Alejandro Galván del Rio

Expediente 282/2022 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
282/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
24/06/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Galván del Rio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual la sala responsable acusa recibo de los documentos que se le devolvieron mediante oficio ********************/2022. Notifíquese.

  2. Principal

    Se declara que la sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Comuníquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). En consecuencia, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido y con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, este expediente es susceptible de DEPURACIÓN, por lo que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la notificación de este proveído se procederá a la depuración en los términos presentados en el citado Acuerdo General, sin necesidad de mandato previo, pues no constituye un asunto de relevancia documental. Procédase a realizar la anotación en la carátula como esta ordenado en referido acuerdo. Por otra parte, se tiene por hecha la constancia secretarial de cuenta, de la que se desprende, que en el presente asunto no se aperturó incidente de suspensión; que no obran documentos catalogados como originales; y, que las actuaciones del presente asunto concuerdan con las que obran en el expediente electrónico, para los efectos conducentes. Ahora bien, se ordena devolver a la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, los documentos que adjuntó en apoyo a su informe justificado, consistentes en el toca ****/2012/4 y tres cuadernos de constancias, lo anterior en virtud de que los mismos ya no son necesarios en el presente asunto; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. En la inteligencia de que el desahogo a este requerimiento se deberá presentar de manera física en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, o en su caso, a través de la dirección de correo institucional 13jdo1ctoc@correo.cjf.gob.mx, debiendo contener las correspondientes firmas electrónicas; lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos la razón de cuenta, signada por la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, mediante la cual hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente al tercero interesado***, la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, por los motivos que expone y como se advierte de autos que no dio cumplimiento a lo solicitado por auto admisorio, en virtud de que no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, y se ordena notificar por medio de lista al referido tercero interesado, la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y el presente proveído, en términos de la fracción III, inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto se sirva señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad. Notifíquese, y por medio de lista al tercero interesado. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INETRESADO LA SENTENCIA DICTADA EN ELPRESENTE JUICIO DE AMPARO, QUE DICE: CIUDAD DE MÉXICO, DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 282/2022, promovido por ***, por derecho propio, contra el acto reclamado de la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado físicamente el veintiuno de febrero de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, turnado el siguiente día hábil al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ***, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclamó de la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que estimó violatorio de los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (folios 8 a 24, expediente de amparo), que se hizo consistir en lo siguiente: ACTO RECLAMADO:- - - Del C. Magistrado de la Novena Sala Civil Unitaria del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de México, RECLAMO:- - - 1.- La sentencia de fecha nueve de diciembre de dos mil veintiuno emitida dentro del toca de apelación 198/2012/4. SEGUNDO. Incompetencia por conocimiento previo. De la demanda de amparo tocó conocer al Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, quien en auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, radicó la demanda de amparo con el número 139/2022-IV y estableció que carecía de competencia por previo turno para conocer de la presente demanda al haber resuelto previamente el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México el juicio de amparo indirecto 641/2013 (folios 25 a 28, expediente de amparo). TERCERO. Aceptación de competencia y admisión de demanda. En auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós este juzgado de Distrito radicó la demanda de amparo con el expediente 282/2021 y la admitió a trámite respecto del acto reclamado de la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a quien le fue solicitado su informe justificado; se tuvo como tercero interesada ***; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló alegatos (folios 35 a 38, expediente de amparo). Finalmente, se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra un acto emitido en un juicio ordinario civil "otorgamiento y firma de escritura" atribuido a una autoridad jurisdiccional que reside dentro del ámbito de competencia territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado consistente en la interlocutoria de segunda instancia de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, emitida por la sala responsable en el toca 198/2012/4, que confirmó la interlocutoria de primera instancia de treinta de agosto de dos mil veintiuno, en que el juez natural en el juicio ordinario civil de origen "otorgamiento de firma de escritura" declaró infundado el "incidente de rescisión de convenio judicial" con posterioridad a que éste fue elevado a cosa juzgada. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por así manifestarlo al rendir el informe justificado (folio 41, cuaderno de amparo). La referida existencia y presunción del acto reclamado se corrobora con las constancias que remitió la sal responsable en apoyo a su informe justificado, las cuales tienen valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2 de este último ordenamiento, por tratarse de copias certificadas de actuaciones judiciales. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para el mejor conocimiento del presente asunto y previamente al examen de la procedencia del juicio de amparo, es importante hacer referencia de los antecedentes relevantes del acto reclamado, precisados en la demanda de amparo y que se aprecian de las constancias certificadas remitidas por la autoridad responsable anexas al informe justificado, de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de los que se destacan los siguiente: 1. En escrito signado el diecinueve de junio de dos mil nueve, el actor ***, por derecho propio, demandó en la vía ordinaria civil de *** el cumplimiento de los contratos de compraventa cuatro de noviembre de dos mil ocho respecto del inmueble controvertido, el otorgamiento y firma de escritura, el pago de la pena convencional y el pago de gastos y costas folios 37 a 40, legajo del juicio natural, consistentes en lo siguiente: PRESTACIONES:- - - A.- El cumplimiento forzoso que se le debe dar a los contratos privados de compra-venta celebrados entre el suscrito como comprador y el hoy demandado *** como vendedor, de fecha cuatro de noviembre del año dos mil ocho, respecto de los bienes inmuebles ubicados en la ***, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.