Alejandro García Ventura

Expediente 1961/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1961/2015
Año
2015
Actuaciones
19
Última actuación
28/12/2016

Partes del expediente

  • Alejandro García Ventura
  • Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron inconformidad dentro del término legal, contra el auto que tuvo por cumplida la sentencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 357 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien posiblemente afectase el proveído en comento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración el presente expediente ya que se concedió el amparo, y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, y en atención a que las partes no hicieron manifestación alguna en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia con engrose de treinta de junio de dos mil dieciséis, se concedió el amparo, para efectos de que, el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México: Deje insubsistente la resolución reclamada; y Con plenitud de jurisdicción dicte una nueva, la cual incluso podrá ser en el mismo sentido de afectación, purgando los vicios formales advertidos, a fin de restituir al peticionario de garantía en el goce de sus garantías violadas, de conformidad con el arábigo 77 de la citada ley; y en ese tenor, para cumplir con las condiciones de validez constitucional exigidas por el artículo 19 de la Ley Fundamental; es decir, deberá: A) Realizar el desglose de cada uno de los elementos que constituyen la materialidad del cuerpo del delito, relacionando con qué medios de prueba de los existentes en el sumario se acredita cada una de las hipótesis a comprobar, precisando qué indicios se abstraen, en su caso, de esas probanzas y de qué manera en lo individual o en conjunto acreditan cada uno de los elementos del cuerpo del delito imputado al quejoso. B) Valorar de acuerdo a la legislación procesal aplicable, expresando los razonamientos que haya tenido en consideración para tal efecto, esto es, deberá tomar en consideración el alcance probatorio de los medios de convicción que obran en la averiguación previa, en términos de lo expuesto en la presente determinación. Desarrollado lo expuesto, y de encontrar comprobado la corporeidad del delito, deberá: 1. Justipreciar las pruebas de acuerdo a la legislación procesal aplicable, expresando las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración para estimar que los datos que arroja la averiguación previa, hacen probable la responsabilidad del impetrante en su comisión; estableciendo, de forma clara, si son o no dignas de tomarse en cuenta las declaraciones iniciales, vertidas ante el representante social, tanto del quejoso como sus coinculpados; en la inteligencia, de que si existen mayores elementos de prueba podrá tener por demostrada la probable responsabilidad del quejoso, y desde luego por colmados los elementos del cuerpo del delito atribuido a este último. 2. De ser el supuesto, deberá establecer la coautoría material del quejoso en la comisión del ilícito, tomando en consideración los lineamientos planteados en esta ejecutoria. 3. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como, en el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, exclusivamente dé vista al agente del Ministerio Público, con respecto a los actos denunciados por el quejoso que pudieran configurar alguna de las figuras delictivas previstas en esa legislación, a fin de que abra la investigación correspondiente, de manera independiente, imparcial y meticulosa, hasta en tanto se esclarezcan los hechos denunciados, en atención a que con ello se protegen los derechos humanos del imputado. Sin que lo anterior, implique dejar en libertad al quejoso ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y tomando en cuenta lo antes señalado, con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, en el mismo sentido o en otro diverso, lo que no se prejuzga. Por auto de diez de octubre de dos mil dieciséis, se requirió su cumplimiento; por lo que la responsable por oficio 859, presentado el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, ante este órgano jurisdiccional, adjuntó el auto de veintiuno de octubre del año en curo en el cual se dejó insubsistente el auto de formal prisión de quince de noviembre de dos mil quince y se ordenó dictar una nueva; asimismo, agregó copia del auto constitucional de veintiséis de octubre dedos mil dieciséis en el que decretó auto de formal prisión contra ******************** por el delito de Secuestro Agravado, cometido en agravio de ********************para lo cual, desglosó cada uno de los elementos que constituyen la materialidad del cuerpo del delito; relacionó con qué medios de prueba, de los existentes, se acredita cada una de las hipótesis a comprobar; precisó los indicios que se obtienen de esas probanzas, y de qué manera acreditan cada uno de los elementos del cuerpo del delito imputado al quejoso. Asimismo, valoró y determinó el alcance probatorio de los medios de convicción que obran en la averiguación previa, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimientos Penales abrogado en el Estado de México, pero aplicable al presente asunto, expresando los razonamientos que consideró para tal efecto. Una vez hecho lo anterior, consideró comprobada la corporeidad del delito, por lo que justipreció las pruebas de acuerdo a la legislación procesal aplicable, expresando las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración para estimar que los datos que arroja la averiguación previa, hacen probable la responsabilidad del impetrante en su comisión; estableció el valor de las declaraciones iniciales, vertidas ante el representante social, tanto del quejoso como sus coinculpados. De igual manera, estableció la coautoría material del quejoso en la comisión del ilícito; y, finalmente, dio vista al agente del Ministerio Público, con respecto a los actos denunciados por el quejoso que pudieran configurar alguna de las figuras delictivas previstas en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como, en el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a fin de que se avoque al conocimiento de los hechos mencionados por el solicitante del amparo, de manera independiente, imparcial y meticulosa, hasta en tanto se esclarezcan los referidos hechos. Así, del examen de las documentales que anexó la responsable, mismas que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que atendió a los efectos del fallo protector, pues dejó insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dictó una nueva resolución, en los términos ya descritos. Por todo lo plasmado, debe hacerse mención, que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSO EL SIGUIENTE ACUERDO: Visto lo de cuenta, y en atención a que las partes no hicieron manifestación alguna en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, se procede a calificar el mismo. Por sentencia con engrose de treinta de junio de dos mil dieciséis, se concedió el amparo, para efectos de que, el Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México: