Alejandro Gomez Nuñez
Expediente 906/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 906/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alejandro Gomez Nuñez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente de amparo hubiese recurrido el auto de dos de agosto de dos mil veintidós, dictado por este Juzgado Federal, por medio del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo de que se trata. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 31, de la ley antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho acuerdo ha quedado firme, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, refiere, que en los expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido, deberán ser destruidos, por lo que, al actualizarse dicho supuesto en este asunto, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dos de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, se advierte que la parte quejosa no subsanó la prevención que se le formuló mediante acuerdo de doce de julio de dos mil veintidós, y toda vez que de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo que se le concedió para que diera cumplimiento al requerimiento de mérito, en consecuencia, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia y, por ende, se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente juicio. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a doce de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por A*****, por propio derecho, contra actos del Fiscal General del estado de Morelos y otras autoridades, de quienes reclama la orden de aprehensión y/o detención emitida en su contra. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 906/2022-PJ-A, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Prevención. Ahora bien, para estar en condiciones de proveer sobre el contenido del escrito de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el numeral 108, fracción V, de la Ley de Amparo, se previene al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contados a partir del siguiente día en que surta sus efectos la notificación de este proveído, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, de manera clara, especifica y concreta cumpla con lo siguiente: ÚNICO. Deberá precisar cuál es el acto que por esta vía constitucional reclama para estar en aptitud de proveer respecto de la demanda de mérito ya que refiere en el capítulo correspondiente al acto lo siguiente: "LA ORDEN DE DETENCIÓN Y/O APREHENSIÓN QUE SE HAYA EMITIDO Y QUE SE PRETENDA EJECUTAR EN MI CONTRA, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN." Lo subrayado es propio. Posteriormente, en el siguiente párrafo correspondiente al acto que reclama de las autoridades que señala como ejecutoras manifiesta: "la orden encaminada a suspender o cancelar el exámen de oposición para notario público para la notaria número cuatro de la novena demarcación notarial del estado de Morelos que se realizará los días 12 y 13 de julio de 2022, ante la secretaria de gobierno y algunos notarios del estado de Morelos, como se dispone en la ley del notariado del estado de Morelos o bien, impedir que el suscrito pueda realizar los exámenes correspondientes." Lo subrayado es propio. Lo anterior, causa incertidumbre jurídica ya que no se tiene con exactitud cuál es el acto u omisión que de la presente instancia constitucional reclama, es decir, si reclama orden de detención y/o aprehensión emitida en su contra o la orden encaminada a suspender o cancelar el exámen de oposición para notario público. Además, en el apartado que señala como hechos o abstenciones realiza diversas manifestaciones que no permiten a este órgano jurisdiccional tener claridad respecto a sus antecedentes, debido a que, por un lado, señala: "elementos de la policía especial de investigación de dicha fiscalía, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de Morelos y elementos de la policía de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, se apersonaron a la Notaria Pública Número Uno de la Novena Demarcación Notarial en el Estado, con sede en Jiutepec, Morelos, con el propósito de ejecutar una orden de inspección (.) con la intención de obtener información con todo lo relacionado a los aspirantes a Notario Público." Lo subrayado es propio. Por otro lado, señala tener el temor respecto a que las autoridades señaladas "hayan realizado la diligencia de inspección con la intención de poder prefabricar datos o indicios con el propósito atribuir un supuesto delito". Posteriormente, hace valer su inconformidad con el actuar de las autoridades que señala como responsables para poder impedirle participar en el proceso de selección para Notario Público. De lo anterior se advierte que dichos actos y antecedentes señalados con anterioridad no son claros, concretos ni precisos, por ello a fin de que esta autoridad esté en aptitud de fijar la litis en el presente asunto, la parte quejosa deberá precisar de manera concreta el acto reclamado y los precedentes en los que sustenta su inconformidad, así como los derechos fundamentales que se ven afectados con estos, en el entendido de que en caso de considerarlo necesario podrá, ampliar los antecedentes del acto que considere como reclamado. Toda vez que, es obligación de las partes señalar en la demanda de manera clara y precisa, la ley o acto que reclama de la autoridad que señale como responsable, puesto que el señalamiento del mismo que como requisito exige el artículo 108 fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ser concreto y preciso, sin que en el mismo se admitan imprecisiones u oscuridades que den motivos a aclaraciones de los mismos. Además, en caso de que el acto reclamado sea la orden de aprehensión librada en su contra, deberá señalar en los antecedentes, la fecha y forma en que tuvo conocimiento de la misma, ya que es omiso en señalar algún antecedente del que se adviertan esos aspectos. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente la tesis I.4o.C. 26 K sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que aparece publicada en la página 63 del Semanario Judicial de la Federación, IX, Febrero de mil novecientos noventa y dos, correspondiente a la Octava Época, cuyo texto y rubro son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO. Si bien es cierto que el artículo 146 de la Ley de Amparo obliga y faculta al juzgador a prevenir a un peticionario de garantías a efecto de que realice cualquiera de las siguientes actividades: a) aclare su demanda, en la hipótesis de que exista alguna irregularidad en ésta o no se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; b) complete los requisitos del artículo 116 de la Ley de Amparo, en caso de que hubiere omitido alguno; c) exhiba las copias de la demanda de garantías que sean necesarias en términos del artículo 120 de la propia ley, también lo es que si del análisis de la demanda de amparo y sus anexos correspondientes, no se advierte que exista alguna deficiencia de las apuntadas, es evidente que no se debe hacer requerimiento o prevención alguna." Se hace del conocimiento de la parte quejosa, de las penas en que incurren los falsos declarantes ante autoridad judicial, tal como lo establece la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y." (Énfasis añadido). Con el apercibimiento que de no cumplir íntegramente con lo requerido en el cuerpo de este proveído, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por NO PRESENTADA LA DEMANDA. De la consulta del expediente electrónico, notificaciones y autorizados. Ahora bien, respecto a su petición en el sentido de que se autorice al usuario "Bandera", para acceder al expediente en línea, indíquesele al respecto, tal y como lo establece el segundo párrafo del artículo 35, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, así como las notificaciones vía electrónica, siempre y cuando se realicen con el usuario antes citado y este se encuentre registrado en el Sistema de Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, y vista la certificación en el proemio del presente auto, se tiene como autorizado y con facultades amplias a Jorge Bandera Gutiérrez, en razón de tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este Juzgado y la naturaleza del acto (materia penal), en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese personalmente.
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