Alejandro German Banda Vital
Expediente 128/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 128/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 03/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alejandro German Banda Vital
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
El licenciado Javier Morales Guzmán, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la cual negó el amparo y protección de la Justicia Federal, pues dicho término transcurrió para las partes del dieciocho de abril al dos de mayo del año en curso, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno; asimismo, se hace constar que no obran documentos originales para ordenar su devolución a las partes, no fueron exhibidos valores, no obran constancias para ser devueltas a su remitente y sí se aperturó incidente de suspensión. Morelia, Michoacán, tres de mayo de dos mil veintitrés. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 128/2023, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, tres de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de 26/09/23 14:29:33 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.78.1d JAVIER MORALES GUZMAN depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas del trece de abril de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 128/2023, sin la comparecencia de las partes. La Secretaria da cuenta con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con la prueba documental ofrecida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio y Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, por razón de su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas las documentales exhibidas por la autoridad responsable. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que únicamente la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita formuló los de su intención. En relación con lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la agente del Ministerio Público de la Federación y se declara precluido el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de febrero de dos mil veintitrés, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, compareció Arturo Ortega Álvarez, en cuanto defensor público de ********************, a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio y Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 14 segundo párrafo, 16 primer párrafo, 18 segundo párrafo, y 20 Apartado B, fracciones III y VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1º, 8.2 inciso d) y 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y 2.1, 2.2, 9.2, 10.1, 14.3 incisos a) y d), y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró con el número 128/2023 y mediante proveído de siete de septiembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; por último, este juzgado señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se reconoció el carácter de parte tercera interesada al ********************, en cuanto parte ofendida dentro de la causa penal ********************, así como a ********************y Anaid Estrada Sánchez, agentes del Ministerio Público que intervinieron en la audiencia reclamada, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, incisos c) y e), así como 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y ahora se resuelve conforme a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que reside dentro del ámbito territorial en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado por la parte quejosa es: El auto de vinculación a proceso dictado en audiencia de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, por su probable responsabilidad en los hechos que la ley señala como delito de: Uso de documento falso, previsto y sancionado en el artículo 243, en relación con el 246, fracción VIII, del Código Penal Federal, en términos de los artículos 9, párrafo primero y 13, fracción II, del mismo ordenamiento legal. Acto que atribuye al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio y Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio y Oral adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe justificado, consistentes en un disco óptico que contiene la audiencia reclamada y la versión escrita de las resoluciones pronunciadas en la causa penal ******************** [mismas que obran agregadas al presente juicio, fojas 37 a 66]. Probanzas que, atenta su naturaleza de actuaciones jurisdiccionales, tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben analizarse de oficio, por ser una cuestión de orden público. El Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, manifiesta que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo [falta de interés], porque el quejoso no acredita encontrarse dentro de la excepción a la extensión de la norma reclamada y por tanto, no demuestra la afectación en sus intereses jurídicos o legítimos. Al respecto, no procede atender el alegato del fiscal federal, relativo a que el peticionario de amparo no acredita el interés jurídico para reclamar la norma, atendiendo a que en el caso, el reclamo constitucional lo constituye el auto de vinculación dictado contra el quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de uso de documento falso, lo cual evidentemente afecta su esfera de derechos y les da interés para comparecer a solicitar la tutela constitucional. Toda vez que las partes no hicieron valer diversas causas de improcedencia del presente juicio, y dado que este juzgador