Alejandro Gabriel de Souza Coutiño Avila

Expediente 557/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
557/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
31/05/2021

Partes del expediente

  • Alejandro Gabriel de Souza Coutiño Avila

Actuaciones

  1. Principal

    Intégrese a los autos el oficio del Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la Republica en el Estado de México, por medio del cual, por las razones que ahí expone refiere la imposibilidad que tiene para designar perito en materia de topografía. Se requiere perito. En ese sentido, gírese atento oficio al Coordinador de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva proporcionar un perito en materia de topografía, en auxilio de la Justicia Federal. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá una multa consistente en . . .

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Alejandro Gabriel De Souza Coutiño Ávila, contra actos del Juez Quinto Civil de Primera Instancia en Tecámac, Estado de México y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refiere. III. Decisión sobre la instancia constitucional. Ahora bien, esta juzgado tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, que no se opone a las disposiciones de la Ley de Amparo aplicable; visible en la página 553; tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Sentado lo anterior, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Asimismo, el imperativo del artículo 113 de la ley de la materia, señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, entendiéndose por lo primero lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. Así, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo del que se desprende que la parte quejosa reclama: "a) Los autos de fecha 30 de abril del año 2021, así como el auto de fecha." Sentado lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, éste último interpretado en contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De lo anterior, se puede concluir que el juicio de amparo es procedente contra actos en juicio que se consideren de imposible reparación, es decir, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que, cuando los reclamados no sean de los considerados como tales, el juicio de amparo será improcedente, en términos de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, éste último interpretado en contrario sensu, de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con dichos preceptos legales, cuando no se trata de terceros extraños a juicio, el amparo indirecto sólo procede contra los actos intraprocesales que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ahora, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, define a los actos de imposible reparación, como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Al caso resulta aplicable, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), publicada en la página mil quinientos treinta y nueve, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6 (Mayo de 2014), Tomo III, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, Décima Época, materia común, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)." Al caso, resulta aplicable también, la jurisprudencia VI.1o.A. J/10 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página mil quinientos setenta, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6 (Mayo de 2014), Tomo III, Décima Época, materia común, que establece: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE)." Asimismo, se invoca por identidad jurídica, la tesis P./J.24/92, de la Octava Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, (Agosto de 1992), visible en página 11, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Resulta igualmente aplicable al caso, en lo conducente, la tesis I.13o.A.3 K, de la Novena Época, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, tomo XIII (Marzo de 2001), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta visible en la página 1742, que a la letra dice: "DERECHOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS, DIFERENCIA DE LOS, CUANDO SE TRATA DE ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." En ese contexto, para ser calificados como irreparables, los actos necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. En ese sentido, los actos que por esta vía reclama la parte quejosa, consistente en: El auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 44/2021, del índice del Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial de Ecatepec, con residencia en Tecámac, Estado de México, en el que se admite la prueba confesional a cargo del quejoso. El auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 44/2021, del índice del Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial de Ecatepec, con residencia en Tecámac, Estado de México, en el que el juez responsable, refirió que no había lugar a tener por interpuesto el recurso de apelación que intentó el aquí quejoso en contra del diverso auto de treinta de abril del año en curso. A consideración de esta juzgadora no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el estado mexicano forma parte. Esto es así, ya que el hecho de que la autoridad responsable haya admitido la prueba confesional a cargo del quejoso y no admitir el recurso contra esa determinación, no significa que la haya dejado en estado de indefensión. Por lo que, se está frente a actos que producen una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que pudiera ser reparada si la parte afectada - ofendida- (quien es parte en el juicio), obtiene sentencia favorable y, de no ser así, las cuestiones que ahora se plantean constituirían violaciones procesales reclamables en los términos del artículo 171 de la ley de la materia. En estas condiciones, sin prejuzgar sobre la legalidad o ilegalidad de los actos reclamados, resulta una violación procesal cuyos efectos se extinguen en el caso de obtener una resolución definitiva favorable en el juicio de origen, es decir, el perjuicio formal que le hubieran podido originar, desaparecerá de obtener una resolución favorable, dejando intacta la esfera jurídica de la parte quejosa, al no alterarse ningún derecho sustantivo con tal acto de autoridad. Sirve de apoyo la tesis aislada I.5o.P51 P (10a), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 1909, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, mayo de dos mil diecisiete, Décima Época, con número de registro 2014367, de rubro y texto siguientes: "ETAPA INTERMEDIA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE CONTROL QUE NIEGA EXCLUIR O INADMITIR MEDIOS DE PRUEBA EN DICHA FASE, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL NO CONSTITUIR UN ACTO EN JUICIO, CUYOS EFECTOS SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." -Lo resaltado no es de origen- De igual forma, resulta aplicable la II.3o.P.57 P (10a.), de la Décima Época, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, visible en la página 2662, cuyo rubro y texto refieren: "DESECHAMIENTO DE PRUEBAS EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. AL SER UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO TIENE UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE." Por tanto, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda presentada Alejandro Gabriel De Souza Coutiño Ávila, por ser notoriamente improcedente. . . . d) consulta electrónica. Asimismo, en cuanto a su solicitud de que se le autorice la consulta vía electrónica del presente juicio, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo en relación con el 18 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se le autoriza favorable la consulta del expediente electrónico, en la inteligencia que el acceso respectivo estará condicionado a que la firma en relación con la cual se otorgue la autorización respectiva, se encuentre vigente al momento de pretender ingresar al expediente de que se trate. La presente autorización para acceder al expediente electrónico surtirá efectos una vez que el presente proveído se integre al expediente. En el entendido de que la autorizada solo podrá consultar el proveído por esta vía cuando se le hubiere notificado el acuerdo correspondiente, en virtud de no haber solicitado expresamente la recepción de notificaciones vía electrónica. En consecuencia, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a que realice las gestiones necesarias a efecto de que el usuario "cari810321hdfsms02", pueda consultar el presente juicio de amparo vía electrónica. . . . VII. Copias y reproducción de constancias. a) Expedición de copias, se ordena la expedición a las partes hasta en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. VIII. Transparencia. con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes, que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada.

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