Alejandro Flores Vargas
Expediente 679/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 679/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 27/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alejandro Flores Vargas
- Juez de Control Y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio Y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. 1. EJECUTORIA. De la certificación secretarial de cuenta, se desprende que, transcurrió el término legal de que disponía la parte quejosa, a fin de recurrir la sentencia definitiva, sin que lo hubieran hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. Tomando en consideración que de la certificación secretarial que antecede, se advierte que el presente expediente físico coincide en su totalidad con el electrónico; por tanto, se orden el archivo definitivo, motivo por el cual deberá entregar en su totalidad el área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1 Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Mediante resolución de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se NEGÓ la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. 3.1. DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en la fracción III, del punto vigésimo del capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 4. CONSTANCIA. Toda vez que no se agregarán a este expediente los cuadernos incidentales, la anterior valoración y orden de archivo hágase constar en éstos, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido del secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.
- Principal
E R E S U L T A N D O: PRIMERO. DE LA DEMANDA. Mediante ocurso presentado el cuatro de noviembre de dos mil veintidós (fojas 3 a 11), en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad,********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra el acto de las autoridades que hizo consistir esencialmente en la orden de aprehensión, detención, comparecencia o citación librada en su contra, y su ejecución. El promovente expuso que se violaron sus derechos humanos reconocidos en los artículos 1º, 14, 16 y 22 de la Constitución Federal, así como los diversos 5 y 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. El cuatro de noviembre del año próximo pasado, se turnó la demanda de que se trata, a este órgano de control constitucional, y en proveído de esa misma data (fojas 13 a 21), se registró con número de expediente 679/2022; se admitió a trámite, únicamente por lo que respecta a los actos consistentes en la orden de aprehensión, detención, comparecencia o citación, librada en contra del quejoso, y su ejecución, y se desechó por los restantes actos reclamados; se solicitaron los informes con justificación a las autoridades señaladas como responsables, únicamente respecto de los actos ahí precisados; se dio la intervención que compete al Fiscal de su adscripción; y, señaló hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró en los términos del acta que antecede. TERCERO. INEXISTENCIA DE AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. Por acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintidós (fojas 31 a 32), en atención a la razón actuarial del ministro notificador adscrito a este órgano de control constitucional, en la que se hizo constar la imposibilidad que tuvo para entregar los siguientes oficios a las autoridades responsables: OFICIO AUTORIDAD RESPONSABLE 18935/2022 Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo. 18936/2022 Agente del Ministerio Público del Área de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo. Toda vez que el personal de la Fiscalía Regional con sede en esta ciudad, comunicó que en dicha dependencia no existían las autoridades con las denominaciones señaladas por la parte quejosa. Se ordenó dar vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto de la inexistencia de las referidas autoridades. En proveído de diecisiete de noviembre del año en curso (fojas 45 a 46), al no haberse desahogado la vista respectiva por parte de la quejosa, se tuvo a las precitadas autoridades como inexistentes y se ordenó suspender toda comunicación con ellas. En mérito de lo expuesto, se estima innecesario realizar pronunciamiento respecto de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables, ya que su inexistencia fue determinada en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, por lo que la litis constitucional no se integró en relación con ellas. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1ª./J. 111/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual dispone: "AUTORIDAD RESPONSABLE INEXISTENTE. SI EL JUEZ LA TIENE CON ESE CARÁCTER ANTES DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, NO PROCEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE SE LE ATRIBUYEN. Si durante la tramitación del juicio de garantías el juzgador tiene por inexistente a una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia constitucional, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados que se le atribuyen, pues con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia constitucional, pues en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente." Finalmente, en esta misma data, se llevó a cabo la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción II, y 56, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, toda vez que la parte quejosa, reclama actos con posible ejecución en esta ciudad, lugar en donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que el quejoso reclama: Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Uruapan, Michoacán de Ocampo; y, Director de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo, en su denominación correcta. La orden de aprehensión, detención, comparecencia o citación librada en su contra. Del Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo. La ejecución de las citadas órdenes. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Debe precisarse que uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, cuenta habida que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. La ley de la materia, según la interpretación de sus artículos 63, fracción IV, 117 y 124, establece tres vías para acreditar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa, la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables, y la última, aunque más usual, es el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su conducta. En caso que las autoridades nieguen la existencia del acto reclamado, se debe analizar la naturaleza del mismo para estar en condiciones de determinar a quién le corresponde la carga de la prueba. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Existen tres reglas en relación a la carga de la prueba dependiendo de la naturaleza del acto reclamado: 1.- Tratándose de actos positivos, esto es, los que implican un hacer por parte de la autoridad, la negativa simple libera a quien la fórmula de la necesidad de probarla, pues no es factible demostrar lo que se ha negado; 2.- Por otra parte, cuando la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí está obligado a justificarla, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2; y, 3.