tampoco de manera oficiosa advierte la existencia de alguna, procede realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Son infundados los motivos de disenso expresados por el defensor público del quejoso, sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que quien aquí resuelve, considera que no se transgreden los derechos fundamentales del amparista, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la tesis 2ª./J.67/2017 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro 2014703, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." El defensor de la parte quejosa en su único concepto de violación, aduce medularmente: - Que la resolución reclamada viola lo establecido en los artículos 1º, 13, 14, 16, 17, 19, 20 apartado b) y 22 Constitucionales, así como su derecho a la libertad, en virtud de que se le formuló imputación y se le vinculó a proceso por los hechos probablemente constitutivos del delito de uso de documento falso, lo que resulta violatorio de sus derechos en virtud de que se integró la carpeta de investigación con el documento base de la denuncia consistente en copia simple, situación que lo deja en la incertidumbre jurídica toda vez que no existe el origina del documento falso, aunado a que no existe dato de prueba suficiente para demostrar que la copia que fue exhibida en la denuncia que dio origen a la carpeta deriva de un acta apócrifa la cual no se ha demostrado la existencia de la misma; por tanto refiere que no se puede acreditar la falsedad de un documento si no existe el original, con la sola existencia de una copia simple. - Que sólo existe un dicho aislado de su existencia en la entrevista del apoderado legal del Issste, a quien no le constan los hechos por no ser testigo presencial, y el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene informó que no se encontró antecedente de trámite alguno realizado por ********************. - Que la diversa testigo ********************, dijo que se presentó una persona que se dijo llamar ********************, entre el seis y diez de octubre de dos mil veintiuno, quien le presentó un acta de defunción con datos que estaban en otro orden y que la fecha de registro del acta no coincidía con la fecha de la copia certificada y eran anteriores a la fecha de defunción, por lo que no se le realizó el trámite y se quedó con una copia del acta de defunción, pero no de la credencial con la que se identificó supuestamente el investigado. - Aduce que si bien el estándar probatorio es bajo, también lo es que resulta una inseguridad jurídica y violatoria de garantías que no se precise el momento en el que se consumó el delito, ya que se necesita de un solo acto para dar el resultad instantáneo, que es el momento en que se dio uso del supuesto documento apócrifo del que tampoco se ha acreditado su existencia, así como tampoco está acreditada su identificación. - Señala también que en cuanto al elemento subjetivo que es la intención de utilizare el documento tampoco está acreditado, ya que no hay registro en alguna bitácora del cual se compruebe el trámite que supuestamente se pretendía realizar con el acta de defunción, únicamente se tiene una versión aislada de ********************, la cual no se concatena con otro dato de prueba, y el uso, conforme a la entrevista de la propia testigo ella revisó los documentos antes de realizar cualquier trámite, por lo que en estricto derecho no se utilizó o usó el documento ya que solamente fue realizado para iniciar un trámite que ni siquiera se comenzó. - Finalmente, señala que no existe dato de prueba que determine dato razonable para establecer la posibilidad de que el quejoso haya cometido el hecho por el que fue vinculado, en atención al principio de presunción de inocencia. Al respecto, primeramente conviene traer a glosa el contenido del primer párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan los requisitos para dictar un auto de plazo constitucional. Numerales que, por su orden, establecen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: Se haya formulado la imputación; Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". De los artículos transcritos, se obtiene que, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario reunir los requisitos siguientes: 1) Haberse formulado la imputación. 2) Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo. 3) Pronunciarse dentro del plazo de setenta y dos horas, el cual puede ser duplicado a petición del implicado o su defensa. 4) Expresar el delito que se le impute; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. 5) Dictarse, únicamente, por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación. 