- - - B.- Como consecuencia de lo anterior, el otorgamiento y firma de la escritura pública ante Notario Público respecto de bs bienes inmuebles anteriormente referidos, así mismo la entrega real de vos bienes inmuebles de referencia, lo anterior por así haberlo pactado en la cláusula TERCERA de los contratos de compra-venta celebrados entre el suscrito y el hoy demandado.- - - C.- El pago de la pena convencional que este H. Juzgado fije y a la que se hace acreedor el señor ***, por no cumplir en tiempo y forma lo estipulado en los contratos de compraventa entre el suscrito y la persona anteriormente señalada.- - - D.- El pago de los gastos y costas que el presente juicio origine". 2. De la demanda inicial conoció el Juez Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, quien en auto de veinticuatro de junio de ese año, radicó la demanda con el número de expediente 773/2009 y la admitió a trámite (folios 41 y 42, legajo del juicio natural). 3. En escrito de diecisiete de septiembre de dos mil nueve, el actor *** y el demandado *** presentaron convenio judicial para llegar a un arreglo judicial y solicitaron que no se reconociera personalidad al codemandado *** folio 58, legajo del juicio natural, al que anexaron el convenio respectivo folios 59 a 61, legajo del juicio natural, que es como sigue: CONVENIO JUDICIAL QUE CELEBRAN LOS SEÑORES ***, EN SU CARÁCTER DE ACTOR Y *** EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO, LO ANTERIOR PARA QUE SURTA SUS EFECTOS COMO SI SE TRATASE DE SENTENCIA DEFINITIVA DERIVADA DE EL JUICIO 773/09 DEL JUZGADO NOVENO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL BAJO EL RUBRO *** VS *** Y EL CUAL SUJETAN AL TENOR DE LO SIGUIENTES CLAUSULAS Y DECLARACIONES PARA DAR POR TERMINADA LA PRESENTE CONTROVERSIA CIVIL:- - - DECLARACIONES:- - - PRIMERA.- MANIFESTAMOS LOS SUSCRITOS SRES. ***, QUE COMPARECE EN CARÁCTER DE ACTOR Y *** EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO, POR LO QUE SE RECONOCEN MUTUAMENTE LA PERSONALIDAD CON LA QUE SE OSTENTAN EN EL PRESENTE CONVENIO.- - - SEGUNDO.- DECLARAN AMBAS PARTES QUE ES SU DESEO Y VOLUNTAD DAR POR TERMINADO EL PRESENTE JUICIO POR LO CUAL SE SUJETAN DE MANERA PLENA AL PRESENTE CONTRATO.- - - - TERCERO.- MANIFIESTA ***, QUE ES LEGITIMO, PROPIETARIO DE LOS INMUEBLES UBICADOS ***, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. MISMO QUE ADQUIRIÓ MEDIANTE NOMBRAMIENTO DE ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO DECRETADO EL JUZGADO FAMILIAR DEL DISTRITO FEDERAL.- - - CLÁUSULAS:- - - PRIMERA.- EL SR. *** VENDE LOS INMUEBLES UBICADOS EN *** EN LA CANTIDAD DE 2'000.000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.M).- - - SEGUNDA.- AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE LA CANTIDAD SEÑALADA EN LA CLÁUSULA ANTERIOR SERÁ PAGADA DE LA SIGUIENTE MANERA:- - - LA CANTIDAD DE 200,000.00 (DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 MXN) AL MOMENTO DE LA RATIFICACIÓN EN EL JUZGADO DEL PRESENTE MOMENTO DE LA RATIFICACIÓN CONVENIO. SE PAGARA AL MOMENTO DE LA CANTIDAD TOTAL RESTANTE PROTOCOLIZAR EL PRESENTE CONVENIO ANTE EL NOTARIO PUBLICO QUE SE DESIGNE.- - - TERCERA.- EL FEDETARIO PÚBLICO ENCARGADO DE PROTOCOLIZAR EL PRESENTE CONVENIO SERÁ DESIGNADO POR EL SEÑOR ****.- - - CUARTA.- EL SEÑOR ***, OTORGARA LA POSESIÓN FÍSICA, MATERIAL Y PLENA DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN (sic) *** VENDE LOS INMUEBLES UBICADOS EN CALLE***, EL DÍA DOMINGO CUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO 2009 QUEDANDO ÉSTE OBLIGADO AL SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCIÓN.- - - QUINTA.- LAS PARTES FIJAN COMO PENA CONVENCIONAL PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA DE LAS CLÁUSULAS DEL PRESENTE CONVENIO LA CANTIDAD DE DOS MIL PESOS DIARIOS.- - - SEXTA.- AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE EN LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONVENIO POR SER UN ACUERDO DE VOLUNTADES, NO SE ESTÁ EN NINGUNA DE LAS HIPÓTESIS PREVISTAS POR NUESTRA LEGISLACIÓN CIVIL VIGENTE Y APLICABLE AL CASO MEDIANTE LA CUAL SE PUDIERA DECLARAR NULIDAD ABSOLUTA O PARCIAL DEL PRESENTE CONVENIO; ES DECIR, AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE ESTE DOCUMENTO NO LO FIRMAN POR ERROR, MALA FE, VIOLENCIA EN SU DOBLE ASPECTO, COMO TAMPOCO EXISTE DOLO O ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE NINGUNA CLASE, ASEVERACIÓN QUE SE PLASMA EN ESTE CONVENIO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.- - - SÉPTIMA.- AMBAS PARTES CONFORMES DE LO ASENTADO EN EL PRESENTE CONVENIO, POR LO QUE UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL, ES POR LO QUE SE SOLICITA A SU SEÑORÍA, SE SIRVA APROBARLO EN CADA UNA DE SUS PARTES POR SER PROCEDENTE CONFORME A DERECHO Y NO SER CONTRARIO A LA MORAL Y BUENAS COSTUMBRES.- - - OCTAVO.- POR OTRA PARTE, UNA VEZ APROBADO EL PRESENTE CONVENIO POR PARTE DEL JUEZ DEL CONOCIMIENTO, AMBAS PARTES SE OBLIGAN A QUE RESPETARAN ESTE CONVENIO Y LO TENDRÁN COMO ASUNTO TOTALMENTE TERMINADO, RECONOCIENDO EL CONTENIDO DEL MISMO COMO SI SE TRATASE DE UNA SENTENCIA EJECUTORIADA Y ELEVADA A CATEGORIA DE COSA JUZGADA.- - - NOVENA.- LAS PARTES PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO SE SOMETEN EXPRESAMENTE A LA JURISDICCION, COMPETENCIA, LEYES Y TRIBUNALES DEL DISTRITO FEDERAL, PARA TODO LO RELATIVO A LA INTERPRETACIÓN, DECISIÓN Y EJECUCIÓN DE TODOS LOS PACTOS CONTENIDOS EN ESTE CONVENIO, HACIENDO EXPRESA RENUNCIA AL FUERO DE SUS ACTUALES O FUTUROS DOMICILIOS.- - - UNA VEZ LEIDO EL CONTENIDO DEL PRESENTE CONVENIO POR CADA UNA DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL MISMO, MANIFIESTAN QUE CONOCEN EL ALCANCE Y VALOR LEGAL, POR LO QUE FIRMAN (sic) EN ESTE ACTO ESTE DOCUMENTO CON EL COMPROMISO DE QUE ACUDIRAN OPORTUNAMENTE A RATIFICAR SU CONTENIDO Y FIRMA ANTE EL CIUDADANO JUEZ QUE CONOCE DEL PRESENTE ASUNTO.- - - MÉXICO DISTRITO FEDERAL A 10 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2009.- - - ***.- - - ***. 4. En auto de diecisiete de octubre de dos mil nueve, el juez natural tuvo a la parte actora desistiéndose de la instancia respecto del codemandado *** (folio 77, legajo del juicio natural). 5. En auto de primero de diciembre de dos mil nueve, el juez de origen tuvo por aprobado el convenio judicial indicado (folio 81, legajo del juicio natural), en estos términos: Agréguese a sus antecedentes el escrito de cuenta suscrito por *** por su propio derecho (actora y demandada), respectivamente, personalidad que tienen debidamente acreditada y reconocida en autos dentro del presente litigio y visto lo solicitado en su ocurso de cuenta, se les tiene exhibiendo convenio judicial, debidamente signado por los interesados y en atención a que fue debidamente ratificado ante la presencia judicial el convenio judicial que con el mismo se presenta, después de haber sido analizado en su conjunto el convenio de mérito, al desprenderse de su contenido, que éste no contiene cláusula alguna, que sea contraria a la moral, al derecho o a las buenas costumbres, es de aprobarse y se aprueba el convenio celebrado por las partes al encontrarse debidamente ratificado ante la presencia judicial, se condena a sus signatarios a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar como si se tratase de sentencia ejecutoriada 6.- El quince de octubre de dos mil veinte, la parte demandada (vendedor) solicitó la rescisión del convenio celebrado por las partes el diez de septiembre de dos mil nueve, por incumplimiento de la parte demandada (folios 426 a 437, legajo del juicio natural), en que demandó las siguientes prestaciones: A).- LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DECLARE POR SENTENCIA DEFINITIVA DEBIDAMENTE EJECUTORIADA, QUE EL DEMANDADO INCIDENTISTA INCUMPLIÓ INJUSTIFICADAMENTE CON LAS OBLIGACIONES, CONTENIDAS EN EL CONVENIO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE EL SUSCRITO Y EL HOY DEMANDADO INCIDENTISTA, CON FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009 ANTE SU SEÑORÍA.- - - B).- A CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR. LA RESCISIÓN DEL CONVENIO JUDICIAL CELEBRADO ENTRE EL SUSCRITO Y EL HOY DEMANDADO INCIDENTISTA, CON FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009, MISMO QUE FUE RATIFICADO ANTE SU SEÑORÍA CON FECHA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, A TRAVES DEL CUAL EL SUSCRITO VENDIÓ AL HOY DEMANDADO LOS INMUEBLES UBICADOS EN ***, DE ESTE CIUDAD DE MÉXICO.- - - C).- LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DECLARE POR SENTENCIA DEFINITIVA DEBIDAMENTE EJECUTORIADA, QUE LAS COSAS DEBEN VOLVER AL ESTADO QUE GUARDABAN ANTES DE LA CELEBRACION DEL SEÑALADO CONVENIO JUDICIAL, POR ENDE EL DEMANDADO INCIDENTISTA DEBE DEVOLVER LOS INMUEBLES OBJETOS DEL CONVENIO JUDICIAL A LA PARTE ACTORA INCIDENTISTA, INMUEBLES UBICADO EN***, DE ESTE CIUDAD DE MÉXICO, CON TODOS SUS FRUTOS, MEJORAS Y ACCESIONES.- - - D) EL PAGO DE UNA RENTA O ALQUILER QUE DETERMINARA PERITO EN LA MATERIA POR EL USO QUE HA HECHO EL DEMANDADO INCIDENTISTA DE LOS INMUEBLES MATERIA DEL CONVENIO CELEBRADO ENTRE AMBAS PARTES, RENTA QUE DEBERÁ COMPUTARSE DESDE EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 FECHA EN QUE EL SUSCRITO PUSO EN POSESIÓN DEL INMUEBLE AL HOY DEMANDADO Y HASTA EL DIA EN QUE EL SUSCRITO SEA PUESTO EN POSESIÓN DE LOS INMUEBLES MATERIA DEL CONVENIO JUDICIAL. ASÍ COMO UNA INDEMNIZACIÓN FIJADA TAMBIÉN POR PERITOS, POR EL DETERIORO QUE HAYA SUFRIDO LOS INMUEBLES POR EL USO Y DISFRUTE QUE LES HA DADO EL DEMANDADO INCIDENTISTA DESDE EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y HASTA QUE EL SUSCRITO SEA PUESTO EN POSESIÓN DE LOS MULTICITADOS INMUEBLES.- - - E).- EL PAGO DE LA PENA CONVENCIONAL PACTADA EN LA CLAÚSULA QUINTA DEL CONVENIO MULTICITADO CONSISTENTE EN $2,000.00 DIARIOS (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), CON MOTIVO DE SU INCUMPLIMIENTO, ELLO EN RAZÓN DE QUE EL DEMANDADO INCIDENTISTA INCUMPLIO SU OBLIGACIÓN DE SEÑALAR NOTARIO PÚBLICO PARA LA PROTOCOLIZACIÓN DE LA COMPRAVENTA Y POR CONSECUENCIA, SU OBLIGACIÓN DE PAGO.- - - F).- EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS AL SUSCRITO POR EL HOY DEMANDADO INCIDENTISTA, CON MOTIVO DE SU INCUMPLIMIENTO BELLO EN RAZÓN DE QUE NO RECIBÍ EL SALDO DEL PRECIO PACTADO NI TAMPOCO HE PODIDO VENDER LOS INMUEBLES DE REFERENCIA, HASTA EN TANTO NO SE DECRETE LA RESCISIÓN QUE HOY DEMANDO, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE ME HAN OCASIONADO AL NO PODER REALIZAR ACTIVIDADES COMERCIALES O NEGOCIOS CON EL NUMERARIO QUE DEBÍ RECIBIR OPORTUNAMENTE. LO CONCERNIENTE A ESTE PUNTO SE DETERMINARÁ MEDIANTE PRUEBA PERICIAL.- - - F).- EL PAGO DELOS GASTOS Y COSTAS QUE EL PRESENTE JUICIO ORIGINE (.)". 7.- En interlocutoria de treinta de agosto de dos mil veintiuno, el juez natural estimó improcedente la rescisión del convenio indicado (folios 9 a 13, legajo del toca 198/2012/4), bajo los siguientes puntos resolutivos: "RESUELVE:- - - Primero. Se declara IMPROCEDENTE EL INCIDENTE DE RESCISIÓN DE CONVENIO JUDICIAL, promovido por el demandado *** en el presente juicio.- - - Segundo. Notifíquese". 8. En escrito del veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, el demandado (vendedor) presentó recurso de apelación, del que conoció la sala responsable en el toca 198/2012/4 quien interlocutoria de nueve de diciembre de ese año, confirmó la recurrida (folios 41 a 52, legajo del toca 198/2012/4), bajo los siguientes puntos resolutivos: "(.) RESUELVE:- - - PRIMERO. - Se declara IMPROCEDENTE el RECURSO DE APELACIÓN hecho valer por la parte demandada ***, en atención a que sus argumentos resultaron INFUNDADOS, en consecuencia, se CONFIRMA la sentencia interlocutoria de fecha treinta de agosto del dos mil veintiuno, quedando en los mismos términos precisados por el Juez de los autos.- - - SEGUNDO.- No se hace condena en costas.- - - TERCERO.- Notifíquese (.)". Los anteriores puntos resolutivos tienen sustento en las consideraciones siguientes en que se sustenta la interlocutoria reclamada, que son de este tenor: "(.) CONSIDERANDOS:- - - I.- La parte apelante expresó como agravios el contenido en el escrito de fecha de presentación veintidós de septiembre del dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes Común del Juzgado de origen, el cual se tiene por reproducido en obvio de repeticiones innecesarias. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la siguiente tesis jurisprudencial.- - - "AGRAVIOS. LA FALTA DE TRANSCRIPCION DE LOS MISMOS EN LA SENTENCIA, NO CONSTITUYE VIOLACION DE GARANTÍAS. (Se transcribe texto, datos de localización y antecedentes). - - II.- Los motivos de inconformidad hechos valer por el apelante, se estudian de la siguiente manera:- - - Los argumentos vertidos por la parte inconforme a juicio de este Tribunal de Alzada resultan infundados e inoperantes, de ahí que sea procedente CONFIRMAR la interlocutoria combatida, en virtud de los siguientes antecedentes y consideraciones de hecho y de derecho.- - - Atendiendo a las constancias que integran el presente testimonio de apelación, que en términos de lo dispuesto en los artículos 327 Fracción VIII y 403 del Código de Procedimientos Civiles vigente para esta ciudad, se desprende lo siguiente:- - - La parte apelante dentro de su agravio marcado como "UNICO", afirma que le para perjuicio la resolución interlocutoria en estudio, en atención a que se violenta en su perjuicio lo establecido en los artículos 2953 y 1949 del Código de Civil vigente y aplicable para esta ciudad, en virtud de que en los contratos de transacción puede pedirse la nulidad o la rescisión, por lo cual debe declararse rescindido dicha transacción al haberse incumplido por parte de ***, de sus obligaciones pactadas en dicho acuerdo de voluntades; argumentos que resultan infundados e inoperantes por las siguientes consideraciones.- - - Con la finalidad de evidenciar lo infundado e inoperante del agravio expuesto por el recurrente, es necesario delimitar los conceptos y diferencias entre un contrato y un convenio iniciando con el concepto de contrato el cual es: Los contratos, son acuerdos de voluntades que se dan entre una o más personas, con la finalidad de crear y transmitir derechos u obligaciones (Artículo 1793 del Código Civil vigente para esta Ciudad), por su parte los convenios son acuerdos de voluntades que se dan entre una o más personas, con la finalidad de crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones (Artículo 1792 del Código Civil vigente para esta Ciudad).- - - Una vez establecido lo anterior tendremos que darnos cuenta es la diferencia entre contrato y convenio; los contratos y convenios han sido utilizados desde tiempos del derecho romano, otorgándole a los convenios la categoría de género, porque éstos son más amplios, toda vez que, nacen de un acuerdo de voluntades de dos o más personas, con el objeto de crear, transmitir, modificar, o extinguir derechos y obligaciones. Los contratos, tienen como función crear y transmitir derechos y obligaciones, por lo tanto, a los contratos se les conoce como especie.