Alejandro Francisco Alarcón Estrada
Expediente 1952/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1952/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/01/2017
Partes del expediente
- Alejandro Francisco Alarcón Estrada
- Alejandro Francisco Alarcón Estrada y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto de desechamiento de demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
...Vista la demanda de cuenta, que promueve Alejandro ***** y María *****, ambos de apellidos ***** y Olga *****, regístrese bajo el número 1952/2016-V-A. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del estudio integral de la demanda y anexo que se adjunta, se advierte que los quejosos se duelen substancialmente de: La resolución de trece de diciembre del año en curso, por la cual se revoca el auto que deja sin efectos el turno para resolver el incidente de liquidación de costas judiciales, promovido en ejecución de sentencia dentro del juicio ejecutivo mercantil 566/2012. ESTUDIO DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y DESECHAMIENTO. Una vez precisado lo anterior, se estima que el presente juicio es improcedente, en atención a que se actualiza la causal que a continuación se detalla, y que estatuye el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, interpretada a contrario sensu, de la ley de la materia. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, señalando que es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara imposibilidad material o jurídica de darle cumplimiento, lo cual sirve de lineamiento para identificar cuál de las determinaciones que se dictan en el período de ejecución de sentencia, es factible de ser impugnada vía amparo indirecto, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. (.) Esto es, por regla las violaciones cometidas en los procedimientos de ejecución de sentencia deberán ser impugnadas hasta el dictado de la última resolución en dicho período, pudiéndose impugnar excepcionalmente los que se dicten en dicho segmento procesal siempre y cuando afecten derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Por tanto, el acto reclamado, de ninguna manera versa o tiene el carácter de ser la última resolución en ese procedimiento para los efectos de la procedencia de la acción constitucional; sino que se trata de actos previos y derivados de la propia ejecución de sentencia que se emiten para llevar a cabo su ejecución a fin de que se tenga por debidamente cumplimentado el fallo que resolvió el fondo de la controversia. Por lo que será hasta que se agote en su totalidad el procedimiento de ejecución y se dicte la última resolución, cuando sea procedente la acción de amparo donde podrán atacarse las violaciones que dentro de ese procedimiento consideren le hayan dejado sin defensa. En ese sentido, como la última resolución en el procedimiento de ejecución para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto ante los jueces de distrito, será aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Sin embargo, existen diversos procedimientos que se tramitan en la etapa de ejecución, en el caso, el incidente de liquidación de costas, que tiene la finalidad de traducir a un importe en dinero respecto a los gastos realizados durante la propia tramitación del juicio, incidente que se dirime después de la sentencia definitiva, que pueden impugnarse en el juicio de amparo con motivo de la resolución que les ponga fin, los cuales no guardan vinculación entre sí, aun y cuando se tramiten y resuelvan todos ellos durante la etapa de ejecución de sentencia; por lo que la procedencia del amparo en su contra, se rige siempre por la regla de que se promueva contra la última resolución dictada en cada uno de esos procedimientos, por lo que resulta factible impugnar las violaciones suscitadas durante la secuela procesal que los rige. Por tanto, será hasta que la responsable posteriormente a la diligenciación de las providencias pronunciadas para la ejecución de la sentencia, determine que se ha dado cabal cumplimiento a esa resolución; se declare la imposibilidad material o jurídica para hacerlo; o se ordene en forma definitiva el archivo del expediente del cual deriva el acto reclamado, cuando el peticionario de garantías esté en aptitud de atacar las violaciones que estime son transgresoras de sus derechos fundamentales en el procedimiento de ejecución. Apoya la anterior determinación, el criterio sustentado en la tesis I.1o.C.20 C., del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. PROCEDE EL AMPARO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE PONEN FIN A INCIDENTES Y PROCEDIMIENTOS AUTÓNOMOS TRAMITADOS CON POSTERIORIDAD A LA SENTENCIA DEFINITIVA. El procedimiento de ejecución de sentencia inicia una vez que el juicio ha concluido por sentencia definitiva y se integra por el mandamiento en el que el Juez ordena requerir al demandado que cumpla con la obligación establecida en la condena; en el caso de obligaciones de dar, la negativa de efectuar el pago motiva el embargo de bienes, su avalúo, la publicación de edictos para convocar postores y las audiencias de almoneda para concluir con la sentencia que aprueba el remate; de conformidad con lo anotado, la intelección del artículo 114, fracción III, último párrafo, de la Ley de Amparo, es en el sentido de que el juicio biinstancial de garantías sólo procede contra esa resolución; en cambio, el párrafo anterior de dicho dispositivo se refiere en términos más generales a todos los actos de ejecución de sentencia, respecto de los cuales se restringe la procedencia del juicio hasta el momento en que se dicte la última resolución y, junto con ella, podrán plantearse las violaciones cometidas durante ese procedimiento; esta disposición busca armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal, que también rigen en la etapa de ejecución de los juicios, con el derecho de los gobernados de someter al análisis constitucional todo acto de autoridad. Por esta razón, conviene distinguir los procedimientos que se tramitan en la etapa de ejecución, entre los que destacan el procedimiento de remate, identificado con la ejecución forzosa, que sólo pueden impugnarse en amparo cuando se dicta sentencia que lo aprueba o desaprueba; el incidente de liquidación de la condena, que tiene la finalidad de traducir a un importe en dinero la condena establecida en términos generales y abstractos o cualquier otro incidente o procedimiento suscitado después de la sentencia definitiva, que pueden impugnarse en el juicio de amparo con motivo de la resolución que les ponga fin, una vez agotado el principio de definitividad, los cuales no guardan vinculación entre sí, aun y cuando se tramiten y resuelvan todos ellos durante la etapa de ejecución de sentencia; por lo que la procedencia del amparo en su contra, se rige siempre por la regla de que se promueva contra la última resolución dictada en cada uno de esos procedimientos, pues dada su eventualidad y su autonomía, no existe razón para relacionarlos unos con otros, si bien en la misma demanda de amparo es factible impugnar las violaciones suscitadas durante la secuela procesal que los rige. (9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XV, Febrero de 2002; Pág. 953.) Así, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se surte de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, es procedente con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, desechar de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente. DOMICILIO. Practíquense las notificaciones a la parte quejosa en el domicilio que señala en su escrito de demanda, conforme al artículo 27, fracción I, de la ley de la materia. AUTORIZADOS. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. REPRESENTANTE COMÚN. Se tiene como representante común de los quejosos a Alejandro Francisco Alarcón Estrada, en términos del artículo 13 de la Ley de Amparo...
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