Alejandro Francisco Sánchez Yannini

Expediente 988/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
988/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
19/11/2021

Partes del expediente

  • Alejandro Francisco Sánchez Yannini

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el el proveído de tres de noviembre de dos mil veintiuno, en que se desechó la demanda de amparo, transcurrió del diez al diecisiete de noviembre de este año, ya que se notificó personalmente el ocho de dicho mes y año, sin contar los sábados y domingos y el quince de noviembre de este año, al ser inhábiles de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 18/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso b), del artículo 21, Capitulo Octavo, de dicho acuerdo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los artículos 21, 22, 23 y 24, todos del capítulo Octavo y 35, del capítulo Décimo Tercero, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de control físicos y electrónicos respectivos; y, una vez que transcurran tres años, destrúyase el expediente, debiéndose remitir el acta correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. NOTIFIQUESE.

  2. Principal

    Visto el escrito de demanda promovido por Alejandro Francisco Sánchez Yannini, contra el Juzgado Primero Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas en esta ciudad, respecto al acto consistente en la omisión de acordar el escrito de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, dentro del expediente 3033/2020. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 988/2021-II. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA Ahora bien, de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto el numeral en comento estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto el articulo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes, o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia, e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de acordar el escrito de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, dentro del expediente 3033/2020, mediante el cual solicitó que se actualicen las prestaciones económicas y que se comisione a un actuario para que en compañía del actor se le requiera el pago total de las prestaciones a la parte demandada. Así, se desprende que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el con el numeral 217 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." (Énfasis añadido). En efecto, del numeral primeramente citado se obtiene que la causa de improcedencia del juicio de amparo establecida en la fracción XXIII, debe derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la Ley de Amparo o de la Constitución; así, conforme al artículo 217 de la propia Ley de Amparo, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria y constituye la disposición legal a que alude dicha fracción. Apoya la anterior consideración, el criterio sustentado por la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA. Es correcto considerar que se surten los supuestos de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, si se invoca el artículo 193 bis de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, antes de sus últimas reformas (idéntico al 193 de la ley reformada), que se refiere a la obligatoriedad de observar la jurisprudencia establecida por este Alto Tribunal, e igualmente una tesis jurisprudencial, puesto que la indicada tesis jurisprudencial, relacionada con el artículo 193 bis de la ley en cita, constituye la "disposición legal" a que alude dicha fracción".2 Ahora, conforme al mencionado criterio jurisprudencial 2a./J. 33/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se está en presencia de actos contrarios a la prosecución en tiempo del trámite, debe atenderse a si en la especie existe una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, que pueda generar en este momento la excepción para acudir al juicio de amparo indirecto. En ese tenor, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Entonces, dado que del contenido integral de la demanda se advierte que el día veintiuno de octubre del año en curso, la parte quejosa presentó ante la responsable el escrito mediante el cual solicitó que se actualicen las prestaciones económicas y que se comisione a un actuario para que en compañía del actor se le requiera el pago total de las prestaciones a la parte demandada, dentro del expediente 3033/2020, del índice de la citada responsable, a su decir, sin que la responsable haya dictado el acuerdo al respecto; es evidente que dicho acto reclamado no tiene como efecto la paralización total del procedimiento. Lo anterior, ya que si bien el artículo 735, de la Ley Federal del Trabajo, establece que cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles, como sucede en el caso concreto; lo cierto es que en este asunto, no han transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales a partir de la fecha en la presento dicho escrito ante la responsable, pues desde el veintiuno de octubre del año en curso, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintiocho de octubre de dos mil veintiuno), han transcurrido siete días naturales. Por tanto, el acto reclamado por el promovente no se trata de una abierta demora del procedimiento o su paralización total, en virtud de que no transcurrieron los cuarenta y cinco días hábiles a que hace mención el numeral 772 de la Ley Federal del Trabajo, de lo que se deduce que la Junta responsable no incurrió en una dilación excesiva en la respuesta a la promoción de mérito. En tal virtud, es indubitable que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 217, de la misma legislación; por lo que, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la ley de la materia. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con admitir a trámite la demanda si se conoce desde un inicio que concluirá con un sobreseimiento, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Cabe destacar que con la determinación adoptada no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, pues quedan a salvo sus derechos para promover de nueva cuenta el juicio de amparo, ya que lo resuelto no es una causal de improcedencia definitiva y las dilaciones se generan a lo largo del tiempo. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala el promovente en su escrito de cuenta, y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Roxana Valenzuela Velázquez y Edgar Adali Caballero Coutiño; y, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la diversa persona mencionada en el ocurso de cuenta, por así haberlo solicitado. Información sobre el presente juicio; necesidad de agendar citas para presentarse al Juzgado de Distrito; y recepción de promociones. Se informa a las partes que en el Portal de Servicios en Línea https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ se encuentran disponibles las listas de acuerdos, además de información acerca de los expedientes a cargo de este Juzgado de Distrito. Solamente se permitirá el acceso a las partes a este Juzgado, previa cita. En la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/, encontrarán el micrositio "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y desahogar comparecencias o requerimientos. Asimismo, se ponen a disposición de las partes el teléfono (961) 6170207, extensión 1241 -en horario de lunes a viernes de 9:15 a 15:15 horas-, así como el correo electrónico jorge.escobar.hernandez@correo.cjf.gob.mx, que corresponden al secretario encargado del presente asunto, para solicitar información al respecto. Para la presentación de promociones relacionadas con el presente juicio, se encuentra habilitada la Oficialía de Partes Común (OPC), que se ubica en la entrada del edificio sede, con un horario de 9:00 a 14:00 horas. La Oficina de Correspondencia Común (OCC), recibirá promociones de término relacionadas con el presente asunto, fuera del horario de funciones de la OPC, hasta las 20:00 horas. Exhortación para continuar el trámite del presente juicio, "en línea"; y habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente juicio, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea, mediante el registro de su usuario, contraseña y firma electrónica. En la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ juicioenlinea/juicioenlinea, podrán encontrar información, tutoriales y soporte técnico vía telefónica o por correo electrónico, para solicitar su firma electrónica, presentación de promociones, consulta del expediente electrónico, consulta de notificaciones electrónicas, entre otras cuestiones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales correspondientes, practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias..

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