Alejandro Fernando Urbina Garzon
Expediente 43/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 43/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Alejandro Fernando Urbina Garzon
Actuaciones
- Principal
I. Agréguese a estos autos el oficio de la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México, con el que acusa recibo del oficio del índice de este Juzgado, así como de los autos originales del presente juicio, informando que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo. Al respecto, previas las anotaciones de Ley, remítase el presente cuaderno de antecedentes al archivo de este Juzgado como asunto concluido.Se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los seis meses siguientes a partir del presente acuerdo.
- Principal
I. Vista la demanda de amparo promovida por ALEJANDRO FERNANDO URBINA GARZÓN, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. Fórmese expediente bajo el número 35/2017. Ahora bien, con fundamento en la facultad derivada del artículo 48 de la Ley de Amparo, y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda; se considera que este órgano jurisdiccional CARECE DE COMPETENCIA LEGAL para conocer de este asunto. En principio, es de señalarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De lo anterior, se desprende que los acuerdos que aquí se reclaman, tiene como finalidad establecer a partir del uno de enero del año en curso, y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, bajo las condiciones de mercado existentes, atendiendo a los precios internacionales de los combustibles, el costo de suministro, entre otros factores; siendo su objetivo final flexibilización de los precios al público bajo condiciones de mercado, así como la fijación de los precios máximos al público dependiendo de la región que corresponda, dentro de la República Mexicana. Así, el objeto de los acuerdos aquí reclamados, es esencialmente de competencia económica, pues pretenden en términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , establecer las bases a través de las cuales se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, en el caso particular, los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel bajo condiciones de mercado, tomando como referente el precio internacional de esos combustibles, y en su caso, las diferencias en la calidad de los mismos, las diferencias relativas por los costos de logística, incluyendo los costos de transporte entre regiones, los costos de distribución y comercialización en los centros de consumo, así como las diversas modalidades de distribución y expendio al público, procurando generar las condiciones para el abasto oportuno de dichos combustibles. Por tanto, la intervención y atribuciones que los acuerdos reclamados otorga a la Comisión Reguladora de Energía, y a la Comisión Federal de Competencia Económica, constituyen materialmente actos propios de la rama del derecho administrativo normado por el artículo 28 constitucional y por la Ley Federal de Competencia Económica, al versar precisamente sobre esa materia, competencia económica. En ese orden de ideas, se estima que corresponde su estudio a un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México, y no así al suscrito, acorde a las consideraciones que a continuación se exponen. Lo anterior, permite colegir que tratándose de los actos vinculados con los temas comprendidos en el marco normativo anteriormente transcrito, se actualiza la competencia material de los Juzgados de Distrito Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno. Por ello, con fundamento en los artículos 94, párrafo primero, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley de Amparo; 52 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; primero, fracción VI, segundo, fracción VI, punto 3, y cuarto, fracción VI, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y el Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; este Juzgado Federal resuelve que carece de competencia, por razón de la materia, para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto; y, por ende, se ordena remitir los autos al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, a quien se estima competente, conforme a los motivos y los fundamentos expuestos. Asimismo, con una copia certificada del escrito de demanda relativo, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
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