Alejandro Gallardo Cabiedes

Expediente 625/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
625/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
30/06/2021

Partes del expediente

  • Alejandro Gallardo Cabiedes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad de México, a treinta de junio de dos mil veintiuno. Del estado que guardan los autos, se desprende que el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Zona Norte, no ha dado cumplimiento con lo solicitado en autos, esto es, acreditar haber dado cabal cumplimiento a la sentencia de nulidad de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, emitida por la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad 13015/18-17-01-8 de su índice; así como la diversa ejecutoria dictada en el recurso de revisión 1/2019 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito En consecuencia, con fundamento en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE DE NUEVA CUENTA a la autoridad vinculada Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Zona Norte, para que dentro del término de DIEZ DÍAS remita las constancias en copia certificada con las que acredite haber dado cabal cumplimiento a la sentencia de nulidad de veintidós de agosto de dos mil diecinueve, emitida por la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad 13015/18-17-01-8 de su índice; así como la diversa ejecutoria dictada en el recurso de revisión 1/2019 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, lo cual se traduce, en otorgar la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios a la actora a partir del tres de febrero de dos mil tres aplicando a la pensión de la actora los incrementos respectivos desde esa fecha y hasta que se cumplimentara el fallo, debiendo pagar las diferencias que pudieran resultar, así como la gratificación anual que resultaran a favor de la entonces actora, tomando en consideración los recursos que en su caso la parte quejosa hubiere aportado al fondo de pensiones por lo menos en los quince años de servicio; o bien, para que dentro del mismo plazo, informe a esta juzgadora la razón objetiva y demostrable por la que no le es posible cumplir con ese requerimiento, acompañando en este caso las constancias que fehacientemente demuestren la verdad de su dicho. Asimismo, REQUIÉRASE al Delegado Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Zona Norte, en su carácter de superior jerárquico del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la Zona Norte (en el entendido que de no ser el superior jerárquico de la autoridad señalada como responsable, deberá informar a este órgano jurisdiccional quien ostenta ese carácter); para dentro del mismo plazo, demuestre ante esta juzgadora haber ORDENADO y CONMINADO a ésta el cumplimiento de la etapa del protocolo de que se trata, o bien, para que igualmente, y dentro del mismo plazo, informe y demuestre la razón objetiva que se lo impide. Cabe señalar a propósito de lo anterior, que la emisión de oficios y su comunicación a éste órgano jurisdiccional no basta para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de sentencia a cargo de los superiores jerárquicos de las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento del fallo protector, sino que deben demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer para constreñir a la autoridad a que cumpla. Las autoridades requeridas deberán exhibir copias certificadas de las constancias fehacientes que acrediten el cumplimiento del fallo protector y eventualmente su notificación a la parte quejosa. APERCIBIMIENTOS SE APERCIBE a las autoridades en mención, que de no dar cumplimiento a los requerimientos que anteceden, mediante las actuaciones descritas o mediante el informe de imposibilidad de referencia, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización. Asimismo, se apercibe a la autoridad responsable, vinculadas y superiores jerárquicos, que en caso de que se les imponga una multa por desacato, en términos de los artículos 192 y 193 en los términos precisados, también se remitirá el expediente en el que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en incidente de inejecución de sentencia, para que éste a su vez, en caso de considerarlo procedente, emita la resolución respectiva en relación con el incumplimiento de la ejecutoria de amparo y envíe los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico y de las autoridades vinculadas; además de la consignación ante el juez de distrito que corresponda por los delitos relacionados con el incumplimiento de una sentencia de amparo.

  2. Principal

    Ciudad de México, a uno de junio de dos mil veintiuno. . En consecuencia, con apoyo en los artículos 75, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, así como 79 y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y toda vez que este órgano jurisdiccional considera necesario tener la información idónea para resolver el presente asunto, líbrese atento oficio, a través de mensajería acelerada y por correo ordinario, al REPRESENTANTE INSTITUCIONAL PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE PARA EL TIPO SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA, para que, se sirva remitir a este Juzgado Federal dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, copia certificada, completa y legible de las constancias que guarden relación con el oficio UIEP/RIP/16-L/2018, de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho o bien, informe la imposibilidad jurídica que tuviera para dar cabal cumplimiento, para lo cual deberá acompañar las documentales que acrediten sus manifestaciones. Apercibido, que en caso de ser omiso al respecto, o no manifestar la imposibilidad jurídica que para ello tenga, se le impondrá, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley de Amparo, una multa hasta por cincuenta veces el valor diario de unidades de medida y actualización, por retrasar la integración del expediente en que se actúa. . En consecuencia, para dar tiempo a lo anterior y no violar las reglas que rigen el procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO para que tenga verificativo. . NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Ciudad de México, a cuatro de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito recibido vía electrónica, con evidencia criptográfica de firma del autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el quejoso; por medio del cual, en atención al proveído de uno de junio pasado, en el que se tuvo por inexistente a la autoridad señalada como responsable Director de Mantenimiento de Transición a la Guardia Nacional y se ordenó la suspensión de toda comunicación con ella, solicita se requiera nuevamente al Titular de la Unidad de Transición, para que señale quién fue la autoridad que asumió las facultades del Director de Mantenimiento en Transición a la Guardia Nacional. Atenta a lo anterior, no ha lugar a acordar favorablemente la petición del promovente, toda vez que en auto de uno de junio de dos mil veintiuno, se tuvo al Titular de la Unida de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pronunciándose respecto de dicha solicitud, ya que éste informó que en el Área de Apoyo Técnico, Enlace y Vinculación de dicha Secretaría no se cuenta con el cargo de Director de Mantenimiento en Transición a la Guardia Nacional, y que la Unidad de Transición depende de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana y no de la Guardia Nacional, por lo que a nada práctico se llegaría con requerir de nueva cuenta a dicha autoridad. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que en auto de veinte de mayo pasado, se concedió al Titular de la Unidad de Transición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una prórroga de diez días hábiles, para que dé cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintiséis de abril del año en curso. En consecuencia, para dar tiempo a lo anterior y no violar las reglas que rigen el procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo dicha audiencia.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL DICE: Ciudad de México, a veinte de mayo de dos mil veintiuno. SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO.

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