Alejandro Germanico Diaz Sanchez
Expediente 16/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 16/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Alejandro Germanico Diaz Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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1. DECLARACIÓN DE FIRMEZA RESPECTO A LA SENTENCIA DICTADA EN AUTOS. se declara HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO DE ESTE EXPEDIENTE.
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ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo ...
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Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, rindiendo su informe justificado y acompañando copia certificada de diversas constancias, con lo que se ordena dar vista a las partes para el efecto legal conducente. Notifíquese.
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PUBLICACIÓN AL TERCERO INTERESADO Y QUEJOSA..Ciudad Victoria, Tamaulipas, a nueve de diciembre de dos mil veinte. V I S T O para resolver el cumplimiento de la sentencia, relativo al juicio de amparo 2489/2019. R E S U L T A N D O PRIMERO. Trámite del juicio de amparo. Por escrito presentado el treinta de diciembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, en esta ciudad, Paloma Trejo Cepeda, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra un acto del Juez Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, residente en Ciudad Mante, Tamaulipas, admitiéndose la demanda el treinta y uno de diciembre siguiente, registrándola con el número 2489/2019. SEGUNDO. Sentencia. Seguido el juicio en sus etapas procesales, la audiencia constitucional se celebró el tres de marzo de dos mil veinte. Luego, debido a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, este Juzgado de Distrito a partir del diecisiete de marzo de la anualidad en curso, suspendió sus labores; posteriormente, conforme al artículo 10 del Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, el veintisiete de mayo de dos mil veinte se reanudó el presente juicio de amparo, única y exclusivamente para emitir sentencia o resolución final, en la que se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. TERCERO. Cabe destacar, debido a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, este Juzgado de Distrito a partir del diecisiete de marzo de la anualidad en curso suspendió sus labores; luego en sesión extraordinaria de veintiocho de julio pasado, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en el cual se determinó reanudar los plazos dentro de los asuntos conocidos por los órganos jurisdiccionales, a partir del tres de agosto del presente año, por ello mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se levantó la suspensión de plazos y términos correspondientes para la continuidad del asunto. CUARTO. Etapa de cumplimiento. El veintinueve de septiembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia emitida en autos y en esa misma fecha se requirió de cumplimiento a la autoridad responsable involucrada en la restitución de los derechos fundamentales trasgredidos. Luego, la autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitió la resolución interlocutoria de veintidós de octubre de dos mil veinte, con lo cual se dio vista a las partes en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para determinar si la sentencia de amparo quedó cumplida o no, atento a lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, pues fue quien la emitió en el presente juicio de amparo. SEGUNDO. Consideraciones Previas. Es importante establecer, que conforme al contenido del citado precepto [196], el Juez de Distrito, transcurrido el plazo concedido a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, deberá dictar resolución fundada y motivada en la que declare si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En la inteligencia, la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Hay exceso, cuando la responsable se extralimita en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo; en tanto, hay defecto cuando la autoridad cumple parcialmente lo ordenado en la ejecutoria, esto es, deja de hacer algo que se le impuso en la resolución de cuya ejecución se trata. De esta manera, es obligación del órgano de control constitucional vigilar el cumplimiento del fallo protector y exigir el mismo por parte de la autoridad responsable y habido sea, hacer la declaratoria correspondiente. Asimismo, debe tenerse presente lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." TERCERO. Lineamientos y efectos de la ejecutoria. En la sentencia que concedió la tutela constitucional, se establecieron los lineamientos siguientes: ".1. Dejar insubsistente la resolución interlocutoria de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente 447/2019, relativo al Juicio de Interdicto para recuperar custodia de menores; y, 2. Con plenitud de jurisdicción dicte otra, en