Alejandro Flores Vargas
Expediente 1411/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1411/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/01/2023
Partes del expediente
- Alejandro Flores Vargas
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, once de enero de dos mil veintitrés. I. Causa estado. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Se ordena archivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21, fracción b), del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. Otras consideraciones. Finalmente, se hace la aclaración que las partes no allegaron documentos que por sus características ameriten ser devueltos. Notifíquese; y mediante oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Se recibe informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable: Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la referida autoridad, con el que se ordena dar vista a las demás partes, para los efectos legales conducentes. II. Prueba. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la citada Ley, téngase como prueba de la autoridad oficiante, la documental que anexa a su misiva, sin perjuicio de su relación al momento de la celebración de la audiencia del presente expediente. III. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el informe justificado y constancias remitidas por la autoridad responsable, en atención el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en el presente asunto se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en la fracción XXI del precepto 61 de la Ley de Amparo, porque han cesado los efectos del acto reclamado, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" En torno a la figura de la cesación de efectos, se materializan dos hipótesis distintas que pueden actualizarse, a saber: 1) Por revocación, cuando los efectos desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. 2) Por sustitución, se actualiza al producirse un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del que se reclamó, cuya firmeza se da por la posterior actuación que la sustituyó, es decir, por la que constituye el objeto de análisis del juicio constitucional. Es aplicable a lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro 165870, visible en la página 1491, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Para resolver el presente asunto, se colige que se actualiza la segunda hipótesis de la cesación, relativa a la sustitución del acto reclamado, pues en la especie, aconteció una circunstancia que dejó sin efectos la omisión combatida en esta instancia constitucional. Se afirma lo anterior, en virtud de que el acto que señaló la parte quejosa como el reclamado al Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, lo es: " Único - De la autoridad responsable reclamo la OMISIÓN EN LA CONTINUIDAD DE LA ETAPA PROCESAL CONSISTENTE EN DESAHOGO DE PRUEBAS, sin que a la fecha se haya DICTADO el acuerdo, que determine la observancia sobre el principio de justicia pronta y expedita, configurándose las violaciones al artículo 14 y 16 que respalda mi derecho y que sin embargo es a la fecha que no se ha pronunciado mediante un acto de autoridad debidamente notificado en la continuación de la etapa procesal en cita, sin conocer las causas jurídica o el fundamento legal que justifique las violaciones constitucionales al derecho humano de una justicia pronta y expedita en consecuencia es que el silencio de la autoridad igualmente violenta lo establecido por lo dispuesto por los artículo 14 y 16 constitucional que asienta que todo acto de autoridad debe ser por escrito fundado y motivado. Así, el quince de diciembre de dos mil veintidós, el Tribunal responsable emitió acuerdo en el que proveyó lo relativo a la siguiente fase procesal del juicio laboral para dar continuidad al mismo, por lo que señaló fecha y hora para el desahogo de la CONFESIONAL CON INTERREOGATORIO LIBRE a cargo de la empresa demandada *****. y ordenó llevar a cabo las notificaciones respectivas. Así pues, es claro que, en la especie, han cesado los efectos del acto reclamado, ya que se emitió el auto que proveyó lo relativo al desahogo de los medios de pruebas ofertados por las partes; lo cual se reclamó como omisión de actuar en la presente instancia. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable no hubiere remitido la constancia de notificación a las partes de lo antes descrito, ya que dicha omisión, en su caso, no varía el acto omisivo reclamado por el aquí quejoso, sino que en todo caso, ello sería una violación intraprocesal por falta de notificación, diversa al acto que motivó el presente juicio de amparo, mismo que no fue integrado a la Litis del presente asunto, al margen de que sería improcedente su estudio al poderse analizar mediante un medio de defensa ordinario como el incidente de nulidad de notificación o actuaciones. Por lo que se concluye que, en el momento procesal correspondiente, de conceder el amparo en contra de dicha determinación, existiría la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del amparo, que es obtener la reparación del