Alejandro Gómez Rubio
Expediente 73/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 73/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alejandro Gómez Rubio
Actuaciones
- Principal
De la certificación secretarial que antecede, se advierte la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio, en el término legalmente establecido; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución CAUSÓ EJECUTORIA; asimismo, se dejan sin efectos las medidas decretadas en este asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; con fundamento en el artículo 121 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN. Ello es así, pues si bien encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído, lo cierto es que se concedió la suspensión de plano, por lo cual debe conservarse, pues dicha medida cautelar tiene efectos definitivos y perdura hasta la terminación del juicio, de conformidad con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de 2012; además, no existen documentos originales exhibidos por las partes y el expediente carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto vigésimo primero referido. Por lo tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese como corresponda. Así lo provee Alejandro Quijano Álvarez, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Daniela Montserrat De Alba Peña, Secretaria quien autoriza. Doy fe.
- Principal
R E S O L U T I V O S PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***************, por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. Como está ordenado en el considerando cuarto, entréguese copia autorizada de este fallo a la parte que lo solicite y esté legitimada para ello. TERCERO. Cúmplase lo establecido en el último considerando de esta resolución.
- Principal
El Agente del Ministerio Público de la Federación en función de Fiscal Supervisor de la Unidad de Atención y Determinación Inmediata de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, con sede en Ciudad de México, informa las medidas adoptadas respecto de los posibles actos de tortura de que fue objeto la parte quejosa, manifestados en su escrito de demanda en atención a la vista que se le dio mediante auto de veintitrés de enero del año en curso dictado en este juicio de amparo (fojas 8 a 14). Por otra parte, el Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en Villa Aldama, Veracruz, rinde su informe justificado; con su contenido y el de las constancias que anexa, dese vista a las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que estimen pertinente, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo; asimismo, como lo solicita la autoridad oficiante con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, ténganse como sus delegados a los profesionistas que nombra.
- Principal
Alejandro Gómez Rubio promueve juicio de amparo contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz y otra autoridad; con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 107, 108, 110, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda en sus términos; en consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y regístrese el juicio de amparo con el número 73/2017. SUSPENSIÓN DE PLANO Del análisis íntegro del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados la tortura, malos tratos, así como la suspensión de estímulos (llamadas telefónicas, etc.); por lo que comuníquese a las autoridades responsables que la suspensión de plano se hace extensiva a dichos actos; de conformidad con los artículos 125 y 126 en relación con el artículo 15 de la Ley de Amparo, se suspenda la tortura y malos tratos de que dice ser objeto la parte quejosa; asimismo, deberán restituir los estímulos y beneficios penitenciarios que hayan sido suspendidos, salvo que exista alguna causa justificada en contrario; lo cual deberá efectuarse bajo su más estricta responsabilidad, hasta en tanto se resuelva este juicio de amparo. Se previene a las autoridades responsables para que informen a este Juzgado de Distrito en el término de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, en relación con los artículos 103 y 107 Constitucionales. Hágase saber a las autoridades que la violación de esta medida suspensional entraña la comisión de un delito, conforme con lo que disponen los artículos 262 y 266, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse o seguirse ejecutando los actos que se les reclaman, de inmediato se dará vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para los efectos a que haya lugar. Cabe destacar que si bien no todos los actos reclamados encuadran exactamente en el artículo 22 Constitucional, se considera procedente conceder la suspensión de plano, por su estrecha vinculación con los estrictamente prohibidos, máxime que se aducen violaciones a derechos humanos y que esta medida es acorde con el principio pro hómine. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión, debido a que se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En términos del artículo 115 de la Ley de Amparo, se fijan las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE para la celebración de la audiencia, la cual se fija con base en la disponibilidad de fechas en la agenda de audiencias. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que en el término de quince días rindan su informe justificado, para lo cual se les envía copia simple del escrito de demanda de amparo. Dicho informe deberá ser rendido en términos del artículo 117 que antecede, remitiendo a este órgano jurisdiccional: 1 Copia certificada de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley de Amparo. 2 En orden. 3 Completa y legible. 