el que reitere lo que no fue materia de la concesión, pudiendo ser en el mismo sentido, si así lo considera; sin embargo, previo a resolver respecto del recurso de revocación de referencia, de manera fundada, motivada y congruente, se pronuncie respecto de los agravios de la recurrente expuestos en el escrito de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, aquí quejosa, en relación: A responder cada uno de los puntos expuestos por la recurrente en su segundo disenso. No se le dio a la quejosa la oportunidad de pronunciarse respecto al escrito que motivó la resolución recurrida. Que el niño D.E.U.T., ha externado temor a su padre como se advierte del dictamen psicológico emitido por el perito adscrito al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, así como de la declaración del propio menor, además de encontrarse pendiente de recibir la declaración de la infante P.A.U.T., y fue omisa en escuchar a su menor hijo respecto de la nueva situación que se presentaba o, en su caso, solicitar una nueva evaluación psicológica, de su actual estado emocional. CUARTO. Análisis del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. El Juez Primero Civil y Familiar de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial del Estado, residente en El Mante, Tamaulipas, mediante oficio recibido el veintiséis de octubre de dos mil veinte, remitió copia certificada de la resolución interlocutoria de veintidós de octubre del mismo año, dictada en el expediente 447/2019, relativo al Juicio de Interdicto para recuperar custodia de menores. Documentales de trato que obran glosados en los presentes autos, merecen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en virtud de fueron expedidas y certificadas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Consecuentemente, se procede realizar un análisis de dichas constancias, frente a los actos que la autoridad responsable debía realizar para estar en aptitud de determinar si en el caso la ejecutoria cuyo cumplimiento se estudió se encuentra o no cumplida. Los efectos de la resolución de amparo que debe acatar la responsable son: ".1. Dejar insubsistente la resolución interlocutoria de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, dictada dentro del expediente 447/2019, relativo al Juicio de Interdicto para recuperar custodia de menores; y, 2. Con plenitud de jurisdicción dicte otra, en el que reitere lo que no fue materia de la concesión, pudiendo ser en el mismo sentido, si así lo considera; sin embargo, previo a resolver respecto del recurso de revocación de referencia, de manera fundada, motivada y congruente, se pronuncie respecto de los agravios de la recurrente expuestos en el escrito de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, aquí quejosa, en relación: A responder cada uno de los puntos expuestos por la recurrente en su segundo disenso. No se le dio a la quejosa la oportunidad de pronunciarse respecto al escrito que motivó la resolución recurrida Que el niño D.E.U.T., ha externado temor a su padre como se advierte del dictamen psicológico emitido por el perito adscrito al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, así como de la declaración del propio menor, además de encontrarse pendiente de recibir la declaración de la infante P.A.U.T., y fue omisa en escuchar a su menor hijo respecto de la nueva situación que se presentaba o, en su caso, solicitar una nueva evaluación psicológica, de su actual estado emocional. De la lectura de los efectos, se desprende la autoridad responsable debía pronunciarse de manera fundada y motivada de los siguientes puntos: A) Dejar insubsistente la resolución interlocutoria de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 447/2019, relativo al Juicio de Interdicto para recuperar custodia de menores. B) Dictar una nueva reiterando los aspectos que no formaron parte de la concesión de amparo. C) Con plenitud de jurisdicción, previo a resolver respecto del recurso de revocación en comento, de manera fundada, motivada y congruente, se pronuncie respecto de los agravios de la recurrente expuestos en el escrito de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, aquí quejosa, en relación: 1. No se le dio a la quejosa la oportunidad de pronunciarse respecto al escrito que motivó la resolución recurrida. 