- - - Partiendo de lo anterior, se puede concluir que, los contratos son una de las fuentes de las obligaciones; son actos jurídicos que pueden ser celebrados por dos o más personas; en unos casos pueden ser de índole meramente patrimonial.- - - "Artículo 1792. Convenio es el acuerdo de dos o más personas o extinguir obligaciones".- - - "Artículo 1793. Los convenios que producen o transfieren las obligaciones y derechos, toman el nombre de contratos".- - - Ahora bien, en la práctica jurídica dentro de los procedimientos jurisdiccionales las partes para dar por terminada la controversia justamente entre otros contratos, celebran convenios judiciales en su sentido más amplio (crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones), mismos que son revisados por el Juez de los autos, el cual está obligado a analizar dicho convenio y en su caso aprobar si así lo considera, partiendo de la premisa que no debe de contener clausulas en contra de la moral y las buenas costumbres, mismo que en caso de ser ratificado por las partes intervinientes en el juicio, y aprobado por el A quo, se eleva a categoría de cosa jugada, por lo cual se equipara sustancialmente y procesalmente por el legislador a las sentencias ejecutoriadas, dotándolo así de firmeza legal, por lo cual impide que las partes que intervienen en su celebración varíen de mutuo propio el alcance legal de lo expresamente pactado dentro de dicho convenio judicial, dado que es evidente que si se le da el carácter de sentencia ejecutoriada existe el impedimento de rescindir dicha cuestión, o pretende modificar lo convenido en dicho convenio judicial.- - - Por otro lado, si bien es cierto el artículo 2944 del Código Civil vigente y aplicable para esta ciudad, establece que por transacción debe entenderse el contrato por el cual las partes, haciéndose reciprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura; por su parte, el diverso artículo 2953 del referido Código Civil previene que la transacción tiene, respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad que la cosa juzgada. Aunado a ello, la legislación civil permite que en dicho contrato de transacción se pueda pedir la nulidad o la rescisión de dicho acto jurídico (artículo 2953 del Código de Procedimientos Civiles vigente para esta Ciudad); no menos cierto resulta que dicho contrato de transacción no es un convenio en su sentido más amplio, dado que únicamente en la transacción se conceden reciprocas cuestiones; sin embargo en el convenio judicial su finalidad es crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones.- - - "Artículo 2944. La transacción es un contrato por el cual las partes haciéndose reciprocas concesiones, terminan una controversia presente o previenen una futura".- - - "Artículo 2945. La transacción que previene controversias futuras, debe constar por escrito si el interés pasa de doscientos pesos".- - - Aunado a lo anterior podemos diferenciar el convenio judicial en su sentido más amplio (crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones), y el contrato de transacción, en virtud de que la transacción puede resolver controversias presentes o futuras con el acuerdo entre las partes el cual puede ser celebrado entre las partes, ante notario o ante un Juez; situación que, de manera distinta se puede advertir del convenio judicial, dado que para la existencia de este último, es necesario la existencia de una controversia judicial en la cual las partes lleguen a un acuerdo el cual tendrá que ser estudiado por el Juez debiendo contener los requisitos que exige la ley, que no sea en contra de la moral y las buenas costumbres; y si bien ambos pueden ser elevados a categoría de cosa Juzgada la particularidad del convenio judicial trata de los antecedentes y el conocimiento propio que tendría el Juzgador cuestión que no deja cabida a error en cuestión al convenio y le da la calidad integra de sentencia y traerá aparejada ejecución, tan es así que el Juez tiene la capacidad de negar la aprobación del mismo en caso de no cumplir algún requisito o tener cláusulas contrarias a la ley, cuestión que un notario no podría realizar al tenor que sólo da fe de la voluntad de las partes.- - - En ese sentido, cabe precisar que existe diferencia de un convenio judicial en su sentido más amplio como género, con el contrato de transacción como especie; que el artículo 502 señala que cuando las transacciones o los convenios se celebren en segunda instancia, serán ejecutados por el juez que conoció en la primera, a cuyo efecto el tribunal devolverá los autos al inferior, acompañándole testimonio del convenio, de ahí que sea evidente que se trata de figuras distintivas, por lo cual no debe de confundirse.- - - "Artículo 502.- Cuando las transacciones "o" los convenios se celebren en segunda instancia, serán ejecutados por el juez que conoció en la primera, a cuya efecto el tribunal devolverá los autos al inferior, acompañándole testimonio del convenio".- - - No debiendo pasar desapercibido que, en cuanto a la letra "O", que se encuentra dentro del artículo antes transcrito, esta resulta una conjunción disyuntiva, esto es; "una conjunción coordinante que tiene valor disyuntivo cuando expresa alternativa entre dos opciones", por lo que se debe de entender que son dos cuestiones que tienen alguna diferencia, por lo cual, este Tribunal de Alzada es del criterio que no le son aplicables para el convenio celebrado y ratificado por las partes dentro del presente juicio (de fecha diez de septiembre del dos mil diecinueve), denominado por las partes "CONVENIO JUDICIAL QUE CELEBRAN LOS SEÑORES ***, EN SU CARÁCTER DE ACTOR Y *** EN SU CARÁCTER DE DEMANDADO...."; los artículos del contrato de transacción a que refiere el recurrente, al no existir dentro del convenio judicial únicamente concesiones, sino también están creando, transfiriendo, modificando y extinguiendo derechos y obligaciones entre las partes respecto del conflicto que se demandó de origen, de ahí que no encuadren en los supuestos del contrato de transacción, por lo cual no es susceptible de pedir vía incidente la rescisión de la transacción, si lo que celebraron las partes fue un convenio judicial en su sentido más amplio como especie (diez de septiembre de dos mil nueve). Es por lo anterior que, en concordancia con lo establecido en los artículos 500 y 533 del Código de Procedimientos civiles vigente y aplicable para la Ciudad de México, cuando previenen que la vía de apremio procede a instancia de parte cuando se trate de la ejecución de una sentencia, el pacto comisario expreso, transacciones, convenios y laudos que ponen fin a los juicios arbitrales, convenios judiciales; ya sea por las partes o por terceros que hayan venido al juicio por cualquier motivo que sea; de ahí la distinción entre convenio judicial y contrato de transacción se denote del artículo 533 del Código de Procedimientos Civiles vigente para esta ciudad.- - - "Artículo 533.- Todo lo que en este capítulo se dispone respecto de la sentencia, comprende, el pacto comisorio expreso, transacciones, convenios y laudos que ponen fin a los juicios arbitrales, convenios judiciales y aquellos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 500".- - - En vista de lo anterior, es preciso señalar que el Juez de los autos no está facultado para revocar sus propias determinaciones y solamente podrá ejecutar las mismas, entonces decretar la rescisión del convenio judicial de referencia, se estaría violentando lo dispuesto por el artículo 272 G del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, el cual a la letra dice:- - - "Artículo 272-G.