Alejandro García Mercadante
Expediente 522/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 522/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alejandro García Mercadante
Actuaciones
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a seis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de cinco días a que alude el artículo 98 de la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley invocada, para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda, sin que el impetrante hubiese ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de referencia HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se desechó la demanda de amparo. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días naturales siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado ordenamiento legal. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.
- Principal
(aviso) notificación por lista al quejoso.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO DE LA PREVENCIÓNVisto el escrito del quejoso; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele dando cumplimiento en tiempo y forma al requerimiento efectuado mediante proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, al aclarar su escrito inicial de demanda. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDAEn principio, es menester tener presente que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierte es operante en el caso concreto; de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Son orientadoras las consideraciones sustentadas en la jurisprudencia P./J. 128/2001. I. CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE SE ESTIMA ACTUALIZADA De oficio, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." De acuerdo con la norma anterior, sólo puede acudirse al juicio de amparo cuando previamente se han agotado los recursos o medios de defensa legales previstos en la ley ordinaria, y que sean los idóneos para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. El señalado motivo legal de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, el cual atiende a que el amparo es medio de defensa extraordinario, por lo que para instarlo previamente se deben agotar los medios ordinarios de impugnación o defensa establecidos en la ley que rige al acto reclamado. En ese orden de ideas, para que se actualice tal causal de improcedencia, es necesario: 1. Que se trate de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. 2. Que respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. 3. Que no se actualice alguna de las excepciones al principio de definitividad previstas en la porción normativa citada, es decir: a) De actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradicción, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales. b. El acto consista órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de la sentencia definitiva en materia penal. c. Cuando se trate de personas extrañas a juicio. d. La interpretación del medio de defensa se sujete a interpretación adicional, o su fundamento sea insuficiente para determinarla, será optativo. II. HECHOS Del contenido integral de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso señala como acto reclamado, lo siguiente: "a).- La omisión de aplicar las medidas de apremio en contra de la Tercero Interesada por impedir que se dé la convivencia entre el suscrito y mi menor hijo de identidad reservada y de iniciales ******************** decretada provisionalmente dentro del juicio ordinario civil número ******************** del Índice del Juzgado Sexto Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz. b).- La Negativa de la Autoridad Responsable de que se dé la convivencia adecuadamente entre el suscrito y mi menor hijo de identidad reservada y de iniciales ******************** decretada provisionalmente dentro del juicio ordinario civil número ******************** del Índice del Juzgado Sexto Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz." En tanto, en el numeral uno del capítulo de antecedentes, precisó: "1.- Fui demandado por la aquí tercero interesada C. ********************, por propio derecho y en representación del menor de identidad reservada y de iniciales ******************** en la vía ordinaria civil, el pago de una pensión alimenticia provisional en su favor y de nuestro menor hijo de iniciales ********************, y posteriormente la pensión compensatoria, entre otras prestaciones, radicándose para ello el expediente número ********************, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de éste Distrito Judicial, dando contestación el suscrito en tiempo y forma, interponiendo el suscrito Recurso de Reclamación, así como demandando en reconvención el divorcio incausado, se celebraron las audiencias previstas por los numerales 219 y 221 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado, así como la audiencia 345 del Código Civil en el Estado, en la cual se fijó para la convivencia provisional de mi menor hijo de identidad resguardada y de iniciales ******************** con el suscrito, los fines de semana de cada quince días, sábado y domingo en un horario de las doce de la mañana a las veinte horas, debiendo el suscrito, pasar al domicilio de la aquí tercero interesada y devolverlo a su domicilio ese mismo día a la hora fijada, teniendo el suscrito veinte minutos de tolerancia tanto para la recepción de mi menor hijo, tanto como para su entrega al domicilio de la tercero interesada, hasta que mi hijo se familiarizara con el suscrito y pudiera pernotar conmigo en mi domicilio y en su caso extender la convivencia con la familia ampliada, y que dicha convivencia iniciaría el día 04 de febrero del año en curso, sin que hasta el momento se haya dictado sentencia dentro del citado expediente ********************, empero el suscrito he solicitado se cumpla con lo decretado respecto al derecho de convivencia entre el suscrito y mi hijo lo cual no sea cumplido, por ello considero violatorio de garantías la pasividad con que actúa la Autoridad Responsable, vulnerando garantías constitucionales, misma que hago valer en los siguientes.(.)". Asimismo, en proveído de diecinueve de los cursantes se previno al promovente para que señalara lo siguiente: 1. Si los actos reclamados precisados en su demanda, los atribuye al auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario civil ******************** del Índice del Juzgado Sexto Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz. 2. O bien, con independencia de ello, es su deseo señalar como acto reclamado el auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés dictado en el juicio ordinario civil ******************** del Índice del Juzgado Sexto Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Poza Rica, Veracruz. Atento a ello, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad: "Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los actos reclamados que desgloso en mi escrito inicial de demanda los atribuyo al auto de fecha 28 de agosto del año en curso, proveído derivado de la solicitud realizada por el suscrito con fecha 19 de mayo del año en curso, respecto a la convivencia para con mi menor hijo, toda vez que la autoridad responsable fuera omisa en manifestar algo al respecto, y únicamente dándole vista a la tercera