Deje insubsistente la resolución reclamada; y Con plenitud de jurisdicción dicte una nueva, la cual incluso podrá ser en el mismo sentido de afectación, purgando los vicios formales advertidos, a fin de restituir al peticionario de garantía en el goce de sus garantías violadas, de conformidad con el arábigo 77 de la citada ley; y en ese tenor, para cumplir con las condiciones de validez constitucional exigidas por el artículo 19 de la Ley Fundamental; es decir, deberá: A) Realizar el desglose de cada uno de los elementos que constituyen la materialidad del cuerpo del delito, relacionando con qué medios de prueba de los existentes en el sumario se acredita cada una de las hipótesis a comprobar, precisando qué indicios se abstraen, en su caso, de esas probanzas y de qué manera en lo individual o en conjunto acreditan cada uno de los elementos del cuerpo del delito imputado al quejoso. B) Valorar de acuerdo a la legislación procesal aplicable, expresando los razonamientos que haya tenido en consideración para tal efecto, esto es, deberá tomar en consideración el alcance probatorio de los medios de convicción que obran en la averiguación previa, en términos de lo expuesto en la presente determinación. Desarrollado lo expuesto, y de encontrar comprobado la corporeidad del delito, deberá: 1. Justipreciar las pruebas de acuerdo a la legislación procesal aplicable, expresando las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración para estimar que los datos que arroja la averiguación previa, hacen probable la responsabilidad del impetrante en su comisión; estableciendo, de forma clara, si son o no dignas de tomarse en cuenta las declaraciones iniciales, vertidas ante el representante social, tanto del quejoso como sus coinculpados; en la inteligencia, de que si existen mayores elementos de prueba podrá tener por demostrada la probable responsabilidad del quejoso, y desde luego por colmados los elementos del cuerpo del delito atribuido a este último. 2. De ser el supuesto, deberá establecer la coautoría material del quejoso en la comisión del ilícito, tomando en consideración los lineamientos planteados en esta ejecutoria. 3. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como, en el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, exclusivamente dé vista al agente del Ministerio Público, con respecto a los actos denunciados por el quejoso que pudieran configurar alguna de las figuras delictivas previstas en esa legislación, a fin de que abra la investigación correspondiente, de manera independiente, imparcial y meticulosa, hasta en tanto se esclarezcan los hechos denunciados, en atención a que con ello se protegen los derechos humanos del imputado. Sin que lo anterior, implique dejar en libertad al quejoso ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino que consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y tomando en cuenta lo antes señalado, con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, en el mismo sentido o en otro diverso, lo que no se prejuzga. Por auto de diez de octubre de dos mil dieciséis, se requirió su cumplimiento; por lo que la responsable por oficio 859, presentado el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, ante este órgano jurisdiccional, adjuntó el auto de veintiuno de octubre del año en curo en el cual se dejó insubsistente el auto de formal prisión de quince de noviembre de dos mil quince y se ordenó dictar una nueva; asimismo, agregó copia del auto constitucional de veintiséis de octubre dedos mil dieciséis en el que decretó auto de formal prisión contra ******************** por el delito de Secuestro Agravado, cometido en agravio de ********************para lo cual, desglosó cada uno de los elementos que constituyen la materialidad del cuerpo del delito; relacionó con qué medios de prueba, de los existentes, se acredita cada una de las hipótesis a comprobar; precisó los indicios que se obtienen de esas probanzas, y de qué manera acreditan cada uno de los elementos del cuerpo del delito imputado al quejoso. Asimismo, valoró y determinó el alcance probatorio de los medios de convicción que obran en la averiguación previa, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimientos Penales abrogado en el Estado de México, pero aplicable al presente asunto, expresando los razonamientos que consideró para tal efecto. Una vez hecho lo anterior, consideró comprobada la corporeidad del delito, por lo que justipreció las pruebas de acuerdo a la legislación procesal aplicable, expresando las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tenido en consideración para estimar que los datos que arroja la averiguación previa, hacen probable la responsabilidad del impetrante en su comisión; estableció el valor de las declaraciones iniciales, vertidas ante el representante social, tanto del quejoso como sus coinculpados. De igual manera, estableció la coautoría material del quejoso en la comisión del ilícito; y, finalmente, dio vista al agente del Ministerio Público, con respecto a los actos denunciados por el quejoso que pudieran configurar alguna de las figuras delictivas previstas en el Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en asuntos que involucren hechos constitutivos de tortura y malos tratos, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como, en el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, a fin de que se avoque al conocimiento de los hechos mencionados por el solicitante del amparo, de manera independiente, imparcial y meticulosa, hasta en tanto se esclarezcan los referidos hechos. Así, del examen de las documentales que anexó la responsable, mismas que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que atendió a los efectos del fallo protector, pues dejó insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dictó una nueva resolución, en los términos ya descritos. Por todo lo plasmado, debe hacerse mención, que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales violados. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin excesos o defectos.

  4. Incidental

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE ACUERDO: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2º, intégrese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, por medio del cual el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sultepec, Estado de México, informa dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remite copia certificadas de diversas constancias, de lo cual este juzgado queda enterado. En esas condiciones, con fundamento al artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el oficio de que se trata, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo que se les concede, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Lo anterior se encuentra sustentado en la tesis 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente:"INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTACORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." (S.J.F. 9ª Época, tomo XI, de marzo de dos mil, página 243)

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