- Los jueces y magistrados podrán ordenar, aun fuera de la audiencia a que se refiere el artículo 272-A, que se subsane toda omisión que notaren en la substanciación, para el solo efecto de regularizar el procedimiento, con la limitante que no podrán revocar sus propias determinaciones".- - - Por lo tanto, no le asiste la razón y el derecho al inconforme en su escrito de agravios, en atención a que pretende encuadrar el convenio judicial celebrado en autos (de fecha diez de septiembre el dos mil diecinueve, ratificado el día diecisiete de septiembre del mismo año), con un contrato de transacción a que se refiere el artículo 2944 del Código Civil vigente y aplicable para esta Ciudad, para así solicitar su rescisión en términos del artículo 2953 del Código Civil para esta ciudad; sin embargo, al ser un Convenio Judicial en su sentido más amplio no proceden más que la ejecución forzosa de dicha cosa juzgada, en términos del artículo 500 del Código de Procedimientos Civiles vigente para esta ciudad, de ahí lo infundados e inoperantes de los argumentos expuesto vía agravio por el apelante.- - - III.- En consecuencia, resulta infundado e inoperante el agravio vertido por el inconforme, por lo que esta H. Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, CONFIRMA la sentencia interlocutoria de fecha treinta de agosto del dos mil veintiuno, dictado por el Juez de los autos, debiendo quedar en los términos precisados por el Juzgado de origen.- - - Por lo expuesto y fundado se:- - - RESUELVE: ACTO RECLAMADO. Hasta aquí los antecedentes del acto reclamado. QUINTO. Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal de análisis preferente y de oficio, lo aleguen o no las partes, previo al examen de las cuestiones de fondo de la litis constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en las páginas 553 y 554, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, que respectivamente señalan: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En la especie, las partes no alegan la existencia de alguna casual de improcedencia y este juzgado de Distrito no advierte alguna que daba ser analizada en forma oficiosa, respecto del acto reclamado. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. En principio, cabe indicarse que para el estudio de los conceptos de violación resulta innecesaria su transcripción literal. En el primer concepto de violación, el quejoso aduce que la interlocutoria reclamada resulta indebida; lo anterior porque en su opinión procede la rescisión del convenio de transacción judicial en que las partes en el juicio de origen se hicieron mutuamente prestaciones. A lo anterior, el impetrante alega que la interlocutoria reclamada no es clara, precisa, ni congruente con la Litis planteada y no se encuentra debidamente funda y motiva, porque existe un desajuste entre los motivos y los preceptos legales con que la autoridad responsable declaró improcedente la rescisión de la "transacción judicial" celebrada entre las partes para dar fin a la controversia legal existente entre ellos, en la que precisaron "que era su DESEO Y VOLUNTAD DAR POR TERMINADO EL PRESENTE JUICIO"; con lo cual, se vulneró lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Al respecto, el justiciable afirma que el convenio judicial celebrado por las partes el diez de septiembre de dos mil nueve, con independencia del nombre que se le dé constituye un auténtico convenio de transacción judicial; lo anterior, porque las partes se hicieron recíprocas concesiones a efecto de dar por terminada la controversia judicial existente entre ellas; por tanto, al declarar infundada tal rescisión, no existe una adecuación entre los fundamentos y los motivos invocados por la sala responsable para declarar infundado la rescisión controvertida. Luego, el promovente del amparo señala que si bien la sala responsable realiza un análisis de la diferencia entre el contrato (que crea o transfiere obligaciones y derechos) y el convenio lato sensu (que crea, transfiere, modifica o extingue derechos y obligaciones); la realidad es que, en su opinión, el acuerdo de voluntades controvertido "es un convenio en stricto sensu" (que modifica o extingue derechos y obligaciones), al que le son aplicables los artículos del "contrato de transacción" contrariamente a lo establecido por la ad quem. Asimismo, el amparista refiere que la sala responsable estableció que las transacciones judiciales es posible diferenciarlas del convenio judicial en sentido amplio (que crea, transmite, modifica y extingue derechos y obligaciones); porque en las transacciones judiciales pueden resolverse controversias presentes o futuras mediante un acuerdo ante notario o ante autoridad judicial en términos del artículo 2944 del Código Civil para la Ciudad de México, a diferencia del convenio judicial; lo cual sostiene resulta indebido. Además, el doliente de derechos fundamentales indica que si bien es cierto que la transacción es una especie de convenio que por sus características lo distinguen de los convenios en sentido amplio cuya característica es (i) la reciprocidad de concesiones y (ii) la de dar por terminada una controversia; la realidad es que su naturaleza jurídica no deja de ser la de un convenio en sentido amplio atendiendo a las funciones existentes entre las partes; debido a que su finalidad es dar por terminadas controversias presentes o futuras. Igualmente, el agraviado constitucional menciona que la reciprocidad que las partes se hacen en la transacción para dar por terminada una controversia presente o futura son características de este tipo de convenio; pero no puede considerarse que se trate de elementos que sustituyan la naturaleza jurídica de la transacción como convenio en sentido amplio, pues la naturaleza de éste se define por sus efectos (que crea, transmite, modifica y extingue derechos y obligaciones); pues puede existir transacciones en que únicamente se modifiquen, extingan, crean o transmitan derechos y obligaciones. También, el solicitante de derechos humanos señala que la sala responsable se equivoca al considerar que en al convenio controvertido no le son aplicables las reglas de la transacción judicial, porque si bien existen concesiones recíprocas y se da por terminada una controversia; también lo es que se crean, transmiten, modifican y extinguen derechos y obligaciones entre las partes del conflicto de origen y, por tanto, que no encuadra en los supuestos del contrato de transacción; lo cual reitera resulta contrario a derecho, por lo siguiente: Que la sala responsable limita la distinción de la transacción judicial (i) a la existencia de la reciprocidad de concesiones y (ii) al ánimo de terminar una controversia; pero dejó a un lado la reciprocidad de concesiones, que es lo que origina las obligaciones correlativas entre las partes de dar, hacer, o no hacer, que es la bilateralidad de la transacción. Que la ad quem no consideró que la transacción es un contrato oneroso de mutuo consentimiento que entraña la renuncia general de derechos que involucran la transmisión, retención o la promesa sobre una cosa o derecho real; sin lo cual no sería la transacción, sino una renuncia. Que tampoco se tomó en estimó que la transacción supone la existencia de derechos dudosos a la vez que exige que las partes se hagan reciprocas concesiones que modifican derechos y obligaciones anteriores y crean nuevos derechos y obligaciones entre las partes. Que la responsable se equivoca al pretender sustentar la diferencia entre transacción y convenio en el artículo 502 del Código Civil para la