6) De los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes para poder establecer la comisión de un hecho determinado por la ley como hecho delictuoso y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Es ilustrativa, la jurisprudencia XVII.1º.P.A.J/26, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, registro digital 160331, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." Como se aprecia del criterio transcrito, la trascendencia que tiene el auto de plazo constitucional en el sistema penal nuevo es notoria, porque somete al imputado a la investigación del hecho delictuoso durante un periodo formal (judicializa la investigación) o bien, porque lo libera de esa sujeción si en ese momento no existen datos de prueba suficientes para permitir la sujeción al procedimiento, pero sobre todo, porque el procedimiento se seguirá por los hechos acotados en tal determinación. Ahora bien, cabe señalar que el quejoso comparece al amparo como imputado, quien en términos del artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales es aquel que es señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho. Expuesto lo anterior, basta imponerse de la reproducción de la audiencia inicial celebrada el veintiséis de enero de dos mil veintitrés [Min. 00:09:10 del registro de audio y video], para advertir que la Agente del Ministerio Público, hizo del conocimiento del juez responsable los hechos delictivos consistentes en que el once de mayo de dos mil veintidós, se recibió una denuncia signada por ********************, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del ********************, en representación de ********************, apoderado legal de dicho instituto, en la que hizo del conocimiento: Que ******************** se presentó entre los días del seis al veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en las instalaciones del ********************, ubicadas en calle Francisco I. Madero Poniente número 1212, colonia Molino de Parras en Morelia, Michoacán, en el área de ventanillas del departamento de finanzas, ante la servidora pública ********************; el investigado se identificó con su credencial del Instituto Nacional Electoral, de la que se advierte su domicilio y una vez apersonado informó que realizaría un trámite denominado reporte de cheques cancelados por la muerte de la pensionista ********************, quien falleciera el quince de junio de dos mil veintiuno, una vez recepcionados los documentos, advirtió diversas inconsistencias en el acta de defunción que presentó en ese momento, pues advirtió que el registro de fallecimiento tiene fecha quince de junio de dos mil veintiuno, el registro de defunción fecha siete de febrero de dos mil dieciséis, (5 años, 4 meses, 8 días antes del fallecimiento), como fecha de expedición del acta veintinueve de abril de dos mil veintiuno (antes de fallecer, 1 mes, 16 días), al leer la servidora pública por medio del QR, advirtió que el acta está a nombre de diversa persona, lo que hizo del conocimiento del investigado indicándole que verifique el acta y el solicitante dijo que regresaría posteriormente. Datos de prueba. La representación social expuso como antecedentes de la investigación, diversos datos respecto de los cuales dio a conocer la información que de cada uno de ellos derivaba, entre los que destacan: 1. Denuncia de once de mayo de dos mil veintidós, signada por ********************, Jefe de la Unidad Jurídica de la Representación del ********************, de la que se desprenden las circunstancias fácticas del hecho en el que el imputado presentó un acta de defunción a nombre de ******************** para realizar un trámite administrativo [Min. 00:20:58 del registro de audio y video]. 2. Evidencia material consistente en un acta de defunción a nombre de ********************, con fecha de defunción quince de junio de dos mil veintiuno, y fecha de registro siete de febrero de dos mil dieciséis, expedida por la Directora del Registro Civil Teresa Ruiz Valencia [Min. 00:21:48 del registro de audio y video]. 3. Inspección realizada al área de ventanilla de finanzas del ********************, el diecisiete de junio de dos mil veintidós [Min. 00:22:12 del registro de audio y video]. 4. Oficio con terminación 1674/2022 de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, signado por el director del registro Civil, en el que informó que el número de identificación electrónica que presentó el investigado ********************, corresponde al acta de defunción a nombre de ********************y con los datos señalados en el acta que presentó ********************, con oficialía 01, libro 04, acta ********************, fecha de registro 07 de febrero de 2019, corresponde a un acta de defunción de ********************[Min. 00:22:37 del registro de audio y video]. 5. Entrevista realizada a ********************, de cuatro de junio de dos mil veintidós, realizada por el policía federal ministerial Juan Martínez Morales, en la que ratificó la denuncia presentada a nombre del ******************** [Min. 00:24:10 del registro de audio y video]. 6. Entrevista a ********************, de trece de julio de dos mil veintidós, realizada por el policía federal ministerial Jonathan Martínez Hernández [Min. 00:24:35 del registro de audio y video]. 7. Entrevista a ********************, de veintiuno de julio de dos mil veintidós, realizada por el policía federal ministerial Luis Eduardo Mercado [Min. 00:26:10 del registro de audio y video]. 8. Oficio con terminación 2631/2022, de veinte de diciembre de dos mil veintidós, signado por Denisse Rosario Arroyo Puente, Subdirectora del Registro Civil del que se advierte no localizó registro a nombre de ******************** [Min. 00:26:52 del registro de audio y video]. 9. Dictamen en materia de documentoscopía de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, emitido por el perito Josué Perales Palma [Min. 00:27:20 del registro de audio y video]. 