Alejandro Flores Aguilar

Expediente 395/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 7 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
395/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
20/04/2023

Partes del expediente

  • Alejandro Flores Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiese recurrido el auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, por lo que con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho acuerdo ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. II. Orden de archivo. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. Por tanto, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del mencionado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del referido manual, en razón de que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se decretó el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia constitucional. IV. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas y valoración en la carátula del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por el Presidente y la Secretaria de Acuerdos adscritos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Durango, por medio del cual y en cumplimiento al proveído de catorce de marzo del presente año, remite copia certificada del escrito de once de octubre de dos mil veintidós, presentado por la parte quejosa ante la referida autoridad y el diverso acuerdo que recayó en tres de marzo de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral 302/2014. II. Sobresee fuera de audiencia. Ahora, revisadas las actuaciones que integran el presente juicio, así como las constancias remitidas por la mencionada autoridad responsable, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro, como se advierte a continuación: a. Fijación de la litis. Primeramente, debe establecerse qué es lo reclamado en la demanda de garantías, de lo que se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: Las falta de respuesta, acuerdo o pronunciamiento respecto de la solicitud o promoción presentada el once de octubre de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 302/2014. b. Cesación de efectos. Tocante a los actos reclamados en esta vía, se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual estatuye el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de garantías. En este orden, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado que por cesación de efectos se entiende cuando éstos se destruyan de manera total, incondicional e inmediata, esto es, aunque en algún momento entraron a la esfera jurídica del gobernado, desaparecen de tal manera como si nunca lo hubiesen hecho y con ello se vuelve al estado que tenían antes de dicha violación, originándose un resultado similar al de la sentencia protectora conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. Para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En el caso, el acto reclamado se hizo consistir, esencialmente, en la falta de pronunciamiento respecto de la solicitud o promoción presentada el once de octubre de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 302/2014, en la que el quejoso solicitó la aclaración de la ejecución del laudo respecto de la persona de nombre María del Rosario Medina Azcona, por ser esta la propietaria del inmueble donde se ubica la fuente de trabajo demandada, ello de conformidad con el certificado de gravamen del veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Ahora, de las constancias allegadas por el Presidente y la Secretaria de Acuerdos adscritos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Durango, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que mediante proveído del tres de marzo de dos mil veintitrés, se acordó la petición realizada por el quejoso y atendiendo a lo solicitado, la responsable determinó que de autos no se aprecia quien es el responsable de la fuente de trabajo demandada, aunado a ello, refiere que de la documental referida por el quejoso (certificado de gravamen), en la que se asienta que el inmueble donde se ubica la fuente de trabajo es propiedad de María del Rosario Medina Azcona, no obra del referido juicio laboral. Aunado a ello y dadas las manifestaciones del Director del Registro Público de la Propiedad, al no existir certeza de quien es el responsable de la fuente de trabajo, la responsable determinó encontrarse impedida para solicitar realizar la inscripción sobre el bien embargado. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que como se estableció, la falta de respuesta a efecto de acordar su petición de la que se duele la parte quejosa en su demanda de amparo, dejó de existir al momento en que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Durango, acordó la petición realizada en once de octubre de dos mil veintidós por el aquí quejoso. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Bajo esa tesitura, al surtirse la mencionada causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. III. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos las diez horas del once de abril de dos mil veintitrés, para el desahogo de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    CITATORIO PARTE QUEJOSA. ACUERDO DE 23/03/2023. éngase por recibido el oficio signado por el Presidente y la Secretaria de Acuerdos adscritos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Durango, por medio del cual y en cumplimiento al proveído de catorce de marzo del presente año, remite copia certificada del escrito de once de octubre de dos mil veintidós, presentado por la parte quejosa ante la referida autoridad y el diverso acuerdo que recayó en tres de marzo de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral 302/2014. II. Sobresee fuera de audiencia. Ahora, revisadas las actuaciones que integran el presente juicio, así como las constancias remitidas por la mencionada autoridad responsable, se advierte que ha sobrevenido una causal de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro, como se advierte a continuación: a. Fijación de la litis. Primeramente, debe establecerse qué es lo reclamado en la demanda de garantías, de lo que se advierte que lo controvertido en lo substancial resulta ser: Las falta de respuesta, acuerdo o pronunciamiento respecto de la solicitud o promoción presentada el once de octubre de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 302/2014. b. Cesación de efectos. Tocante a los actos reclamados en esta vía, se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual estatuye el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de garantías. En este orden, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado que por cesación de efectos se entiende cuando éstos se destruyan de manera total, incondicional e inmediata, esto es, aunque en algún momento entraron a la esfera jurídica del gobernado, desaparecen de tal manera como si nunca lo hubiesen hecho y con ello se vuelve al estado que tenían antes de dicha violación, originándose un resultado similar al de la sentencia protectora conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tal y como lo sustenta la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar la violación de derechos fundamentales que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. Para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En el caso, el acto reclamado se hizo consistir, esencialmente, en la falta de pronunciamiento respecto de la solicitud o promoción presentada el once de octubre de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral 302/2014, en la que el quejoso solicitó la aclaración de la ejecución del laudo respecto de la persona de nombre María del Rosario Medina Azcona, por ser esta la propietaria del inmueble donde se ubica la fuente de trabajo demandada, ello de conformidad con el certificado de gravamen del veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Ahora, de las constancias allegadas por el Presidente y la Secretaria de Acuerdos adscritos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Durango, se advierte que han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que mediante proveído del tres de marzo de dos mil veintitrés, se acordó la petición realizada por el quejoso y atendiendo a lo solicitado, la responsable determinó que de autos no se aprecia quien es el responsable de la fuente de trabajo demandada, aunado a ello, refiere que de la documental referida por el quejoso (certificado de gravamen), en la que se asienta que el inmueble donde se ubica la fuente de trabajo es propiedad de María del Rosario Medina Azcona, no obra del referido juicio laboral. Aunado a ello y dadas las manifestaciones del Director del Registro Público de la Propiedad, al no existir certeza de quien es el responsable de la fuente de trabajo, la responsable determinó encontrarse impedida para solicitar realizar la inscripción sobre el bien embargado. Ante tales circunstancias, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, en virtud de que como se estableció, la falta de respuesta a efecto de acordar su petición de la que se duele la parte quejosa en su demanda de amparo, dejó de existir al momento en que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Durango, acordó la petición realizada en once de octubre de dos mil veintidós por el aquí quejoso. Tiene vigencia sobre el particular, la tesis siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Bajo esa tesitura, al surtirse la mencionada causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. III. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado, se deja sin efectos las diez horas del once de abril de dos mil veintitrés, para el desahogo de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por el actuario adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango, por medio del cual remite el diverso oficio firmado por la responsable Presidente y Secretaria de Acuerdos adscritos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Durango, por la cual acompañaron copia certificada del auto de tres de marzo de la presente anualidad y, mediante la cual se acordó la petición efectuada por la parte quejosa el once de octubre de dos mil veintidós, ello dentro del expediente laboral 302/2014, de su índice administrativo. II. Requerimiento. Ahora, del análisis del contenido de las referidas constancias y de las diversas que obran en autos, se advierte que no se encuentra glosada el escrito del once de octubre dos mil veintidós, presentada por el quejoso Alejandro Flores Aguilar ante la aludida Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Durango y de la cual dicha autoridad responsable manifiesta haber acordado lo conducente. En razón de lo anterior, ante la actualización de una causal de improcedencia misma que es de orden oficioso y estudio preferente, requiérase a la referida autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, remita a este órgano jurisdiccional copia certificada completa y legible de la petición realizada por el quejoso con fecha once de octubre de dos mil veintidós,. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que bajo el número 163/2005 aparece publicada en la página 319, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXIII, enero de 2006, Materia Común, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL" III. Apercibimiento. Se le apercibe que de no hacerlo así, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción. Notifíquese.

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