Ciudad de México; porque la realidad es que se trata de figuras jurídicas diversas al no distinguir dicho precepto legal entre transacción y convenio; pues la disyuntiva "o" denota una diferencia entre una y otra de esas figuras jurídicas; dado que tal diferencia tiene que ver con derechos y obligaciones que no son recíprocas o dar por terminada una controversia. Al respecto, el quejoso aduce que la transacción es un convenio a través del cual es posible crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones (convenio en sentido amplio); por tanto, que si a través de ese tipo de acto jurídico las partes se hacen recíprocas concesiones con el ánimo de dar por terminada una controversia se está ante una auténtica transacción. Luego, el impetrante alega que el convenio controvertido se encuentra regulado en los supuestos que establecen los artículos 2944, 2945 y 2953 del Código Civil para la Ciudad de México; lo anterior, porque (i) existe un acuerdo firmado entre las partes, (ii) en el que se realizaron reciprocas concesiones; (iii) se modificaron derechos y obligaciones previamente existentes entre ellas y (iv) se crearon y transmitieron derechos y obligaciones; esto es, (a) el vendedor se obligó a transmitir la propiedad renunciando y transmitiendo la posesión a pesar de no haber sido pagado el total del precio, (b) el comprador se obligó a pagar el precio de los inmuebles, renunciando a los gastos y costas judiciales y (c) ambas partes convinieron que en caso de incumplimiento pagarían una pena convencional; con lo cual reitera que si con el convenio controvertido las partes modificaron y extinguieron derechos y obligaciones recíprocas es dable encuadrarlo en un "convenio en sentido amplio". Además, el justiciable afirma que en el convenio litigioso se trata de un verdadero convenio de transacción judicial y no de un convenio lato sensu; por tanto, que al no cumplir la parte compradora con sus obligaciones, como son: (i) el señalamiento del notario para la emisión de la escritura correspondiente, lo que incluso se reiteró en el toca 198/2012 y (ii) el pago del precio total; es susceptible de ser rescindido dicha transacción judicial, contrariamente a la confusión en que incurrió la sala responsable. Los argumentos anteriores resultan infundados. En principio, resulta conveniente destacar que el quejoso pretende equiparar las reglas sustantivas (i) que regulan al convenio judicial con (ii) las hipótesis normativas de la transacción judicial; con objeto de obtener la rescisión el convenio judicial celebrado por las partes el diez de septiembre de dos mil nueve; porque en su opinión (demandadovendedor), el comprador (actor) incumplió dicho acuerdo de voluntades al (a) no haber pagado el precio total, (b) ni designado al notario ante quien se formalizaría la compraventa de los inmuebles que une a las partes; por tanto, que procede la resolución de dichos actos jurídicos, aun cuando se hayan elevara a rango de sentencia con carácter de cosa juzgada; debido a que ello se encuentra legalmente permitido en las transacciones judiciales. Al respecto, este juzgado de Distrito para orientar el criterio que sostendrá en el presente asunto procede a destacar las características jurídicas del contrato de transacción reguladas en los artículos 2944, 2950, 2953, 2954, 2958 y 2962 del Código Civil para el Distrito Federal (ahora de la Ciudad de México) y 500, 501, 502 y 533 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) Dicho objeto se realiza por medio de concesiones recíprocas que se hacen las dos partes contratantes, sacrificando cada una de ellas algo de sus derechos o pretensiones. Los jurisconsultos están conformes en que es nota característica de la transacción el animus de transigir, la voluntad de concluir el litigio, de evitarlo mediante dichos sacrificios. Las transacciones que tienen por objeto prevenir un juicio futuro han de constar por escrito.- - - Las transacciones pueden celebrarse dentro del juicio o fuera de él. En este último caso no constituyen actos procesales, sino hasta que son denunciadas al Juez de los autos para los efectos consiguientes.- - - Precisado lo anterior, es de señalar que el contrato de transacción tiene como características, la reciprocidad de concesiones que las partes se hagan para terminar una controversia presente o prevenir una futura, lo cual constituye un elemento esencial de dicho contrato, y tal reciprocidad de concesiones debe derivar del texto mismo del acuerdo de voluntades de las partes.- - - En la transacción, la reciprocidad de las concesiones es un atributo de existencia del contrato, en ausencia del cual, no es posible concebirlo o estructurarlo jurídicamente; en otros términos, el consentimiento, como elemento esencial de tales contratos, debe manifestarse para que exista transacción, en el sentido de que una parte haga determinada concesión a la otra, a cambio de la que esta última a su vez, le otorgue, estando animadas dichas manifestaciones del deseo de terminar una controversia presente o prevenir una futura.- - - Es además esencial de la transacción, que sea un contrato bilateral, como consecuencia necesaria de la reciprocidad de concesiones, que origine obligaciones de dar, hacer o no hacer que correlativamente se imponen los contratantes.- - - El carácter bilateral del contrato se presenta así como otro elemento o atributo esencial, cuya falta impide que se estructure la transacción, y por lo mismo, ésta no puede concebirse como un contrato unilateral en el que sólo una de las partes se obliga.- - - La transacción es considerada como un contrato oneroso que se rige por las reglas generales de los contratos, en lo que no esté expresamente previsto para ella; y la renuncia general de derechos por virtud de la misma, sólo puede extenderse a los que tienen relación con la disputa sobre la que ha recaído; por lo que, cuando una de las partes deja de cumplir con ella, la otra tendrá el derecho de exigir su cumplimiento o la rescisión del contrato, y en uno y en otros casos, el pago de daños y perjuicios.- - - Por tanto, la transacción debe ser onerosa, no gratuita, de manera que los que transijan se den, retengan o prometan algo, sin lo cual no sería transacción, sino renuncia, y expresen de una manera clara, o terminante, sobre qué cosas o derechos recae tal transacción, puesto que uno de los requisitos esenciales de los contratos, es el mutuo consentimiento de los contratantes, el que debe manifestarse claramente.- - - La transacción requiere para su existencia, la incertidumbre en cuanto a los derechos disputados o que pueden disputarse, y que la misma desprenda consentimiento, que es el alma o esencia de los contratos, pues precisamente el objeto de la transacción es el de realizar un fin de comprobación jurídica, o sea, establecer la certeza en el alcance, naturaleza, cuantía, validez y exigibilidad de derechos, más o menos dudosos o disputados, bien sea desde el punto de vista estrictamente jurídico o porque así se estimen en el ánimo de los contratantes.- - - Así, la transacción no puede recaer sobre derechos u obligaciones perfectamente ciertos, válidos y exigibles, y tampoco puede tener lugar cuando a una de las partes se impone voluntariamente una carga que la ley estatuye, no con el ánimo de transigir respecto de derechos u obligaciones inciertos o disputables, sino con el propósito de hacer una liberalidad.