10. Entrevista a Aarón Ríos Prani, de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, realizada por el policía federal ministerial José Antonio Hernández Albarrán [Min. 00:28:30 del registro de audio y video]. Hecho que la ley señala como delito y probable participación. En concordancia con lo anterior, y toda vez que el imputado asesorado por su defensa se abstuvo de rendir declaración y solicitó que su situación jurídica fuera resuelta en ese momento, el juez responsable [Min. 01:31:27 del registro de audio y video], primeramente señaló que resulta competente para resolver la petición en primer lugar por razón de fuero, derivado de que la conducta que se atribuye al investigado por parte de la fiscalía se ubica en una ley de carácter federal que lo es el Código Penal Federal, asimismo, por razón de territorio debido a que los hechos se llevaron a cabo en el municipio de Morelia, Michoacán, en donde ejerce jurisdicción y por razón de materia porque la conducta atribuida al investigado se ha encuadrado como un hecho ilícito y se perpetró en octubre de dos mil veintiuno ante una institución de carácter federal como lo es el ********************. Acto seguido, [Min. 01:35:12 del registro de audio y video] el juez oral destacó que los aspectos relevantes o de debate se centran en la determinación de la época en la que se está generando el reproche penal a ********************, respecto de la cual adujo la defensa no existe certeza de esa temporalidad, ni tampoco certeza de su identidad o identificación por lo que refiere hay insuficiencia probatoria, y respecto del cual la fiscalía señaló un espacio amplio acerca de dicha temporalidad de la conducta pues es el alcance que tiene en cuanto a su memoria [entre el seis y el diez o entre el seis y el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno], aproximadamente dieciséis días o un poco menos, que esa circunstancia le genera a la defensa incertidumbre o indeterminación sobre cuándo se está generando el hecho, así como tampoco hay información suficiente que establezca la identificación del imputado en la entrega del documento ni sostenible en información objetiva. Al respecto, el juez responsable determinó que haciendo una ponderación de la información que se vertió en la audiencia, si bien hay circunstancias destacadas acerca de dicha temporalidad, un período amplio respecto del tiempo en que se llevó a cabo la conducta atribuida, destacó que esa circunstancia no es suficiente para este momento del procedimiento, como para establecer que la conducta atribuida no se llevó a cabo o que hay duda como para establecer que la conducta no se cometió de manera probable para concluir que ********************, haya actualizado la presentación del documento falsificado porque, para esta etapa, la ley exige únicamente que existan indicios razonables y el grado de certeza es la suposición con los indicios que se están aportando y también la probable intervención en ese hecho ilícito de la persona que se está investigando, por lo que la información que existe sí lo actualiza. Continuó diciendo el juez oral que lo anterior se determina así derivado de que, por cuanto hace al período amplio, el punto concreto relevante de esa cuestión es establecer que hay un momento en el que se llevó a cabo la presentación del documento falso, de acuerdo a la referencia de la fiscalía, entre el seis y el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, cuando ******************** se apersonó ante las instalaciones del ******************** y presentó un documento, el cual si bien es un tiempo amplio, sí está determinado y esa circunstancia no es imprecisa y genera información suficiente e idónea para que la defensa se pueda ocupar de los aspectos que le corresponden en cuanto a cómo poder desestimar esas afirmaciones, incluso la persona que hizo directamente la imputación, hizo la acotación de que no es hasta el día veintiuno sino hasta el diez, lo que implica que hay un período establecido o mencionado por la parte denunciante, por lo que dicha imputación resulta suficiente para que la defensa se pueda ubicar sobre cuál fue la conducta que en su caso desplegó, que no haya sido la atribuida, esto es, que el imputado no se haya presentado en ese lugar; el aspecto que tiene que ver con el lugar se señalaron las instalaciones del referido instituto, en el departamento de finanzas y el domicilio, que fue donde se pretendió llevar el trámite, por lo que también está delimitado. De igual manera señaló que la identificación de la persona que se presentó en ese sitio está suficientemente justificada a partir de los mismos datos de prueba, y el dato directo es la entrevista de ********************, porque el imputado se presentó directamente con ella, y concatenado con ese dicho también existe el dicho del diverso entrevistado ********************, a quien su compañera le mostró el acta y le hizo varios comentarios acerca de los datos que contenía; asimismo, afirmó que él estuvo presente cuando el investigado se presentó y le exhibió a su compañera el acta de defunción, por tanto hay dos personas que estuvieron en el lugar de los hechos, como para que el imputado tenga certeza de la conducta que se le está imputando. Lo anterior, -dijo la autoridad responsable [Min. 01:44:10 del registro de audio y video]- sin que sea obstáculo que no exista registro en las bitácoras del instituto ofendido acerca de la presencia en ese lugar de ********************, ni que como lo informó el representante de esa dependencia, tampoco existan videos de esas áreas, por lo que en ese sentido fue muy precisa dicha institución en señalar que la identificación de las personas queda encomendado a los