Alejandro Fidel Parra Roa
Expediente 1237/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1237/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 22/11/2023
Partes del expediente
- Alejandro Fidel Parra Roa
- Víctor Tafolla N y Otros.
- Miguel Alfonso Félix Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. estado de autos Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy, las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. En acatamiento al artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; por lo que, una vez que transcurran tres años de archivado el presente expediente, es susceptible de ser CONSERVABLE, ya que si bien se sobreseyó en el juicio, también existe proveído en el que se concedió la suspensión de plano; empero, carece de relevancia documental.
- Principal
S E N T E N C I A: Mediante la cual se resuelven los autos del juicio de amparo número 1237/2023-II-A; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN Y DATOS DE LA DEMANDA. Por escrito depositado el once de agosto de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México; ++++++++++,++++++++++,++++++++++,++++++++++, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad y actos reclamados siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES.- Tiene ese carácter el sr. IV.- ACTO RECLAMADO.- Se reclama del sr. ostigamiento (sic) en el Trato diario, golpes con el puño cerrado patadas, extorciones diarias, malos tratos, palos, dirigente de grupo de poder, Tortura física, y psicológica, en contra de los suscritos dentro de la estancia Dormitorio N.10, Pacillo (sic) N.4, celda 13." Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, que radicó la demanda con el número 1237/2023-II-A, concedió la suspensión de plano respecto a los actos reclamados y se previno a los quejosos para que realizaran lo siguiente: Señalen con claridad a la autoridad y/o autoridades a las que les reclaman los actos, pues de su demanda de cuenta no se advierte lo anterior. Asimismo, de dicho ocurso inicial se menciona a ++++++++++ quien es el que materializa los actos reclamados sin embargo, no se advierte el carácter que tiene dentro de dicho centro carcelario, es decir, si éste es funcionario adscrito a dicho centro preventivo o bien, si se trata de algún interno.. Lo anterior, genera incertidumbre sobre a quién o quienes se les atribuyen los actos reclamados, por lo que deberá precisar porque acto u actos pretende promover en la presente instancia." Así, el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el escrito firmado por la defensora pública de los quejosos, por medio del cual, pretendieron desahogar la prevención precisada en párrafos anteriores; no obstante, sólo firmaron el desahogo ++++++++++ y ++++++++++, no así ++++++++++y++++++++++, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento con que se les conminó el once de agosto de dos mil veintitrés, y se tuvo por no presentada la demanda de amparo por cuanto hace a los quejosos -++++++++++y++++++++++- Del escrito en mención, se advierte que en contra de las autoridades, reclamaron los siguiente: Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México lo es la Omisión de salvaguardar la integridad de los suscritos quejosos en nuestro actual Centro de Reclusión al omitir implementar medidas que garanticen nuestros derechos en el Centro de Reclusión y permitir que seamos objeto de malos tratos y extorsiones por parte del personal de custodia penitenciario y d otros internos y que pone en riesgo nuestra integridad personal dentro de este Centro de Reclusión. Jefe de Custodia Penitenciaria del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México lo es la omisión de supervisar que los elementos de custodia penitenciario a su cargo desempeñen las actividades que les son encomendadas y permitirles ejerzan malos tratos, amenazas y extorsiones a los suscritos quejosos, específicamente a los jefes de turno que ejercen actos de autoridad de manera arbitraria. Elemento de Custodia Penitenciaria del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México de Nombre Amado Plata N. quien funje (sic) como jefe de turno n este Centro Carcelario los es los malos tratos, amenazas, extorsiones y tortura, que ejerce sobre los suscritos así como la omisión d atender los reportes que de manera verbal hemos puesto en su conocimiento sobre actos que recibimos de otros internos así como la omisión de reportarlo en su parte de novedades de cada turno. Interno de nombre ++++++++++los es los malos tratos, amenazas, extorsiones, golpes que de manera contante ejerce contra los suscritos al solicitarnos dinero para doder (sic) dejarnos dormir dentro de la celda 13 del pasillo 4 del dormitorio 10 por lo cual supuestamente pagó al Centro de Penitenciario específicamente al jefe de turno Amado Plata N. 2.- Precisar que el carácter que tiene ++++++++++se precisa que el mismo tiene el carácter de persona privada de liberta en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México, quien ejecuta lo actos reclamados en conjunto con el jefe de turno Amado Plata N y quienes agreden de manera frecuente a los suscritos y que son constitutivos de delio en nuestro perjuicio, solicitando se de intervención al Agente del Ministerio Público adscrito para la integración de la investigación correspondiente. " Considerando vulnerados su derecho fundamental consagrado en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DE LA DEMANDA. Una vez ratificada la demanda, por auto de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, respecto al acto reclamado al interno de nombre ++++++++++, se desechó parcialmente la demanda y se admitió a trámite por ++++++++++ y ++++++++++ en cuanto a las diversas autoridades y actos, se requirió el informe de ley y se ordenó notificar al representante social adscrito. Seguido el juicio por sus etapas, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 103, fracción I, en relación con el diverso 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformado el siete de junio de dos mil veintiuno; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud que el acto reclamado se atribuye a una autoridad con residencia dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce su competencia. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y AUTORIDADES RESPONSABLES. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XIX, del mes de abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto" De la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que obran en el expediente, se obtiene que la parte quejosa reclama del Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México y Jefe de Custodia Penitenciaria, ambos de su adscripción, lo siguiente: Omisión de salvaguardar la integridad de los quejosos e implementación de las medidas que garanticen sus derechos; y Malos tratos, amenazas, extorsiones, golpes por parte del personal de custodia penitenciaria. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No son ciertos los actos reclamados, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe justificado las autoridades que enseguida se enuncian: NO AUTORIDADES INFORME 1 Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México 04-08-2023 NIEGA 2 Jefe de Custodia Penitenciaria del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México 08-09-2023 NIEGA Lo anterior sin que la parte quejosa desvirtuara esa negativa, con algún medio de convicción. Máxime que, no debe perderse de vista que el juicio de amparo indirecto, ante la negativa de existencia de los actos reclamados manifestados por las autoridades responsables, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar, en primer término, la existencia del acto reclamado, y en segundo término, la violación de derechos fundamentales que alega, ya que, los que promueven una demanda de amparo están obligados a demostrar, directamente o mediante el informe de las autoridades responsables la existencia del acto que reclama y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia del acto, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de amparo, acerca de la inconstitucionalidad del acto impugnado. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o.J/308 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo 80, agosto de 1994, página 77, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En ese tenor, si la parte quejosa no aportó algún medio de prueba para desvirtuar la negativa de la autoridad antes mencionada respecto de la existencia de los actos reclamados; resulta inconcuso, tal como se estableció con antelación, que los actos de los que se duele, deben tenerse por inexistentes. Lo anterior, es así pues de las constancias que las responsables adjuntaron a su informe justificado se advierte que el jefe de custodia giró oficio para que se implementaran las medidas precautorias para garantizar la integridad física, psicológica, de salud de los quejosos y en los certificados médicos de estado psicofísico y lesiones realizados a los mismos, se advierte que se encontraban sin lesiones y asintomáticos. Documentales a las cuales se les otorga pleno valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. En ese orden, de dichas constancias se aprecia que los quejosos ha recibido atención médica, asentando que de las exploraciones correspondientes no se advierten lesiones y que se encuentran asintomáticos, con lo cual se evidencia que no han tenido incidencias de salud. Por tanto, se concluye que los actos reclamados son inexistentes. Máxime que en el caso, no existen indicios de que la autoridad responsable realizó en contra de la parte quejosa actos intencionales con el fin de maltratarlo, amenazarlo, extorsionarlo o golpearlos; por tanto, es inconcuso que en el presente juicio no quedó demostrado que la parte quejosa sea objeto de tortura. En mérito de lo anterior, en términos de lo dispuesto por el 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio. Es aplicable la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 236, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por lo anteriormente expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 63, fracción IV y 72, 73, 75, de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ++++++++++ y ++++++++++ contra el acto reclamado a la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso último de la presente sentencia.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Oficios Agréguense los oficios signados electrónicamente por +++++, Defensores Públicos Federales, de los que se advierte que aceptan y protestan el cargo conferido como defensores públicos de los quejosos +++++. Sin embargo, se les precisa que en proveído de veintinueve de agosto del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda de amparo en cuanto a los quejosos +++++, y se admitió únicamente por M+++++, por lo que su representación deberá ser respecto de los quejosos referidos en último término. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 17 constitucional, se tiene por satisfecho el requerimiento formulado en auto de veintiséis de septiembre del presente año, en el sentido de les tiene por aceptado y protestado el cargo de defensores de los quejosos +++++, ya que sólo por ellos se admitió la demanda de amparo, únicamente para fines del juicio de amparo en que se actúa. Domicilio Como lo solicitan, realícense las notificaciones que deriven del presente asunto, por medio de oficio. Ahora, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como "medio de comunicación alterno" (no procesal) los correos electrónicos y números telefónicos proporcionados por los defensores públicos. Autorizados En relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígase que éstas se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciados en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Intégrese la razón actuarial suscrita por el fedatario judicial de la adscripción, en la cual hace constar la imposibilidad para entregar el oficio: 27592/2023 BIS, dirigido a "ARMANDO PLATA "N" JEFE DE TURNO EN CENTRO PENITENCIARIO Y DE REINSERCIÓN SOCIAL DE SANTIAGUITO, CON RESIDENCIA EN ALMOLOYA DE JUÁREZ". Toda vez que en la oficialía de partes del referido Centro Penitenciario, Urbano Ramírez Retama le refirió que la denominación de la autoridad es inexistente. Lo que se concatena con lo manifestado por las autoridades Jefe de Custodia Penitenciaria y Director, ambos del Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, en el sentido de que no existe tal autoridad en el listado de Custodia de ese Centro Penitenciario. Por lo que, en este auto se tiene por inexistente a la autoridad Armando Plata "N" Jefe de Turno. DEFENSOR PÚBLICO Ahora, resulta un hecho notorio,que el veinte de los cursantes, se recibió en este juzgado la misiva signada por el Encargado del Área de Amparos y Finanzas de Interés Social del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, por el cual informó que a partir del seis de septiembre de la presente anualidad, la Defensora Pública Luceli del Carmen Mendoza Martínez, fue adscrita a la Dirección Regional Valle de Toluca del citado Instituto, por lo que en su lugar designó a Enrique Leal Robles y/o Alejandrina Guzmán del Castillo. En atención a lo anterior, y dado que la referida con antelación funge como asesora jurídica del quejoso en el presente asunto, se revoca su nombramiento y en esta fecha se tiene con el carácter de defensores jurídicos del quejoso a Enrique Leal Robles y/o Alejandrina Guzmán del Castillo. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a los Defensores Públicos referidos, por conducto de la Encargada del Área de Amparos y Fianzas de Interés Social del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, a fin de que en el término de veinticuatro horas ya sea por escrito, o bien por comparecencia, con identificación oficial y vigente, protesten el cargo conferido, y hecho lo anterior, se impongan de los autos que conforman el juicio en que se actúa y asesoren al quejoso en el presente asunto; así como se pronuncien respecto a la denominación de la autoridad supracitada y surta los efectos legales conducentes. DIFERIMIENTO Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha no ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de dicho informe. Para dar margen a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.
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