- - - Esta característica del contrato en estudio, se desprende de su naturaleza misma, ya que la transacción supone necesariamente la existencia de un derecho dudoso, de un derecho discutido o susceptible de serlo, a la vez que exige que las partes se hagan concesiones o sacrificios recíprocos, elementos que la doctrina ha considerado como esenciales para esta clase de contratos, o sea la de res dubia y las concesiones recíprocas, aun cuando el segundo elemento no se contenga expresamente en la definición que da la ley.- - - Por tanto, los sacrificios recíprocos resuelven una cuestión que puede parecer dudosa, pero en la que los sacrificios o concesiones se refieren siempre a los bienes o derechos sobre los cuales versa una discusión.- - - Es de señalar que en aquellas transacciones en las cuales una de las partes da a la otra alguna cosa que no es objeto de la disputa no hace sino verificar o reconocer los derechos de las partes, pero no los crea; es simplemente declarativa y no traslativa de esos mismos derechos, que constituyen la materia de la discusión, ya que se considera que tales derechos o bienes siempre han pertenecido a aquél en provecho del cual la transacción los consagra, y no que los haya adquirido de su adversario.- - - En cambio, cuando la transacción no tiene carácter declarativo, sino en lo que concierne a los derechos litigiosos respecto de los cuales se transige ella tendría el carácter traslativo en cuanto a los objetos ajenos a la discusión, y que una de las partes se obliga a dar a la otra; cosa que no anula la transacción en sí misma, pero que de todas maneras la mezcla o relaciona con otros contratos que deben regirse por las disposiciones específicas correspondientes y no por las que reglamentan la transacción, circunstancia que hace en ocasiones tan difícil distinguir la transacción de los demás pagos con que está mezclada y que implican la celebración de diversos contratos, sucediendo también con frecuencia, que una venta u otro contrato cualquiera, se disfrace bajo la forma de una transacción, siendo evidente que, en tales casos, las reglas particulares de este contrato no pueden ser aplicables; de todo lo cual se concluye que la facultad para transigir no implica la de enajenar, ya que aquélla sólo puede ser suficiente para que un apoderado efectúe a nombre de su mandante, una transacción pura y simple, pero de ninguna manera una transacción en que se mezclen verdaderas enajenaciones de bienes.- - - La transacción se identifica, en algunos puntos, con la sentencia ejecutoriada, y algunas veces las leyes conceden a la transacción la misma eficacia y autoridad que a la sentencia firme; pero de esto no se deduce que haya una identidad completa entre la transacción y la cosa juzgada. Una y otra tienen de común que no pueden ser reformadas, siempre que reúnan los requisitos legales necesarios para su validez, de suerte que ya no se puede promover juicio sobre las cuestiones que fueron dirimidas, ya que por una transacción, o bien por una sentencia, y si el litigio llegara a establecerse, el demandado podría oponer, tratándose de sentencias, la excepción de cosa juzgada, y tratándose de transacción, otra excepción muy semejante, que los autores llaman "excepción de transacción".- - - Consiguientemente, la transacción tiene, respecto de las partes, la misma eficacia y autoridad de la cosa juzgada, y cuando se celebra, las personas que en dicho contrato intervienen, están obligadas a lo expresamente pactado y a todas las consecuencias que según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso o a la ley, y su validez y cumplimiento no pueden dejarse al arbitrio de las partes; pero cuando dicho contrato es oneroso, la duda sobre circunstancias accidentales del mismo, debe resolverse en favor de la mayor reciprocidad de intereses.- - - Así, la sentencia firme y la transacción son equiparables, porque ambas pueden ejecutarse en la vía de apremio, pero en tanto que la sentencia ejecutoriada sólo puede ser impugnada en cuanto se refiere a su validez, únicamente en los casos que permite la ley, la transacción, aunque esté aprobada judicialmente, puede ser rescindida y anulada, de la misma manera que en un contrato; así las reglas generales que rigen en materia contractual, son aplicables a las transacciones, en todo aquello que no está expresamente prevenido respecto de las mismas, y la ley especifica varios casos en que las transacciones son rescindibles o nulas.- - - Por consiguiente, si de la lectura de las cláusulas de un convenio, aparece que las partes se hubieran hecho recíprocas concesiones, es de estimarse que como la reciprocidad de las concesiones debe derivar del texto mismo del contrato de transacción, pues por ser un elemento de definición no puede buscarse a base de presunciones o hipótesis, dicho convenio sí tiene el carácter de una transacción, por lo que es claro que puede exigirse su cumplimiento en la vía de apremio, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 533 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal.- - - En las relatadas condiciones, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que sustenta esta Primera Sala en la presente resolución, debiendo quedar redactado con el siguiente rubro y texto: (.)" En la ejecutoria transcrita la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció como notas distintivas de la transacción judicial a partir del análisis jurídico que realiza a los artículos 2944, 2950, 2953, 2954, 2958 y 2962 del Código Civil para el Distrito Federal (ahora de la Ciudad de México) y 500, 501, 502 y 533 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), las siguientes: Que las transacciones requieren para su existencia, la incertidumbre en cuanto a los derechos disputados o que pueden disputarse, y que la misma desprenda consentimiento, que es el alma o esencia de los contratos. Que el objeto de la transacción es el de realizar un fin de comprobación jurídica, o sea, establecer la certeza en el alcance, naturaleza, cuantía, validez y exigibilidad de derechos, más o menos dudosos o disputados, bien sea desde el punto de vista estrictamente jurídico o porque así se estimen en el ánimo de los contratantes. Que la transacción no puede recaer sobre derechos u obligaciones perfectamente ciertos, válidos y exigibles. Que la facultad para transigir no implica la de enajenar, ya que aquélla sólo puede ser suficiente para que un apoderado efectúe a nombre de su mandante, una transacción pura y simple, pero de ninguna manera una transacción en que se mezclen verdaderas enajenaciones de bienes. Lo anterior es así, porque por más que el quejoso alegue que el estudio que la sala responsable realizó respecto del contrato (que crea o transfiere obligaciones y derechos) y del convenio lato sensu (que crea, transfiere, modifica o extingue derechos y obligaciones), no se ajusta a derecho; porque en su opinión al abordar el convenio (i) partió del supuesto del convenio lato sensu y (a) omitió analizar el convenio en stricto sensu" (que modifica o extingue derechos y obligaciones) y (b) examinar la naturaleza jurídica de la transacción como convenio en sentido amplio (que crea, transmite, modifica y extingue derechos y obligaciones) y (ii) que tampoco tomó en consideración que el convenio judicial controvertido se trata de un verdadero convenio de transacción judicial. En efecto, este juzgado federal al examinar atentamente el referido convenio judicial de nueve de septiembre de dos mil nueve (ver antecedente segundo), aprecia que en éste no existe la incertidumbre en cuanto a los derechos disputados entre las partes; como requisito de la existencia de la transacción judicial; porque el mismo parte de dos contratos de