerales 849 y 850, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo (antes de la reforma del doce de noviembre de dos mil doce), puesto que era el vigente a la fecha de presentación de la demanda (trece de agosto dos mil diez), tomando en consideración que el artículo Décimo Primero transitorio, de la ley laboral vigente a partir del treinta de noviembre de dos mil doce, indica que: "Los juicios iniciados con las disposiciones anteriores a la presente reforma deberán concluirse de conformidad con ellas". Bajo ese contexto, sin conforme a lo descrito por el quejoso, el veintiséis de abril de dos mil dieciséis, se dictó laudo en el que se condenó a los demandados; entonces, el auto de nueve de junio del año en curso, mediante el cual no se acordó de conformidad la anotación de la demanda en el Registro Público de la Propiedad, es inconcuso, que el mismo fue emitido durante la etapa de ejecución del laudo; por tanto, debió impugnarse a través del recurso de revisión ante la propia junta responsable, de conformidad con los artículos 849 y 850, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo; los cuales prevén que en contra de los actos del Presidente ejecutor procede la revisión, la cual conocerá la Junta laboral que esté conociendo del asunto; supuesto que surte en el presente caso, pues al reclamarse en esta instancia una actuación del Presidente en relación al cumplimiento del laudo, resulta innegable que previo a acudir al juicio de amparo, debió agotar dicho medio ordinario que la ley contempla, pues no se puede válidamente abandonar la defensa ordinaria ni promover el juicio de amparo en contra de aquélla, sino que se debe agotar la jurisdicción ordinaria ya que no es optativo cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, si no obligatorio. Ilustra lo expuesto, la tesis consultable en la página 85, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1988, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Materia(s): Común, del rubro y texto siguientes: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN DE LAUDO. NECESIDAD DE AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. El juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, si el acto reclamado por el quejoso fue dictado por el presidente ejecutor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en ejecución de un laudo y contra este mandamiento el quejoso no interpuso previamente el recurso de revisión señalado en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo". Ello, encuentra apoyo en la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1731 del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta XVIII, Agosto de 2003, Materia Laboral, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE LAUDO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO SI PREVIAMENTE A SU INTERPOSICIÓN, NO SE AGOTÓ EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Si bien es cierto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 147, consultable en la página 121 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de la voz: "DEMANDA DE AMPARO. LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTÁCULO PARA ADMITIRLA.", ha sostenido el criterio de que la existencia de un posible recurso contra los actos reclamados, motivo de un juicio de garantías, no es óbice para admitir y tramitar la demanda de amparo, sino que, por el contrario, es conveniente hacerlo, a fin de estudiar debidamente la cuestión, sin perjuicio de que después se dicte el sobreseimiento que corresponda, si del resultado del estudio respectivo apareciere realmente la existencia de alguna causa de improcedencia, también lo es que, en la especie, esos razonamientos no son aplicables, pues tratándose de actos de los presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, dictados en ejecución de laudos, procede el recurso de revisión a que se refiere el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, por lo que no se está ante la presencia de un posible recurso, sino más bien ante la certeza de su existencia, por lo que no existe obstáculo alguno para que el Juez de Distrito deseche la demanda de garantías si previamente no se agota tal recurso de revisión ante la autoridad que prevé el numeral 850, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo." Bajo ese contexto, al haberse establecido que la parte quejosa tiene a su alcance un recurso ordinario y medio de defensa legal, por medio del cual los actos que se reclaman, pueden ser modificado, revocado o nulificado, mismo que debió agotar previo a esta instancia constitucional, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Máxime que, no se surte alguna de las excepciones a la improcedencia en estudio, primeramente, porque no le resulta el carácter de persona extraña a juicio, pues como parte actora en el juicio laboral del cual derivan los actos; aunado a que el referido acuerdo no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzosa de personas o algunos de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como tampoco la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales o algún mandato de captura o cualquier otro que afecte la libertad personal, derivado de un procedimiento penal. Más aún, que el quejoso conoce la legislación aplicable; de ahí que es dable estimar que la procedencia del recurso o medio de defensa no debe sujetarse a una interpretación adicional, ni su fundamento es insuficiente para determinarla, para que éste, en caso contrario quedara en libertad de interponerlos. Asimismo, el promovente al ser parte actora en lo principal en el juicio de origen, ésta en aptitud de comparecer y promover el medio ordinario de defensa mencionado. En consecuencia, al haberse establecido que la parte quejosa tiene a su alcance recursos ordinarios, por medio de los cuales los actos que aquí reclaman pueden ser modificados, revocados o nulificados, mismos que debió agotar previo a la instancia constitucional, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, y lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Lo anterior, al ser manifiesta la causa de improcedencia que se analiza, porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda, e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que para ese efecto designa en el escrito de demanda; y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala para tal efecto, dada la naturaleza del juicio. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles..."; LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA SIETE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO....
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