4 Asimismo, cuando las autoridades adviertan que cesaron los efectos del acto reclamado, o se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, remitiendo al efecto copia certificada de las constancias que así lo acrediten, lo anterior con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se apercibe a las autoridades responsables que, en caso de no hacerlo así, y con las copias respectivas, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, se les impondrá una multa consistente en cincuenta unidades de medidas y actualización, con fundamento en lo previsto en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo; ello como la mínima establecida por el legislador para sancionar el incumplimiento a las determinaciones de este órgano jurisdiccional, que podrá incrementarse, dependiendo del actuar de las autoridades requeridas. CONSTANCIAS PARA RESOLVER Con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con residencia en Villa Aldama, Veracruz, para que al rendir su informe justificado remita copia certificada legible y completa de las constancias de las que se adviertan los estímulos proporcionados al quejoso en ese centro penitenciario, en términos de lo previsto por el artículo 5º del Manual de Estímulos y Correcciones Disciplinarias de los Centros Federales de Readaptación Social, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa consistente en cincuenta unidades de medidas y actualización, con fundamento en lo previsto en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo; ello como la mínima establecida por el legislador para sancionar el incumplimiento a las determinaciones de este órgano jurisdiccional, que podrá incrementarse, dependiendo del actuar de las autoridades requeridas. Asimismo, se hace de su conocimiento que la fracción I del artículo 262 de la Ley de Amparo, establece una pena de tres a nueve años de prisión destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad. Tiene aplicación la tesis siguiente: Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra podrá por deberá, se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. TERCERO INTERESADO Dada la naturaleza de los actos reclamados, se considera que en el caso no existe tercero interesado, al no actualizarse alguno de los supuestos previstos en el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. PRONUNCIAMIENTO RELACIONADO CON LOS POSIBLES ACTOS DE TORTURA MENCIONADOS EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO Debido a que el promovente bajo protesta de decir verdad, manifestó que sufrió agresiones, así como múltiples golpes en diferentes partes del cuerpo por parte de un elemento de seguridad en el centro de su reclusión, se toman en cuenta las disposiciones legales siguientes: El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: Artículo 1. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Asimismo, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se establece lo siguiente: Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. En la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, se determinó lo siguiente: Artículo 1. Los Estados Partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente Convención. Artículo 6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, los Estados Partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura en el ámbito de su jurisdicción. Los Estados Partes se asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyan delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigarlos sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad. Igualmente, los Estados Partes tomarán medidas efectivas para prevenir y sancionar, además, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción. Artículo 8. Los Estados Partes garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente. Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados Partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal. Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado. Con apoyo en las disposiciones anteriores, a efecto de esclarecer los posibles hechos de tortura que menciona la parte quejosa en su demanda, dese vista al Procurador General de la República, con sede en Ciudad de México, para que en uso de sus facultades ordene a quien corresponda, inicie de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa que permita determinar la existencia de los hechos de golpes y posible tortura alegados por la parte quejosa, identificar a los responsables y, en su caso, iniciar su procesamiento penal, auxiliándose con los medios y expertos idóneos para la investigación de estos casos; si del resultado de la averiguación previa se acreditan los posibles actos de tortura que alude el quejoso, determine las eventuales responsabilidades penales y, en esa hipótesis, aplique las sanciones y consecuencias que la ley prevea, asimismo, garantice la reparación del daño físico-psicológico, que, de ser así, haya sido causado al quejoso, con el objeto de establecer la secuela total del daño producido por la tortura y proponer el tratamiento correspondiente. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le requiere para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, por la misma vía informe el trámite dado a lo manifestado por el promovente, apercibido que de no hacerlo, o informar el impedimento legal que tenga para hacerlo, se le impondrá una multa consistente en cincuenta unidades de medidas y actualización, con fundamento en lo previsto en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo; ello como la mínima establecida por el legislador para sancionar el incumplimiento a las determinaciones de este órgano jurisdiccional, que podrá incrementarse, dependiendo del actuar de las autoridades requeridas. Similar criterio fue sustentado por el entonces Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el juicio de amparo directo 78/2012, en sesión de dos de mayo de dos mil doce. Esta determinación no excede el ámbito de aplicabilidad del juicio de amparo, aunque el Procurador General de la República no figure como autoridad responsable, pues conforme con el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este juicio es el medio legal para reparar la violación de los derechos humanos reconocidos en ella y en tratados internacionales suscritos por México, ya que este órgano de amparo debe garantizar que el respeto a los derechos humanos avance, conforme con el principio de progresividad; además, el incumplimiento de la obligación de investigación oficiosa implica violación al derecho a la integridad física y psíquica, por lo que ambas deben repararse, acorde también con el derecho del hoy quejoso a un recurso judicial efectivo y sencillo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es aplicable al caso, la tesis siguiente: Décima Época Registro: 2001218 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2 Materia(s): Constitucional Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) J/1 (10a.) Página: 1107 ACTOS DE TORTURA. CUANDO LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, CON MOTIVO DE SUS FUNCIONES, TENGAN CONOCIMIENTO DE LA MANIFESTACIÓN DE UNA PERSONA QUE AFIRME HABERLOS SUFRIDO, OFICIOSAMENTE DEBERÁN DAR VISTA CON TAL AFIRMACIÓN A LA AUTORIDAD MINISTERIAL QUE DEBA INVESTIGAR ESE PROBABLE ILÍCITO. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del 11 de junio de 2011, establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Esa disposición también adopta el principio hermenéutico pro homine, según el cual, en la protección de los derechos humanos debe elegirse la interpretación más favorable para las personas. Por otro lado, los artículos 22 constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura. Además, este derecho fundamental fue garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. Por su parte, el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato. Así, del análisis de los preceptos invocados se concluye: a) Las personas que denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma expedita para que su acusación sea investigada y, en su caso, examinada a través de un juicio penal; b) La obligación de proteger ese derecho recae en todas las autoridades del país (en el ámbito de sus competencias), y no sólo en aquellas que deban investigar o juzgar el caso; y c) Atento al principio interpretativo pro hómine, para efectos del mencionado derecho, debe considerarse como denuncia de un acto de tortura a todo tipo de noticia o aviso que sobre ese hecho se formule ante cualquier autoridad con motivo de sus funciones. Consecuentemente, cuando los órganos jurisdiccionales, con motivo de sus funciones, tengan conocimiento de la manifestación de una persona que afirme haber sufrido tortura, oficiosamente deberán dar vista con tal afirmación a la autoridad ministerial que deba investigar ese probable ilícito. DOMICILIO Debido a que el quejoso está recluido y no autorizó a persona alguna para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena efectuar las notificaciones que deriven de este juicio de manera personal en el Centro Federal de su reclusión. NOTIFICACIONES MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Notifíquese la radicación de este juicio a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo y dese la intervención que legalmente le corresponde; asimismo, dígasele que se deja a su disposición en la actuaría de este juzgado copia simple de la demanda. AUTORIDADES RESPONSABLES Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese la radicación de este asunto a las autoridades responsables, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se instruye a los actuarios judiciales para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional se notifiquen a la autoridad responsable por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 26, fracción I, interpretado a contrario sensu y 29 de la Ley de Amparo, pues la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercera interesada; máxime que la nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet: http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. La anterior medida tiende también a contribuir a la protección del medio ambiente, en términos del artículo 4 Constitucional, al evitar consumo de papel, tinta y energía eléctrica innecesariamente. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES Por otra parte, conforme con lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de las autoridades responsables, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en caso de que la autoridad que señaló como responsable no exista con la denominación o en la localidad indicada, sin mayor trámite se tendrá por inexistente y suspendida toda comunicación con ésta. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se determina que los acuses de recibo relativos a acuerdos que no sean trascendentes, por ser de mero trámite, no deberán ser escaneados ni vinculados en el expediente electrónico, pero sí agregados en autos sin mayor pronunciamiento; lo anterior, para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta y energía eléctrica empleados por este órgano jurisdiccional; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 10,537 expedientes
- ALEJANDRO FERNÁNDEZ CASTILLO y Otros.1323/2015
- Alejandro Fernando Martínez Martínez745/2022
- Alejandro Gabriel Hernández Viveros90/2019
- Alejandro García Hernández1473/2017
- Alejandro García Vite1332/2017
- Alejandro Gino García Cervantes y Otros.1694/2015
- Alejandro Gómez Rubio203/2017
- Alejandro Gómez Rubio944/2018
- alejandro gonzalez sanchez699/2021
- Alejandro Guzmán Guzmán526/2023
- ALEJANDRO GUZMAN LUIS y Otros.1958/2015
- Alejandro Guzmán Luis y Otros.351/2016