compraventa previamente celebrados entre ellas el cuatro de noviembre de dos mil ocho (prestación identificada con el inciso "A" de la demanda inicial -ver antecedente primero-), cuya existencia ratificaron y confirmaron los litigantes ante la presencia judicial; por tanto, en el convenio judicial que el quejoso pretende la nulidad al encontrarse precisados derechos u obligaciones perfectamente ciertos, válidos y exigibles entre los contendientes (como es la formalización legal de un contrato de compraventa), no se está en el supuesto jurídico de que dicho convenio judicial se trate de una transacción judicial susceptible de ser rescindida en términos de la referida "CONTRADICCIÓN DE TESIS 79/98". Aunado a lo anterior, cabe indicar que con sustento en dicha contradicción de tesis, la transacción judicial tampoco procede respecto de contratos de compraventa, al tratarse de obligaciones perfectamente delimitadas por las partes; por tanto, si en el referido convenio judicial se involucran una verdadera enajenación de un bien inmueble, dicho acto jurídico tampoco pude constituir una transacción judicial. Por tanto, en términos de los artículos 2944, 2950, 2953, 2954, 2958 y 2962 del Código Civil para el Distrito Federal (ahora de la Ciudad de México) y 500, 501, 502 y 533 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en relación con la ejecutoria derivada de la contradicción de tesis "CONTRADICCIÓN DE TESIS 79/98", se reitera que en la especie, el convenio judicial controvertido, no se trata de una transacción judicial y, por ende, no es susceptible de rescisión y menos pude ser revocado por el juez natural al haberse elevado a la categoría de sentencia ejecutoriada en términos del auto de primero de diciembre de dos mil nueve (ver foja 81, legajo del expediente natural remitido por la sala responsable); por lo que, su cumplimiento debe ejercitarse en la vía de apremio como estimó la sala responsable. Efectivamente, la aprobación por el juzgador, de un convenio judicial entre el actor y el demandado en un juicio civil no es impugnable y menos rescindible por las partes; porque ello impactaría en una decisión jurisdiccional que no pueda ser cuestionada por los litigantes; toda vez que se trata de la simple aprobación, con efectos procesales, de la expresión de voluntad de los contendientes, a la que se le dio eficacia y autoridad de cosa juzgada, siendo esa precisamente la pretensión de las partes al celebrarlo; por tanto, considerar lo contrario, implicaría violentar la naturaleza de la cosa juzgada. De ahí lo infundado del concepto de violación que se analiza. En el segundo concepto de violación, el quejoso aduce que la sala responsable no atendió todos los agravios que expresó en el recurso de apelación; por tanto, que la interlocutoria reclamada carece de exhaustividad. A lo anterior, el impetrante agrega que en la interlocutoria de primera instancia el juez natural resolvió esencialmente las prestaciones "A" a "G" de la demanda incidental al estimar que era improcedente la rescisión del convenio controvertido. Luego, el justiciable alega que contra tales consideraciones expresó como agravio, los siguientes: Que era falso que el momento procesal oportuno para demandar la rescisión del contrato de transacción controvertido sea hasta antes de elevarlo a cosa juzgada; pues contrariamente a ello, tal rescisión es permitida por el artículo 2953 del Código Civil para la Ciudad de México aun cuando constituye cosa juzgada. Que en la especie, contrariamente a lo estimado por el juez natural, entre las partes no existe obligaciones sinalagmáticas, sino de obligaciones recíprocas sucesivas; porque el comprador se obligó a señalar notario público previamente a la formalización del contrato. Que al estar acreditado el incumplimiento del vendedor es procedente el pago de la pena convencional convenida por las partes. Además, el amparista sostiene que la sala responsable omitió pronunciarse respecto de tales agravios, porque su principal pretensión en la demanda incidental es la declaración de incumplimiento del comprador y derivado de demostrarse éste, procedía la rescisión controvertida, el pago de la pena convencional y el pago de daños y perjuicios. Asimismo, el promovente del amparo señala que al demostrarse tal incumplimiento procede el pago de la referida pena convencional, lo que no fue analizado por la sala responsable, cuyo estudio procede con independencia de la referida rescisión del contrato controvertido al tratarse de una prestación autónoma que no depende de tal rescisión, como si se hubiera optado por el cumplimiento forzoso de tal convenio, pues existe la injustificada dilación de su contraparte por más de trece años en cumplir las obligaciones a su cargo. Los argumentos anteriores son infundados. Lo anterior es así, porque contrariamente a lo alegado por el quejoso, la sala responsable sí se pronunció sobre todas las prestaciones demandadas por el actor incidentista, incluyendo la pena convencional cuyo estudio alega el impetrante haber sido omitido por la ad quem. Lo anterior es así, porque en la sentencia reclamada se estableció en la parte conducente, lo siguiente: "(.) al ser un Convenio Judicial en su sentido más amplio no proceden más que la ejecución forzosa de dicha cosa juzgada, en términos del artículo 500 del Código de Procedimientos Civiles vigente para esta ciudad, (.)". Esto es, la sala responsable determinó que si el convenio judicial que une a las partes se encuentra elevado a cosa juzgada; por tanto, la única forma de demostrar que el demandado incidentista ha incumplido o no con las obligaciones pactadas en éste, es la vía de apremio o la ejecución forzosa. Por consiguiente, con tal determinación la ad quem sí estableció, que en la especie, por el momento, resulta improcedente el reclamo que el actor incidentista pretende de la pena convencional pactada por las partes en el convenio judicial controvertido; pues ello debe ser demandado y demostrado en la vía de apremio y no en un incidente en que se pretenda como prestación fundamental la rescisión de dicho convenio judicial. De ahí lo infundado de las alegaciones de que se trata. En consecuencia, el acto reclamado al no ser violatorio de los derechos humanos y las garantías consistentes en la debida tutela jurisdiccional efectiva, ni los sub principios de audiencia, legalidad, recurso judicial efectivo y debido proceso judicial efectivo otorgadas en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede negar el amparo respecto del acto atribuido a la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, pues además no se advierte algún motivo de ilegalidad, en suplencia de la queja en favor de la inconforme, en términos del artículo 79, fracción VI de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, por derecho propio, contra el acto reclamado de la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistente en la interlocutoria de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, emitida en el toca 198/2012/4. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa y personalmente a la parte tercero interesada.

  4. Principal

    UNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a***, por derecho propio, contra el acto reclamado de la *** del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistente en la interlocutoria de nueve de diciembre de dos mil veintiuno, emitida en el toca ***. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa y personalmente a la parte tercero interesada.

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