ALEJANDRO GARCÍA SOSA y Otros.
Expediente 244/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 244/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 07/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alejandro García Sosa
- ALEJANDRO GARCÍA SOSA y Otros.
- SALUD ADRIANA GARCÍA SOSA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, siete de agosto de dos mil veintitrés. FIRME FALLO. Visto el estado de los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma queda firme, para los efectos legales procedentes. Hágase las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO. En consecuencia, una vez hechas las notificaciones respectivas, archívese el expediente como asunto concluido. VALOR DOCUMENTAL. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó en el presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 20, Fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, reguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS QUEJOSA. Asimismo, toda vez que la parte quejosa, durante la tramitación del presente asunto, anexó diversas documentales, prevéngasele para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se le realice del presente proveído, comparezca en este juzgado, con identificación oficial vigente, a recoger los documentos exhibidos al presente juicio; en el entendido que de no hacerlo en el plazo indicado, podrán ser destruidos junto con el expediente en que se actúa. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
********************, Michoacán de Ocampo, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En ********************, Michoacán, a las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, fecha y hora fijadas para la celebración de la audiencia constitucional prevista por el artículo 124 de la Ley de Amparo, en el juicio de garantías ********************, promovido por ********************y ********************, ambos de apellidos ********************. En audiencia pública la licenciada Mónica Montes Manrique, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en ********************, quien actúa asistida del licenciado Carlos Rafael Barrios Solís, Secretario que autoriza y da fe; por lo que procede a declararla abierta sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia. El Secretario da lectura a la demanda de amparo; auto de ******************** del año en curso, en el que se radicó la presente demanda de amparo y, por una parte, se desechó parcialmente la demanda de amparo por lo que ve al acto reclamado consistente en el aseguramiento de dos vehículos automotores propiedad de diversa persona de nombre ********************, mismos que se encontraban al interior del inmueble objeto del cateo y aseguramiento reclamados en la presente instancia constitucional, al no afectar los intereses jurídicos o legítimos de los quejosos ********************y ********************, ambos de apellidos ******************** y, por otro lado, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del diverso acto reclamado consistente en la ******************** y aseguramiento realizado en un solo inmueble copropiedad de dichos quejosos, se requirió el informe de ley a las autoridades señaladas como responsables y se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención que le confiere la ley; acuerdo de ******************** de la anualidad que corre, en el que se declaró firme el desechamiento parcial de demanda; informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables y las demás que obran en autos. Asimismo, en este momento el Secretario da cuenta con el auto de ******************** de la presente anualidad, en el que se requirió a la parte quejosa para el efecto de que, dentro del término de tres días hábiles, computado legalmente, comparecieran ante este juzgado a manifestar si reconocían y ratificaban las firmas que calzan el escrito presentado el ******************** del año en mención, registrado bajo el número de control interno ********************, mediante el cual señalan nuevo domicilio y autorizado para oír y recibir notificaciones; sin que lo hayan hecho. De la misma manera, en este momento el Secretario da cuenta con el proveído de ******************** del año en curso, en el que se dio vista a la parte quejosa para el efecto de que dentro del término de tres días hábiles, o bien, en el plazo de quince días hábiles, computado legalmente, manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad o ampliara su escrito inicial de demanda de amparo, en virtud de que, acorde a las constancias que allegó a juicio la autoridad responsable Agente Segundo de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Morelia, el ********************, la autoridad judicial mencionada con antelación dictó la ******************** reclamada en la presente instancia constitucional, dentro de la causa penal número ********************, respecto del inmueble del cual aducen los quejosos es de su propiedad; sin que lo hayan hecho. A lo que la Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, respecto a las vistas que se dio a la parte quejosa en autos de ******************** y ******************** del año en curso y toda vez que no desahogaron los mismos dentro del término que se les concedió para ello, se les hacen efectivos los apercibimientos contenidos en dichos autos y, por una parte, se tiene por no presentado el escrito registrado bajo el número de control interno ********************, mediante el cual señalan nuevo domicilio y autorizado para oír y recibir notificaciones y, por otro lado, se ordena continuar con el trámite del juicio únicamente por los actos reclamados y autoridades precisadas en el escrito inicial de demanda. En el periodo de pruebas: El Secretario da nueva cuenta con las documentales ofrecidas y exhibidas por la parte quejosa, así como por la autoridad responsable denominada Agente Segundo de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, las cuales se encuentran relacionadas con el acto reclamado en la presente instancia constitucional y hace constar que ninguna de las demás partes ofreció medio de convicción alguno. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas, por su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales con la que se ha dado cuenta, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio (las cuales se encuentran en sigilo) y toda vez que las demás partes no ofrecieron medios de pruebas con qué dar cuenta, se tiene por perdido su derecho para hacerlo, por lo que, al no existir probanzas pendientes de desahogar, se da por concluido el presente periodo. Abierta la fase de alegatos, el Secretario hace constar que no fueron formulados por las partes, ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado presentó pedimento ministerial alguno, por lo que se procede a declarar cerrada tal fase. Vistos, para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo indirecto ********************, promovido por ********************y ********************, ambos de apellidos ********************, contra actos del Fiscal General del Estado de Michoacán de Ocampo y otras autoridades. R E S U L T A N D O : I. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, el ********************, turnado en la misma fecha a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, ********************y ********************, ambos de apellidos ********************, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables y acto reclamado siguiente: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Lo es el Fiscal General del Estado, el Director de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro dependiente de la Fiscalía General del Estado, así como el Ministerio Público quien tramita la investigación con folio ********************, Número Único de Caso ********************.". "1.- el cateo y aseguramiento realizado en un solo inmueble copropiedad de los suscritos mismo que a continuación se describe: 1) Se trata de un inmueble ubicado en la ********************, ********************, ******************** de la parcela número ******************** municipio de ********************, ahora conocido como colonia ********************, con superficie de ******************** y linda al NOROESTE: ********************, con calle ********************; al SURESTE: ********************, con ********************, al SUROESTE: ********************, con lote ********************, al NOROESTE; ********************, con ******************** del municipio de ********************, inscrito bajo el tomo ********************, registro ********************, del Registro Público de la Propiedad raíz en el estado, perteneciente al distrito de ********************, Michoacán, a nombre de ****************************************, según se advierte de la copia cotejada de la escritura ******************** que al efecto adjunto; predio que conforma un todo en copropiedad con ******************** ********************, tratándose de un inmueble ubicado en la ********************, ********************, ******************** de la parcela número ******************** municipio de ********************, ahora conocido como colonia ********************, con superficie de ******************** y linda al NOROESTE: ********************, con calle ********************; al SURESTE: ********************, con ********************, al SUROESTE: ********************, con ********************, al NOROESTE; ********************, con ******************** del municipio de ********************, inscrito bajo el tomo ********************, registro ********************, del Registro Público de la Propiedad raíz en el estado, perteneciente al distrito de ********************, Michoacán, tal y como se advierte de la copia cotejada de la escritura ********************. Debemos precisar que ambos lotes tienen una construcción en mancomún, proindiviso y por partes iguales entre nosotros y además con Adolfo ********************, hermano de los suscritos y de quien acompañamos también copia simple de su escritura ********************. La parte quejosa señaló que se violaron en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y relató los antecedentes del caso que estimó pertinentes. II. Trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de auto de ******************** del año en curso, se radicó la presente demanda de amparo y, por una parte, se desechó parcialmente la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en el aseguramiento de dos vehículos automotores propiedad de diversa persona de nombre ********************, mismos que se encontraban al interior del inmueble objeto del cateo y aseguramiento reclamados en la presente instancia constitucional, al no afectar los intereses jurídicos o legítimos de los quejosos ********************y ********************, ambos de apellidos ******************** y, por otro lado, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del diverso acto reclamado consistente en la ******************** y aseguramiento realizado en un solo inmueble copropiedad de dichos quejosos, se requirió el informe de ley a las autoridades señaladas como responsables y se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención que le confiere la ley; asimismo, en acuerdo de ******************** de la anualidad que corre, se declaró firme el desechamiento parcial de demanda y en la propia audiencia se hizo efectivo el apercibimiento contenido en auto de******************** del año en curso, en el que se dio vista a la parte quejosa para el efecto de que dentro del término de tres días hábiles, o bien, en el plazo de quince días hábiles, computado legalmente, manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad o ampliara su escrito inicial de demanda de amparo, por los motivos expuestos en párrafos que anteceden, sin que lo hayan hecho, motivo por el cual se ordenó continuar con el