Alejandro Gallardo Camarillo
Expediente 1329/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1329/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Alejandro Gallardo Camarillo
Actuaciones
- Principal
(6) Agréguese a los autos el oficio de cuenta y, visto su contenido téngase al secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la Ciudad de México, comunicando que en sesión de diez de noviembre de dos mil veintidós declaró competente para conocer de la demanda promovida por el quejoso ***********, por propio derecho y en representación de los menores *************, al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por las consideraciones que ahí se exponen. En consecuencia, previas las anotaciones que obren en el libro de control respectivo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. En cumplimiento al artículo 20, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, se determina que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible su destrucción dentro de los treinta días posteriores a los seis meses siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
(5) Agréguese a los autos el oficio de cuenta y, visto su contenido, téngase a la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la Ciudad de México, comunicando que se formó el expediente ********* relativo al conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, y este órgano jurisdiccional, por tanto esta juzgadora toma conocimiento de dicha circunstancia, quedando en espera de la resolución que habrá de emitirse en dicho expediente.
- Principal
I. Radicación. Visto el oficio de cuenta firmado por el secretario adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual remite el original del juicio de amparo indirecto ******/2022-II de su índice, promovido por ******por propio derecho y en representación de los menores******y******, contra actos del Director General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional y otras autoridades, e informa que en resolución dictada el diecinueve agosto de dos mil veintidós, se declinó la competencia por considerar que el conocimiento de la demanda de derechos fundamentales corresponde, por razón de territorio, a un juzgado de distrito en el Estado de Hidalgo, con domicilio en Pachuca de Soto. II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número ****** De conformidad con lo establecido en los artículos 1 de la Convención sobre Derechos del Niño, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 12, fracción VI, y 1, 2, 3 y 4, de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Hidalgo, al estar relacionados menores de edad en los hechos que se estudian, y a fin de no transgredir el cumplimiento y respeto a sus derechos que le son legalmente reconocidos, en el presente asunto se omitirán aquellos datos que pudieran identificarlos. III. No se acepta competencia declinada. Con fundamento en los artículos 37 y 48 segundo párrafo de la Ley de Amparo, 103 y 107 constitucionales, este juzgado federal no acepta la competencia declinada para el conocimiento de la demanda de amparo, pues el suscrito disiente del criterio del homólogo oficiante, en los términos siguientes. Como cuestión previa, es conveniente tomar en cuenta, los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo (vigente a partir del tres de abril de dos mil trece), que establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:. VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia;." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los artículos transcritos, se advierte que se establecen tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito en los asuntos, cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1. Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2. Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En las dos primeras reglas, se requiere que el acto reclamado tenga ejecución material, no es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en el ámbito de competencia de uno o de varios jueces de distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una sede; en cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos o más distritos diferentes, al precisar que el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. La tercera regla prevé el caso en el que el acto reclamado no requiere ejecución material, lo que da competencia al juez en cuyo distrito se haya presentado la demanda. De lo anterior, se aprecia que la intención del legislador al fijar la competencia de los jueces de distrito en función de la ejecución material de los actos reclamados, fue que el gobernado pueda acudir de inmediato al juez de distrito más cercano, que no puede ser otro que el del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, se haya ejecutado el acto reclamado, o bien, ante cualquiera de los jueces federales con competencia en los distritos, cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de uno de ellos o haya comenzado a ejecutarse en uno de y siga ejecutándose en otro, pues sólo de esa manera puede obtener una inmediata defensa contra el acto de autoridad, deteniendo la ejecución si el acto es de aquellos que por su naturaleza son suspendibles conforme a las prevenciones de la ley de la materia y a la jurisprudencia de los tribunales de la Unión; intención que queda de manifiesto con lo dispuesto en el último párrafo del precepto en cita, donde se establece que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. En este sentido, razonar sobre si un acto de autoridad requiere de ejecución material o no, depende de las consecuencias jurídicas que éste produzca; esto es, si es generador de un cambio en el estado de las cosas o en la situación jurídica o de hecho del particular; o, si por el contrario, no genera mutación en el ámbito fáctico o jurídico del gobernado. Así, cuando por virtud del acto de autoridad no ocurre ninguna modificación o cambio en la situación de hecho, o en la esfera jurídica del quejoso, se está en presencia de un acto de autoridad meramente declarativo; en cambio, si genera los cambios aludidos, se trata de un acto positivo o negativo con efectos positivos. Ahora, en el caso, el oficiante sustenta su falta de competencia en el hecho que el acto de molestia reclamado, al fin una orden de cambio de adscripción contenida en el oficio ******de la estación Tulancingo de Bravo, Hidalgo, a la Dirección General de Seguridad Procesal en la Ciudad de México, debe ejecutarse en la ciudad de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, que pertenece a este distrito judicial federal; ello, a partir de lo narrado por el impetrante, bajo protesta de decir verdad, respecto a que el lugar donde trabaja, se encuentra en esa localidad. La anterior conclusión en forma alguna se comparte, a fin de determinar la competencia legal que corresponde al presente asunto, debe