derecho violado, a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la ley que rige el juicio constitucional, dado que la omisión ya venció. Resulta aplicable a lo expuesto la tesis número 2a./J. 59/99, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo anterior, se colige que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, de la citada legislación. De este modo, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Sin que por otro lado, el sentido de lo anteriormente determinado, implique detrimento al derecho de acceso a la justicia de la parte solicitante del amparo, toda vez que la obligación constitucional de procurar la existencia de un recurso judicial efectivo respecto de la cuestión intentada, en modo alguno constriñe que deba ser resuelta de manera favorable a su pretensión, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, en términos del artículo 1º Constitucional, ya que en modo alguno se puede dar cabida a una interpretación más favorable que lo permitido en el marco constitucional, pues ello se ve condicionado al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y procedencia de éstos, que si no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, no pueden hacerse jurídicamente viables cuando no lo son. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J.104/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 906, del Libro XXV, Octubre de 2013 Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004748, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes". Asimismo, es ilustrativa la tesis CXCVIII/2014 sustentada por la citada Primera Sala, publicada el 23 de mayo de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2006472, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones". Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, EL AVISO DE 19/12/2022, QUE CONTIENE LA RESOLUCION DE 16/12/2022, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Se recibe informe justificado. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable: Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la referida autoridad, con el que se ordena dar vista a las demás partes, para los efectos legales conducentes. II. Prueba. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la citada Ley, téngase como prueba de la autoridad oficiante, la documental que anexa a su misiva, sin perjuicio de su relación al momento de la celebración de la audiencia del presente expediente. III. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el informe justificado y constancias remitidas por la autoridad responsable, en atención el estado procesal que guardan los autos, se advierte que en el presente asunto se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en la fracción XXI del precepto 61 de la Ley de Amparo, porque han cesado los efectos del acto reclamado, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" En torno a la figura de la cesación de efectos, se materializan dos hipótesis distintas que pueden actualizarse, a saber: 1) Por revocación, cuando los efectos desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. 2) Por sustitución, se actualiza al producirse un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del que se reclamó, cuya firmeza se da por la posterior actuación que la sustituyó, es decir, por la que constituye el objeto de análisis del juicio constitucional. Es aplicable a lo anterior, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro 165870, visible en la página 1491, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Para resolver el presente asunto, se colige que se actualiza la segunda hipótesis de la cesación, relativa a la sustitución del acto reclamado, pues en la especie, aconteció una circunstancia que dejó sin efectos la omisión combatida en esta instancia constitucional. Se afirma lo anterior, en virtud de que el acto que señaló la parte quejosa como el reclamado al Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, lo es: " Único - De la autoridad responsable reclamo la OMISIÓN EN LA CONTINUIDAD DE LA ETAPA PROCESAL CONSISTENTE EN DESAHOGO DE PRUEBAS, sin que a la fecha se haya DICTADO el acuerdo, que determine la observancia sobre el principio de justicia pronta y expedita, configurándose las violaciones al artículo 14 y 16 que respalda mi derecho y que sin embargo es a la fecha que no se ha pronunciado mediante un acto de autoridad debidamente notificado en la continuación de la etapa procesal en cita, sin conocer las causas jurídica o el fundamento legal que justifique las violaciones constitucionales al derecho humano de una justicia pronta y expedita en consecuencia es que el silencio de la autoridad igualmente violenta lo establecido por lo dispuesto por los artículo 14 y 16 constitucional que asienta que todo acto de autoridad debe ser por escrito fundado y motivado. Así, el quince de diciembre de dos mil veintidós, el Tribunal responsable emitió acuerdo en el que proveyó lo relativo a la siguiente fase procesal del juicio laboral para dar continuidad al mismo, por lo que señaló fecha y hora para el desahogo de la CONFESIONAL CON