- Finalmente, tratándose de actos negativos y aquella a quien se atribuyen los niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en posibilidad de probar la omisión. En ese orden de ideas, no son ciertos los actos reclamados en la presente instancia constitucional. El quejoso reclama del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Uruapan, Michoacán de Ocampo y, del Director de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo, en su denominación correcta, la supuesta orden de aprehensión, detención, comparecencia o citación, dictada en contra del solicitante de amparo; mientras que del Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo, su ejecución. Al respecto, las referidas autoridades responsables al rendir sus informes con justificación (fojas 35, 36 y 37), negaron los actos que de ellas reclama el quejoso. En esas condiciones, al tratarse de actos positivos, respecto de los cuales las citadas autoridades, al rendir sus informes con justificación negaron su existencia, correspondía al quejoso acreditarlos, sin que haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara esa negativa, no obstante que se dio vista con los mismos, como se advierte a foja 38. En efecto, dentro de las constancias que obran en el presente juicio de garantías no se advierte la presencia de medio de convicción, del que se desprenda que efectivamente se haya girado orden de aprehensión, detención, comparecencia o citación, en contra del quejoso, ya que no se ofreció ni desahogó medio de convicción alguno, para acreditar ese extremo. Luego, si las autoridades responsables negaron los actos que se les atribuyen, argumentando que no son ciertos los actos reclamados por el quejoso, entonces la carga de la prueba recae sobre el solicitante de amparo, de modo que, al no hacerlo, la negativa de las autoridades no fue desvirtuada. Tiene aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo interpretada, y el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, la tesis jurisprudencial 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos reclamados que se les atribuyen, y los quejosos, no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." Y, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 748, tomo XC, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega haber ejecutado el acto que se le atribuye, la carga de la prueba recae sobre el quejoso, pues es de explorado derecho que cuando las autoridades responsables niegan los actos reclamados, su afirmación debe tenerse por verídica, mientras el afectado no rinda pruebas suficientes y bastantes para destruir la negativa, pues de lo contrario, debe sobreseerse en el juicio, sin estudiar otras cuestiones que únicamente podrían tratarse en el supuesto de que estuviera demostrado la existencia del acto reclamado." En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, por ser una cuestión de estudio preferente, como ya se precisó, ello impide entrar al estudio de los conceptos de violación planteados por el quejoso, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." ALEGATOS. Finalmente, no es el caso realizar pronunciamiento sobre los alegatos formulados por el agente del Ministerio Público de la Federación, porque el órgano jurisdiccional, no se encuentra constreñido a hacerlo, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de amparo, el informe justificado y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Tiene aplicación, el criterio de rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO". Así como, la jurisprudencia publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable a página 14, que establece: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." CUARTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por********************, contra los actos reclamados de las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el correlativo tercero. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
En treinta de noviembre de dos mil veintidós, se da cuenta al Juez, con un escrito, registrado bajo el folio 15564. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta de noviembre de dos mil veintidós.********************Incorpórese al sumario el escrito del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; en su atención, téngasele formulando nuevos alegatos que a esa representación social corresponden, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional.********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe.
- Incidental
VISTOS; y, RESULTANDO: PRIMERO. Solicitud de suspensión. En su demanda de amparo, Alejandro Flores Vargas, solicitó la suspensión del acto reclamado. SEGUNDO. Trámite. El incidente se tramitó por su cauce legal y la audiencia de ley fue celebrada en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente, con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Federal, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; ya que la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que deriva del juicio de amparo. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el caso, la parte quejosa reclama de las autoridades responsables la orden de aprehensión, detención, comparecencia o citación librada en su contra, y su ejecución. TERCERO.- Inexistencia de autoridades señaladas como responsables. Por acuerdo de ocho de noviembre de dos mil veintidós, vista la razón actuarial de la que se desprendía la imposibilidad de entregar los siguientes oficios a las autoridades responsables: OFICIO AUTORIDAD RESPONSABLE 18940/2022 Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo. 18941/2022 Agente del Ministerio Público del Área de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Michoacán de Ocampo. Lo anterior, en virtud de que el personal de la Fiscalía Regional con sede en esta ciudad, le comunicó al actuario adscrito a este órgano de control constitucional, que al no ir dirigidos los oficios para una mesa en específico, no existen las autoridades con las denominaciones señaladas por la parte quejosa, en dicha dependencia. En esas condiciones, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto de la inexistencia de las referidas autoridades. Ahora bien, en proveído de diecisiete de noviembre del año en curso, se tuvo a las precitadas autoridades como inexistentes y se ordenó suspender toda comunicación con ellas, toda vez que la parte quejosa no manifestó nada, respecto a la inexistencia de las mismas. En mérito de lo expuesto, se estima innecesario realizar pronunciamiento respecto de los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, ya que su inexistencia fue determinada en el referido proveído. CUARTO. Norma, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables: Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán de Ocampo; Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo; y, Director de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán de Ocampo. Puesto que, al rendir sus respectivos informes previos, negaron la existencia de dichos actos, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna que hubiese desvirtuado tal negativa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la suspensión definitiva, al no existir materia sobre la cual, en su caso, decretar dicha medida cautelar . Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se niega a Alejandro Flores Vargas, la suspensión definitiva, en los términos del considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con los artículos del 52 Octies al 52 Duodecies del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Iván Paredes Escobar, quien da fe
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