2. Que el niño D.E.U.T., ha externado temor a su padre como se advierte del dictamen psicológico emitido por el perito adscrito al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, así como de la declaración del propio menor, además de encontrarse pendiente de recibir la declaración de la infante P.A.U.T. y fue omisa en escuchar a su menor hijo respecto de la nueva situación que se presentaba o, en su caso, solicitar una nueva evaluación psicológica, de su actual estado emocional. Ahora, se advierte en cumplimiento con la ejecutoria de amparo, la autoridad responsable remitió copia certificada del acuerdo de veintidós de octubre de dos mil veinte, dictada en el expediente 447/2019, relativo al Juicio de Interdicto para recuperar custodia de menores, en el que dejó insubsistente la resolución interlocutoria de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, con lo que se tiene por cumplido el inciso A). Luego, respecto al inciso B) también se tiene por cumplido, dado dictó otra resolución (veintidós de octubre de dos mil veinte), en la que reiteró los aspectos que no formaron parte de la concesión de amparo, ello al continuar considerando improcedentes tanto el primer como el segundo agravio expuesto por la recurrente, tal como lo determinó en la resolución dejada insubsistente. Asimismo, respecto al inciso C), se tiene por cumplido, pues de manera fundada, motivada y congruente, se pronunció respecto de los agravios de la recurrente (aquí quejosa), expuestos en el escrito de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, cuando refiere el tercero agravio señalado por la recurrente, consistente en que no se le concedió la oportunidad de pronunciarse en relación al escrito que motivó la resolución recurrida, es improcedente ya que si bien no se le concedió la vista respecto del escrito que motivo la resolución recurrida, fue porque se consideró que no era necesario, pues la recurrente ya había dado la versión de los hechos que sucedieron cuando se llevó a su hijo de la escuela, lo que hizo mediante escrito de doce de noviembre de dos mil diecinueve, aunado a que señala se encontraba obligado a actuar con celeridad debido al maltrato que sufría el menor por parte de la pareja de la recurrente, con lo que cumplió con el punto 1 del inciso C). También cumplió con el punto 2 del citado inciso C), cuando se pronunció en su resolución que respecto al cuarto agravio relativo a que se violeta el interés superior del menor debido a que ha externado temor a su padre como se advierte del dictamen psicológico emitido por el perito adscrito al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, así como de la declaración del propio menor donde señala su deseo de vivir con su madre y no con su padre, además de encontrarse pendiente de recibir la declaración de la infante P.A.U.T. y fue omisa en escuchar a su menor hijo respecto de la nueva situación que se presentaba o, en su caso, solicitar una nueva evaluación psicológica, de su actual estado emocional, resultada improcedente. Ello, al considerar que contrario a lo señalado por la recurrente del dictamen pericial emitido por el perito adscrito al sistema DIF Mante, de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, no se advierte el menor haya manifestado temor hacia su padre, que el menor presenta características de manejo emocional condicionado por el carácter de su figura paterna, que el menor manifiesta un estado emocional ambivalente y de temor, el cual le hace reaccionar con sentimientos de agrado y desagrado hacia la dinámica de vida presente, que el nivel de adaptación social y escolar es normal, que solo es inestable en el cuadro familiar; y por último, que las exigencias propias del medio en el que se desenvuelve lo maneja con recelo, temor e incertidumbre, de lo que concluyó que el menor no tenía temor a su padre o que corra peligro al estar con él. Respecto a que el menor en su declaración ha externado su deseo de vivir con su madre y no con su padre, también dijo es improcedente señaló, debido a que la única declaración que existe en el juicio por parte del infante, fue la de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, de la cual no se desprende tal hecho, pues en lo que aquí interesa solo manifestó junto con su hermano que si querían vivir con su mamá pero cuando se le pase el coraje, que quieren vivir solo con su mamá con Tello no, por tanto no se advierte su deseo de vivir con la recurrente. De igual manera, resolvió (improcedente), con relación a que se encuentra pendiente de recibir la declaración de su menor hija P.A.U.T., quien señala el deseo del menor D.E.U.T., de regresar a vivir con la recurrente, lo que le expresó a su hija en videollamada, toda vez dicha prueba se encuentra pendiente de desahogar a que dicha recurrente no cumplió con la obligación que le impone el artículo 367 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, es decir, no presentó copia del interrogatorio para la contraria, lo cual aduce la responsable no justifica de manera alguna sustraer al niño de la escuela, pues para ello debió acreditar el menor se encontraba en riesgo. Finalmente, se pronunció con relación a que la responsable fue omisa en escuchar a menor en relación a la nueva situación que se presentaba o, en su caso, solicitar una nueva evaluación psicológica de su actual estado emocional, también lo consideró improcedente en virtud de que, adujo, se encontraba obligada a actuar con celeridad por el maltrato que sufría el niño con la actual pareja de la