atenderse de manera fundamental a la naturaleza del acto reclamado, lo que en la especie es: La emisión y la ejecución del oficio ******, de diecinueve de julio de dos mil veintidós, en donde se comunica el cambio de adscripción del quejoso ******, a la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional denominada Dirección General de Seguridad Procesal en la Ciudad de México. Mientras que de los antecedentes narrados en la demanda, el quejoso señaló que se venía desempeñando como elemento de la Guardia Nacional con el grado de OFICIAL GN, adscrito a la estación Tulancingo de Bravo, Hidalgo dependiente de la Coordinación de Batallón de Seguridad en carreteras e instalaciones Hidalgo de la Dirección General de Seguridad en carreteras e instalaciones a la Dirección General de Seguridad Procesal, hasta el dos de los actuales. Asimismo, que mediante oficio ******, de dos de agosto de dos mil veintidós, se le comunicó al impetrante de derechos el cambio de adscripción a la Dirección General de Seguridad Procesal con sede en la Ciudad de México; lo que pone de manifiesto la competencia territorial a favor del juzgado de Distrito en Ciudad de México, por ser la entidad en la que habrán de ejecutarse los actos reclamados. Sin que se pudiera considerar que el lugar donde se encentraba adscrito el quejoso, esto es, en la estación Tulancingo de Bravo, Hidalgo dependiente de la Coordinación de Batallón de Seguridad en carreteras e instalaciones Hidalgo de la Dirección General de Seguridad en carreteras e instalaciones a la Dirección General de Seguridad Procesal, sea el lugar donde se vaya ejecutar el acto reclamado, ya que el contenido del oficio ******, de dos de agosto de dos mil veintidós, informa que su ejecución será en la Ciudad de México, al comunicarse de manera expresa que su cambio de adscripción será en la Dirección General de Seguridad Procesal con sede en la Ciudad de México. ******En ese orden, tomando en consideración el oficio******, de dos de agosto de dos mil veintidós, el cual fue adjuntado a la demanda de derechos, así como los hechos manifestados por el quejoso bajo protesta de decir verdad, se pone de manifiesto que el juez competente para conocer del líbelo constitucional, es el que radica en el lugar donde deba tener ejecución el acto reclamado; siendo éste, en el que se ordenó el cambio de adscripción del peticionario, es decir, en la Ciudad de México. Motivos por los cuales este órgano jurisdiccional, disiente respetuosamente del criterio emitido por el homologo con sede en la Ciudad de México, y concluye que corresponde a dicho Juzgado de Distrito de esta última jurisdicción conocer del presente asunto, en razón de que la orden reclamada, tendrá efectos de ejecución material en esa ciudad. Lo anterior, porque no puede considerarse como acto de ejecución material del oficio reclamado el entonces lugar de adscripción; por el contrario, es evidente que es en la Ciudad de México, en donde tendrá ejecución el acto reclamado consistente en la readscripción del quejoso. Por lo que, la competencia para conocer del juicio de amparo en cuestión, se surte a favor del Juez de Distrito del lugar en donde se materializará la determinación contenida en el oficio ******, pues es ahí donde se ejecuta y produce consecuencias en el mundo fáctico. Sin que se pase por inadvertido, el hecho de que, el impetrante se encontrara adscrito a la estación Tulancingo de Bravo, Hidalgo dependiente de la Coordinación de Batallón de Seguridad en carreteras e instalaciones Hidalgo de la Dirección General de Seguridad en carreteras e instalaciones a la Dirección General de Seguridad Procesal, y por tanto la ejecución del oficio reclamado inició en el Estado donde este Juzgado Federal reside, pues como ha quedado precisado, los efectos del mismo se materializarán en la Ciudad de México, aunado a que fue ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México ante quien se presentó la demanda de amparo, en este caso sería el juez que previno. Similar criterio tuvo el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial ******de su índice, en cuya ejecutoria de veintitrés de junio de dos mil veintidós, consideró lo siguiente: "(.) De lo expuesto, esto es, del contenido de la demanda de amparo como de los hechos narrados por el quejoso, se advierte que se le ordenó el cambio de adscripción, con nuevas funciones en la Ciudad de México; circunstancia que evidencia la competencia territorial a favor del juzgado de Distrito en esta Ciudad, por ser la entidad en la que habrán de ejecutarse los actos reclamados. Sin que pueda considerarse que la ejecución del acto tendrá lugar en la adscripción del quejoso de las oficinas de la Guardia Nacional en Veracruz, por el contrario, el contenido del oficio ******, informa que su ejecución será en esta Ciudad, al comunicarse expresamente que su cambio será a la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, denominada Dirección General de Servicios Especiales, ubicada en la Alcaldía Iztapalapa de esta Ciudad. En tal sentido, teniendo en cuenta las constancias que obran en el sumario de amparo, como hechos manifestados bajo protesta de decir verdad en la demanda, se considera que el juez competente para conocer de la demanda de amparo promovida por ******, es el que radica en donde deba tener ejecución el acto reclamado; y, en el caso, se trata de aquél en el que se ordenó el cambio de adscripción del peticionario." (Lo resaltado es propio). De igual forma resolvió el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial ******de su índice, en ejecutoria emitida el dieciséis de junio de dos mil veintidós, en que sustancialmente precisó que si el quejoso se encuentra adscrito en la "ESTACIÓN ORIZABA DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE LA POLICÍA FEDERAL EN VERACRUZ" y en el oficio reclamado se ordena su cambio de adscripción a la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación, de la Coordinación de Administración y Finanzas ubicada en la Ciudad de México, es inconcuso que, corresponde al Juzgado de Distrito de esta última jurisdicción conocer del presente asunto, en razón de que la orden reclamada, tendrá efectos de ejecución material en dicha ciudad. Por lo que, con fundamento en los artículos 107, fracción VII del Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 párrafo primero y 48, ambos de la Ley de Amparo, así como en los Acuerdos Generales 43/2012, 3/2013, 28/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada por el juzgado oficiante. En ese orden de ideas, fórmese cuaderno de antecedentes y de inmediato devuélvase el expediente ******/2022-II al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, solicitándose acuse de recibo en el que se precise el sentido que recaiga a este acuerdo. Cúmplase
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