Alejandro Faugier Zwitagg
Expediente 420/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 420/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alejandro Faugier Zwitagg
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, a treinta de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla residente en San Andrés Cholula, mediante el cual acusa recibo de la demanda de amparo IV-420/2018-2 del índice de este juzgado y comunica que mediante auto de veintiuno de los actuales, no insiste en declinar la competencia planteada a este órgano jurisdiccional y admitió a trámite dicha contienda constitucional. Por otra parte, como no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a catorce de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, por el cual informa que en acuerdo de nueve de los actuales y por los argumentos indicados en el mismo, estimó carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por -, contra actos del Director del Registro Público Vehicular con sede en la Ciudad México y otras autoridades. Regístrese en el Libro de Gobierno con el número VI-420/2018-2. Ahora bien, respecto al criterio relativo a la ejecución material del acto reclamado se debe atender no solo a que la resolución materia del acto reclamado, por sí mismo tenga una ejecución material de manera directa o inmediata, si lleva una ejecución implícita, la cual implica analizar la naturaleza del acto o resolución reclamada y las consecuencias que produce. En ese sentido, cabe destacar lo que dispone el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales previene lo siguiente: "Artículo 37. El juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda..." Precepto legal transcrito, del que se obtiene que existen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: La primera, atiende al lugar de ejecución del acto reclamado, es decir, al en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; La segunda, resulta del conocimiento anticipado de los Jueces, esto es, cuando el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro; y La tercera, que se refiere a los actos que no requieren de ejecución material, será competente el juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En esas condiciones, en principio debe determinarse si los actos reclamados requieren de ejecución material, a efecto de determinar qué regla rige la competencia para conocer de un juicio de amparo por razón de territorio. Para arribar a la anterior conclusión, el Juez remitente en su resolución argumentó en esencia, que se surte la competencia a favor de este Tribunal Federal, en razón a que el acto reclamado no tendrá ejecución en Puebla ello por la manifestación que realizó el quejoso en el escrito aclaratorio, en el sentido de que fue informado por la Secretaría de Finanzas del Estado de Puebla, que para realizar los trámites de regularización del vehículo de su propiedad, tenía que reunir diversos requisitos entre ellos que el inmueble en cita no contara con reporte de robo y que al checar este dato, se percató que existía un reporte de robo por denuncia, emitido el trece de julio de dos mil dieciséis, por parte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán; razón por la cual estimo carecer de la competencia del libelo en estudio. Este órgano jurisdiccional no acepta la competencia planteada por lo siguiente: En el caso a estudio, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señaló como autoridades responsables y acto reclamado, el siguiente: ".FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, [.] FISCAL ESPECIALIZADO ADSCRITO A LA UNIDAD DE ROBO DE VEHÍCULOS DE FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, [.] DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA ESTATAL INVESTIGADORA ADSCRITA A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, [.] DIRECTOR DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR (REPUVE)." ".ACTOS RECLAMADOS.- [.] La ilegal Orden de Aseguramiento de mi Vehículo...-, de fecha quince de Marzo de Dos Mil Dieciséis, por una Denuncia interpuesta por persona de la cual desconozco su nombre y domicilio, y que la autoridad responsable ordenadora, sin verificar sobre la autenticidad de los hechos denunciados por el supuesto agraviado, ordena al Director de Registro Público Vehicular, el inscribir el reporte de robo del cual supuestamente fue objeto el vehículo de mi propiedad antes mencionado, y que la autoridad ejecutora ejecuta decretando el aseguramiento de mi vehículo, con el Reporte de robo en la plataforma REPUVE (REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR) y con lo cual se me priva del derecho de regularizar dicho vehículo de mi propiedad. [.] La indebida inscripción de mi vehículo en el registro público vehicular (REPUVE) con el estatus de auto robado, en virtud a la denuncia del supuesto robo del mismo, y que afecta o puede afectar llegado el caso mi libertad personal, además de la posesión que ejerzo sobre el vehículo descrito, así como el derecho de disponer del mismo." El suscrito no comparte el criterio del titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, pues aún y cuando es verdad que las autoridades señaladas como responsables tienen su residencia donde este juzgado tiene jurisdicción, con excepción del Director del Registro Público Vehicular con sede en la Ciudad de México, lo cierto es que el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige el acto reclamado, como acontece en el caso particular, ya que el quejoso tiene su domicilio particular en ..., como se aprecia de las documentales que adjuntó al escrito inicial de demanda de garantías De la anterior, se evidencia que en aquella ciudad se ejecutara en su momento el acto reclamado; por ende, corresponde a la circunscripción territorial del Juez de Distrito que previno ante quien se promueve la demanda; por lo que ello no permite, al Juez declinante, declararse legalmente incompetente desde ahora para conocer de la demanda en cuestión. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Máxime que, las autoridades que el quejoso señaló como responsables ejecutoras pueden actuar en todo el territorio de esta entidad federativa. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis publicada en la página 73, Volúmenes 217-228 Tercera Parte, materia común del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado". En las relatadas circunstancias, hasta este momento es evidente que la competencia se surte a favor del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, de donde se sigue que en el caso se actualiza la hipótesis del numeral trascrito, tal y como lo determina el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lo relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Materia(s): Común, consultable en la página del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN QUE PUEDE EJECUTARSE EN EL DISTRITO DONDE SE UBICA EL DOMICILIO PARTICULAR DEL QUEJOSO O EN EL DEL LUGAR DONDE ÉSTE SE ENCUENTRE. CORRESPONDE A CUALQUIERA DE LOS JUECES DE ESAS JURISDICCIONES, A PREVENCIÓN. Si el quejoso presenta la demanda de amparo ante el Juez de Distrito que reside en el mismo lugar donde aquél dijo tener su domicilio particular, reclamando una orden de aprehensión emitida por autoridad judicial que se ubica en lugar distinto donde ejerce jurisdicción el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda, entonces la orden de captura reclamada puede ejecutarse en cualquiera de los distritos en que ejercen jurisdicción los Jueces contendientes, ya que ésta puede tener ejecución material donde se ubica el domicilio particular o en cualquier parte donde el inculpado se encuentre, aun si las autoridades ejecutoras niegan la existencia del acto reclamado, ya que ésta debe ejecutarse. Por tanto, si no se tiene certeza de dónde se ejecutará el mandamiento de captura, será Juez competente para conocer de la demanda de amparo, a prevención, cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, en términos del segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo." (Lo subrayado es por parte de este juzgado) Por ende, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo, este ÓRGANO JURISDICCIONAL FEDERAL NO ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA A SU FAVOR, para conocer de la demanda de amparo en comento, y ordena remitir el expediente 365/2018-V-10, al Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, para los efectos legales consiguientes, solicitando se sirva informar a este Tribunal el acuerdo que recaiga a la presente determinación. Con una copia simple de la demanda, fórmese el cuaderno correspondiente, regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado y en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
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