trámite del juicio únicamente por los actos reclamados y autoridades precisadas en el escrito inicial de demanda. Finalmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diferirse en una ocasión, se verificó conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con residencia en ********************, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo por así disponerlo los artículos 17, 94, 103, fracción y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 33 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/20********************, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclaman actos con ejecución dentro del ámbito de competencia de este Juzgado de Distrito, es decir, en esta ciudad de ********************, Michoacán de Ocampo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se destaca que el acto reclamado en el presente sumario es: La ******************** y aseguramiento practicado en un inmueble que aducen los quejosos es de su propiedad, cuyos datos de identidad del mismo han quedado descritos con antelación. AUTORIDADES RESPONSABLES: N° AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME 1 FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON SEDE EN MORELIA. NEGATIVO (SE DESVIRTÚA) 2 DIRECTOR DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA AL COMBATE DE SECUESTRO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, CON RESIDENCIA EN MORELIA (EN SU DENOMINACIÓN CORRECTA). NEGATIVO (SE DESVIRTÚA) 3 AGENTE SEGUNDO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN COMBATE AL SECUESTRO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, RESIDENTE EN MORELIA (EN SU DENOMINACIÓN CORRECTA. NEGATIVO (SE DESVIRTÚA) TERCERO. Certeza del acto reclamado. Por su parte, las autoridades responsables descritas en el recuadro que antecede, al rendir sus informe de ley manifestaron que NO era cierto el acto reclamado, empero, se desvirtúa tal negativa, porque de las documentales vinculadas con el acto reclamado, consistentes en copias certificadas de diversas constancias que allegó a juicio la autoridad responsable Agente Segundo de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, las cuales gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, ********************0, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2|, por ser expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se advierte la ejecución materializada del acto reclamado. Tiene aplicación la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, foja doscientos treinta y uno, Tomo VI, páginas 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Así como el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con número de Registro Digital 211004, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, Materias(s): Común, cuyo rubro y contenido dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Igualmente es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página ********************3, tomo VI, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. Ahora, por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan valer las partes, o bien, que acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio las advierta quien esto resuelve e impidan abordar el estudio de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. Lo anterior, en aplicación de la jurisprudencia II.1°.J./5, mayo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En la especie, se advierte de oficio que, en el caso, respecto del acto que por esta vía se reclaman, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 108, fracción III y 5°, fracción II, estos últimos interpretados en sentido contrario, que señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables; (.)". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; (.)". La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación en sentido contrario de lo previsto en el numeral 108, fracción III, de la ley de la materia. Por otra parte, de la interpretación de los artículos 108, fracción III y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se colige que en la vía constitucional sólo deben estudiarse las actuaciones de los órganos del Estado que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, siempre y cuando en la demanda de amparo se les haya señalado como responsables y se hayan integrado a la relación jurídico procesal a través del emplazamiento respectivo, pues resulta ilegal realizar un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de un acto emanado de una autoridad no designada como responsable ni emplazada a juicio, precisamente porque no fue oída en la contienda en defensa de su actuación. Tal consideración se justifica más aún porque el resultado del eventual examen que se hiciera del acto reclamado respecto de la autoridad que sí fue llamada al proceso en modo alguno podría hacerse extensivo a otra, pues sería jurídicamente imposible ordenar a quien no intervino en la contienda constitucional que dejara insubsistente su acto, cuando no fue parte formal dentro del procedimiento. Tiene aplicación por el criterio que sustenta, la tesis XXXI.1K, del Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO EMITIDO CONJUNTAMENTE POR DIVERSAS AUTORIDADES. