Alejandro González Aguirre

Expediente 1632/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1632/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
25/10/2022

Partes del expediente

  • Alejandro González Aguirre

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la auto de cinco de septiembre de dos mil veintidós, en la cual se sobreseyó el juicio, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo vigente, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos de ley. Orden de archivo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo aplicado por analogía, archívese el presente expediente, como asunto concluido. Orden de destrucción. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Información reservada. Ahora bien, hágase saber para los efectos establecidos en el multicitado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. Asimismo, se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en los libros electrónico y de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Notifíquese. Lo proveyó y firma, Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante María del Rosario García Pérez, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, a cinco de septiembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Se tiene por recibido el comunicado que signa el Presidente de la Junta Especial número 18 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo rinde informe justificado en representación del Gobernador Constitucional del Estado. Medios de convicción. Aunado a lo anterior, téngase a la autoridad oficiante ofreciendo un anexo certificado para acreditar su actuar, el cual, de conformidad con los numerales 119 y 123 de la ley de la materia, se admite y se tiene por desahogado en razón de su propia y especial naturaleza. Sobreseimiento fuera de audiencia. En otro contexto, visto el estado procesal de este asunto, el contenido del oficio y los anexos certificados que se adjuntan a éste, el suscrito juzgador advierte que se ha actualizado una hipótesis de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. En ese orden de ideas, por cuanto hace a la omisión de proveer el escrito presentado por la quejosa el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual solicitó se señalara fecha para la diligencia de reinstalación de la parte actora, en autos del juicio laboral 2149/2016, conviene señalar que el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso concreto, el acto reclamado por el cual se admitió la presente litis constitucional consiste en la omisión de proveer el escrito presentado por la quejosa el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual solicitó se señalara fecha para la diligencia de reinstalación de la parte actora, en autos del juicio laboral 2149/2016. Sin embargo, de las constancias que se allegaron al informe justificado previamente valoradas, se advierte que: - Mediante proveído de uno de septiembre del año en curso, se acordó el ocurso de mérito, tal y como se advierte a continuación: Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado en virtud de que como se estableció, la esencia de la que se duele la parte quejosa en su demanda de amparo, fue subsanada con el dictado del proveído de uno de septiembre de la presente anualidad, por el cual se acordó el escrito presentado por la parte quejosa el veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad" Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" Bajo esa tesitura, al surtirse las causales de sobreseimiento e improcedencia previstas en los artículos 63, fracción IV, y 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada a las diez horas con dieciséis minutos del seis de septiembre de dos mil veintidós. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma, Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante María del Rosario García Pérez, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Agréguese únicamente para efectos de control el oficio del director general de procedimientos constitucionales de la Secretaría de Gobernación, por medio del cual pretende rendir informe previo, sin embargo como se advierte de la certificación de cuenta, el veinticuatro de agosto del año en curso, se celebró la audiencia interlocutoria en el incidente de suspensión en el que se actúa. Atento a lo que solicita, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se le tiene nombrando como sus delegados en términos del citado numeral a las personas que refiere en su oficio de cuenta por así solicitarlo expresamente; de igual manera, se le tiene designando domicilio para oír y recibir notificaciones. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y como lo peticiona la autoridad oficiante, se le autoriza a las personas que propone el uso de medios electrónicos tales como cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares con dispositivos fotográficos o similares con el fin de reproducir las actuaciones que obran en el presente expediente, previo razón de uso que dejen en autos. En el entendido, que deberá contar con los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión este reservada por disposición legal. Asimismo, dígasele a la solicitante que el uso que le dé a las copias obtenidas como cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad.

  4. Principal

    A sus autos el escrito de José de Jesús Ruiz Pérez, parte quejosa, mediante el cual invoca como hecho notorio las actuaciones del expediente 364/99 remitidas por el Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial y copias del expediente 72/2021 del índice del Juzgado Decimoquinto Oral Mercantil del Primer Partido Judicial, mismas que obran glosadas en el amparo 1747/2021 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. Como preámbulo, debe precisarse que el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. En ese sentido, los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, en el sentido de que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, y cuyo acceso tienen los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución. Sin embargo, se torna improcedente su petición toda vez que lo que invoca como hecho notorio no son resoluciones del Poder Judicial de la Federación, sino constancias diversas de órganos que no forman para de éste y, al no exhibir las constancias conducentes con las que acredite haberlas solicitado o, en su caso, exhibido, es que no sea provea favorable lo solicitado.

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