empleados que las atienden, lo cual corrobora la testigo ******************** al haberle requerido al imputado su identificación y haber constatado el nombre de la persona en esa identificación y que se corroboraban los rasgos de la foto con los de la persona que mostró dicha identificación, por lo que -insistió- para este momento del procedimiento penal, de los antecedentes de la investigación se desprenden indicios suficientes y razonables en cuanto a que sí es posible que ******************** haya llevado a cabo esas acciones de requerir la identificación y haber verificado la identidad del investigado, para que con eso haya podido dar noticia de la persona que atendió, sin que dicha información que vertió la testigo tenga que verse forzosamente corroborada con una bitácora, un video o algún otro dato adicional, pues además como se dijo, su dicho se encuentra corroborado con el de ********************, por lo que consideró que existe información suficiente con la que se identificó al investigado en la conducta consistente en la presentación del documento apócrifo. En este punto es preciso destacar que, de la audiencia que se analiza, no se advierte que el defensor hubiere sometido a debate el aspecto relativo a que en la carpeta de investigación no existe el original del documento falso, ni dato de prueba suficiente para demostrar que la copia exhibida en la denuncia deriva de un acta apócrifa, como refiere en su demanda, a efecto de que la autoridad responsable se pronunciara al respecto, pues incluso reiteró dicho juzgador [Min. 01:46:48 del registro de audio y video] que los datos que advirtió se confrontan entre la teoría de la fiscalía y la defensa, lo fueron sobre el tema de la temporalidad amplia y su identificación, lo cual como dijo, esas circunstancias cumplen con la certeza necesaria para que la defensa pueda llevar a cabo en su oportunidad la estrategia respectiva sobre la conducta que se imputa a ********************, motivo por el cual procedió a formalizar su determinación, al ponderar las teorías del caso tanto de la fiscalía como la parte ofendida y la defensa. Con base en lo anterior, [Min. 01:47:46 del registro de audio y video] el juez oral responsable determinó dictar auto de vinculación a proceso a ********************, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de uso de documento falso, cometido en agravio del ********************, previsto y sancionado por el artículo 243 en relación con el diverso 246, fracción VIII, ambos del Código Penal Federal, conducta desplegada por el investigado en calidad de autor material y a título doloso en términos de los numerales 9º, párrafo primero y 13, fracción II, del propio Código Penal Federal. Lo anterior, -puntualizó el juez oral- porque dicho ilícito se compone de varios elementos, los cuales estimó acreditados en los siguientes términos [Min. 01:48:40 del registro de audio y video]: Que exista un documento que sea falso. Elemento que advirtió colmado con los datos de prueba consistentes en la evidencia material del acta de defunción a nombre de ********************, así como con el oficio con terminación 1674/2022, suscrito por el Director del Registro Civil, quien indicó que el número de identificación electrónica del documento correspondía a otra persona, y el registro con data siete de febrero que también se referenció en esa acta, correspondía también a persona distinta. Lo que a su vez concatenó con el diverso oficio con terminación 2631/2022, a través del cual la directora del Registro Civil indicó que no se localizó registro a nombre de ********************; así como con el dictamen en materia de documentoscopía emitido por Josué Perales Palma, quien concluyó que en el acta de defunción de ******************** existen diversas anomalías relativas a las fechas que no coinciden, como la de registro de expedición y que el número de defunción no coincide con la información emitida por el Director del Registro Civil, lo cual corrobora que el acta de defunción exhibida resultó ser falsificada. Que alguien haya usado ese documento. Dicho elemento lo advirtió colmado el juez oral, con la entrevista que rindió ********************, así como también con la entrevista de ******************** y, circunstancialmente, con la inspección al lugar de los hechos, que fue el área de finanzas del ********************, con los cuales adujo se acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar de utilización del documento falso por parte del investigado ********************, porque se genera una referencia en cuanto a que la conducta se desplegó entre el seis y el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno y que ello ocurrió en las instalaciones del referido instituto ubicado en la calle Francisco I. Madero Poniente número 1212, colonia Molino de Parras de Morelia, Michoacán, en las ventanillas del departamento de Finanzas, donde fue atendido por ********************, a quien le indicó que iba a realizar el trámite de reporte de cheques cancelados sobre la pensionista ********************, donde usó, al entregarlo, un documento que consistió en el acta de defunción a nombre de la citada ********************. Que el uso de ese documento falso ocurra a sabiendas de su falsedad. Elemento que también estimó acreditado el juez responsable con base en los mismos datos de prueba ya referenciados, tanto con los que constituyen la existencia del documento falso como con