INTERREOGATORIO LIBRE a cargo de la empresa demandada *****. y ordenó llevar a cabo las notificaciones respectivas. Así pues, es claro que, en la especie, han cesado los efectos del acto reclamado, ya que se emitió el auto que proveyó lo relativo al desahogo de los medios de pruebas ofertados por las partes; lo cual se reclamó como omisión de actuar en la presente instancia. Sin que sea obstáculo a lo anterior, el hecho de que la autoridad responsable no hubiere remitido la constancia de notificación a las partes de lo antes descrito, ya que dicha omisión, en su caso, no varía el acto omisivo reclamado por el aquí quejoso, sino que en todo caso, ello sería una violación intraprocesal por falta de notificación, diversa al acto que motivó el presente juicio de amparo, mismo que no fue integrado a la Litis del presente asunto, al margen de que sería improcedente su estudio al poderse analizar mediante un medio de defensa ordinario como el incidente de nulidad de notificación o actuaciones. Por lo que se concluye que, en el momento procesal correspondiente, de conceder el amparo en contra de dicha determinación, existiría la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del amparo, que es obtener la reparación del derecho violado, a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la ley que rige el juicio constitucional, dado que la omisión ya venció. Resulta aplicable a lo expuesto la tesis número 2a./J. 59/99, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo anterior, se colige que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio de amparo, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, de la citada legislación. De este modo, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Sin que por otro lado, el sentido de lo anteriormente determinado, implique detrimento al derecho de acceso a la justicia de la parte solicitante del amparo, toda vez que la obligación constitucional de procurar la existencia de un recurso judicial efectivo respecto de la cuestión intentada, en modo alguno constriñe que deba ser resuelta de manera favorable a su pretensión, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, en términos del artículo 1º Constitucional, ya que en modo alguno se puede dar cabida a una interpretación más favorable que lo permitido en el marco constitucional, pues ello se ve condicionado al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y procedencia de éstos, que si no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, no pueden hacerse jurídicamente viables cuando no lo son. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J.104/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 906, del Libro XXV, Octubre de 2013 Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004748, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes". Asimismo, es ilustrativa la tesis CXCVIII/2014 sustentada por la citada Primera Sala, publicada el 23 de mayo de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2006472, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones". Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, ocho de diciembre de dos mil veintidós. I. Autoridad informa. Agréguese a los autos el oficio suscrito en representación de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de veintinueve de noviembre del año en curso, informa que se encuentra a disposición de la parte quejosa el monto que conforme a la concesión de amparo otorgada le corresponde, para lo cual deberá acudir a las instalaciones de la responsable a recoger la referencia bancaria, a fin de retirar el numerario en la institución bancaria que refiere. II. Vista. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexos de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, se efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente. III. Se hace conocimiento de la parte quejosa. Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa, que deberá acudir a la brevedad a las instalaciones de la autoridad exactora ubicado en Avenida Constituyentes Oriente, número 10, primer piso, Colonia Centro, código postal 76000, de esta ciudad, con la finalidad de que le sea entregada la referencia bancaria correspondiente. Se hace la precisión que la autoridad de mérito refiere que derivado del fenómeno de salud pública emanado del virus COVID-19, la entrega de la mencionada referencia se realizará únicamente mediante cita previa, la cual puede ser agendada en la dirección electrónica https://procuraduriafiscal.queretaro.gob.mx/citas/, en el horario de nueve a trece horas, de los días martes y jueves hábiles, para lo cual deberá acompañar identificación oficial y copia de la misma. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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- Alejandro Flores Ángeles816/2014
- Alejandro Flores Eslava467/2019
- Alejandro Flores Eslava689/2019
- Alejandro Gabriel Najera Martínez183/2016
- Alejandro García Jiménez1658/2016
- Alejandro García Vidales423/2015
- Alejandro Gil Diaz-González1186/2021
- Alejandro Gómez Chavez613/2015
- Alejandro Gómez Espinoza Martínez429/2018