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO NO SE SEÑALA COMO RESPONSABLE A ALGUNA DE ÉSTAS, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AL SER IMPOSIBLE HACER UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE AQUÉL. De la interpretación de los artículos 116, fracción III y 11 de la Ley de Amparo, se colige que en la vía constitucional sólo deben estudiarse las actuaciones de los órganos del Estado que dictan, promulgan, publican, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar la ley o el acto reclamado, o bien se les finque un acto de omisión, siempre que en la demanda de garantías se les haya señalado como responsables. Así, tratándose de un acto reclamado emitido conjuntamente por diversas autoridades, la sanción por el incumplimiento del quejoso a dicha obligación, al no señalar como responsable a alguna de éstas a pesar de la prevención correspondiente, es que el juicio de garantías sea improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la señalada ley, en relación con los citados preceptos, toda vez que es imposible hacer un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de un acto emanado de una autoridad no designada como responsable, dado que no fue oída en la contienda en defensa de su actuación. Lo que se justifica con mayor razón, porque el resultado del eventual examen que se realizara al acto reclamado respecto de una sola de las autoridades -que sí fue llamada al proceso- en modo alguno podría hacerse extensivo a otra, dado que sería jurídicamente imposible ordenar a quien no intervino en la contienda constitucional, que dejara insubsistente su acto, cuando no fue parte formal dentro del procedimiento". En lo conducente, también es aplicable la tesis I.4o.A.92K, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que se transcribe enseguida: "AUTORIDAD RESPONSABLE NO LLAMADA A JUICIO. IMPOSIBILIDAD DE ANALIZAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS ACTOS AUN CUANDO DEPENDA DIRECTAMENTE DE OTRA DIVERSA QUE SI FUE LLAMADA A JUICIO. Es correcto el razonamiento del juez de Distrito por medio del cual determina que no puede analizar la constitucionalidad del acto reclamado de una autoridad que no fue llamada a juicio, y no es obstáculo para determinar lo anterior, el hecho de que esta última dependa directamente de otra que sí fue llamada a juicio, ello en virtud de que, dentro de las atribuciones de la autoridad que suscribió el acto reclamado, no se advierte que pueda hacerlo en sustitución de la señalada como responsable". En el caso, por acuerdo de ******************** de dos mil veintitrés, se requirió a la parte quejosa a efecto de que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad de ********************, Michoacán de Ocampo, toda vez que de las constancias que remitió como complemento a su informe de ley el Agente Segundo de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia, se advirtió que mediante resolución de ********************, dictó ******************** dentro de la causa penal número ********************, de su índice, respecto del inmueble ubicado en la calle ********************, número 33, colonia Movimiento Magisterial de esta ciudad, el cual al parecer constituye el predio materia del acto reclamado en la presente instancia constitucional; sin embargo, dada la omisión de los peticionarios del amparo en hacer dicho señalamiento de autoridad responsable, en la propia audiencia constitucional se hizo efectivo el apercibimiento con el que se les conminó y se ordenó continuar el procedimiento con las autoridades señaladas de manera inicial. De ahí que, si en el caso, los peticionarios del amparo no señalaron como autoridad responsable al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad de ********************, Michoacán de Ocampo, no es factible estudiar la constitucionalidad del acto reclamado realizado por ésta en su calidad de ordenadora. Norma el criterio expuesto, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUTORIDAD ORDENADORA NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE. Si la autoridad ordenadora no fue señalada como responsable, no es dable estudiar la constitucionalidad del acto reclamado". Por tanto, al haber incumplido la parte quejosa con su obligación de señalar a la autoridad responsable que realizó el acto que reclama, materia de estudio en el presente considerando, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, 5°, fracción II y 108, fracción III, estos últimos interpretados en sentido contrario de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del propio ordenamiento. Resulta aplicable al caso, en lo conducente, la tesis 69, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre, página 195, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluído su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Asimismo, sirven de apoyo a lo anterior, las jurisprudencias 108 y 659, sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73 fracción XVIII en relación con los artículos 11 y 116 fracción III del mismo ordenamiento legal." Conforme a lo anterior, procede sobreseer en el presente juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, así como los ordinales 61, fracción XXIII, 5°, fracción II y 108, fracción III, estos últimos interpretados en sentido contrario de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del propio ordenamiento. QUINTO. Se requiere acuse de recibo. Para los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que reciban el oficio que derive de la presente determinación, informen a esta autoridad federal al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, la fecha en que quedaron debidamente notificadas de esta sentencia. Apercibimiento. Se apercibe a dichas autoridades que de no cumplir con el presente requerimiento, con apoyo en los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa por el equivalente a cincuenta valores diarios de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. SEXTO. Publicidad. En términos de lo previsto en los artículos 1********************, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. OCTAVO. Firma Electrónica. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 62, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : Primero. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************y ********************, ambos de apellidos ********************, contra el acto y la autoridad precisada en el considerando segundo de este fallo, por las razones esgrimidas en el cuarto considerando del presente fallo. Segundo. En términos del sexto considerando de la presente resolución, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.