interesada, por lo tanto dejando aplicar las medidas de apremio en contra de la misma, por no permitir que se dé la convivencia entre el suscrito y mi menor hijo de identidad resguardada y de iniciales ******************** siendo que ya había sido decretada la convivencia provisional en la audiencia especial celebrada el día 30 de enero del año 2023, sin que la tercera interesada acatara lo acordado en dicha audiencia, siendo que, desde el día 30 de enero del año en curso hasta la fecha no se me ha permitido la convivencia con mi menor hijo." III. CONCLUSIÓN Precisado ello, se obtiene evidentemente que el acto que desea reclamar la parte quejosa es el auto de veintiocho de agosto del año en curso, emitido en el expediente ******************** del índice del Juzgado Sexto Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad. Ello se fija de esta manera, porque para la fijación del acto reclamado debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda para determinar con exactitud la intención del promovente, sin atender a los calificativos o argumentos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, lo cual fue corroborado con el escrito aclaratorio y manifestaciones vertidas por el quejoso bajo protesta de decir verdad. Resultan aplicables al caso, los criterios de contenido y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Ahora bien, debe indicarse que el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, en el Título Decimosegundo, "De los recursos y de la revisión de oficio", establece en sus artículos 506 y 507. De los preceptos mencionados, se desprende que la revocación, constituye el medio ordinario de defensa idóneo para que puedan ser combatidos los autos que no causen un daño irreparable en la sentencia Por lo cual, debe indicarse que el auto de veintiocho de agosto del año en curso, no causa un daño irreparable en la sentencia, puesto que su materia versa precisamente respecto a una solicitud en torno a hacer efectivo apercibimientos y requerir a la contraparte del recurrente a fin de ejercer convivencias ya decretadas en autos. Entonces, es claro que contra el auto reclamado, el quejoso debió agotar el medio ordinario de defensa establecido en el precitado cuerpo normativo, porque de acuerdo a su naturaleza es evidente que: I. No se trató de una sentencia, un auto que resolvió un incidente ni ocasionó un daño de imposible reparación en la sentencia (Recurso de apelación). II. No consistió en una negativa de admitir una demanda, no desconoció de oficio la personalidad de un litigante, tampoco se dictó en ejecución de sentencia ni denegó la apelación (Recurso de queja). III. No se trató de un decreto o auto dictado en Segunda Instancia (Recurso de Reposición). De ahí que el quejoso tuvo que agotar los medios de impugnación ordinarios previstos en la ley que tengan como propósito modificar o revocar el acto u omisión del cual se duele, lo cual es precisamente el principio de definitividad. Sirve de apoyo la siguiente tesis: "Registro digital: 2017117 Instancia: Pleno Décima Época Materia(s): Común Tesis: P./J. 11/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8 Tipo: Jurisprudencia DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En ese tenor, y una vez que fueran interpuestos los respectivos medios de defensa, el amparo se tornaría procedente; no obstante, la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo prevé supuestos de excepción al principio de definitividad y por tanto hace innecesario agotar los recursos o medios legales ordinarios, de ahí que el quejoso tiene una dispensa para promoverlos y de ahí acudir directamente al amparo. Al respecto, también la materia familiar y sobre todo aquellas controversias en las que intervengan derechos de menores se configuran como supuestos de excepción, porque son casos de especial relevancia para el Estado, pues son asuntos de protección reforzada. Precisamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y demás órganos jurisdiccionales con la facultad de emitir jurisprudencia, han emitido diversos criterios en el sentido de que se constituye una excepción al principio de definitividad en los casos de materia familiar. En ese orden de ideas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente jurisprudencia, se pronunció en el sentido: "Registro digital: 2004677 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Constitucional, Civil, Común Tesis: 1a./J. 77/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 990 Tipo: Jurisprudencia DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." Dicho criterio abarca que cuando esté involucrado un menor se actualiza una excepción al principio de definitividad, pero la referida posibilidad no procede en forma automática, sino que es necesario verificar otros requisitos: Como fue expuesto, que intervenga un menor, Que cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor y, Que el recurso ordinario no admita suspensión. En esas condiciones, con base a un análisis integral de lo narrado en la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que si bien interviene un menor de edad en el juicio natural, también lo es que el quejoso no alegó un riesgo con motivo del acto reclamado y tampoco este Juzgado advierte uno. En efecto, de la lectura de la demanda de garantías se advierte que el quejoso argumenta cuestiones como una solicitud en torno a hacer efectivo apercibimientos y requerir a la contraparte del recurrente, para ejercer las convivencias decretadas en autos, empero de ello no se aprecia riesgo alguno que genere al menor. Por lo que al descartarse la posibilidad de aplicar la jurisprudencia referida, esa situación implica que el quejoso debía promover el recurso ordinario previsto por la legislación ordinaria, ya que la convivencia fue decretada en términos del artículo 345 del Código Civil local. Adicionalmente a lo expuesto, que tampoco se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradicción, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclaman actos que afecten la libertad personal del quejoso, quien tampoco se ostenta como persona extraña a juicio. Finalmente, la interpretación del medio de defensa que se estima procedente no requiere de interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinar su procedencia. Por tanto, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional a combatir el auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ordinario civil ********************-I, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esta ciudad; debe agotar el medio ordinario de defensa -recurso de revocación-, por medio de cual puede revocarse el aludido auto. En el anterior contexto, resulta incuestionable la actualización de una causa de notoria e indudable improcedencia; por ende, se desecha de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Resultan aplicables la tesis de jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 187016 Instancia: Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Mayo de 2002 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Página: 902 AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Notifíquese personalmente a la promovente. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.
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