la utilización del mismo, porque -adujo- de su concatenación se advierte que era posible que la persona que lo utilizó, en este caso ********************, sí se diera cuenta de que el documento era falso pues había información que era bastante obvia y notoria en cuanto a su falsificación, porque en ella se refería que la fecha en la que había perecido esa persona era en junio de dos mil veintiuno, y no obstante ello, la fecha en que se expedía esa acta databa del veintinueve de abril de dos mil veintiuno, es decir, tenía fecha de expedición meses antes del fallecimiento aparente. Que además, el registro de la defunción aparecía como siete de febrero de dos mil dieciséis, al igual que la fecha de registro de defunción con años antes del propio fallecimiento, lo cual revelaba una información incongruente que permitía a cualquier persona conocer que ese documento era falso, y que por tanto permite suponer que el imputado lo utilizó sabiendo de su falsedad. Luego, puntualizó el juez oral que existen tres datos de prueba que referenció la fiscalía, consistentes en la denuncia que presentó el jefe de la Unidad Jurídica del ********************, una entrevista a ********************, a través de la cual ratificó dicha denuncia, y una entrevista a ********************, superior jerárquico de la Delegación Administrativa del citado instituto, y al respecto determinó que por lo que hace a la denuncia y a la entrevista, es información complementaria a la imputación que hace ********************, porque no son hechos que les consten de manera directa y son útiles para justificar los elementos competenciales, en tanto que la entrevista del superior jerárquico se obtiene que únicamente hizo una recomendación para solicitar información al Registro Civil, lo cual complementó los actos de investigación, sin que se genere alguna cuestión que de manera directa sustente la imputación, por lo que en ese sentido, los datos de prueba referidos ni afectan ni benefician al imputado. Por otro lado, en atención a que la fiscalía no solicitó la imposición de alguna medida cautelar únicamente se conminó al imputado a que se mantuviera atento a la secuela del procedimiento penal. Finalmente, a petición de las partes el juez responsable autorizó el plazo de investigación complementaria por treinta días. En ese estado de cosas, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, quien esto resuelve considera apegado a la legalidad el ejercicio de ponderación que realizó el juzgador natural cuando sostuvo que en la audiencia se expusieron por parte de la agente del Ministerio Público datos de prueba suficientes para vincularlo a proceso, y que se acreditan los elementos constitutivos de los hechos que la ley señala como delito de uso de documento falso, así como la probable intervención del imputado en su comisión. En ese estado de cosas, en oposición a lo que señala el quejoso en su demanda, se advierte que el juez oral atendió a los puntos de debate expresados en la audiencia y expuso las razones por las que estimó que se cumplían los requisitos que exigen los preceptos que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las razones por las cuales, a su juicio, de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público se desprendía que se había cometido el hecho materia de la imputación, y que existía la probabilidad de que el aquí quejoso participó en su comisión. De ese modo, se advierte cumplido el derecho fundamental de legalidad previsto en el artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que obliga a todas las autoridades a expresar las razones y los motivos de hecho que justifican la emisión de un acto de molestia que afecte la esfera jurídica de los gobernados; tiene como propósito fundamental dar a conocer las razones de la decisión de la autoridad, para que así la persona agraviada tenga oportunidad de controvertir dichos razonamientos jurídicos. Esta obligación se satisface (desde el punto de vista formal), cuando se citan los ordenamientos legales aplicables y los hechos que hacen que el caso actualice o sea subsumible en la hipótesis normativa, bastando que quede claro el razonamiento sustancial al respecto, sin que pueda exigirse, formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que sustancialmente se comprenda el argumento expresado; esto es, que se den a conocer, en detalle y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron la voluntad del juzgador, de suerte que fuese clara y evidente para que el afectado pudiese cuestionar el mérito de la decisión y le permitiese una real y auténtica defensa, que es el propósito y la ratio del derecho humano de legalidad, lo cual en este caso, a criterio de quien aquí resuelve, se encuentra cumplido cabalmente. Cabe señalar que tal derecho de legalidad previsto en el artículo 16 Constitucional, relativo a la fundamentación y motivación, tiene como propósito primordial que el justiciable conozca el porqué de la conducta de la autoridad; circunstancia que se traduce en darle a conocer, en detalle, la esencia y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto jurídico de decisión, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado, poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, si bien no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma, pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, tampoco es válido exigir a la autoridad una amplitud o abundancia