recurrente, pues con la declaración del menor se concluye que sufría violencia física por parte de dicha persona, aunado a que, se insiste, ello no justifica que lo sacara de la escuela en las condiciones que lo hizo. En ese sentido, este Juzgado Federal llega a la conclusión la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia que concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Paloma Trejo Cepeda, toda vez dejó insubsistente la resolución interlocutoria de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 447/2019, relativo al Juicio de Interdicto para recuperar custodia de menores, dictando en su lugar una diversa, en la que reiteró los aspectos que no formaron parte de la concesión de amparo y con libertad de jurisdicción. Asimismo, previo a resolver respecto del recurso de revocación, de manera fundada, motivada y congruente, se pronunció respecto de los agravios de la recurrente expuestos en el escrito de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, en relación a que no se le dio la oportunidad de pronunciarse respecto al escrito que motivó la resolución recurrida; el niño D.E.U.T., ha externado temor a su padre como se advierte del dictamen psicológico emitido por el perito adscrito al Sistema de Desarrollo Integral de la Familia y de la declaración del propio menor; que se encontraba pendiente de recibir la declaración de la infante P.A.U.T. y fue omisa en escuchar a su menor hijo respecto de la nueva situación que se presentaba o, en su caso, solicitar una nueva evaluación psicológica, de su actual estado emocional, los cuales estableció resultaban improcedentes, exponiendo las razones y fundamentos por lo cual lo consideró así. De ahí se advierta se restituyen los derechos fundamentales conculcados a la parte quejosa por cuya infracción se concedió el amparo, razones que demuestran desde el punto de vista material y jurídico que la autoridad responsable se ajustó a los términos precisados en la ejecutoria de mérito; en tal virtud, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia emitida en autos. Ello es así, pues de autos se puede dilucidar la autoridad oficiante dio una solución integral al conflicto litigioso, toda vez que los lineamientos establecidos en la sentencia amparadora, fueron examinados de acuerdo a los principios de congruencia y exhaustividad, mismos obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran las que son materia de ejecución, lo cual acontece en el presente caso. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 9/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, Décima Época, registro 2010987, página 832, que dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente. En consecuencia, se determina que no existe exceso o defecto en que haya incurrido la autoridad responsable, y como consecuencia tampoco imposibilidad de su cumplimentación. QUINTO. Archivo y depuración del presente asunto. Asimismo, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente asunto, como totalmente concluido. En el entendido que previo a la remisión, se deberá realizar cotejo con el expediente electrónico, debiéndose dejar constancia en autos. Por otra parte, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se advierte que el presente juicio es susceptible de depuración; toda vez que se concedió el amparo. Así como también, deberá transferirse, una vez transcurrido el término de tres años, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación en los libros de gobierno, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo. En ese sentido, una vez transcurrido el término de tres años a que refiere el artículo 18 del acuerdo citado en líneas que anteceden, a partir de la fecha en que se dicta el presente proveído, dentro de los siguientes noventa días se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, terminado el proceso de depuración realícense las gestiones conducentes para la transferencia del presente asunto al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. De igual manera, en observancia del artículo 15 del multicitado Acuerdo General, se hace constar que el juicio en el que se actúa no es de relevancia documental; además de que no se encuentra agregado en autos documento original alguno, de los enunciados en el numeral 3, fracción XVIII de dicho Acuerdo. Finalmente, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente controvertido constitucional ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se negó la medida cautelar solicitada respecto de los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, deberán destruirse estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses, procédase a su destrucción. Notifíquese personalmente.Así lo acuerda y firma Rosa María Cortés Torres, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Julieta Elena Martínez Trejo, Secretaria que autoriza y da fe.
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