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Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. CUMPLE REQUERIMIENTO. Agréguese al sumario los oficios de cuenta que remite el Agente Segundo de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, mediante el cual en cumplimiento al acuerdo de dieciséis de junio del año en curso, remite en alance a su informe justificado las constancias completas y legibles relacionadas con los actos reclamados. PRUEBAS. Por otra parte, con relación a las pruebas que adjuntó a su oficios de cuenta la citada autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional, y con las documentales que anexa el agente responsable dese vista a la partes. SIGILO. Ahora bien, atendiendo a la información proporcionada en las documentales descritas con antelación se advierte que éstas contienen información reservada; así como de la diversas que agregó a los comunicados registrados con el número 10225 y 10232 previa su extracción, por tanto, guárdense en sigilo en la caja de valores de documentos no importantes de este Juzgado de Distrito. En el entendido de que dichas probanzas no se encontrarán a disposición de las partes, sino únicamente de este Juzgado, a efecto de estar en condiciones de resolver sobre el fondo del presente asunto; lo anterior, para los efectos legales conducentes Por lo tanto, se instruye al personal del área de la actuaría de este Tribunal, que cuando la documental en cuestión sea solicitada para su consulta, se verifique de manera estricta y personal se cumpla con lo dispuesto antelativamente, bajo su más estricta responsabilidad del mal uso que se le pueda dar a la misma; y hecho que sea lo anterior, se proceda a su inmediato resguardo en la caja de valores. ESTADO PROCESAL DE AUTOS. En otro orden de ideas y en atención a la documental anexada en los oficios de cuenta por el Agente responsable, se desprende que el trece de marzo de dos mil veintitrés el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad, dictó orden de cateo en la causa penal ******************** respecto del inmueble ubicado en la calle ********************, número ********************, colonia ******************** de esta ciudad. VISTA QUEJOSO. Por tanto, con apoyo en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, manifieste si desea señalar como autoridad responsable en términos del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con residencia en esta ciudad; y que acto en específico le reclama y, en su caso, deberá exhibir una copia más del escrito inicial de demanda y del libelo aclaratorio de la misma. Lo anterior, sin perjuicio de que si es su deseo ampliar o presentar una nueva demanda por diversas cuestiones originadas con motivo de la prevención que se le formula, lo haga dentro del término de quince días y hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 17 de la Ley de Amparo; de ser así, deberá ajustar su escrito de ampliación con los requisitos que establece el artículo 108 de la ley invocada. APERCIBIMIENTO. Bajo apercibimiento que de no hacerlo en el lapso concedido, se continuará con el trámite del juicio únicamente por los actos reclamados y autoridades precisados en el escrito inicial de demanda; en el entendido de que el diverso término de quince días que dispone la quejosa para la ampliación de la demanda, no interfiere para la celebración de la audiencia constitucional, la que una vez integrado el expediente se podrá celebrar, pues en todo caso, el agraviado podrá promover un nuevo juicio de amparo, si así lo desea. Apoyan lo anterior, las tesis siguientes: Tesis: 2a./J. 112/2003 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 182617 1 de 1 Segunda Sala Tomo XVIII, Diciembre de 2003 Pag. 93 Jurisprudencia(Común) "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada". Tesis: XXI.4o.21 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 179117 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXI, Marzo de 2005 Pag. 1071 Tesis Aislada(Común) "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO RELATIVO DEBE PRESENTARSE ANTES DEL INICIO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, AUN CUANDO ÉSTA SE HAYA SUSPENDIDO. El hecho de que en la Ley de Amparo no se encuentre prevista la figura jurídica de la ampliación de la demanda no significa que no pueda plantearse, sin embargo, no puede hacerse en cualquier momento del procedimiento, pues para que sea procedente es menester que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la mencionada ley, esto es, a partir del conocimiento de los actos que se pretenden combatir y hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional, tal como lo dispuso el Pleno del más Alto Tribunal del país en la jurisprudencia P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", publicada en la página 12 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio de 2003, Novena Época. Ahora bien, el supuesto "antes de la celebración de la audiencia" a que se refiere dicha jurisprudencia, debe entenderse no sólo cuando la audiencia constitucional inicia y concluye, sino también, cuando una vez iniciada por alguna razón se suspende; por ende, para que proceda la ampliación es necesario que el escrito relativo se presente antes del inicio de la citada audiencia y no para aquella en que se continúa, pues el hecho de que se haya suspendido no significa que no se haya celebrado". NOTIFÍQUESE, y personalmente a la parte quejosa.
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Uruapan, Michoacán de Ocampo, uno de junio de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Del estado que guardan los presentes autos, se advierte que no se cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable Agente Segundo del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro quien tramita la investigación con folio ********************, número único de caso ********************, de Morelia, Michoacán. Sin que haya lugar a requerir dicho informe, en virtud de que en auto de veinticinco de mayo del año en curso, se ordenó su remisión vía estafeta. DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CATORCE MINUTOS DEL DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. NOTIFÍQUESE.
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