superflua, pues basta la expresión de lo estrictamente necesario (explicar, justificar, posibilitar defensa y comunicar decisión), para que se considere debidamente fundada y motivada la actuación de la autoridad, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.4.A. J/43 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registro digital 175082, del rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." En ese orden de ideas, se advierte que en el acto reclamado cumple con los requisitos de fundamentación y motivación pues se señalaron las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del auto de vinculación a proceso, se justipreciaron los datos de prueba que aportó la agente del Ministerio Público y los cuales, en oposición a lo manifestado por el quejoso, fueron considerados por el juez responsable como idóneos, pertinentes y suficientes; sin que se advierta que corresponda una justipreciación diversa a la establecida en el acto reclamado; además, existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Cobra especial relevancia el hecho que conforme a las reglas del sistema penal acusatorio, para el dictado del auto de vinculación a proceso, solo se exige la comprobación de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, "sólo la probabilidad"; pues será en la etapa de juicio donde tendrá la oportunidad de probar las contradicciones que deriven de los hechos que se le imputan. Esto es, debe evitarse formalizar pruebas o exponer razonamientos sobre su valoración, que carguen de formalidad y valor irrefutable la información recabada en la carpeta de investigación. De tal forma que la valoración que realiza el juez de control se limita a la idoneidad, pertinencia y suficiencia de los datos que le son referidos, por ello, basta con que el juzgador estime que los datos de prueba citados por el Ministerio Público cumplen esas características, y que en conjunto resultan suficientes para presumir que el imputado participó en su comisión, para justificar el auto de vinculación. Por tanto, debe concluirse que los requisitos y las consecuencias jurídicas para el dictado de un auto de vinculación a proceso se encuentran legal y debidamente satisfechos en términos de los artículos 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello, porque como se precisó en párrafos precedentes, para el dictado del auto de vinculación a proceso, es suficiente que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, sin establecer con un grado de certeza la existencia de ese hecho y la participación del imputado, ya que dichos datos se obtendrán, en su caso, al concluir la investigación complementaria -se otorgó un mes en la audiencia inicial- e influirá para que el fiscal dentro de la etapa intermedia o de preparación a juicio formule o no su acusación. Se sostiene lo anterior porque, -como se estableció en párrafos anteriores- el auto de vinculación a proceso no implica de manera alguna que se encuentre acreditada la responsabilidad del quejoso en el hecho que se le imputó, sino sólo tiene como consecuencia hacer de su conocimiento los motivos por los que se sigue la investigación en su contra, aunado a que se autorizó un mes para presentar las pruebas que desvirtúen los hechos que se le atribuyeron. Además, como también se estableció en párrafos que preceden, de acuerdo con la reforma, en el auto de vinculación a proceso, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; extremos que quedan acreditados en la especie, al tenor de los datos de prueba referidos anteriormente. Como apoyo a lo antes argumentado, se cita la jurisprudencia 1a./J. 35/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2014800, del epígrafe y texto siguientes: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." En consecuencia, como no se acreditó la vulneración a los artículos 1º, 14, 16, 18 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es negar el amparo solicitado. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, por conducto de su defensor público Arturo Ortega Álvarez, por las razones que quedaron precisadas en la consideración quinta de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos el escrito firmado por ********************, apoderado jurídico de la tercera interesada ********************carácter que se le reconoce dada la copia certificada del poder notarial que anexó a su escrito de cuenta y con fundamento en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo se le tiene por apersonado al juicio en que se actúa. Por otra parte, se tiene por señalado el domicilio que menciona la parte tercera interesada para recibir notificaciones. Sin que haya lugar a tenerlo señalando correos electrónicos para recibir notificaciones, toda vez que dicha forma de notificar no se encuentra prevista en la Ley de Amparo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese el pedimento suscrito por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, por el cual formula alegatos. En tal virtud, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que presenta la ocursante en su pedimento de cuenta, sin perjuicio de relacionarlos al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, en relación con la solicitud para que se le expida copia de la sentencia que llegue a emitirse, dígasele que una vez que sea pronunciada le será expedida la misma. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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